Miguel Godoy Gallegos

Expediente 640/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
640/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • Miguel Godoy Gallegos

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de seis de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda promovida por Miguel Godoy Gallegos, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En el entendido que el presente asunto se trata de un expediente en el que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, por tanto es susceptible de destrucción, conforme al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran tres años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto procédase a su destrucción. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/cehc

  2. Principal

    siete de junio de dos mil veintitrés, Rufino Salgado Ramírez, actuario judicial de este juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hago constar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, siendo las nueve horas de esta fecha, se notifica por medio de lista a la parte terceros interesados Heriberto Uscanga Sánchez y Raquel Martínez Santana, el acuerdo dictado (a) el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional y se tiene por legalmente hecha la notificación del acuerdo antes citado, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa y terceras interesadas, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que lo hubieran hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida o no. Bajo ese contexto, se destaca que el ocho de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Mónica y Verónica ambas de apellidos Uscanga Martínez, para que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "1. La autoridad responsable Juez Noveno de lo Civil, de esta ciudad, deje insubsistente el embargo trabado sobre el cincuenta por ciento de los derechos de propiedad del inmueble identificado como lote 4 de la manzana 1 del fraccionamiento Valle Verde de esta ciudad, inscrito bajo la partida 5483542, sección civil de siete de agosto de dos mil seis, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, así como todo el procedimiento de remate respecto de dicho bien y sus consecuencias. 1.a. En el entendido de que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberá girar los oficios que correspondan para que se cancelen las inscripciones o escrituras que, en su caso, se hayan emitido con motivo de tales actos. 2. La autoridad responsable Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, una vez que reciba el oficio a que se refiere el lineamiento "1.a." deberá dejar insubsistentes las inscripciones realizadas sobre el inmueble multimencionado con motivo del juicio ejecutivo mercantil de origen." Determinación que al no haber sido recurrida, causó firmeza legal mediante proveído de trece de mayo de dos mil veintiuno, por lo que se requirió el cumplimiento al fallo protector a las autoridades responsables. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad Juez Noveno de lo Civil, en esta ciudad (ahora Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana) se advierte que: a) Mediante oficio 623/2021-A de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, -con número de registro 8490- la autoridad responsable informó que mediante proveído de esa fecha, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 750/2009 de su índice, procedió a dejar insubsistente el embargo trabado respecto del cincuenta por ciento de los derechos de propiedad que corresponden a Raquel Martínez Santana, del inmueble identificado como lote 4 de la manzana 1 del fraccionamiento Valle Verde de esta ciudad, así como todo el procedimiento de remate de dicho inmueble y sus consecuencias. b) Además, ordenó la cancelación de la partida 5837969, sección civil, de fecha veintidós de agosto de dos mil doce, relativa al embargo y la cancelación de la escritura pública 51,766 (cincuenta y un mil setecientos sesenta y seis) volumen 696 (seiscientos noventa y seis) de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, elaborada en la Notaría Pública Número Trece de Tijuana, con motivo de la adjudicación del inmueble objeto de la litis. c) Por su parte, la Registradora Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, remitió mediante oficio -recibido en este Juzgado el nueve de junio de dos mil veintiuno-, constancia de cancelación de la partida de la partida 5837969, sección civil, de fecha veintidós de agosto de dos mil doce, en relación con el embargo del inmueble descrito en el párrafo que antecede. Ahora, en diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se procedió a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el juicio de origen, la sentencia definitiva se encuentra cumplida, por lo que, una vez efectuado dicho análisis se declaró no cumplido el fallo protector, ello atendiendo a que la autoridad responsable fue omisa en enviar las constancias relativas a la cancelación de la escritura pública 51,766 (cincuenta y un mil setecientos sesenta y seis) volumen 696 (seiscientos noventa y seis) de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, elaborada en la Notaría Pública Número Trece de Tijuana, con motivo de la adjudicación del inmueble objeto de la litis; por tanto, se requirió nuevamente el cumplimiento al fallo protector. Derivado de lo anterior y previos requerimientos, el doce de mayo de dos mil veintitrés, se recibió en este Juzgado el oficio que remitió la autoridad responsable Juez Noveno de lo Civil, en esta ciudad (ahora Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana), mediante el cual remitió las constancias de cancelación de la escritura pública 51,766 (cincuenta y un mil setecientos sesenta y seis) volumen 696 (seiscientos noventa y seis) de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, elaborada en la Notaría Pública Número