Miguel Gordillo Reyna
Expediente 208/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 208/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Miguel Gordillo Reyna
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el treinta de marzo de dos mil diecisiete, dictada dentro recurso de queja número Q-29/2017, de la cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado resolvió declarar infundada el recurso de Queja intepuesto en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta de del quejoso ***, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete pronunciado dentro del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, envíese el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, ríndase por parte de este Juzgado Federal el informe correspondiente sobre la materia, remítase copia certificada de la resolución recurrida y demás constancias conducentes a fin de que el tribunal de alzada esté en aptitud de resolver la citada queja.
- Principal
RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA UNO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIDAD CENTRO DEL SISTEMA TRADICIONAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA; al respecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 208/2017. DESECHADA Ahora bien, toda vez que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: 1.- El ilegal ejercicio de la acción persecutoria en contra del indiciado y hoy quejoso ****, indiciada dentro de la averiguación previa número AP 467/2016/POPUL, radicada ante la Mesa Uno de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional en esta ciudad de Puebla, por la falta y/o inexistencia de los requisitos de procedibilidad de la acción penal persecutoria. 2.- La nulidad de todas las actuaciones e investigaciones contenidas dentro de la averiguación previa número 467/2016/POPUL, radicada ante la Mesa Uno de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional en esta ciudad de Puebla, por la falta y/o inexistencia de los requisitos de procedibilidad de la acción penal persecutoria. 3.- El cese y/o abstención de la acción penal persecutoria en contra del indiciado y hoy quejoso *****, indiciada dentro de la averiguación previa número AP 467/2016/POPUL, radicada ante la Mesa Uno de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional en esta ciudad de Puebla, por la falta y/o inexistencia de los requisitos de procedibilidad de la acción penal persecutoria. Atento a lo anterior, debe decirse que dicho acto constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia al actualizarse la causal prevista XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo 21 Constitucional. Ahora bien, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria vigente del Juicio Constitucional, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". Por su parte, el artículo 21 constitucional, establece: "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato..." De lo transcrito se advierte que el Ministerio Público es una institución pública del Estado que realiza una función de protección social, es decir, tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la Sociedad. A dicha institución le corresponde ejercitar la acción penal, si procediere, siempre que existan elementos para ello, iniciar la averiguación previa, a petición de parte o de oficio y allegarse en este período de investigación de los elementos o datos que presuman o acrediten la presunta responsabilidad del sujeto, en la comisión del ilícito, para que esté en posibilidad legal de ejercitar la acción penal. En tal virtud, las actuaciones del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal no transgreden los derechos sustantivos del gobernado de un modo directo e inmediato, a menos que en dicha actuación la autoridad ministerial ordene la privación de la libertad, posesiones o derechos. Abundando, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, de tal manera que los actos desplegados en la integración de la averiguación previa, son en ejercicio del interés social, para la persecución de los delitos; por tanto, las actuaciones realizadas en el ejercicio de esa facultad, no pueden considerarse conculcatorias de garantías, partiendo de la base de que se trata de un derecho social, y no privado, que lo hace no ser susceptible de entrar a la esfera jurídica de los particulares, aun cuando se trate de los mismos a quienes se dirige la investigación; habida cuenta que de no ser así, se verían restringidas sus facultades exclusivas de las que fue dotado para actuar en representación de la sociedad; a menos que en ellas como ha quedado asentando, se ordenara que se prive al quejoso de su libertad, de sus posesiones o derechos, o cuando acuda a consignar la averiguación, en cuyo caso al decidir el Juez del conocimiento sobre la procedencia de la acción ejercitada, sería en todo caso el momento en que se pudiera ver afectada la esfera jurídica del accionante de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes jurisprudencia y tesis aislada: Jurisprudencia número 68, publicada en la página 49, Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AVERIGUACIONES PENALES. La simple iniciación del proceso y las demás diligencias practicadas en la averiguación de un delito, si no restringen la libertad, derechos o posesiones de los acusados, no pueden importar una violación de garantías." Y, la tesis 1a. CXXXV/2004; Novena Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: XX, Diciembre de 2004;Página: 351; con el texto y rubro siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." En estas condiciones, es evidente que los actos por los que pretende accionar en su demanda consiste en la integración de una carpeta de investigación o averiguación previa en contra del quejoso, no están contenidos entre los supuestos para la procedencia del juicio de amparo, sino que constituye una facultad concedida al Ministerio Público como representante social prevista en el precepto 21 de la Carta Maga, en protección a la garantía social y no a las individuales y, por ende, el amparo enderezado en su contra es improcedente. En conclusión, al advertirse en motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 12 Constitucional, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, así como autorizados conforme al artículo 12 de la Ley de la Materia, los que para tales efectos señala en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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