Miguel González Romo
Expediente 635/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 635/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 31/07/2018
Partes del expediente
- Miguel González Romo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Órgano Jurisdiccional el once del mes y año en curso (fojas 125 a 127), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de doce del presente mes (foja 128), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al promovente el trece siguiente (foja 129); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del diecisiete al diecinueve del actual mes y año. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante resolución terminada de engrosar el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 88 a 113), se determinó sobreseer y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 12, 13, 14 y 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. (.) b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $9,443.30 pesos, por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "17,836", emitido por el Notario Público 28, con sede en Xalisco, Nayarit, que se pagó el trece de marzo de dos mil dieciocho. (.) Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad aducida incide en un elemento esencial de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de doscientos ochenta pesos, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a la contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) En la inteligencia de que la cuota de doscientos ochenta pesos que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es ésta la que debe cubrirse y no otra. Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, consistente en el pago de derechos por inscripción del instrumento público referido, que está acreditado en autos, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. (.) c) De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Resolución que causó ejecutoria el veintiséis de junio de dos mil dieciocho (fojas 120 y 121). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Se desincorporara de la esfera jurídica del quejoso lo previsto en el precepto 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14 de la citada ley de ingresos y se abstuviera de aplicarlo en contra del quejoso, hasta en tanto fueran reformados. Le devolviera al agraviado única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $9,443.30 (Nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el once de este mes (fojas 125 a 127), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, acompañó copia con firma original del cheque número 0000546 de la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, valioso por la suma de $9,163.30 (Nueve mil ciento sesenta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional), por concepto de la cantidad que en su momento erogó el solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y su actualización correspondiente, el cual le entregó el seis de julio de dos mil dieciocho. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que el quejoso erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $9,443.30 (Nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional), luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de instrumento público o privado, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la parte promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que el Recaudador responsable tenía que devolver la cantidad de $9,163.30 (Nueve mil ciento sesenta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el trece de marzo de dos mil dieciocho (fojas 45 y 80) y el veintiocho de junio del año en curso, la autoridad responsable expidió al aquí quejoso el cheque antes indicado (foja 126); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo a junio de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de este año entre el índice para el mes de mayo de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue de 132.009; y para el mes de mayo de esta anualidad fue de 131.773 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.9982; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $9,163.30 (Nueve mil ciento sesenta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió al quejoso la cantidad de $9,163.30 (Nueve mil ciento sesenta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de garantías y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta testimonio certificado de la resolución dictada dentro del recurso de queja 168/2017, interpuesto en el incidente de violación a la suspensión de plano derivado del juicio de garantías 1289/2009, por el Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Bucerías, Bahía de Banderas, Nayarit, de la que se aprecia que el pleno de ese tribunal DESECHÓ el medio de impugnación de referencia; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y acúsese el recibo de estilo. Por otro lado, se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite testimonio de la resolución emitida el catorce de junio del año en curso, en el recurso de queja 69/2018, relativo al presente el incidente de violación a la suspensión de plano derivado del juicio de garantías 1289/2009, del que se advierte que