Trece de Tijuana. Constancias que adquieren valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que no se advierte la existencia de algún otro acto que deba quedar sin efectos, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, al haber cumplido los lineamientos de la ejecutoria de amparo, se declara cumplida, sin perjuicio de que las partes intenten el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES: Tijuana, Baja California, seis de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************contra actos del Juez Sexto de lo Civil del Partido Judicial, con sede en esta ciudad; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 640/2023-VI. Ahora, del análisis integral del escrito inicial de demanda, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción V -interpretado a contrario sensu- ambos de la Ley de Amparo, como a continuación se verá. Para avalar la postura que antecede, se citan los numerales aludidos, que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Al respecto, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y dejan intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, toda vez que tales actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Aunado a lo anterior, es dable precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. En ese tenor, la propia Segunda Sala, complementó ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, tomando en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador y que corresponde al plazo para que opere la caducidad. El referido criterio quedó plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), publicada en la página mil seiscientos cuarenta y tres, tomo II, libro sesenta y cuatro, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de marzo de dos mil diecinueve, Décima Época, registro 2019400, de contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Bajo tales premisas, es dable concluir que, para determinar si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, es válido acudir a la disposición legal que prevé el plazo en el que opera la caducidad del procedimiento de que se trate, pues de su contenido se podrá obtener el periodo máximo que cada legislación tolera para que el procedimiento permanezca inmóvil. Así, es dable colegir que el juicio de amparo indirecto será procedente contra dilaciones procesales, siempre que al momento de la presentación del escrito inicial de demanda haya transcurrido el plazo establecido en la legislación aplicable para que opere la caducidad, contado a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Ahora bien, en el caso, el promovente se duele de la dilación de la autoridad responsable, dentro del juicio 689/2021, del índice del Juzgado Sexto de lo Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, de no proveer su escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el que solicitó las notificaciones de la parte demandada se realicen por medio del Boletín Judicial. En ese contexto, tomando en consideración que el artículo 138 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, establece que la caducidad de la instancia por inactividad procesal, opera transcurridos seis meses naturales, contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, se estima que en la especie no se configura una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del juicio 689/2021, pues como el propio promovente lo manifiesta, su escrito lo presentó el veinticinco de abril del año en curso -treinta y ocho días antes de la presentación de la demanda que aquí nos ocupa-. Consecuentemente, al no advertirse la existencia una abierta dilación del procedimiento origen o su paralización total, en el presente asunto opera la regla general contenida en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en que el juicio de amparo es notoriamente improcedente cuando se promueve por una de las partes en el juicio natural, contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos. En virtud de lo anterior, como se anticipó, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, por lo que, con fundamento en el diverso numeral 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda relativa. En otro tenor, se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** ******************** y ********************, toda vez que, cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, así como a ******************** y********************, no obstante que sus cédulas profesionales no se encuentren registradas ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, ya que como se advierte de la certificación de cuenta, de la consulta respectiva se obtuvo que tienen registro que lo acredita como licenciado en derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el siete de agosto pasado, bajo el registro electrónico 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Por otro lado, se le autoriza únicamente para efecto de oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos del presente juicio a ******************** Asimismo, se tiene al quejoso señalando como domicilio, correo electrónico y número telefónico para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito inicial de demanda. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. En consecuencia, se faculta a la Actuaria de este Juzgado para que, en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura Federal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, notifique personalmente el presente proveído a la totalidad de las partes a fin de que se impongan de su contenido. En el entendido de que para llevar a cabo tales diligencias, podrá hacer uso de medios electrónicos, debiéndose recabar las constancias necesarias que permitan verificar la entrega a su destinatario. Ahora bien, se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese.

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