Miguel González Vallejo
Expediente 1891/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1891/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/02/2023
Partes del expediente
- Miguel González Vallejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de febrero de dos mil veintitrés.****************************************Visto lo de cuenta y toda vez que las partes no formularon manifestación en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. ****************************************Sentencia. Por sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se otorgó el amparo, para el efecto de que la responsable realizara lo siguiente:****************************************". de manera inmediata, acuerde o atienda el escrito que ingresó el quejoso ante ella el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, por lo que solicitó se señalara la fecha y hora para el requerimiento de pago y embargo, en contra del ********************."****************************************Firme resolución. Por auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, el fallo protector causó ejecutoria, por lo que se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento.****************************************Informe al cumplimiento y vista a las partes. Así, mediante oficio TECA400F/104010/A.I./401/2023 recibido en este órgano de control constitucional el dos de febrero de dos mil veintitrés, el Presidente del Tribunal responsable informó que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al efecto, remitió copia certificada del auto que emitió el treinta de enero de dos mil veintitrés, por el cual señaló las doce horas del veintinueve de marzo de dos mil veintitrés para que tuviera verificativo la diligencia de requerimiento de pago y en su caso de embargo a la parte demandada dentro del expediente laboral ******************** de su índice; de ahí, que por auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, se haya dado vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. ****************************************En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria federal se encuentra o no cumplida.****************************************Valoración al cumplimiento. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Presidente del Tribunal responsable se advierte que en auto de treinta de enero de dos mil veintitrés dictado en el expediente laboral ********************, de su índice, en respuesta a la petición formulada por la quejosa el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, señaló las doce horas del veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la diligencia de requerimiento de pago y embargo contra el ********************. ****************************************Del examen de la documental aludida, misma que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que el Presidente del Tribunal responsable atendió a los efectos del fallo protector, pues mediante proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente laboral ********************, de su índice, atendió la solicitud presentada por la parte quejosa el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, por la cual solicitó se señalara fecha y hora para el requerimiento de pago y embargo, en contra del ********************; y para tal efecto se fijaron las doce horas del veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo tal diligencia. ****************************************En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.****************************************Notifíquese.****************************************
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de febrero de dos mil veintitrés. Intégrese el oficio suscrito por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por medio del cual remite copia certificada del proveído que emitió el treinta de enero de dos mil veintitrés dentro del expediente laboral ******************** de su índice, con el cual aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a sus intereses convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, en especial la certificación de cuenta, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión dentro del término legal contra la sentencia de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, por la que se otorgó el amparo y protección federal; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se requiere a la autoridad responsable, Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación acaten en sus términos la ejecutoria de amparo, es decir, realicen lo siguiente: "Para que la responsable de manera inmediata, acuerde o atienda el escrito que ingresó el quejoso ante ella el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, por lo que solicitó se señalara la fecha y hora para el requerimiento de pago y embargo, en contra del ********************." Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa a la persona física que ostente el cargo de su titular, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. Sin perjuicio de lo anterior, también se le apercibe para que, en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo ********************, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y el acto reclamado siguiente: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO ." IV.