se declaró infundado dicho medio de impugnación interpuesto contra el auto de veinticinco de enero del año que transcurre; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Acúsese el recibo de estilo. Luego, en virtud de haber quedado firme el auto de referencia, requiérase al Distrito Regional del Registro Público de la Propiedad en Bucerías y al Director de Catastro, ambos del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a efecto de que remitan copias certificadas de todas las constancias relativas a las inscripciones realizadas en dichas dependencias respecto de los predios denominados El Tescalame (fraccionamientos Palma Real, Valle Marlín, Residencial Natura, Villas de Miramar, Haciendas de San Vicente y en donde se encuentra la empresa denominada Coca-Cola), El Naranjo o San Vicente (fraccionamiento La Misión), La Concha II (fraccionamiento Villas de la Bahía) y El Ahuatal (fraccionamiento Azul Turqueza); ello, de conformidad a los artículos 93, 94 y 361 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia abrogada, dentro del término de TRES DÍAS siguientes al recibo del oficio de notificación respectivo, o en su caso, informen el impedimento legal que tenga para ello, toda vez que resultan necesarias a fin de resolver conforme a derecho corresponda el presente incidente; apercibidas, que en caso de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el dispositivo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia abrogada. Asimismo, se requiere al Presidente Municipal, Regidores, Síndico, Director de Obras Públicas y Director de Desarrollo Urbano y Ecología, todos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para que envíen copias certificadas de todos los documentos públicos firmados por cada autoridad en los que conste que dieron cumplimiento a las suspensiones de plano concedidas en autos del juicio de amparo 1289/2009, en relación a los predios denominados El Tescalame (fraccionamientos Palma Real, Valle Marlín, Residencial Natura, Villas de Miramar, Haciendas de San Vicente y en donde se encuentra la empresa denominada Coca-Cola), El Naranjo o San Vicente (fraccionamiento La Misión), La Concha II (fraccionamiento Villas de la Bahía) y El Ahuatal (fraccionamiento Azul Turqueza); con fundamento en los artículos 93, 94 y 361 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia abrogada, dentro del término de TRES DÍAS siguientes al recibo del oficio de notificación respectivo, se sirvan remitir copias debidamente certificadas de la constancias descritas, o en su caso, informen el impedimento legal que tenga para ello, toda vez que resultan necesarias a fin de resolver conforme a derecho corresponda el presente incidente; apercibidas, que en caso de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el dispositivo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia abrogada. En otro aspecto, visto el oficio 54/2018-XII signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta testimonio certificado de la resolución dictada dentro del recurso de queja 114/2018, interpuesto en el incidente de violación a la suspensión de plano derivado del juicio de garantías 1289/2009, por el Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Bucerías, Bahía de Banderas, Nayarit, de la que se aprecia que el pleno de ese tribunal DESECHÓ el medio de impugnación de referencia; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y acúsese el recibo de estilo. Por otro lado, agréguese para los efector legales correspondientes el escrito remitido por el Director de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit y atención a su contenido, con sustento en los ordinales 19 de la Ley de Amparo abrogada, téngase como delegado a Juan Pablo Silva García, sin revocar nombramientos anteriores. Además, como lo solicita el compareciente, de conformidad con el artículo 3, parte final del párrafo octavo de la Ley de Amparo en vigor, se autoriza la consulta vía electrónica del presente expediente a Juan Pablo Silva García, con nombre de usuario "silvagarcia", ya que en términos del precepto de previa mención, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió los acuerdos generales que consideró necesarios a fin de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica, que al día de hoy, se encuentran en vigor.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo enviado en línea por *** autorizado de la quejosa Ana Cecilia Ibarra Rico, mediante el cual, solicita se realice la designación de un perito oficial para la práctica de la diligencia ordenada en el incidente innominado planteado por la citada promovente Ibarra Rico. Por tanto, visto el estado de autos, en específico el proveído de ocho de mayo del año en curso (foja 429, Tomo I), se ordenó la tramitación del incidente innominado a efecto de determinar el monto a que tiene derecho la parte quejosa Ana Cecilia Ibarra Rico con motivo de la concesión del amparo; motivo por el cual, mediante proveído de veinticinco de mayo siguiente (fojas 463 y 464, Tomo II), se dio vista a las partes para que dentro del término de tres días, propusieran perito de su parte en materia contable, para que en su caso, se asociara al nombrado por este órgano