Miguel González González y Otros.

Expediente 571/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
571/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
08/06/2016

Partes del expediente

  • Miguel González González y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, y como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica y entréguese a cualquiera de las personas que autoriza para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: Con la demanda de amparo que promueve Miguel González González, por propio derecho y quien se ostenta representante de Cynthia Barrera Madrid y Cynthia Alicia González Barrera, en contra de actos de la Universidad Veracruzana, por conducto de su rector o representante legal, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 571/2016 que le corresponde. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA Los artículos invocados disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas De la interpretación sistemática de dichos artículos, se infiere que el juicio de amparo es improcedente contra actos de que no provengan de autoridad. Por otra parte, los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, son los siguientes: 1) Que quien lo emite tenga características de órgano público. 2) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3) Que sea emitido o realizado unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. Sobre el tema, el Poder Judicial de la Federación ha identificado diferentes tipos de relaciones que se suscitan entre particulares y autoridades, entre aquellos mismos, o bien, entre propias autoridades entre sí, que son las siguientes: a) De coordinación. Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, resuelvan lo que en derecho proceda. b) De supra a subordinación. Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. De lo anterior se advierte que el juicio de amparo solamente sería procedente cuando se reclamen actos que provienen de las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos humanos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pero no sería procedente para reclamar actos derivados de relaciones de coordinación. HECHOS En el caso, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el derecho a otorgarle un mínimo vital para sostener a su familia, al haber sido despedido injustificadamente por la Universidad Veracruzana, en la cual se desempeñaba como Auxiliar Técnico Conductor en el Departamento de Servicios Generales. Asimismo, debe precisarse que el quejoso manifestó en su demanda de amparo que la Universidad Veracruzana rescindió su relación de trabajo, sin que se hubieran cumplido con las formalidades que establece el contrato colectivo. De igual manera, señaló que el treinta de mayo de dos mil dieciséis, acudió a hacer valer sus derechos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, al ser privado en forma ilegal de su fuente de ingresos; lo cual acreditó con el acuse de recibo de la demanda laboral presentada ante la Junta en mención, de la que se advierte que solicitó a dicha autoridad el otorgamiento del mínimo vital por parte de la demandada Universidad Veracruzana, durante el desarrollo del proceso legal, así como el otorgamiento del servicio médico para el propio quejoso y sus derechohabientes. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que el acto que se reclama no corresponde con el acto de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que surgió del vínculo de naturaleza contractual existente entre una institución denominada "Universidad Veracruzana", en su carácter de patrón y la parte quejosa; por lo que la problemática que presentan, en su caso, puede ser resuelta a través de una solución en la vía ordinaria laboral, en su caso, mas no a través del juicio de amparo, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia en análisis. Tiene aplicación la tesis siguiente: No. Registro: 168,507. Tesis aislada. Materia(s): Común Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, Noviembre de 2011 Tesis: I.15º.A.36.K Página: 1316. AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional. Máxime que el quejoso acudió ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, con el objeto de reclamar sus derechos laborales y solicitar el otorgamiento del mínimo vital por parte de la demandada Universidad Veracruzana, durante el desarrollo del proceso legal respectivo, así como el otorgamiento del servicio médico para éste y sus derechohabientes. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, de ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley invocada a las personas que señala. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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