Miguel Francisco Cano Vélez

Expediente 422/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
422/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Miguel Francisco Cano Vélez

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de veinticuatro de agosto del año en curso, de la que se advierte que en la materia de la queja civil ********************, los magistrados de dicho órgano plenario resolvieron lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por ********************, contra el auto de tres de abril de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto ********************." Acúsese el recibo de estilo del testimonio de ejecutoria pronunciado en la queja civil ********************, del control del colegiado, así como los autos originales del juicio de amparo ******************** del propio índice. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de queja y, háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte quejosa a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; por oficio al órgano plenario y por lista a la parte quejosa Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, once de abril de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer el promovente en contra del proveído de tres de abril de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en lo establecido en el artículo 101 de la ley de la materia, se ordena enviar al Tribunal Colegiado que corresponda los autos del presente sumario; asimismo, el informe materia de la queja. Notifíquese y cúmplase Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, tres de abril de dos mil veintitrés. Aclara prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por Miguel Francisco Cano Vélez, a través del cual cumple la prevención determinada en proveído de veintisiete de marzo pasado, en atención a su contenido, se provee lo siguiente. Desechamiento de la demanda. Visto el escrito inicial de demanda así como su escrito aclaratorio, se observa que acude ante esta instancia constitucional contra el acto que atribuye a la Primera Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, de esta ciudad, y otra autoridad, consistente en la resolución de treinta de enero de dos mil veintitrés, emitida en el toca civil 296/2021 y su acumulado 491/2021. Del examen del escrito de demanda de derechos humanos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los citados numerales relacionados a su vez con los diversos artículos 61 fracción XXIII, y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, se advierte que debe desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En ese tenor, los artículos 61, fracción XXIII y la fracción IV del ordinal 107, ambos de la ley de la materia, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o desconoce el cumplimiento total de lo sentenciado declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" El primer numeral transcrito precisa que el juicio de amparo es improcedente cuando de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley de la materia, se derive una causal que así lo prevea. Por su parte, el segundo dispositivo establece de manera general que la vía constitucional que se promueva en contra de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, resulta improcedente cuando no se trata de la última resolución dictada en esa fase, en donde se podrán reclamar todas las demás violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Además, se puede advertir que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial en la fase de ejecución, establece un distingo entre: Los actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y que afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y, Los actos de ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo -definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para hacerlo- por ser en ésta en la que se materializará el agravio respectivo. En el supuesto de los remates -apartado tercero- procede en contra de la última resolución emitida en este, entendida como aquélla que -en forma definitiva- ordena la escrituración, o bien, la entrega del bien inmueble rematado, ya que ambas órdenes constituyen efectos connaturales al acto de adjudicación, de ahí que resulta indistinto se ordene únicamente la escrituración o bien la entrega del bien para estimar actualizada la última resolución del remate. Con la precisión, de que en ambos casos podrán impugnarse los actos intermedios y las violaciones procesales de la etapa relativa. Cobra aplicación en la especie por analogía la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, visible a página 6, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Asimismo, la jurisprudencia P./J. 32/2001 que sostuvo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y uno del Tomo XIII, correspondiente al mes de Abril del año dos mil uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 190035, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Sentadas las premisas anteriores, en el caso concreto, de lo expuesto bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda y del escrito aclaratorio, se deduce lo siguiente: La parte promovente es parte formal y material del juicio natural de origen y del toca de donde deriva el acto reclamado, con el carácter de demandada, en el juicio, y derivado de ese carácter, parte apelante en la alzada. Existe certidumbre de que el procedimiento de origen se encuentra en la fase de ejecución de sentencia (procedimiento de remate). Manifestaciones de la impetrante, que constituyen una confesión expresa a la cual se otorga valor probatorio pleno con apoyo en lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, sin que sea necesario que exista constancia, en virtud precisamente a la citada confesión del quejoso respecto al estado del procedimiento de remate y los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en la demanda y en el escrito aclaratorio. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Para explicación de lo que aquí se determina, se efectúa la relatoría siguiente, precisamente con lo expuesto por el ahora quejoso. Precisa destacar que el reclamo del quejoso se hace consistir en la resolución de treinta de enero de dos mil veintitrés, emitida en el toca civil 296/2021 y su acumulado 491/2021, del índice de la Primera Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, de esta ciudad, y otra autoridad, y al respecto narra en su demanda, lo que enseguida interesa indicar, para ilustración: 1.- Refiere el quejoso, que ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Mercantil de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, se instauró el juicio ejecutivo mercantil 488/2018, promovido por Nicollino Guiseppe Mariano Cangiamilla Enríquez, en su carácter de endosatorio en procuración de Francisco Rubén Arvizu Amavizca, en contra del ahora peticionario; por el pago de 115,000.00 (ciento quince mil dólares 00/100 dólares) más accesorios. 2. Expone, que el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, ambas partes litigantes, exhibieron al expediente un convenio de transacción judicial que se admitió por auto de veintisiete de abril de dos mil dieciocho; se ordenó citar a las partes para que comparecieran a ratificar el contenido y firma, pero afirma, que nunca se le citó. 3. Explica, que posteriormente, a petición de la parte actora, por auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se le tuvo por acusada la rebeldía para contestar la demanda. 4. Así, en el escrito aclaratorio expresa que el procedimiento de remate se inició por escrito de doce de marzo de dos mil veintiuno, presentado por el abogado patrono del actor; ejecución que fue acordada por el juez natural por auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno. 5. También en vía de aclaración, indica que desde el nueve de abril de dos mil diecinueve se formalizó embargo sobre bien inmueble y se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, el dieciséis de abril de ese año, bajo el número 426037, volumen 6354, Libro 02, de la Sección Registro Inmobiliario. 6. Explica, que citadas las partes, para oír sentencia, se emitió condenatoria en contra del ahora quejoso. 7. Señala que dicha sentencia fue impugnada en apelación y confirmada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en autos del toca civil 250/2019, condenándose al pago de gasto y costas causados en ambas instancias; asimismo, que propuso juicio de amparo directo del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Quinto Circuito, radicado con el juicio 1062/2019, en el que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. 8. Sigue diciendo -en su demanda-, que el veintiocho de abril de dos mi veintiuno, promovió incidente de oposición contra la ejecución de la sentencia, el cual fue admitido por auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, dando vista personal a la parte contraria, quien interpuso recurso de apelación y expresó agravios en contra de dicho incidente, el cual fue admitido el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. 9. Comenta, que el uno de septiembre de dos mil veintiuno, el juez natural, dictó resolución interlocutoria dentro del incidente de oposición contra la ejecución forzosa, declarándolo improcedente. 10. Inconforme con tal determinación el incidentista y quejoso, interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido en el efecto devolutivo de tramitación inmediata por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con el toca civil 296/2021. 11. Sin embargo, refiere el quejoso que el treinta de enero de dos mil veintitrés, la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, dictó sentencia declarando sin materia las apelaciones interpuestas en contra del auto de seis de mayo, así como la relativa a aquélla interpuesta en contra de la resolución de uno de septiembre de dos mil veintiuno (toca 296/2021 y acumulado 491/2021). 12. Concomitante a lo anterior, el quejoso aclara que interpuso recurso de apelación en contra del acuerdo dictado en la diligencia de remate en primera almoneda practicada el veintiocho de abril de dos mil veintidós, en la cual el juez natural adjudicó el inmueble a favor de Francisco Rubén Arvizu Amavisca y que tal medio de impugnación dio origen a la resolución de treinta de enero de dos mil veintitrés emitida en el toca 432/2022, en la que se ordenó reponer el procedimiento a partir del auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno. 13. Derivado de lo anterior, el mismo treinta de enero de dos mil veintitrés se dejó sin materia el toca de apelación 296/2021, relativo al incidente de oposición de ejecución de sentencia; resolución ésta, en contra de la cual acude a sede constitucional. 