Miguel Gabino Castillo Cruz

Expediente 158/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
158/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
30/10/2020

Partes del expediente

  • Miguel Gabino Castillo Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de octubre de dos mil veinte. Vistos; el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de donde se advierte que mediante auto de doce de agosto de dos mil veinte, se ordenó el archivo del presente expediente y su valoración se realizó conforme a las disposiciones del "Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito". Sin embargo, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en cuyos transitorios primero, cuarto y quinto, dispone lo siguiente: "PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación". "CUARTO. Los expedientes valorados con anterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo, serán resguardados, depurados o destruidos conforme a las disposiciones aplicables al momento de su valoración documental". "QUINTO. Los expedientes que sean valorados con posterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo serán depurados y, en su caso, resguardados o destruidos, de conformidad con las reglas establecidas en éste". De lo anterior, se desprende que todos los expedientes archivados con posterioridad al veintiséis de marzo de dos mil veinte, fecha en que entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, deben valorarse conforme a las reglas de este nuevo Acuerdo General. En consecuencia, de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, para el sólo efecto de regularizar el procedimiento, se ordena que el presente expediente se valore de conformidad con las reglas establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se archivó cuando ya había entrado en vigor dicho Acuerdo General. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto, así como el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadran en las hipótesis establecidas en el artículo 21, incisos a) y c), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído en sentencia y al haberse negado la medida cautelar solicitada respecto del acto reclamado, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, se destruirán los expedientes y se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal; por lo que, agréguese a dicho cuaderno original copia autógrafa de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    A U D I E N C I A C O N S T I T U C I O N A L En Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 158/2020, en presencia de la licenciada Karina Esther Santiago Espinoza, Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargada del despacho, con motivo de que la Titular disfrutará de su primer período vacacional del presente año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veinticuatro de agosto del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2145/2020, de la misma fecha, asistida de la secretaria Sarah Carolina Vázquez García con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Cabe hacer la precisión de que la presente audiencia se celebra sin la asistencia física de las partes, en virtud de que, de conformidad con el artículo 5°, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, las audiencias constitucionales o incidentales, pueden llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, sin que en el caso, éstas hayan presentado escrito alguno. Además, de conformidad con el artículo 3° y 6° del referido Acuerdo General 21/2020, si las partes deseaban comparecer a la celebración de la audiencia constitucional, en todo momento estuvieron en posibilidad de manifestarlo por escrito ante este órgano jurisdiccional, a fin de que éste generara una cita desde la modalidad "Agenda OJ". A continuación, la secretaria certifica que da lectura a las constancias que obran en autos y que se tienen por reproducidas, entre las que destacan: demanda de amparo promovida por MIGUEL GABINO CASTILLO CRUZ, por propio derecho; auto admisorio de demanda de veinte de agosto de dos mil veinte; informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral; Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas de la Unidad de Procuración de Justicia y Fiscal Sexta adscrita a la Unidad de Procuración de Justicia, todas pertenecientes al Octavo Distrito Judicial de Papantla, Veracruz y Secretaria de Acuerdos en funciones de Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad; acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veinte, en el que se regularizó el procedimiento, a efecto de que se emplazara a juicio a la autoridad responsable Fiscal de Distrito, con residencia en esta ciudad y al tercero interesado Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia con residencia en esta ciudad; informes justificados rendidos por las autoridades responsables Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; Fiscales Tercero, Cuarto y Quinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Octavo Distrito Judicial; Fiscal de Distrito y Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial, todas con residencia en Papantla de Olarte, Veracruz; proveído de ocho de septiembre de la presente anualidad, en el que se tuvo como inexistente a la autoridad responsable que el quejoso denominó Fiscal Primero