Miguel Godinez Moran
Expediente 1555/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1555/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/01/2018
Partes del expediente
- Miguel Godinez Moran
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; veintitrés de enero de dos mil dieciocho. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la Dirección de Recursos Materiales del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, devuelve la pieza postal que contiene el diverso 34224 dirigido a la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, por no ser de su competencia. Ahora, es importante destacar que el escrito de referencia carece de firma autógrafa; sin embargo, del mismo no se advierte que la oficial de partes de este órgano jurisdiccional haya realizado la precisión de haberlo recibido en original. Por tanto, se genera la presunción de que se presentó en original y con la referida signatura; lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J.32/2011 (10a), publicada en la página 3632, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." Atento a lo anterior, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que reenvíe los oficios de mérito a la autoridad correcta y al domicilio actual que para tal efecto investigue. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el sobre bolsa enviado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al que adjunta dos piezas postales, que contienen los oficios 29150 y 31812, dirigidos al "Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz". Ahora, de las piezas postales se advierte que el domicilio al cual se enviaron fue a la Ciudad de México, sin embargo, la autoridad pertenece al Estado de México; en consecuencia, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que reenvíe los oficios de mérito al domicilio actual y correcto que para tal efecto investigue.
- Principal
IV.- Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió el auto dictado el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, por el que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dicho proveído ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. Atento a lo anterior, mediante oficio devuélvase a la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje del Estado de México, las constancias que remitió como complemento a su informe justificado (foja 12). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
VII.- Vista la razón de cuenta, a través de la cual el Actuario de este órgano de control constitucional manifiesta la imposibilidad de notificar a la parte promovente del amparo, el proveído de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, por los motivos ahí expuestos. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Al caso es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Atento a lo anterior, como lo prevé el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y en atención a lo expuesto en párrafos precedentes, procédase a realizar la notificación de mérito, así como las subsecuentes, incluso las de manera personal, por medio de lista que se fija en este recinto judicial. EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR EN ESTE ACTO SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LA LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL A LA LETRA DICE: Con fundamento en el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta, donde el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, rinde informe justificado y remite el original del expediente SAT446/2017, con ellas manténgase por separado. Ahora, el estado procesal de autos revela que mediante auto de veintiocho de septiembre de este año, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisó que el acto reclamado por el quejoso Miguel Godínez Moran, es: La omisión de acordar su demanda presentada el doce de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla, Estado de México. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, emitió el proveído donde acordó la promoción ingresada por la parte quejosa el doce de junio de dos mil diecisiete, ante su Oficialía de Partes. A dichas constancias se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso aduce que la autoridad fue omisa en acordar su promoción de presentada el doce de junio de dos mil diecisiete en su Oficialía de Partes; sin embargo, la autoridad responsable remitió el original del expediente SAT446/2017, de las cuales se observa que mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, acordó lo relativo a dicho ocurso. Lo antes evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la autoridad responsable emitió un proveído en el expediente citado en párrafos anteriores, en el cual acordó su petición en su escrito presentado el doce de junio de dos mil diecisiete. En esa medida, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues el acto reclamado ha cesado. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la diversa jurisprudencia 415, publicada en la página 356, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad."
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