Miguel Gómez Rangel
Expediente 404/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/07/2018
Partes del expediente
- Miguel Gómez Rangel
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual remite copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa y testimonio de la resolución dictada en sesión de veintiocho de junio del año en curso, en los autos del recurso de queja ********, en la que se determinó: "ÚNICO. La queja es INFUNDADA.". En consecuencia, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Asimismo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el acuerdo de referencia.
- Principal
Vista la demanda de cuenta presentada vía electrónica y promovida por *, por propio derecho, contra actos del agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Investigadora del MP "C", Unidad de Investigación C-3 Sin Detenido de la PGJCDMX, de la Fiscalía Desconcentrada para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 404/2018. II. DESECHAMIENTO. La parte quejosa señala como acto reclamado: ".La omisión de integrar, así como retrasar la investigación de la carpeta de investigación: * del índice de la autoridad responsable, en el cual el suscrito es víctima y denunciante, toda vez que a la fecha la responsable no ha resuelto lo concerniente al ejercicio de la acción penal, ni se han realizado diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos." Al respecto, este Juzgado de Distrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con los artículos 113 y 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, por los motivos que se expondrán. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". De los numerales transcritos es de destacarse que el arábigo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Que también el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control el archivo temporal, abstenerse de investigar y pronunciarse, si ejercita o no la acción, suspensión de la investigación y no ejercicio de la acción penal. En esas condiciones, se considera que la parte quejosa debió impugnar el acto reclamado de que se duele ante la autoridad judicial correspondiente, en el caso, ante el Juez de Control. En ese orden, sería la resolución del Juez de Control que decida sobre las omisiones atribuidas a la autoridad responsable, la que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Con la precisión de que al asunto en estudio no le son aplicables las hipótesis que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no se trata de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, lo que en la especie no acontece, al impugnarse actos del agente del Ministerio Público en la integración de una carpeta de investigación, en demérito de la obligación constitucional que le atañe conforme al artículo 21 de la Carta Magna. Tampoco se ajusta a los supuestos de la fracción XX del referido numeral, que disponen que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los que prevé la ley de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo, lo que en la especie tampoco acontece así; por lo que, dichas causas de improcedencia no son aplicables al caso en concreto, toda vez que la que se actualiza en relación al juicio de amparo indirecto promovido por la parte quejosa, deriva de una disposición constitucional. Lo anterior es así, en virtud de que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues acorde con el numeral 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, se establece que las omisiones y resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento atribuidas a los Agentes del Ministerio Público, son susceptibles de ser impugnadas ante la autoridad judicial, en el caso, ante el Juez de Control correspondiente. La prerrogativa que constitucionalmente se otorga al pasivo del delito, no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley, ello se advierte de la exposición de motivos, que dio origen a la redacción actual del precepto constitucional citado, en que, entre otras cosas se dijo: "El Apartado C del artículo 20 constitucional confiere ahora nuevos derechos a las víctimas u ofendidos de los delitos. Fundamentalmente, una participación más activa en el proceso mediante la introducción de novedosas figuras. En esta reforma se conservan importantes derechos que ya han sido reconocidos con anterioridad [.]. Se establece una nueva dimensión constitucional de la coadyuvancia para los efectos de que la víctima pueda intervenir directamente en el juicio e interponer los recursos en los términos que establezca la ley [.]. [.] Esta figura se incorpora ahora como una nueva garantía constitucional, con el objeto de que exista la posibilidad para las víctimas de defender directamente sus intereses. Ello no significa por supuesto que el Ministerio Público no esté obligado a dar un efectivo servicio de calidad a las víctimas y a representar sus intereses [.] Además de lo anteriormente indicado, se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder, es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva. Diversos criterios jurisprudenciales ya preveían esos extremos, los cuales ahora se reconocen expresamente en la Constitución". Como se advierte, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar no sólo las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, sino también de manera relevante su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos y pronunciarse si ejerce o no la acción; lo que igualmente se encuentra tutelado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimiento Penales. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación ordinarios, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad de esa naturaleza, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, inclusive su abuso. De tal manera que en el particular se debió agotar el recurso que la propia Constitución Federal consigna a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a la promoción de la instancia constitucional. En el mismo sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, al resolver por mayoría de votos la contradicción de tesis 233/2017, respecto del derecho de la víctima u ofendido del delito a impugnar ante una autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público. Máxime que en el caso en concreto, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima al recurrente de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; asimismo, tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. En mérito de lo expuesto y fundado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que, de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la Secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere; por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a los profesionistas que indica, en virtud de que al ingresar a la página http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se desprende que se encuentran legalmente acreditados para ejercer la profesión de licenciado en Derecho. Con fundamento en el arábigo 21, párrafo tercero, de la indicada ley, se faculta al actuario judicial adscrito a practicar las notificaciones personales en días y horas inhábiles que surjan en este juicio. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Como lo solicita el promovente, se autoriza la consulta del expediente electrónico, bajo los nombres de usuario que indica. Con independencia de que el inconforme señaló domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, también solicitó que se efectúen vía electrónica; en consecuencia, como se corrobora de la impresión obtenida del Sistema Integral y Seguimiento de Expedientes, los usuarios alfredovaldez y MijaliGonzalez, cuentan con dicha autorización para la consulta del expediente electrónico, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones aun las de carácter personal vía electrónica. Ello en apoyo a los lineamientos señalados en el Título Cuarto de los Servicios Electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal, Capítulo Primero, ordinales 79, párrafo primero, 81, 82 y 83 del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los procesos de Oralidad Penal en los Centro de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo anterior, cabe indicar que, en el presente caso surge la obligación de la parte quejosa de ingresar al sistema establecido para los fines aludidos, todos los días, con el objeto de obtener la constancia referida en el diverso 31, fracción III, de la Ley de Amparo, durante un plazo máximo de dos días, con el propósito de acreditar la práctica de esa diligencia, y en caso contrario, el actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional asentará la razón correspondiente en base al numeral 30, fracción II de la legislación referida.
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