- ACTO RECLAMADO: Lo constituye la DILACIÓN PROCESAL por parte de la autoridad señalada como responsable al PARALIZAR EL JUICIO DE ORIGEN, ABSTENIÉNDOSE DE LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL EXPEDIENTE ********************, de conformidad con los artículos 250, 252, 253, 255 Y demás relativos y aplicables de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios así como de los artículos 685, 838 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria donde se establece que se dictaran las medidas necesarias para la ejecución de laudos sea pronta y expedita." Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número ********************, por auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, la admitió a trámite, se requirió el informe de ley a la autoridad responsable; seguido el juicio por sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer, tramitar y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 en relación con el 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por reclamarse una omisión a una autoridad del trabajo, cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado y autoridad responsable. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De conformidad con el análisis del escrito de demanda se obtiene que ********************, reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, lo siguiente: La omisión de dar respuesta al escrito que presentó ante la autoridad responsable el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, por el que solicitó se señalara día y hora para que se lleve a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo dentro del expediente laboral ********************. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, pues al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Es aplicable al caso, la tesis 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, página 830, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cereza que se corrobora con la constancia que adjuntó el Presidente del Tribunal responsable a dicho informe; documental con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Consideración que, además, se apoya en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, localizable en el Apéndice de 1995, materia común, Tomo VI, página 153, registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." No obstante lo anterior, es menester señalar que no existen causas de improcedencia propuestas por las partes o que este órgano jurisdiccional advierta de oficio; motivo por el cual, procede el análisis de la regularidad constitucional del acto reclamado, al tenor de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. QUINTO. Conceptos de violación. Se hace innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, en la medida en que no existe dispositivo legal alguno que la exija, pues lo que se exige es que se analice el acto reclamado, al tenor de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa en el escrito de demanda, conforme a los principios de congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 76 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, Mayo 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. El quejoso aduce que la responsable viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 constitucional, en virtud de que no se le ha administrado justicia en los términos y plazos que fijan las leyes, incumpliéndose las formalidades esenciales del procedimiento. Dicho concepto de violación, es fundado. La parte quejosa en esencia aduce que las responsables violan en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 constitucional, en virtud de que ha sido omisa en atender el escrito por el que se solicitó se fijara fecha y hora para el verificativo de la diligencia de requerimiento de pago y embargo dentro del expediente laboral ********************, el cual fue presentado ante la responsable el veintisiete de mayo de dos mil veintidós. El aludido argumento, es fundado y suficiente para otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. De inicio, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.". El precepto constitucional referido, consagra el llamado derecho a la jurisdicción y cuyo espíritu es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias de interés sometidas a su consideración. El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial, descrito con exactitud en el propio párrafo segundo, que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos fijados en las leyes; de esta manera, se puede afirmar que la impartición de justicia adecuada se produce, en cuanto mira a la celeridad, es decir, si las autoridades emiten sus resoluciones, en general, dentro de los plazos y términos legales, elementos que se introducen en la secuela procedimental para determinar con precisión el avance de una etapa, al tiempo de brindar seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar, dentro del tiempo establecido por la ley, la conducta procesal que les corresponda, carga que también le impone la ley a la autoridad juzgadora, para que pronuncie sus determinaciones dentro de un espacio temporal determinado. Asimismo, los artículos del 250 a 256 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, disponen: "Artículo 250. Las disposiciones de este capítulo rigen para la ejecución de los laudos dictados por el Tribunal o cualquiera de las Salas y para los convenios celebrados ante éstos. En la ejecución de los laudos y convenios que han sido elevados a la categoría de laudo corresponde al Presidente del Tribunal o de