del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, suspendiéndose toda comunicación oficial con ella desde ese momento. De igual forma, se hace constar que las autoridades responsables Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial, con residencia en esta ciudad y Fiscal Segundo del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, no han rendido sus informes justificados, pese a encontrarse debidamente notificadas del oficio mediante el cual se les solicitó. Acto seguido la Secretaria Encargada del Despacho acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, por cuanto hace a las autoridades responsables Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial, con residencia en esta ciudad y Fiscal Segundo del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, que no han rendido sus informes justificados, pese a que consta en autos los acuses de la notificación de los oficios mediante el cual se les solicitó, provéase lo conducente en la etapa correspondiente. A continuación, se abre el período probatorio y la secretaria da cuenta con la prueba documental que la Secretaria de Acuerdos en funciones de Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad allegó a su informe con justificación, consistente en copia certificada de la causa penal 1397/2017-V de su índice, así como la remitida con posterioridad consistente en copia certificada del auto de formal prisión dictado el once de junio de la presente anualidad, en dicho proceso penal; y se hace constar que las partes no ofrecieron más pruebas. La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales ofrecidas por la autoridad responsable Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad; por lo que, sin más pruebas por recibir según constancia secretarial de cuenta, se cierra el periodo probatorio y se abre el de alegatos. Abierto el período de alegatos, la secretaria da cuenta con los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; y, se hace constar que no existen más alegatos formulados por las partes. La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, ténganse por vertidas las manifestaciones a título de alegatos, hechas por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Acto continúo, al no haber más pruebas ofrecidas, ni más alegatos formulados, la jueza ordena cerrar el periodo respectivo y dejar vistos los autos para pronunciar la sentencia correspondiente. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 158/2020, promovido por Miguel Gabino Castillo Cruz, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido por el secretario de guardia de este juzgado federal el veinte de mayo de dos mil veinte, Miguel Gabino Castillo Cruz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por el acto que enseguida se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES Las precisadas en su escrito de demanda, las cuales, por economía procesal se tienen por reproducidas. ACTOS RECLAMADOS "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD RECLAME: 1. De las autoridades responsables ordenadoras reclamo la orden de aprehensión y/o comparecencia en contra del quejoso. 2. De la autoridad responsable ejecutora reclamo la materialización de la orden de aprehensión y/o comparecencia." SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veinte de mayo de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, quien sí formuló pedimento; se requirió al juzgado responsable para que informara el nombre de la Fiscalía a la que se encuentra adscrito el Agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado, así como el nombre y domicilio completo del ofendido o víctima en dicho proceso penal a fin de proveer lo relativo a su emplazamiento como tercero interesado; finalmente, se fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento del tercero interesado. Por veinticuatro de junio del año en curso, se le reconoció el carácter de tercera interesada al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de esta ciudad, por lo que se giró el oficio correspondiente a fin de emplazarla a juicio. CUARTO. Inexistencia de autoridad. En acuerdo de ocho de septiembre del año en curso, se tuvo por inexistente a la autoridad responsable que el quejoso denominó Fiscal Primero del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, por lo que se ordenó suspender toda comunicación oficial con la misma. Ahora bien, al haberse pronunciado sobre la inexistencia de la citada autoridad y suspenderse toda comunicación con ella, resulta procedente omitir en la presente sentencia, cualquier pronunciamiento respecto de dicha autoridad. QUINTO. Audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, el día de hoy tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, al tenor del acta que antecede. Es importante destacar que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. El Acuerdo asumió la prestación del servicio público de impartición de justicia como una actividad esencial y, consecuentemente, mantuvo la operatividad de los órganos jurisdiccionales para la atención de casos urgentes, bajo un esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales. En relación con ello, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, instruyó la emisión de dos circulares, SECNO/4/2020 y SECNO/5/2020 del diecinueve y