Miguel Gilberto Rosado Peón

Expediente 1218/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1218/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
08/03/2019

Partes del expediente

  • MIGUEL GILBERTO ROSADO PEÓN y Otros.
  • LUIS HERNÁN REPETTO JUÁREZ y Otros.
  • Luis Hernán Repetto Juárez
  • Miguel Gilberto Rosado Peón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA V.- Agréguese únicamente para que obre como legamente corresponda el oficio de la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, con el cual remite copia certificada de los datos del registro de matrimonio de *** y ***, cuenta habida que mediante proveído de catorce de febrero pasado, se ordenó el archivo definitivo del presente asunto.

  2. Principal

    MESA V.- SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE EXPEDIENTE. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración. Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos.

  3. Principal

    MESA V.- Ténganse por recibidos los escritos de los quejosos, mediante los cuales solicitan copias certificadas de la sentencia y ejecutoria dictadas en el presente juicio de amparo; por tanto, expídasele a su costa las copias certificadas que solicitan, siempre y cuando éstas obren, autorizando para recibirlas a las personas que señala para tal efecto, previa identificación y constancia de recibo que se deje en autos. Por otro lado, agréguese a autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Delegado de la Consejería Jurídica del Estado, con sede en esta ciudad, con el que informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista a la parte quejosa, del oficio de cuenta, por el plazo de TRES DIAS, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído para que manifiesten lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copia certificada del referido oficio; con el apercibimiento de que una vez transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin él, este Juzgado de Distrito dictará la resolución que en derecho corresponda.

  4. Principal

    MESA V.- Mérida, Yucatán, veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y advirtiéndose que las partes no recurrieron la sentencia de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en la que en su segundo punto resolutivo AMPARÓ Y PROTEGIÓ a los quejosos *** y ***, respecto del acto que reclamaron del Gobernador Constitucional del Estado, Congreso del Estado, Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán y Oficial Número Uno del Registro Civil, todos del Estado, con residencia en esta ciudad; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA en sus términos dicha sentencia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, en el fallo protector que amparó al referido quejoso, se determinó que las autoridades responsables deberán realizar lo siguiente: "La Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, deberá: a) No aplicar a los quejosos, en el presente ni en el futuro el numeral 49 del Código de Familia del Estado de Yucatán. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." b) Dejar insubsistente el oficio CJ-DRC-JUR-2221-1291-151-2016, de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, con el cual se negó la solicitud de matrimonio homoparental y en su caso: c) Emitir un nuevo acto acatando los lineamientos del presente fallo constitucional. En este orden de ideas, el efecto de la sentencia de amparo no sólo es para que se inaplique a los quejosos en el presente y futuro la porción normativa declarada inconstitucional, sino también para que se les aplique la parte restante del precepto interpretado de conformidad con el principio constitucional de igualdad, de tal suerte que se entienda que "el matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión voluntaria y jurídica celebrado entre dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones". Así, al haberse removido los obstáculos que impedían a la autoridad responsable que aplicó la norma impugnada atender la solicitud para contraer matrimonio formulado por los demandantes de amparo, ésta deberá darle trámite. Por lo tanto, entre los efectos de la presente ejecutoria también se desprende la obligación de dicha autoridad responsable de interpretar las restantes disposiciones del Código de Familia del Estado de Yucatán relacionada con el matrimonio que hagan referencia directa o indirecta al sexo de los contrayentes y a la finalidad de la institución, conforme con el principio de igualdad y no discriminación en los términos en los que se ha establecido en la presente ejecutoria, 2. El Jefe de Departamento Jurídico y Oficial Numero Uno o Primero del Registro Civil de Mérida, Yucatán, deberá: a) Acatar la nueva determinación que para tal efecto emita la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Debe puntualizarse que el cumplimiento de la presente resolución, no implica anular la norma tildada de inconstitucional, por lo cual las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado y Congreso del Estado, todos con sede en esta ciudad, quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo, atento al principio de relatividad de las sentencias." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la indicada Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo en los términos antes precisados, debiendo remitir las constancias debidamente certificadas que así lo acrediten, apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a la cantidad de cien días de valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la referida Ley de Amparo; asimismo, si este juzgado califica que la autoridad actuó injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias concesorias de amparo; se iniciará el procedimiento de incumplimiento a la ejecución de las sentencias de amparo indirecto.

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