la Sala, dictar las medidas necesarias, para que la misma sea pronta y expedita." "Artículo 251. Siempre que en ejecución de un laudo o convenio, deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al servidor público, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. Los titulares de las instituciones o dependencias y los sujetos a esta ley, se atendrán a lo dispuesto por los laudos y convenios, ordenando, en su caso el pago de las indemnizaciones sueldos o cualquier prestación en dinero que se determine en ellos, previo el establecimiento de una partida presupuestal específica para la liquidación respectiva." "Artículo 252. En caso de incumplimiento del laudo o convenio en los términos o modalidades establecidas en el artículo 251 de esta ley, el Tribunal o Sala, a petición de la parte interesada, dictará auto de requerimiento de pago y embargo, estableciendo los medios de apremio que podrán ser empleados para su cumplimiento y realizará las diligencias necesarias para su ejecución. La diligencia de requerimiento de pago y embargo se practicará en el domicilio de la institución pública o dependencia demandada, previa citación de su titular o su representante legal; si estos no estuviesen el día y hora fijados la diligencia se practicará con el servidor público que se encuentre presente. En las diligencias de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas siguientes: I. El actuario requerirá el pago a la persona con quien atienda la diligencia y si no efectúa el mismo procederá al embargo; para tal efecto, requerirá al compareciente por la demandada para que señale bienes suficientes que garanticen el crédito laboral y en caso de no hacerlo, dicho derecho se transfiere al actor; II. El actuario podrá, en caso necesario, solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, para llevar a cabo la diligencia; y III. El actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto adeudado, para lo cual observará el siguiente orden: a) la partida presupuestal a que se refiere el artículo 251 del presente ordenamiento, b) cuenta bancaria y c) bienes del demandado en términos de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar donde se practique la diligencia, el actuario se trasladará al lugar donde manifieste la parte que obtuvo que se encuentren y previa identificación de los mismos, practicará el embargo". Artículo 253. Los medios de apremio que podrán ser empleados por el Tribunal o la Sala, para el cumplimiento de un laudo o convenio son: I. Requerimiento con amonestación y señalamiento de los medios de apremio que se podrán ordenar; II. Multa que podrá ser, de cincuenta a cien días del salario base que perciba el servidor público; y III. En caso de reincidencia, la suspensión temporal del cargo del servidor público hasta de uno a quince días sin goce de sueldo, así sucesivamente hasta su cumplimiento; y El Tribunal o la Sala respetarán estrictamente el orden, de los medios de apremio establecidos en este artículo. Las Salas en un término de cinco días, remitirán el expediente al Tribunal para que acuerde sobre la suspensión temporal del cargo del servidor público. El Tribunal al recibir los autos resolverá de plano, notificando al superior jerárquico para que proceda a cumplir sobre la suspensión temporal del cargo del servidor público. Se autoriza al Tribunal la creación del Fondo Auxiliar para la Justicia Laboral Burocrática cuyo objeto e integración y manejo lo regulará el Reglamento Interno del mismo". "Artículo 254. El Tribunal, tratándose de la suspensión temporal hecha a un servidor público, podrá revocar su resolución si el Titular de la Institución o dependencia da cumplimiento al laudo o convenio dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de la notificación de la resolución". "Artículo 255. La diligencia de requerimiento de pago, con la prevención o de la aplicación de las medidas de apremio señaladas en este capítulo, en caso de incumplimiento, se hará mediante oficio dirigido y en el domicilio de la institución pública o dependencia demandada, el actuario practicará la diligencia con el servidor público que se encuentre presente". "Artículo 256. El actuario dará cuenta de la diligencia al Tribunal o a la Sala quienes girarán oficio al titular de la institución pública o dependencia responsable de administrar dichos recursos, quien a su vez tendrá la obligación de entregar el importe del crédito laboral ante el Tribunal, o la Sala en un plazo no mayor de veinte días hábiles. Los titulares de las instituciones públicas o dependencias responsable (sic) del personal y los superiores jerárquicos de los servidores públicos multados tendrán la obligación de informar en un plazo no mayor de treinta días hábiles, el cumplimiento de la resolución respectiva, haciéndose acreedores, en caso contrario, de los medios de apremio que menciona este capítulo. El Tribunal o la Sala una vez cumplido el laudo o convenio ordenará que se archive el expediente como asunto concluido. Pudiendo conservar el mismo por medio de sistemas magnéticos o de información electrónica." De los preceptos legales transcritos, se advierte que en la etapa de ejecución del laudo, corresponde al Presidente del Tribunal dictar las medidas necesarias para que ésta, sea pronta y expedita. En caso de incumplimiento del laudo, el Tribunal, a petición de la parte interesada, dictará auto de requerimiento de pago y establecerá las medidas de apremio