jurisdiccional o rindiera dictamen por separado; en el entendido que de no formular manifestación alguna en el plazo indicado, se entendería su desinterés en ello y deberían estarse al dictamen que emitiera el perito que designara este Juzgado de Distrito, en su oportunidad. En consecuencia, la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas, mediante escrito presentado el cuatro de junio de la citada anualidad (foja 483), se abstuvo de nombrar perito de su parte, pues manifestó que su representada se encontraba acatando lo ordenado en la sentencia interlocutoria de veintidós de junio de dos mil doce, ya que con motivo de la ejecutoria concesoria del amparo, quedó firme el monto y la cantidad a la que a su representada le correspondía pagar a cada quejoso; por lo que en todo caso a la parte agraviada le correspondía debatir el presente incidente y en caso de que éste procediera, de la cantidad ya líquida y condenada se modificarían las cantidades disminuyéndolas para poder ajustarla a la quejosa. Asimismo, la diversa parte quejosa integrada por Luis Alberto de los Santos Guerrero, María de Jesús de los Santos Guerrero, Alma Aurora de los Santos Joya, María Celia de los Santos Joya y Marco Aurelio Guerra Arreola, no realizaron manifestación alguna al respecto, de ahí que se les tenga por conforme con el dictamen que emita en su oportunidad el perito que designe este Juzgado de Distrito, al haberles transcurrido con exceso el término que les fue otorgado para ello, toda vez que la notificación respectiva les fue practicada el veintinueve de mayo de la citada anualidad (foja 468, Tomo II). Asimismo, se advierte que mediante acuerdos de treinta y uno de mayo, uno y cinco de junio del año en curso (fojas 473, 475 y 486, Tomo II), se tuvo al Director General del Centro Científico de Comprobación Criminal Certificador de la Fiscalía General del Estado, al Encargado de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República y al Director del Instituto Tecnológico de Tepic, todos residentes en esta ciudad, respectivamente, informando su imposibilidad para designar perito en materia de contabilidad. Por ende, con fundamento en el Acuerdo General 37/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento para formar anualmente la lista de personas que puedan fungir como peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, las formalidades para su nombramiento, así como sus derechos y obligaciones; al igual que en el diverso Acuerdo General 34/2004 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el citado Acuerdo 37/2001, en relación con las formalidades para el nombramiento de peritos en los Órganos Jurisdiccionales, así como el procedimiento de pago; toda vez que en la lista de personas que puedan fungir como peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación correspondiente al año dos mil dieciocho, existe un experto en contabilidad, autorizado en el Vigésimo Cuarto Circuito al cual pertenece este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, se designa como perito oficial en materia de contabilidad a Julián Muro Chávez. En ese tenor, toda vez que es del conocimiento de este juzgado que el diestro aludido tiene su domicilio en calle Lerdo número 205, interior 3, colonia Centro de Tepic, Nayarit; quien se encuentra registrado en la Lista de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia para ejercer el cargo correspondiente al año dos mil dieciocho, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, ordenada por el acuerdo general 37/2001, se ordena notificar por conducto del Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que en términos del artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que sea notificado del presente proveído, se sirva comparecer ante este Juzgado de Distrito, a efecto de aceptar y protestar el cargo que le ha sido conferido y proporcione la cotización de honorarios correspondiente, o en su caso, deberá manifestar el impedimento que tenga para ello.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de veintinueve de mayo pasado, se tuvo por emplazado al tercero interesado Diego Emilio Gómez Ramírez; sin embargo se omitió dar vista a la citada procesal con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables toda vez que éstos fueron rendidos antes del emplazamiento respectivo, como se advierte de constancias. En consecuencia, dese vista al tercero interesado Diego Emilio Gómez Ramírez con los informes justificados rendidos en su oportunidad por las autoridades responsables, a efecto de que, dentro del término de ley, se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga. Se invoca por analogía, el criterio siguiente: **En consecuencia, para dar margen a lo anterior se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes
- Miguel Franco Bautista982/2018
- Miguel Franco Bautista846/2016
- Miguel Franco Montaño2225/2017
- Miguel Frausto Pérez217/2021
- Miguel Frausto Pérez2623/2023
- Miguel González Jiménez2171/2015
- Miguel González Romo656/2018
- MIGUEL GONZÁLEZ VILLAVICENCIO y Otros.2003/2017
- Miguel Guerrero Rodríguez1107/2017
- Miguel Gutiérrez Turban2418/2023
- Miguel Gutiérrez Turban2569/2023
- Miguel Gutiérrez Turban801/2023