Miguel Gomez Castillo

Expediente 65/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
65/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Miguel Gomez Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, once de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************; en consecuencia, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal. Atento a lo anterior, previa revisión por la Secretaria de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Demanda Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Gómez Castillo, contra actos de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Mexicali, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 65/2022-3, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento. Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, tal como se establece en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese orden, de la lectura integral a la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama el acuerdo de inicio de procedimiento de separación de cargo de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, con número de expediente CHJ/PSC/228/2021, emitido por la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. Puntualizado lo anterior, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XIV de esta misma ley, se desecha de plano la demanda de amparo, por existir motivos indudables y manifiestos de improcedencia. La segunda de las disposiciones establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo expuesto, es manifiesto el motivo de improcedencia cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan el artículo 17 del propio ordenamiento legal. Ahora bien, los aludidos artículos de la ley de amparo, así como el diverso 18, de la citada ley, disponen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En ese orden, la lectura sistemática del numeral 17 de la legislación aplicable indica que, por regla general, el plazo para promover la acción de amparo es de quince días, con excepción de los casos en los que se reclamen normas generales autoaplicativas, procedimientos de extradición, sentencias condenatorias de naturaleza penal en las que se imponga prisión; contra actos que tengan o puedan tener por efecto la privación total o parcial, temporal o definitiva, de derechos a núcleos de población ejidal o comunal, o bien, cuando se trate de actos contemplados en el artículo 22 de la Carta Magna, en cuyos supuestos la oportunidad para la promoción de la demanda de amparo se amplía conforme la legislación aplicable lo precisa para cada uno de ellos. En complemento, el segundo de los numerales trascritos (artículo 18) establece las formas para computar el momento a partir del cual comenzará a transcurrir el plazo para la promoción de la demanda de amparo, según la naturaleza del acto reclamado; así, como primer método, se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la actuación o resolución que se reclame, conforme a la legislación que la regula; el segundo supuesto atañe al momento en que el quejoso tenga conocimiento del acto de autoridad y, finalmente, la tercer hipótesis parte del momento en que el peticionario se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Al respecto, deviene ilustrativa la tesis I.8o.C.15 K (10a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, Décima Época, página 2380 (Registro 2009762), que señala: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO. El párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; por su parte, el artículo 18 de la misma ley prevé que ese plazo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De este precepto se deduce que el inicio del plazo de quince días para solicitar amparo, depende del supuesto que en cada asunto se actualice, a saber: primero, en aquellos casos en que exista una notificación al quejoso del acto reclamado, el plazo para presentar la demanda correrá al día siguiente a aquel en que surta efectos esa notificación; segundo, cuando el impetrante haya tenido conocimiento, obviamente por medios diversos a una notificación, de la existencia del acto; y tercero, por la confesión, que opera cuando el quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; en estos dos últimos supuestos el plazo de quince días comenzará al día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento de la existencia del acto reclamado o se ostente sabedor del acto o de su ejecución; sin que en estos casos inicie el cómputo a partir del día siguiente en que se surtan los efectos, pues no existe notificación cuyo efecto deba surtir, sino que como expresamente lo establece tal dispositivo, el cómputo inicia al día siguiente de la fecha en que haya tenido conocimiento del acto o de aquella en que haya confesado haberlo tenido." Establecido lo anterior, a fin de sustentar que el motivo de improcedencia invocado se surte en el caso a estudio, se destaca que el acto reclamado y la autoridad responsable que se señalan en el escrito de demanda que se atienden, son los siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. La Comisión de Honor y Justicia, del Ayuntamiento de Mexicali. IV. ACTO RECLAMADO. El Acuerdo de Inicio de Procedimiento de fecha 29 de Noviembre del 2021, emitida dentro del Procedimiento de Separación del Cargo de número CHJ/PSC/228/2021, emitido por la Comisión de Honor y Justicia, del Ayuntamiento de Mexicali." Asimismo, se advierte del escrito de demanda que se atiende, que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que la resolución reclamada le fue notificada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, lo cual se considera una confesio´n expresa, en te´rminos de los arti´culos 95, 96 y 199 del Co´digo Federal de Procedimientos Civiles3 de aplicacio´n supletoria a la Ley de Amparo. Ademas, anexo´ a su escrito la documental consistente en constancia de notificacio´n del acuerdo de inicio de procedimiento de separacio´n de cargo, de la que se observa como fecha de dicha diligencia el diecisiete de diciembre de la pasada anualidad. De ese modo, el plazo de quince días a que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a partir del día siguiente al en que se notificó el auto de inicio de separación de cargo del que se duele, transcurriendo dicho término del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno al diez de enero de dos mil veintidós, sin contar los días veinticinco y veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, así como uno, dos, ocho y nueve de enero del año que transcurre, por haber sido inhábiles. Por tanto si la demanda de amparo que dio origen al presente juicio se presentó el veintiuno de enero de dos mil veintidós, según se observa del sello del Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, queda de relieve que ello se hizo fuera del plazo de quince días previsto por la Ley de Amparo el cual, de ahí el consentimiento advertido. No se soslaya que la parte quejosa indica en su escrito de demanda que los días del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno al uno de enero de este año, fueron inhábiles; sin embargo, en los Juzgados de Distrito de este Circuito, no se suspendieron labores en el lapso que indica, y se practicaron normalmente todas las actuaciones judiciales, salvo en los días que legalmente son inhábiles. De igual forma, no se encuentra acreditado que la autoridad responsable haya gozado de su periodo vacacional o dejado de laborar en las referidas fechas, sin que ello constituya un hecho notorio para el suscrito juzgador. Máxime que la diligencia de notificación se efectuó el diecisiete de diciembre del año pasado, es decir, que la autoridad responsable se encontraba laborando, dentro del plazo que el quejoso refiere. Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, página 5, (Registro 163172), que señala: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Lo anterior, en el entendido que el acto reclamado no se encuentra dentro de los supuestos distintos a la regla general prevista en el artículo 17 de la Ley de Amparo, esto es, por cuanto no constituye una norma general autoaplicativa ni de procedimiento de extradición; tampoco se trata de sentencia condenatoria en procedimiento penal que imponga pena de privativa de libertad; no se trata de actos de índole agrario que afecten a bienes de núcleos o sujetos con esa naturaleza, como tampoco atañe a la afectación a la vida, libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Carta Magna. En consecuencia, al ser manifiesta, notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XIV de la Ley de la Materia, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio procesal y autorizados Se tiene a la parte quejosa designando como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda; autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Manuel Alberto Valdez Beltrán, en virtud de haberse encontrado registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notificaciones electrónicas y autorización para el acceso y visualización del expediente electrónico Por otra parte, se le tiene solicitando se le realicen las notificaciones de forma electrónica; así como la autorización para el acceso y visualización del expediente electrónico del presente asunto, para tal fin proporciona el usuario "ManuelAlbertoValdezBeltran". Por tanto, considerando que el ocursante proporciona la información para el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico a la parte quejosa mediante el usuario que proporciona "ManuelAlbertoValdezBeltran"; para ello háganse las actualizaciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, en cuanto a las notificaciones, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la legislación aplicable y lo previsto en el Acuerdo General de 12/2020 de referencia, a partir de esta determinación, háganse vía electrónica a la parte promovente que se trata, dado que así lo solicita expresamente. Lo anterior, sin perjuicio de la designación de domicilio procesal efectuado en el escrito de demanda que se atiende, ya que las notificaciones deberán practicarse, por regla general, vía electrónica salvo caso extraordinario.

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