Miguel Guadalupe Morales Zenteno
Expediente 550/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 05/07/2021
Partes del expediente
- Miguel Guadalupe Morales Zenteno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de julio de dos mil veintiuno. 2 Informe previo sin mayor acuerdo. Con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual, remite el diverso signado por la Juez Municipal de Aljojuca, Puebla -autoridad responsable-; mediante el cual rinde su informe previo. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se resolvió en definitiva la presente incidencia y se proveyó lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de junio de dos mil veintiuno. Litis constitucional. De los autos, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. M***************************** Tercera interesada. **************** Autoridades responsables. 1. Juez Municipal de Aljojuca, Estado de Puebla. 2. Director General del Registro del Estado Civil de las Personas del Estado de Puebla. Actos reclamados. 1. El emplazamiento; y, en consecuencia, 2. Todo lo actuado; 3. En particular, la sentencia y ejecución. Del juicio de rectificación de acta de nacimiento ************, promovido por ***************************** en contra del Juez del Registro Civil de las Personas del Municipio de Tlachichuca, Estado de Puebla. Sobreseimiento. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. [.]." Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: i. Como entes dotados de poder público, cuando su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; y, ii. Como personas morales de derecho privado, cuando obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. El artículo 7 de la Ley de Amparo dispone que las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales. En tal virtud, las personas oficiales sólo pueden acudir al amparo en defensa de sus intereses patrimoniales cuando se cumplan dos condiciones: a) ocurran desprovista de imperio, es decir, como un particular, y b) ocurran en defensa de bienes de dominio privado. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "PERSONAS MORALES OFICIALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, CUANDO OCURREN EN DEFENSA DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. Si bien, por regla general, es procedente el juicio de amparo cuando se afecten los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, lo cierto es que esa hipótesis no se surte cuando se trata de bienes del dominio público. El artículo 9o. de la Ley de Amparo señala que las personas morales oficiales sólo pueden ocurrir al amparo en defensa de sus intereses patrimoniales. Si se le diera una interpretación literal a ese precepto resultaría ocioso, pues si el patrimonio es la suma de derechos y obligaciones de una persona (moral o física), entonces en cualquier caso podrían acudir las personas morales oficiales (llámese órganos de gobierno) al juicio de garantías, esto es, sin restricción alguna. Pero esa interpretación no es correcta, ya que al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación (y desde luego recogiendo teorías antecedentes de ésta) sostuvo que el Estado podía actuar con un doble carácter; y que, como autoridad, no podía ocurrir al juicio de amparo, lo que es evidente si se toma en consideración que el referido juicio tutela garantías individuales. Partiendo de lo anterior, puede concluirse que las personas morales oficiales pueden ocurrir en defensa de sus intereses patrimoniales, en los términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, cuando se cumplen dos condiciones; la primera, que ocurra desprovista de imperio, es decir, como un simple particular; y la segunda, que ocurran en defensa de bienes del dominio privado, porque son ese tipo de bienes los que se pueden defender mediante el juicio de garantías, y no aquellos del dominio público, para cuya defensa la ley ha creado otros medios de impugnación. La doctrina ha distinguido entre lo que son bienes del dominio público y bienes del dominio privado, de tal manera que sólo la defensa de los bienes del dominio privado puede llevarse a cabo válidamente mediante el juicio de garantías, y no así los del dominio público. Así por ejemplo, cuando se afectan las participaciones de un Estado en ingresos federales, se trata de una afectación a los bienes del dominio público. Los bienes del dominio público son, entre otros, los destinados a sufragar el gasto público y satisfacer las necesidades públicas y forman parte del patrimonio, tanto como por su origen como por su destino. Por tanto, si la quejosa acude al juicio de amparo en defensa de sus bienes públicos, no es procedente el juicio de garantías. Conforme a lo dicho debe tenerse que en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden acudir al juicio de garantías en defensa de su patrimonio privado; sin embargo, cuando ocurre en defensa de sus bienes de dominio público o de las facultades de autoridad con las que se hayan investidas, el juicio de garantías no es procedente, sino otros medios de impugnación que la ley haya instituido a su favor." Sin embargo, ello no ocurre cuando las personas morales oficiales actúan como autoridades demandadas en un juicio, en defensa de actos o de resoluciones emitidos en funciones de autoridad. En la especie, Miguel Guadalupe Morales Zenteno, promueve la acción de amparo, en su calidad de Presidente Municipal de Tlachichuca, Puebla, en funciones de Juez del Registro Civil de las Personas de ese Municipio, por ministerio de ley; y reclama, el emplazamiento; y, en consecuencia, todo lo actuado, en particular, la sentencia del juicio de rectificación de acta de nacimiento 1176/2019, promovido por Socorro Petra Aguilar Morales en contra de ese Juez del Registro Civil. Es decir, el quejoso no promueve por propio derecho, sino como ente público; esto es, como persona moral oficial, en el ejercicio de su cargo como Presidente Municipal y Juez del Registro Civil de las Personas del Municipio de Tlachichuca, Puebla, por ministerio de ley. Según se advierte, a la persona moral oficial, Juez del Registro Civil de las Personas del Municipio de Tlachichuca, Puebla; le asiste la calidad de parte demandada en el juicio de rectificación de acta de nacimiento. Y el promovente es el titular de ese Registro, por ministerio de ley. En ese orden, la parte quejosa (Juez del Registro Civil de las Personas del Municipio de Tlachichuca, Puebla), representada por su titular Miguel Guadalupe Morales Zenteno; es una persona moral oficial y acude al amparo en defensa de actos de un juicio civil, en el que actúa como autoridad registral del estado civil de las personas. En ese orden de ideas, el amparo es improcedente en virtud de que no se reúnen las dos condiciones derivadas del artículo 7 de la Ley de Amparo: A. Porque la autoridad quejosa ocurre al amparo con facultades de imperio, es decir, como ente dotado de poder público derivado de su actuación como autoridad demandada registral en el juicio de rectificación de acta de nacimiento 1176/2019; y, B. Porque la autoridad quejosa promueve el amparo en defensa de actos registrales propios de sus funciones públicas, derivado de la condena impuesta en la sentencia del juicio de rectificación de acta de nacimiento 1176/2019 y no en defensa de bienes del dominio privado. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 1a./J. 171/2005: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio." Así como, la jurisprudencia 1a./J. 16/2018 (10a.): "PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE Y CUANDO DE LA RELACIÓN SUBYACENTE NO SE ADVIERTA QUE ACUDE A DEFENDER UN ACTO EMITIDO DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TIENE ENCOMENDADAS. El artículo 7o. de la Ley de Amparo establece una hipótesis de legitimación para que las personas morales oficiales puedan solicitar amparo para impugnar afectaciones que puede ocasionarles otra autoridad mediante un acto, una norma o una omisión. Se trata de un presupuesto procesal que exige a una autoridad que acredite una afectación patrimonial dentro de una relación en la que se encuentra en un plano de igualdad; esta limitante se justifica en atención a que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los Municipios o cualquier persona moral pública no pueden considerarse titulares de derechos humanos; sin embargo, la Ley de Amparo reconoce que existen casos en los que se requiere la intervención de la Justicia Federal, a través del juicio de amparo, para evitar la imposición arbitraria de actos por ciertas autoridades que transgredan derechos de otras autoridades, para lo cual exige dos elementos: i) la existencia de una afectación patrimonial y ii) que dicha afectación se actualice en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. En este sentido, de la interpretación de ambos supuestos se concluye que una persona moral oficial puede promover el juicio de amparo cuando exista una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio, lo cual puede traducirse en términos monetarios y, además, dicha afectación debe darse en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, esto es, de manera subordinada frente a otra autoridad que con imperio le impone un acto de forma unilateral. En esas condiciones, una autoridad que forma parte de un procedimiento jurisdiccional actúa de manera subordinada, y los actos que se emitan en éste incidirán en sus intereses para ejercer su adecuada defensa, así acudirá al juicio de amparo para obtener una defensa de las posibles afectaciones que se cometan en el procedimiento, con la finalidad de obtener un resultado que beneficie a sus intereses; por tanto, tiene legitimación para promover el juicio, siempre y cuando de la relación subyacente no se advierta que acude a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas." Al respecto, se precisa que los Jueces del Registro Civil tienen facultades para inscribir las rectificaciones de actas del estado civil de las personas, en términos del artículo 48 Bis del Reglamento del Registro Civil de las Personas para el Estado de Puebla: En este caso, en la sentencia de cinco de febrero de dos mil veinte, del juicio de rectificación de acta de nacimiento 1176/2019, se condenó al Juez del Registro Civil de las Personas del Municipio de Tlachichuca, Puebla a rectificar el acta de nacimiento de la tercera interesada Socorro Petra Aguilar Morales: En vista de lo anterior, la parte quejosa reclama el emplazamiento y todo lo actuado, incluyendo la condena; sin embargo, ejerce la acción en defensa de sus facultades registrales; es decir, la representación del Juez del Registro Civil de las Personas del Municipio de Tlachichuca, Puebla acude a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas y no un acto que afecte su patrimonio. Por ende, la acción de amparo es improcedente, al actualizarse la causa de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7, ambos de la Ley de Amparo. Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Notifíquese; por lista y correo electrónico a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Diferimiento audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse en esta fecha; sin embargo, se advierte que se encuentra pendiente el emplazamiento de la tercera interesada ******************. Sirven de fundamento, la jurisprudencia: "TERCERO PERJUDICADO. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO, POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. EFECTOS. La reposición del procedimiento por no haberse emplazado legalmente al tercero perjudicado trae como consecuencia la anulación del procedimiento cuya reposición se ordenó, a partir de la violación procesal cometida, incluyendo el desahogo de las pruebas rendidas en el mismo, motivo por el que dichas pruebas, en cuyo desahogo no tuvo intervención legal una de las partes, no deben tomarse en cuenta para dictar la nueva resolución que corresponda." Además, de autos se evidencia que se encuentra pendiente que el Juez Municipal de Aljojuca, Estado de Puebla, informe el domicilio de la citada tercera interesada y remita copia certificada de la totalidad del expediente 1176/2019 de su índice, o en su caso, el expediente original a fin de que este Juzgado pueda obtener copia del mismo Por tanto, gírese atento oficio recordatorio a la citada autoridad adjuntándole el diverso oficio 21638/2021 de catorce de junio de dos mil veintiuno, en el que se le solicitó dicha información y las constancias de cuenta; en el entendido que subsiste el apercibimiento de multa realizado en dicho proveído. En consecuencia, a fin de dar tiempo a lo anterior y contar con todas las constancias necesarias para la debida integración del juicio de amparo en que se actúa, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIECISÉIS HORAS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese; y vía correo electrónico a la autoridad responsable foránea.
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