Miguel García Juárez
Expediente 632/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 632/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Miguel García Juárez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del cinco de julio de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Miguel García Juárez; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, a pesar de que la parte promovente nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto que desechó la demanda de amparo, deberán suprimirse los datos sensibles y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Miguel García Juárez por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público, Titular de la Mesa Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, consistente en la integración de una carpeta de investigación, integrado en su contra; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese bajo el número 632/2017-VII. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: ... Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. ... Ahora, el promovente Miguel García Juárez, reclama la integración de una carpeta de investigación en su contra, atribuida al Agente del Ministerio Público, Titular de la Mesa Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. La improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo, deriva del hecho de actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.); XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". En relación con el tema, conviene precisar que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, el Agente del Ministerio Público es la autoridad encargada de realizar la investigación ante la comisión de un delito. Ahora bien, el artículo 131, del Código Nacional de Procedimientos Penales, faculta al Ministerio Público para: ... De la porción normativa ante invocada se desprende que compete al Ministerio Público, en representación de la sociedad; llevar a cabo la investigación de los delitos y a ejercer la acción penal cuando proceda. De ahí que la posible integración de una carpeta de investigación en contra del quejoso, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se haya iniciado el procedimiento correspondiente, puesto que son de orden público, a menos que derivado de su incoación se ordenara un acto privativo de la libertad, posesiones o derechos. En esas condiciones si, la carpeta de investigación que se está integrando en contra del quejoso no le depara perjuicio alguno, ya que no afecta su esfera jurídica pues con la realización de un acto de esa naturaleza no se infiere que se le haya privado de su libertad, posesiones o derechos; además, tal como se dijo, la facultad del Ministerio Público para la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal no es un derecho que forme parte de la esfera jurídica de los quejosos, sino que es un derecho social cuyo ejercicio está atribuido a dichas autoridades. En tanto, la carpeta de investigación que se estuviera integrando en contra del quejoso, no le constituye un acto que cause perjuicio alguno a su esfera jurídica, pues las actuaciones realizadas son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, pues no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado. En ese sentido, debe entenderse que únicamente se trata de una serie de actuaciones que tienen como finalidad, respectivamente, delimitar los elementos de prueba de la carpeta de investigación, así como para determinar si ejercita o no acción penal ante el juez de control. Por tanto, será hasta ese momento -cuando se ordene la aprehensión o comparecencia del inculpado-, cuando se ocasione un perjuicio real a la esfera de sus derechos; por lo que es inconcuso que la carpeta de investigación que se pudiera estar integrando en contra del quejoso, no le afecta de manera alguna los derechos fundamentales. En tal virtud, el representante social respectivo puede o no citar o hacer comparecer al quejoso, ya que no es un requisito necesario para su integración, conforme el artículo 21 Constitucional. ... Por tal motivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida contra el acto precisado en el párrafo que antecede, por ser notoriamente improcedente. Asimismo, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, los estrados de este juzgado, ya que si bien en el escrito de demanda, se advierte el domicilio particular del quejoso, lo cierto es que el mismo es en cumplimiento a lo establecido en la fracción I, del artículo 108 de la Ley de Amparo.
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