Miguel Guadalupe Escamilla Salas
Expediente 84/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 84/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Guadalupe Escamilla Salas
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese a los antecedentes el oficio firmado electrónicamente por la jueza Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos; por el cual informa que corresponde al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, continuar con el conocimiento del juicio de amparo 57/2021, del cual derivó el presente juicio de amparo. De tal guisa, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso j) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo donde este órgano determinó no aceptar la competencia planteada por el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya. Documentos. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, al no haberse exhibido en autos. Finalmente, toda vez que la misiva que se atiende, se encuentra dirigida al juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante oficio que derive del presente remítasele, dejando en su lugar copia certificada de la misma.
- Principal
Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese a los antecedentes el oficio suscrito por el juez Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya; a través del cual acusa recibo de la misiva local 1252/2021, en la que se le notificó la determinación asumida por este órgano jurisdiccional el pasado nueve de marzo, en la que no aceptó la competencia planteada dentro del juicio de amparo 57/2021-I de su índice, promovido por Eduardo Alvarado Rocha en representación de Miguel Guadalupe Escamilla Salas. En ese sentido, y toda vez que el citado órgano federal no hace alusión a que haya planteado alguna consulta relacionada con motivo de que este juzgado no aceptó el conocimiento previo, estese en espera de que se haga llegar esa información a fin de que se acuerde lo conducente respecto al archivo del presente expediente.
- Principal
Por recibido el oficio que suscribe el juez Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, al que anexa el cuaderno principal del juicio de amparo ** de su índice y siete copias de la demanda de amparo promovida por *** en representación de ***. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 84/2021-II. Ahora, de la misiva que se atiende, se desprende que el homólogo considera que existe un conocimiento previo por parte de este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por ***** en representación de ****, al actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, al señalar: "[.] Luego, de la certificación de cuenta, así como de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el promovente se obtiene que dentro de la carpeta de ejecución *** del índice del Juzgado de Ejecución de Penas del Sistema Oral de esta urbe, que se instruye en contra de Miguel Guadalupe Escamilla Salas, se tramitó el juicio de amparo **, ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; declaración a la que se otorga valor pleno de confesión [.]. Lo cual se corroboró en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el cual de conformidad con la jurisprudencia [.], resulta un hecho notorio. En ese sentido, puede colegirse que los actos reclamados en ambos juicios derivan de la misma carpeta de ejecución ** del índice del Juzgado de Ejecución de Penas del Sistema Oral de esta ciudad. Bajo estas consideraciones, este operador jurídico considera que existe un conocimiento previo actualizándose la hipótesis señalada en el artículo 46, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, ya que la presente demanda está vinculada con actos que previamente ya conoció el juzgado octavo de distrito en el estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, en el diverso amparo radicado bajo el número 505/2020 de su índice; razón por la cual se considera que dicho órgano jurisdiccional es el que corresponde conocer el presente juicio de amparo. [.]" Sentado lo anterior, respetuosamente, este operador jurisdiccional no comparte el criterio sustentado por el juez Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, y por tanto, no acepta la competencia planteada. Se explica: Los artículos 45 y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, disponen: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél [.]" "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.] II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos [.]" De lo anterior, se advierte que procede el turno relacionado en un amparo indirecto, cuando en este se reclamen actos derivados de un mismo expediente jurisdiccional; y que, precisamente ese expediente, haya sido materia de conocimiento previo por parte del Juzgado al cual se pretende remitir. Hipótesis que, contrario a lo argumentado por el juez oficiante, no se surte en la especie, por lo siguiente: Juicio **: En el juicio de amparo ** de la estadística de este órgano jurisdiccional, el acto reclamado se hizo consistir en: Del contenido integral de la demanda en cuestión, no se expuso que la determinación reclamada derivaba de algún expediente en específico, tanto más, que el promovente desconocía quien había emitido la orden de traslado reclamada; no obstante, al haberse señalado como autoridad responsable a la juez de Ejecución de Penas en Celaya, Guanajuato, se estimó actualizada la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el recurso ordinario de defensa establecido, por lo cual se desechó la demanda. Lo anterior se afirma, dado que de los antecedentes del acto reclamado, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que: "Que el quejoso se encontraba recluido en el Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, con motivo de una causa penal que se le instruye en el juzgado de Oralidad penal de esta adscripción. Que a finales del mes de marzo de dos mil veinte, ante la advertencia de parte de los oficiales de guardia donde se encontraba recluido el quejoso, con la ayuda de su esposa***, contrató mis servicios profesionales y en mi calidad de abogado litigante, asistí al quejoso para interponer una demanda de amparo en contra de lo que consideraba un acto inconstitucional que afectaba sus derechos fundamentales. Esa demanda dio origen al juicio de amparo indirecto número **, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, desde este momento, se ofrece como hecho notorio de la parte quejosa, la existencia de dicho expediente judicial, con el objeto de probar la veracidad de lo afirmado y el sustento factico de la reclamación constitucional. Durante el trámite del citado juicio de amparo, apenas el pasado veintinueve