para lograr su cumplimiento en caso de no ser acatada de manera voluntaria. La diligencia de requerimiento de pago, se practicará mediante oficio dirigido y en el domicilio de la institución pública o dependencia demandada. El actuario practicará la diligencia con el servidor público que se encuentre presente. Acto seguido, el actuario dará cuenta de la diligencia al Tribunal quien girará oficio al titular de la institución pública o dependencia responsable de administrar dichos recursos, quien a su vez tendrá la obligación de entregar el importe del crédito laboral ante el Tribunal, o la Sala en un plazo no mayor de veinte días hábiles, remitiendo copia del recibo al propio Tribunal para que se archive el expediente como asunto concluido. En caso contrario, el Tribunal o la Sala, se encuentran facultados para hacer valer las medidas de apremio consistentes en multa que podrá ser de cincuenta a cien días de salario base que perciben los servidores públicos y, en caso de reincidencia, se podrá apercibir con la suspensión temporal del cargo del servidor público, de uno a quince días, sin goce de sueldo. Para tal efecto, la Sala deberá remitir el expediente en un término de cinco días, al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para que acuerde lo conducente sobre la suspensión temporal del cargo del servidor público. El Tribunal, al recibir los autos, resolverá de plano, notificando al superior jerárquico del servidor público, para que proceda a cumplir sobre la suspensión temporal del cargo del servidor público. Así, de lo manifestado en su informe justificado de las responsables, así como con la constancia recibida en proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, junto con el informe de ley de la responsable, se evidencia lo siguiente: El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, el apoderado legal en el juicio de origen, ingresó un escrito, por medio del cual, solicitó se señalara fecha y hora para el requerimiento de pago y embargo, en contra del********************, sin que a la fecha haya sido acordada tal promoción. En ese contexto, resulta evidente que la responsable, no ha cumplido cabalmente con lo dispuesto en los artículos 250 a 256 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en virtud de que, como se desprende del antecedente antes narrado, no se ha pronunciado a efecto de hacer cumplir el laudo dictado en el juicio laboral de origen. Por tanto, resulta evidente que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, ha dejado de observar el procedimiento de ejecución, previsto en los artículos 250 a 256 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, específicamente por lo que respecta a lo establecido en el artículo 252, que lo faculta para imponer multas de cincuenta a cien días del salario base que percibe el servidor público obligado al cumplimiento del laudo y, en caso de reincidencia, además podrá apercibirlo con la suspensión temporal del cargo, que será de uno a quince días sin goce de sueldo. En dichas circunstancias, si la parte demandada no ha dado cumplimiento al laudo, lo procedente era que el Tribunal responsable hiciera uso de todas las medidas de apremio que establece la Ley burocrática, a efecto de obligar a la autoridad demandada a dar cumplimiento al laudo. En ese sentido, las responsables transgreden los derechos fundamentales de la parte quejosa, contenidos en el artículo 17 constitucional, al no pronunciarse respecto a la solicitud de requerimiento de pago y embargo, por consiguiente, ha permitido que la demandada sea omisa en dar cumplimiento al laudo. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, lo que procede es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal. Con fundamento en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se precisa que la autoridad responsable obligada al cumplimiento es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, y el efecto del otorgamiento del amparo es el siguiente: Para que la responsable de manera inmediata, acuerde o atienda el escrito que ingresó el quejoso ante ella el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, por el que solicitó se señalara fecha y hora para el requerimiento de pago y embargo, en contra del********************. En el entendido de que si ya dictó auto de requerimiento de pago y embargo, únicamente deberá dictar un diverso proveído en el que realice el apercibimiento referido en la presente ejecutoria. Es dable aclarar que la sentencia se tendrá por cumplida únicamente con el dictado del auto correspondiente. Finalmente, se hace hincapié que, como se dijo en el acta de audiencia que antecede, no obsta que a la fecha de la emisión de la presente sentencia se encuentre transcurriendo el plazo que establece el artículo 117 de la ley de la materia, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado; en virtud a que atendiendo la naturaleza del acto reclamado, el sentido de la sentencia no causará afectación a ninguna de aquéllas. En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo vigente; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a que ********************, en contra del acto que reclama de la responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, consistente en la omisión reclamada precisada en el considerando segundo, para los efectos precisados en el considerando sexto de esta resolución. ***
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