veinticinco de marzo del mismo año, precisando algunos alcances del precitado Acuerdo. El trece de abril de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 6/2020, mediante el cual se reformó y adicionó el diverso 4/2020, para ajustarlo en tres sentidos: (i) ampliar la descripción del concepto de casos urgentes; (ii) establecer medidas de apoyo a los órganos de guardia; y (iii) aumentar el número de órganos de guardia y reemplazar a la mayoría. Por otro lado, el veintisiete de abril siguiente, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 8/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, con la finalidad de establecer un nuevo esquema de contingencia en los órganos jurisdiccionales que mantuviera la atención a casos urgentes a partir de un catálogo nuevo, y agregando la posibilidad de resolver asuntos listos para sentencia que se hubieran sustanciado físicamente, así como la de tramitar y resolver asuntos mediante el esquema de "juicio en línea"; después, el veinticinco de mayo del mismo año, se emitió el Acuerdo General 10/2020, mediante el cual se prorrogó la vigencia del aludido Acuerdo General 8/2020. El ocho de junio siguiente, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, con una vigencia del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte, mediante el cual se inició una segunda etapa en la regularización de actividades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, retomando los elementos introducidos en el Acuerdo General 8/2020 y agregando una apertura total a la tramitación de nuevos asuntos a través de la modalidad de "juicio en línea". Posteriormente, el veinticinco de junio siguiente, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 15/2020, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, mediante el cual se amplió la vigencia del dieciséis de junio al quince de julio del año en curso. Mas adelante, mediante el Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, se amplió la vigencia del dieciséis al treinta y uno de julio del año en curso. Finalmente, por Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio del año en curso, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020 -aludida en los párrafos que anteceden-, y estableció las reglas de actuación de dichos órganos durante el periodo del 3 de agosto al 31 de octubre del mismo año. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I; 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue dictado por la autoridad responsable quien está dentro del territorio en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se precisa como acto reclamado, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el siguiente: La orden de aprehensión dictada el cuatro de febrero de dos mil quince, por el extinto Juez Primero de Primera Instancia d Papantla, Veracruz, en la causa penal 27/2015 (actualmente 1397/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de esta ciudad), seguido en contra del quejoso Miguel Gabino Castillo Cruz, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar equiparada, cometido en agravio de una persona de identidad reservada, y su ejecución. Sirve de apoyo a lo antes precisado, la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral; Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial, Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas de la Unidad de Procuración de Justicia; Fiscales Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Octavo Distrito Judicial y Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial, todas con residencia en Papantla de Olarte, Veracruz, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa hubiese ofrecido prueba alguna para desvirtuar tales negativas; en consecuencia, lo que procede en la especie es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Máxime que no está dentro de sus facultades el ejecutar una orden de aprehensión. Sustenta lo anterior la jurisprudencia siguiente: "Época: Sexta Época Registro: 1002350 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 305 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia y Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial, ambos con residencia en esta ciudad, así como al Fiscal Segundo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Papantla, Veracruz. Se afirma lo anterior, en virtud de que la primera autoridad en cita, así lo aceptó al rendir su informe justificado, por conducto de la Secretaria de Acuerdos en funciones de Juez Primero de Primera Instancia de esta ciudad, y por cuanto hace a las restantes, con fundamento en el artículo 117, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se les presume cierto al haber sido omisas en rendir su informe de ley, pese a encontrarse debidamente notificada para tal efecto. Lo que además se corrobora de las constancias de la causa penal 27/2015 (actualmente 1397/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de esta ciudad), seguido en contra del quejoso Miguel Gabino Castillo Cruz, al cual se le otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Tiene aplicación sobre el particular, la siguiente tesis jurisprudencial: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, deben de examinarse oficiosamente las causas de improcedencia del juicio, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: I. [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". De la transcripción anterior se advierte que el juicio de amparo será improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. El cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un juicio compuesto por diversas etapas procesales, que guardan relación entre sí, pero que son autónomas e independientes unas con otras; se presenta cuando habiéndose cumplimentado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. En relación con la mencionada causa de inejercitabilidad del juicio de amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 143/2006, al interpretar la fracción X de la Ley de Amparo abrogada (actualmente 61, fracción XVII, de la norma vigente), estableció que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en el acto impugnado se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre estas, sin que se afecte la nueva situación jurídica del quejoso. Lo anterior se plasmó en la jurisprudencia que establece: "Época: Novena Época Registro: 171841 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 95/2007 Página: 50 CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos". Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 459/96, determinó que para actualizar la causa de improcedencia en comento, por regla general, deben concurrir los siguientes requisitos: i. Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. ii. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso. iii. Que no sea jurídicamente posible pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica. iv. Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Las consideraciones precisadas en párrafos precedentes quedaron plasmadas en la tesis cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Novena Época Registro: 199808 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Diciembre de 1996 Materia(s): Común Tesis: 2a. CXI/96 Página: 219 CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Como puede advertirse, la regla general respecto de la improcedencia del juicio constitucional llamada cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreperablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. Así, se tiene que esta causa opera tratándose de procedimientos que sean material o formalmente juicios; de tal manera que no se actualiza en aquellos que no cumplan con esa cualidad, toda vez que su existencia se basa en esa cualidad, toda vez que su existencia se basa en la creación de una etapa o estado procesal diferente. En el caso, como ya se precisó en el considerando segundo de esta sentencia, el quejoso Miguel Gabino Castillo Cruz reclama la orden de aprehensión de cuatro de febrero de dos mil quince, por el extinto Juez Primero de Primera Instancia d Papantla, Veracruz, en la causa penal 27/2015 (actualmente 1397/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de esta ciudad), seguido en contra del quejoso Miguel Gabino Castillo Cruz, así como su ejecución. Sin embargo, mediante oficio 707 de once de junio de dos mil veinte, el juez responsable informó que en esa misma fecha se resolvió la situación jurídica del quejoso, dictando en su contra auto de formal prisión, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar en contra de una persona de identidad resguardada, remitiendo para tal efecto, copia certificada de la resolución que así lo acredita, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°. Entonces, si la parte quejosa acudió a esta instancia constitucional reclamando la orden de aprehensión girada en su contra, la cual consideraba violatoria de sus derechos fundamentales, y al caso, de las constancias que remitió el juez responsable se obtiene que el once de junio del año en curso se dictó en su contra auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar equiparada, en contra de una persona de identidad reservada; es inconcuso que se generó un cambio de situación jurídica en el acto reclamado, el cual, pone al quejoso en un plano jurídico distinto al existente a la fecha de la presentación de su demanda. Ante tales hechos no puede examinarse la constitucionalidad del acto aquí reclamado (orden de aprehensión), sin afectar la nueva situación jurídica que surgió con el dictado del auto de formal prisión en contra del quejoso. Máxime que existe autonomía o independencia entre el acto reclamado en este juicio de amparo y la resolución dictada en la causa penal 1397/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de esta ciudad (antes causa penal 27/2015, del extinto Juzgado Primero de Primera Instancia de Papantla, Veracruz), de donde emanó dicho mandamiento de captura, de modo que esta última es la que subsiste con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En ese contexto, se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de amparo, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2017544 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III Materia(s): Común, Penal Tesis: XVII.1o.P.A. J/18 (10a.) Página: 2482 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." El sobreseimiento se hace extensivo respecto del acto de ejecución atribuido a las autoridades ejecutoras Fiscal Segundo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Papantla, Veracruz y Jefe de Detectives Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial, con sede en esta ciudad, por no haberse impugnado por vicios propios. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia: "Época: Séptima Época Registro: 239008 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 24, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 50 SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." No se inadvierte que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló pedimento; sin embargo no existe obligación de pronunciarse al respecto, debido a que no forman parte de la litis y no hay obligación de pronunciarse respecto a ellos en la sentencia, sin que esto implique que no se tomen en cuenta sino sólo que no hay obligación de darles respuesta, aunado a que por su contenido, se les ha dado respuesta implícita al tenor de las consideraciones expuestas en este fallo Al respecto es aplicable la jurisprudencia: "Época: Octava Época Registro: 205449 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." En virtud del sobreseimiento decretado, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto. Sustenta lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos de localización, rubro y contenido siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 239006 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 24, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 49 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por otra parte, no pasa inadvertido que no se haya reconocido como tercera interesada ni ordenado emplazar a este juicio de amparo a la persona de identidad resguardada, quien es la parte ofendida en la causa penal de origen; empero, el sobreseimiento aquí decretado lejos de causarle una afectación, le beneficia, por lo que una eventual reposición del procedimiento, no le produciría ningún beneficio, sino, por el contrario, le causaría un perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, para lograr el emplazamiento de dicha tercera, llegando incluso a obligar al quejoso a erogar gastos frente a un eventual emplazamiento por edictos, en un caso en el que el juicio de amparo es improcedente, al haberse actualizado una causa de improcedencia que obliga a sobreseer en el mismo. En efecto, ante todo debe tenerse en cuenta que el Tribunal Pleno ha determinado en su jurisprudencia P./J. 44/96 que la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave es la falta de emplazamiento o su realización irregular; y que, tratándose del juicio de amparo, nada justifica que se soslaye su intervención en el procedimiento, en tanto que debe garantizársele que pueda ejercer todas las prerrogativas procesales a las que legalmente tengan derecho las partes, en los siguientes términos: "Época: Novena Época Registro: 917982 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 448 Página: 381 TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO.- Tomando en consideración que la falta de emplazamiento o la práctica irregular de dicha formalidad a las partes, en un juicio, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, si el tercero perjudicado es parte en el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, es inconcuso, que en términos de los artículos 30, 147 y 167 de la propia ley, debe ser legalmente emplazado, y que la omisión a ese respecto, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, tiene como efecto que el tribunal que conoce del amparo directo o de la revisión, mande reponer el procedimiento o, en su caso, revoque la sentencia dictada en el juicio constitucional y ordene la reposición del procedimiento para que se subsane la referida violación procesal. Ello obedece, en primer lugar, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, cuya observancia ha de exigirse con mayor rigor a los tribunales que constituyen órganos de control constitucional, que también han de respetar la secuencia lógico jurídica que impone todo procedimiento y, además, a la necesidad de que el tercero perjudicado, como parte en el juicio de garantías, esté en posibilidad de ejercer sus derechos procesales. Esto, no solamente como una eficaz defensa de los respectivos intereses de las partes, tanto en el juicio principal como en el incidente de suspensión, en su caso, sino también como una oportunidad para proponer las cuestiones de orden público que pudieran advertirse durante la tramitación correspondiente, cuya legal acreditación determinaría obligadamente el sentido del fallo definitivo que al efecto se pronuncie; para interponer asimismo, los medios de impugnación que contra éste u otras resoluciones procedieran y, de una manera fundamental, para preservar los derechos de quienes puedan verse afectados por el cumplimiento de una sentencia ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo, cuya ejecución es indefectible. Por tanto, la determinación del tribunal de considerar innecesario o intrascendente, llamar a juicio al tercero perjudicado cuyo emplazamiento oportuno fue omitido, porque en la sentencia que resuelve el fondo del asunto, se concede el amparo, bien sea por falta de fundamentación y motivación o por cualquiera otra circunstancia, siempre que el fallo sea protector, viola los principios fundamentales del juicio de amparo." Posteriormente, el propio Pleno ha reconocido que existen supuestos en los que la falta de