de septiembre pasado, el Honorable Juzgado Sexto de Distrito, al celebrar la audiencia constitucional, resolvió negar la protección constitucional en contra del anunciado traslado; ante la negativa falsa de las autoridades responsables de la existencia del acto reclamado: la orden de trasladar al quejoso del centro penitenciario de Celaya a otro distinto. A las catorce horas del día 4 de octubre de 2020, la señora ***, esposa del quejoso, se hizo presente en mi domicilio particular para solicitar el auxilio legal para su esposo, debido a que éste le había llamado para comunicarle que el pasado viernes 2 de octubre, en punto de las 21:15 veintiún horas con quince minutos, personal de guardias penitenciarios del Centro Penitenciario de Celaya, sin mostrarle ninguna orden judicial o de ningún tipo, diciéndole que eran ordenes de Guanajuato lo esposaron, lo subieron a un vehículo oficial tipo van y se lo llevaron al Centro de Readaptación Social de San Felipe, Guanajuato, a donde lo ingresaron y lo recluyeron en la celda 3, de las celdas destinadas para la visita conyugal de dicho centro penitenciario; haciendo la mención de que aparte de su ilegal traslado, no ha sufrido ningún maltrato o vejación, que implique alguna transgresión a su derechos fundamentales, puesto que incluso se le permitió hablar por teléfono pero en su calidad de privación de la libertad, nada puede hacer por sí mismo. Razón por la cual venga a promover en su nombre esta petición de amparo y protección de la justicia de la unión, en contra de los actos autoritarios que se señalan. Por su parte, en la demanda de amparo que nos ocupa, que dio origen al juicio de amparo **-I, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, se desprende que el acto reclamado es: "La ilegal e inconstitucional resolución dictada por la responsable al resolver el toca **, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la persona privada de su libertad de nombre **, en contra del auto de fecha cinco de octubre de dos mil veinte, dictado por el Juez Interino de Ejecución Penal de Celaya, Guanajuato, mediante el cual se calificó, la legalidad del traslado del citado sentenciado del Centro Estatal de Prevención Social de la ciudad de Celaya, Guanajuato, al diverso Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de la ciudad de San Felipe, Guanajuato, dentro de la carpeta de ejecución número **, formada con motivo de la vigilancia de las sanciones a él impuestas dentro de la causa penal **, del índice del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, Base Cortázar, que se le instruyó por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de José Antonio Hernández Caracheo. Así como todos los actos llevados a cabo para su ejecución". De igual forma, en los antecedentes del acto reclamado, refiere en lo que interesa: "[.] 6. De inmediato promoví una demanda de amparo indirecto en contra del ilegal traslado de mi defendido, que se radicó bajo el número de expediente 505/2020, del índice del Juzgado Octavo de Distrito con sede en esta ciudad; demanda que fue rechazada en base a diversas consideraciones jurídicas, fundamentalmente la que se basa en el hecho de que el acto reclamado era suspendible de ser combatido por medido de defensa ordinario. 7. En base a lo anterior, procedí a interponer el recurso de apelación en contra del auto de fecha cinco de octubre de dos mil veinte, dictado por el juez interno de Ejecución Penal de Celaya, Guanajuato, mediante el cual se calificó la legalidad del traslado del citado sentenciado del Centro Estatal de Prevención Social de la ciudad de Celaya, Guanajuato, al diverso Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de la ciudad de San Felipe, Guanajuato, dentro de la carpeta de ejecución número **, formado con motivo de vigilancia de sanciones a él impuestas dentro de la causa penal **, del índice del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, base Cortázar. Mismo que se radico ante la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, bajo el número de toca a **. 8. El pasado día doce de enero de dos mil veintiuno, fui notificado de la resolución emitida por la responsable, mediante la cual confirma indebidamente la calificación de legal del inconstitucional traslado de mi representado." De lo transcrito, se concluye que los actos analizados en esos expedientes, no derivan de la carpeta de ejecución número *, del índice del Juzgado de Ejecución Penas de Celaya, Guanajuato, aun cuando el quejoso en la demanda que dio origen al amparo *(del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato), así lo señale, pues en el momento procesal en que se emitió el acuerdo de desechamiento en el amparo *, de nuestro índice, no se tenía conocimiento en qué expediente se emitió el traslado reclamado. Ello es así porque la hipótesis normativa que nos ocupa, establece que un órgano jurisdiccional deberá conocer de asuntos nuevos, cuando previamente (ultimo antecedente) ya hubiese sido conocedor de actos reclamados derivados de un mismo expediente. En ese sentido -se reitera-, este juzgado no conoce, ni conoció del asunto en cuestión, ya que en la demanda de amparo que dio origen al amparo 505/2020 del índice de este juzgado, no se especificó que el acto reclamado derivaba de la carpeta de ejecución número *, del índice del Juzgado de Ejecución Penas de Celaya, Guanajuato; máxime que al desecharse la demanda interpuesta por el quejoso no se entró al fondo del asunto, únicamente se limitó a proveer sobre su procedencia; por lo cual, no hay un conocimiento previo. Expuesto lo anterior, de manera respetuosa, el suscrito juzgador no acepta el conocimiento previo del asunto enviado por el juez Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, en razón de que, en la especie, no se actualiza la hipótesis contenida en la fracción II del artículo 46 del invocado Acuerdo General, pues el acto reclamado en el juicio de amparo * de su estadística, deriva del toca penal * de la estadística de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, que confirmó el acuerdo que validó el traslado del quejoso, dictado en la carpeta de ejecución número *, del índice del Juzgado de Ejecución Penas de Celaya, Guanajuato, respecto de la cual esta autoridad, no ha conocido en el juicio de amparo *; requisito indispensable para que se dé el conocimiento previo. En razón de lo anterior, devuélvase lo de cuenta al juzgado de origen, para que el titular tenga a bien emitir el acuerdo que estime conducente. Fórmese cuadernillo de antecedentes, el que deberá integrarse únicamente con el expediente judicial de referencia.
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