Miguel García Felix
Expediente 606/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 606/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/07/2015
Partes del expediente
- Miguel García Felix
Actuaciones
- Principal
México, Distrito Federal, a veinticuatro de julio de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Encargado del Despacho del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, por medio del cual acusa recibo del diverso 59153, con el que se le remitieron los informes de suspensión de plano de las autoridades responsables, en virtud de hacer aceptado la competencia planteada por este órgano de control constitucional. Ahora bien, toda vez que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo, fracción I, se hace la indicación de que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, una vez transcurridos seis meses, a partir del presente proveído, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.
- Principal
México, Distrito Federal, a veintidós de junio de dos mil quince. Agréguense a los autos los informes de cuenta, mediante los cuales las autoridades que los suscriben informan sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano otorgada en el presente juicio, de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se tiene como domicilio de la autoridad oficiante, que así lo precisa, el que señala y como delegados, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas que indican, las autoridades que los designan. Finalmente, se reserva acordar lo conducente respecto de la remisión de los informes al juez competente, hasta que se tenga conocimiento a qué juzgado le tocó conocer de la incompetencia plantada por este órgano jurisdiccional y si aceptó la misma.
- Principal
México, Distrito Federal, diecinueve de junio de dos mil quince. Agréguese a los autos el informe de cuenta, mediante el cual las autoridades que los suscriben informan sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano otorgada en el presente juicio, de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, se reserva acordar lo conducente respecto de la remisión del presente informe al Juez competente hasta que se tenga conocimiento a que juzgado le tocó conocer de la incompetencia plantada por este órgano jurisdiccional y si aceptó la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el juez José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ante el secretario Dulce Margarita Campos Sámano que autoriza y da fe.
- Principal
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, dieciséis de junio de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social No. 5 "Oriente" y otras. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como 606/2015-IV. Con apoyo en el artículo 126, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano del acto reclamado consistentes en la abstención por parte de las autoridades responsables de proporcionar servicio y atención médica, a los directos quejosos; para el efecto de que de inmediato se les proporcione la atención médica, óptima, suficiente y proporcional al estado de salud en que se encuentran, para lo cual las autoridades responsables deberán valorar si se requiere su traslado a algún centro hospitalario para su atención médica. En el entendido que de darse este último supuesto, queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables determinar qué institución médica sería la adecuada para trasladar e internar a los quejosos, de acuerdo con el equipo y material con que cuente dicha institución a fin de atender satisfactoriamente el padecimiento de éste. Ello bajo la vigilancia, supervisión y responsabilidad de dichas autoridades responsables. En la inteligencia que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, las medidas que adopten a fin de que los quejosos reciban el tratamiento médico y medicamentos adecuados respecto del padecimiento que presente, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del caso en concreto. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para su debida observancia. Atento a lo anterior, tratándose de actos que constriñen a la autoridad a un "HACER", éstas debe de informar en el TÉRMINO DE 24 HORAS, las providencias que dicte para dar estricto cumplimiento de la medida suspensional, ya sea de plano, de manera provisional o definitiva; o en su caso, manifestar la imposibilidad fáctica o jurídica que tengan para no hacerlo. En el entendido que de no realizar pronunciamiento alguno sobre el particular, las autoridades responsables supeditadas a informar el resultado de la encomienda, incurren en responsabilidad, conforme a lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley de Amparo. Rige este aserto, la jurisprudencia 1a./J. 165/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página seiscientos treinta y siete, tomo XXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, enero de dos mil seis, novena época, de rubro siguiente: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. LA DENUNCIA PUEDE HACERSE DESDE QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDIÓ SE HAYA NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La denuncia de violación a la suspensión del acto reclamado puede hacerse desde que la resolución que la concedió haya sido legalmente notificada a las autoridades responsables, pues desde ese momento surge su obligación de acatarla y, por ende, es innecesario un posterior requerimiento por parte del Juez de Distrito, pues éste, en todo caso, formará parte del procedimiento para lograr su cumplimiento, aspecto diverso a la desobediencia en que pudiera haber incurrido la responsable. Ello es así en virtud de que el cumplimiento del auto de suspensión en materia de amparo está regulado en dos sistemas diferentes que funcionan paralelamente: el primero, previsto en los artículos 104 y 105, párrafo primero, 107 y 111 de la Ley de Amparo, que proporciona al juzgador los medios legales para requerir a las autoridades responsables y lograr de ellas el cumplimiento de la resolución que concedió la suspensión del acto reclamado, sea provisional o definitiva; y el segundo, contenido en el artículo 206 de la ley invocada, que establece la forma y momento en que habrá de sancionarse a la autoridad responsable que no dé cumplimiento a esa medida. Así, el Juez de Distrito podrá aplicarlos simultáneamente, es decir, una vez que