Miguel García Pineda
Expediente 391/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 27 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 391/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 30/06/2016
Partes del expediente
- Miguel García Pineda
- Juez de Defensa Social del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos la copia del oficio de la Agente del Ministerio, en representación del Fiscal General del Estado, por medio del cual informa que remitió el oficio 1126-2 de veintisiete de junio del año en curso al Director General de la Fiscalía de Atención a Delitos cometidos por Servidores Públicos, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, glósese el sobre devuelto por el Administrador de Correos de esta ciudad, para que obre como corresponda, en atención a que por auto de quince de abril del año en curso, se ordenó el archivo del presente asunto como concluido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, del que se desprende que el quejoso al narrar la demanda de amparo, en esencia, manifestó que los elementos ministeriales que llevaron a cabo su detención lo torturaron, amedrentaron y golpearon; lo cual, resulta violatorio del derecho Constitucional previsto en el párrafo cuarto, del artículo 16 constitucional; lo que trae como consecuencia que, posiblemente, haya ocurrido en contra del aquí quejoso, una violación a sus derechos humanos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que pudiera traducirse en actos de tortura. Ello, ya que la tortura se reputa como todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; sin embargo, no se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. En ese orden, el diez de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1° constitucional, para quedar en sus primeros tres párrafos, como sigue: "Artículo. 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. - - - Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. - - - Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 5.1, establece explícitamente una protección internacional al derecho a la integridad personal y en el numeral 5.2 prescribe de forma absoluta la prohibición de la tortura, así como las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el mismo sentido el artículo 7 del Pacto Internacional sobre Derechos Humanos, dispone que nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por otro lado, en el ámbito legislativo nacional, con el propósito de garantizar la prohibición de la tortura, se emitió la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en la cual al abordar el delito de tortura; se estableció que en todo momento en que lo solicite cualquier detenido o reo, este deberá ser reconocido por perito médico legista y en su caso por un facultativo de su elección, así como que ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba. En ese orden de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a la norma más protectora, por la amplitud de supuestos (Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura), ha concluido que estaremos frente a un caso de tortura, cuando: I. La naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; II. Cuando las mismas sean infligidas intencionalmente; y III. Con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona (esto con independencia de los elementos que se requieran para la tipificación del delito). Asimismo, con base en los artículos 1 (reformado) y 22 constitucionales; 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 12 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, se concluye: A. Las personas que denuncien actos de tortura tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata, imparcial y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. B. La obligación de velar por el cumplimiento de ese derecho recae en todas las autoridades del Estado mexicano dentro del ámbito de su competencia, y no sólo en aquellas que directamente deban investigar o procesar el acto de tortura denunciado. C. Atendiendo al principio interpretativo pro persona, para efectos de la protección del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura todo tipo de noticia o aviso sobre ese ilícito que se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. D. En este contexto, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tomen conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a las autoridades ministeriales que deban investigar sobre ese probable ilícito. Y, dado que se está en un posible caso de tortura se debe ordenar dar vista al Representante Social adscrito al juzgado de la causa, lo cual es de oficio conforme a la normatividad antes invocada. Cabe destacar que las consideraciones anteriores se formulan exclusivamente para efectos del juicio penal cuya resolución se examina y sólo con base en el caudal probatorio de ese proceso. Es decir, este tribunal no prejuzga sobre la existencia o inexistencia de los actos de tortura referidos por el quejoso, pues tal cuestión deberá ser atendida por las autoridades del Estado mexicano a las que compete investigar y, en su caso, juzgar los actos de tortura. Así pues, de acuerdo con las anteriores consideraciones, el suscrito Juzgador estima procedente ampliar la protección constitucional a fin de que el juez responsable de vista al Ministerio Público de su adscripción con las manifestaciones formuladas por el quejoso Miguel García Pineda en el escrito de demanda y con las constancias del proceso, en las que sostiene que sufrió actos de tortura física, durante la indagatoria que precedió al juicio de origen. Cabe precisar, ello no significa que sea suficiente la sola declaración aislada del imputado en el proceso penal, para estimar que se encuentra acreditado el supuesto de tortura, ya sea como violación de derechos fundamentales o inclusive como delito, sino que de esa declaración surgen las obligaciones siguientes para el juez de la causa: Ordenar la realización de las diligencias que considere necesarias para encontrar indicios de tortura y en caso de encontrarlos, el estado tiene la carga de la prueba para desvirtuar dichos indicios, con las consecuencias que la citada situación conlleva; y de manera paralela. Dar vista al Ministerio Público para que inicie la averiguación previa correspondiente y realizar todas las diligencias para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con los actos de tortura, bajo el estándar probatorio de este tipo de procesos. En el entendido que esas investigaciones son autónomas, lo que significa que no es necesario que se tenga por acreditada la tortura como delito, para el efecto de tenerla por demostrada como violación a derechos humanos, con las consecuencias procesales que ello conlleva. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XXVII.1º. (VIII Región) 2 P (10ª) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, que dice: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano. Esta disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturados tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la ley para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) la obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencia), y o sólo en aquéllas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atendiendo al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberá dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito." En ese contexto, se exhorta al Procurador de Justicia en el Estado de Puebla, para que ordene iniciar una investigación específica de los hechos motivo de la detención del quejoso respecto de posibles actos de tortura, de forma independiente al proceso penal como delito autónomo, contra el probable responsable de aquellos hechos, por otra parte, deberá ordenar la práctica de diligencias para esclarecer tales circunstancias, lo que en su oportunidad permitiría dictar una sentencia acorde a los hechos, esto con base en el Protocolo de Estambul, Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aceptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como directriz de actuación para este tipo de casos de violación al derecho a la integridad física y psíquica, estableciendo incluso que la investigación debe y puede llevarse a cabo aun cuando transcurra tiempo considerable desde la presunta comisión de la tortura. Esta determinación no excede el ámbito de aplicabilidad del juicio de amparo aunque el Procurador General de Justicia del Estado de Puebla señalado no figure como autoridad responsable, pues conforme al artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, este juicio es el medio legal para reparar la violación de los derechos humanos reconocidos en ella y en tratados internacionales suscritos por México, por omisiones como la acaecida en la especie, ya que se reitera, este órgano de amparo debe garantizar que el respeto a los derechos humanos avance (principio de progresividad), además de que el incumplimiento de la obligación de investigación oficiosa implica violación al derecho a la integridad física y psíquica y ambas deben repararse, pues aunque el juez del proceso penal en su oportunidad debió requerir se iniciara dicha investigación, la celeridad en la efectuación de los derechos obliga a este Juzgado a requerir directamente al superior jerárquico del Agente del Ministerio Público Investigador de los hechos que dieron origen a la causa penal. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 57/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, el uno de marzo de dos mil dieciséis (fojas 174 a 193), se sobreseyó y concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que: El Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, dejara insubsistente el auto de término constitucional y con plenitud de jurisdicción dictara uno nuevo, el cual podía ser en el mismo sentido de afectación, pero purgando los vicios formales advertidos, a fin de restituir al impetrante en el goce de los derechos humanos violados. Ahora, mediante el oficio 1148 recibido en este Juzgado Federal el seis de abril de dos mil dieciséis, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, remitió constancias con las que acreditó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, consistentes en la resolución dictada el cinco de abril de este año, en donde se decretó en contra de Miguel García Pineda auto de formal prisión o preventiva como probable responsable en la comisión del delito de ROBO CALIFICADO (fojas 217 a 249). Así, el siete de abril del año en curso se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dictado por la responsable, sin que oportunamente hubiera desahogado esa vista. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento conminado y este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, a las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se le requirió, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, en cumplimiento a la sentencia definitiva emitida, dejó insubsistente el auto de término constitucional y con plenitud de jurisdicción dictó uno nuevo, pero purgando los vicios formales advertidos. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto, y 214 de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, intégrese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y glósese el cuaderno original del incidente de suspensión. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad, o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; archívese por separado el duplicado del incidente de suspensión, para su posterior destrucción dentro del término de seis meses a partir de la notificación de este. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Penal de Atlixco, Puebla, a través del cual informa el cumplimiento dado a la sentencia definitiva dictada en el presente asunto, y para tal efecto, remite copia certificada de resolución en la causa penal 388/2009 y su acumulado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de tres días, con el cumplimiento de la ejecutoria para que manifiesten lo que a su derecho convenga; bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este tribunal de amparo resolverá de oficio sobre el cumplimiento de la ejecutoria de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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