emplazamiento, o su defectuosa realización en el juicio de amparo, no necesariamente obligan al órgano jurisdiccional que conozca del juicio a ordenar la reposición del procedimiento, pues en los casos en los que esta decisión no le reporte algún beneficio concreto a la parte que no fue oída, sea porque la acción sea improcedente, o por cualquier otro motivo legal que impida el dictado de una resolución que le sea adversa, resultará ocioso repetir el procedimiento para darle intervención desde su inicio, porque en lugar de proporcionarle una solución inmediata en el litigio, se le obligaría a recorrerlo sabiendo de antemano que a ningún fin práctico conduciría su participación, tal como se explica en la tesis P.V/98, cuyo texto es el siguiente: "Época: Novena Época Registro: 196912 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: P. V/98 Página: 45 TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Criterios que retomó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente tesis: "Época: Décima Época Registro: 2003574 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 2a. XLIII/2013 (10a.) Página: 982 FALTA DE EMPLAZAMIENTO. SÓLO EN LOS CASOS EN LOS QUE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ESCUCHAR A UNA DE LAS PARTES, LEJOS DE IMPLICARLE UN BENEFICIO LE REPRESENTE UNA VINCULACIÓN OCIOSA AL PROCESO, DEBE OPTARSE POR RESOLVER EN FORMA INMEDIATA SOBRE LAS PRETENSIONES FORMULADAS EN SU CONTRA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio contenido en las tesis P./J. 44/96 y P. V/98 (*), en el sentido de que la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave es la falta de emplazamiento o su práctica irregular y que tratándose del juicio de amparo nada justifica que se soslaye la intervención en el procedimiento, en tanto que debe garantizarse que puedan ejercerse todas las prerrogativas procesales a las que legalmente tengan derecho las partes; y que existen supuestos en los que la falta de emplazamiento o su defectuosa realización en el juicio de amparo no necesariamente obligan al órgano jurisdiccional que conozca del juicio a ordenar la reposición del procedimiento, pues en los casos en los que esta decisión no reporte algún beneficio concreto a la parte que no fue oída, bien porque la acción sea improcedente, o por cualquier otro motivo legal que impida el dictado de una resolución adversa, resultará ocioso repetir el procedimiento para darle intervención desde su inicio, porque en lugar de proporcionarle una solución inmediata en el litigio se le obligaría a recorrerlo sabiendo de antemano que a ningún fin práctico conduciría su participación. En consecuencia, sólo en los casos en los que la reposición del procedimiento para escuchar a una de las partes, lejos de implicarle un beneficio le represente una vinculación ociosa al proceso, debe optarse por resolver en forma inmediata sobre las pretensiones formuladas en su contra, a condición de que la sentencia que se dicte favorezca sus intereses, pues en caso contrario el órgano jurisdiccional que conozca del juicio debe vigilar que se cumpla con la formalidad esencial del emplazamiento, a fin de que pueda comparecer a defender sus derechos. Incluso la propia Segunda Sala en su anterior integración había venido sosteniendo ese criterio, como se desprende de la siguiente jurisprudencia: "Época: Séptima Época Registro: 394487 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 531 Página: 349 TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Por tanto, en los casos en los que la reposición del procedimiento para escuchar a una de las partes, lejos de implicarle un beneficio le represente una vinculación ociosa al proceso, debe optarse por resolver en forma inmediata sobre las pretensiones formuladas en su contra, a condición de que la sentencia que se dicte favorezca a sus intereses, pues en caso contrario el órgano jurisdiccional que conozca del juicio debe vigilar que se cumpla con la formalidad esencial del emplazamiento, a fin de que pueda comparecer a defender sus derechos, como acontece en el caso en que deba concederse el amparo. De ahí que, si en el caso, la acción constitucional resultó improcedente, lo que necesariamente obliga a sobreseer en el juicio, resulta ocioso esperar a que se emplace a la víctima de identidad reservada, porque es evidente que dicha resolución lejos de perjudicarle, le beneficia. Por otra parte, cabe señalar que los criterios invocados en la presente ejecutoria, integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se citaron en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en vigor, dado que el razonamiento contenido en ellos no se opone a la nueva legislación. Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2010982 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2016 (10a.) Página: 705 JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." SEXTO. Firma electrónica (FIREL). Finalmente, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presente resolución se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 158/2020, promovido por Miguel Gabino Castillo Cruz, en contra de los actos y por las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en los diversos considerandos tercero y quinto del presente fallo.

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