14. Al respecto indica que el hecho de que dentro del toca civil 432/2022, se haya revocado la audiencia de remate en primera almoneda de veintiocho de abril de dos mil veintidós, y que haya posibilidad de reponer el procedimiento de ejecución forzosa, ello no debe dejar sin materia el diverso recuso de apelación interpuesto de su parte, en contra de la resolución interlocutoria de uno de septiembre de dos mil veintiuno, que había declarado improcedente el incidente de oposición a la ejecución forzosa de sentencia. De acuerdo a lo expuesto en la demanda y concretamente en los antecedentes narrados, el acto reclamado no encuadra en las hipótesis de procedencia del juicio de amparo contra actos dictados por la autoridad judicial en el período de remate en términos de lo dispuesto por el citado artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, pues en éste no se ordenó de manera definitiva la actualización o no de la pérdida del derecho del actor o del ahora quejoso, de aquél para ejecutar la sentencia; y, del impetrante, la negativa o improcedencia de lo pretendido en la apelación en relación con la incidencia de oposición a la ejecución de la sentencia. Ni tampoco se determinó sobe la escrituración del bien embargado, ni su entrega material, ni se declara imposibilidad del cumplimiento de la sentencia, ni su cumplimiento. Es así, pues se advierte que la resolución incidental que aquí se reclama no es un acto de imposible reparación ni definitivo, que afecte de manera directa los derechos sustantivos del peticionario de amparo, ya que no es una determinación que traiga aparejada en sí un daño en contra de su persona, de su patrimonio o que afecte en grado predominante o superior sus derechos, dado que para ser calificado como acto irreparable, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos y que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender a su esfera jurídica. Es así, pues al declararse en la resolución reclamada sin materia la apelación interpuesta en contra de la interlocutoria de uno de septiembre de dos mil veintiuno, con motivo de la diversa resolución que ordenó la reposición del procedimiento de remate, únicamente se traduce en la tramitación y seguimiento de la fase de ejecución a partir del veintidós de marzo de dos mil veintiuno (data anterior a la fecha de emisión de la interlocutoria apelada en la que se declaró sin materia el recurso de oposición a la ejecución de la sentencia), Es así, pues resulta claro que la resolución reclamada por sí misma, al declarar sin materia el recurso de apelación con motivo de haber ordenado la reposición del procedimiento de ejecución, en el juicio de origen, no lesiona sus intereses de forma directa e inmediata, ni se encuentra en alguno de los supuestos considerados de ejecución imposible de reparar, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Más aún que derivado de su diverso recurso de apelación en contra del procedimiento de remate, la responsable determinó dejar insubsistente dicho procedimiento a una data anterior a la diversa en la que presentó su incidencia de oposición a la ejecución de la sentencia, de tal manera que al declararse nulas las actuaciones desde el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, no le surge afectación a sus derechos sustantivos y el quejoso quedó en aptitud de promover nuevamente si a su interés conviniere la incidencia de oposición a la ejecución de la sentencia de modo que será hasta un acto conclusivo último, en el que se determine improcedente o procedente, la incidencia, cuando pudiera existir una afectación en la fase de ejecución de sentencia, lo que conlleva a asumir que la resolución incidental reclamada no le acusa un perjuicio irreparable y que la demanda resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IV, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, interpretada a contrario sensu. En ese sentido, la parte quejosa debe sujetarse a las reglas que regulan el procedimiento y, por ello, las violaciones que aquí reclama deberá hacerlas valer, en su caso, hasta que se emita el último acto en la fase de remate, o en relación con una nueva incidencia que promueva y le sea desfavorable a sus intereses; es decir, aquél que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega del bien, pues no podría aceptarse la procedencia de la instancia constitucional cada vez que las partes manifestaran oposición en contra de alguna decisión que se tome durante el trámite de ejecución. Sustenta lo anterior, jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, cuyo rubro y texto son los siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa 'y' de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Es aplicable al caso, por analogía la tesis de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." No se soslaya, el criterio jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invoca el impetrante, de rubro "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE SI SE ACTUALIZA O NO LA PÉRDIDA DEL DERECHO DEL ACTOR A SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 421 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SONORA" (Lo subrayado es propio). Es así, porque en el caso, la Sala consideró que es la interlocutoria que determina si se actualiza o no la pérdida del derecho a solicitar la ejecución de la sentencia conforme a lo que establece el artículo 421 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, sin tener que esperar al dictado de la última resolución del procedimiento respectivo; sin embargo, en el caso no se determinó en uno u otro sentido, dado que la resolución emitida por la responsable fue en el sentido de declarar sin materia la apelación, lo que apoya a lo determinado en el sentido de que con dicha resolución no se le acusa un perjuicio irreparable al quejoso. En tales condiciones con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII; 113 y 107, fracción IV interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que la inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, esto es, que la determinación aquí impugnada constituye la última resolución emitida en la fase de remate, ni le causa un perjuicio irreparable. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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