tiene conocimiento de que no ha sido cumplida la referida resolución, está facultado para requerir a la responsable que informe sobre su cumplimiento y agotar los medios legales para lograrlo, sin que ello se contraponga a que resuelva sobre si la autoridad responsable incurrió o no en desacato, toda vez que para su configuración es suficiente que aquélla haya tenido conocimiento del fallo de referencia, pues conforme a los artículos 123 y 139 de la citada Ley, la obligación de las autoridades de cumplir con la suspensión del acto reclamado, con la salvedad de que tratándose de actos con efectos positivos, la autoridad tiene veinticuatro horas para cumplir, sea de manera provisional o definitiva, surge cuando les es notificada y, consecuentemente, a partir de ese instante deben realizar las diligencias necesarias para suspender inmediatamente la ejecución del acto reclamado, ya que no hacerlo implica un desacato." Inspección ocular Sin que haya lugar a comisionar al actuario judicial adscrito a este juzgado para el efecto de que se entreviste con los quejosos y se cerciore de que efectivamente se le proporcione la adecuada atención médica que solicita, pues como se advierte del contenido del presente acuerdo, las autoridades responsables están obligadas a acatar en su términos la suspensión de plano concedida por este órgano jurisdiccional, además de que el Actuario sólo puede dar fe de aquello que perciban sus sentidos, y no de lo adecuado o inadecuado del tratamiento que necesariamente habrá de recibir de inmediato los quejosos por parte de las autoridades responsables, a través de los servicios internos, externos o de cualquier tipo, a fin de preservar la salud del directo quejoso. Lo anterior pues, como ya se dijo, las autoridades responsables se encuentran apercibidas de las consecuencias legales en que pueden incurrir, en caso de que no acaten la suspensión de plano decretada por este juzgado, además de que en el momento procesal en que nos encontramos, basta con la simple manifestación del promovente para conceder la suspensión de plano respecto de dichos actos reclamados precisados en párrafos anteriores. A fin de dar celeridad en la tramitación del presente asunto, remítase los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas que deriven del presente proveído VÍA FAX, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria; así también, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que este juzgado cuenta con el correo electrónico j11apdfm1@gmail.com, y que los informes en relación a la suspensión de plano, así como la diligencia antes mencionada pueden ser enviados por este medio en formato PDF, siempre y cuando en éste aparezca la firma del funcionario autorizado para suscribirlo, ello con la independencia de que tales oficios se envíen también por la vía ordinaria (mex post). Lo anterior se encuentra orientado por lo sustentado por la Primera Sala, en la tesis jurisprudencial XXXII/2001, tomo XIII, mayo de dos mil uno, novena época, visible en la página doscientos setenta y siete, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta Ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el denominado fax, que es un medio de transmisión de datos que emplea la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática; de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido." Por otro lado, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de garantías, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Asimismo, el artículo 37, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Por su parte, el artículo 48 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Por tanto, del análisis del precepto invocado en primer término, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que son: La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el apartado precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el último supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido tal determinación. Así también, el artículo 48 antes transcrito, estatuye que cuando ante un Juez de Distrito se promueva un juicio de garantías que sea competencia de uno diverso, declarará que carece de competencia legal de plano y lo comunicará al que estime competente. Los actos reclamados por la parte quejosa son de aquellos que requieren ejecución material, pues como ya se dijo, consisten en la abstención de proporcionar servicio y atención médica a los impetrantes, que le atribuyen al Director del Centro Federal de Readaptación Social No. 5 "Oriente" y otras autoridades; por tanto, se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo. Es así pues, los actos reclamados de referencia tienen verificativo en la ciudad de Villa Aldama, Veracruz, pues es el lugar en donde se encuentran internos los quejosos, como se aprecia de su escrito de demanda. En consecuencia, este juzgado se declara incompetente en razón de territorio para resolver de este juicio, declinándola en favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, en turno; por tanto, remítase el presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, para que por su conducto sea remitida al Juzgado de Distrito que corresponda conocer en razón de turno, para los efectos de su competencia. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis 1a. II/92, visible a página 94, tomo IX, Primera Sala del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1992, bajo el rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar; solicitando atentamente acuse de recibo, así como informe lo relativo a la aceptación o rechazo de la competencia que se plantea. Domicilio del quejoso y autorizados Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan en su escrito de demanda; y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que mencionan. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de garantías, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Protección de Datos Personales Hágase saber a la parte quejosa el derecho para oponerse de manera libre, a que se publiquen sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa e inequívoca conlleva a que únicamente, en su caso, se supriman los datos sensibles. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, con base en el artículo 8 del Reglamento emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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