Miguel Garrido May

Expediente 1630/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1630/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Miguel Garrido May

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA IV. Visto lo informado por la Secretaria en la cuenta que antecede, en el sentido de que la audiencia constitucional en el presente asunto debería tener verificativo el día de hoy y toda vez que de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el suscrito se encuentra legalmente imposibilitado para resolver el presente asunto, por no constituir providencia de trámite o de carácter urgente; en consecuencia, se señala como nueva hora y fecha para su celebración, LAS DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia médica de la titular, en términos del párrafo segundo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el oficio 4762/2023, de fecha trece de noviembre de dos mil veintitrés, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    MESA IV. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, con un anexo que acompaña, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, informa que recibió las constancias conducentes por parte de la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, a fin de que se iniciara la investigación correspondiente por la probable trasgresión de los derechos humanos de los quejosos ********************, por lo que turnó al Fiscal en Jefe adscrito a la Vicefiscalía Especializada en Delitos de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de la Fiscalía General del Estado, motivo por el cual, se aperturó el acta de investigación ********************, misma que se encuentra en etapa de integración. En ese sentido, es importante traer a colación, lo sostenido por el Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que se puede extraer conceptos y lineamientos inherentes a la correcta conducción de asuntos que involucren tortura y malos tratos. Entre ellos, lo establecido en el inciso C), denominado, Guía para juzgar casos de tortura y malos tratos, en concreto, en el punto 7 "vista con efectos de denuncia", que señala, que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de algún delito, está obligado a denunciarlo al ministerio público, y respecto del delito de tortura, tal deber se encuentra contemplado en el artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dicha denuncia será con efectos para que la representación social inicie la investigación penal correspondiente. En tal virtud, atendiendo a que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. En ese orden de ideas, tomando en consideración que la Fiscalía General del Estado, ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente, dese vista a la parte quejosa con las constancias que dicha autoridad remitió, a fin de que reciba la asesoría jurídica correspondiente en su carácter de víctima dentro de la investigación que se inició, la cual fue registrada bajo el número de acta de investigación número ********************, ante el Fiscal en Jefe adscrito a la Vicefiscalía Especializada en Delitos de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de la Fiscalía General del Estado, tal como lo prevé el invocado Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    MESA IV. Agréguese a estos autos el alegato ministerial signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el que, por los motivos que expone, en su segundo punto petitorio solicita se sobresea en el presente juicio de amparo, y en el tercero, se niegue la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 124 del mencionado ordenamiento jurídico, relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. En cuanto a la solicitud de la representante social, en el sentido que se expida a su favor, copia certificada de la determinación que en su momento se dicte y resuelva este asunto, dígasele que no ha lugar a acceder a lo que pide. Lo anterior es así, pues conforme a lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente consta únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; de ahí que la determinación que en su caso resuelva este asunto, al ser emitida y firmada digitalmente, con posterioridad a la fecha indicada en el acuerdo general en comento, sólo obrara en el expediente electrónico mas no en el impreso, por lo que materialmente no sería factible expedir copias de un documento no impreso. No obstante lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 se hace saber a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requiera, pues, las que cuentan con evidencia criptográfica tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    MESA III. Agréguese a estos autos el oficio y anexo remitidos por Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con los cuales, atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional en proveído de diecisiete de los cursantes, e informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia de amparo; de las que se aprecia que la misma se encuentra en vías de cumplimiento. Ahora bien, toda vez que en su oficio de mérito la autoridad responsable señaló las diez horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, para que se lleve a cabo la diligencia con auxilio de la fuerza pública, hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa para que se encuentre en aptitud de acudir a la misma. En ese tenor, con fundamento en el artículo 192, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, para que en el término de veinticuatro horas siguientes a la fecha señalada para que tenga verificativo la diligencia de mérito - veintidós de noviembre del presente año -, informe el resultado de la misma y remita constancias que lo acrediten. Apercibido que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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