Miguel Flores Nava

Expediente 724/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
724/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Miguel Flores Nava

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Causa estado acuerdo. Visto el estado que guarda este asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto el recurso de queja contra el proveído de siete de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no presentado el incidente de nulidad de notificaciones que pretendía promover la parte quejosa en el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que la determinación de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. Finalmente en atención a lo ordenado en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, resulta innecesario realizar mayor pronunciamiento respecto del archivo del presente juicio. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: No cumple requerimiento. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de este proveído, manifestara, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento de la actuación que tilda de nula, lo anterior, a efecto de estar en posibilidad de determinar la oportunidad de la presentación del incidente de mérito. Efectivo apercibimiento. En mérito de lo anterior, debido a que revisado el libro de registro de promociones de este órgano de control constitucional, no se encontró escrito presentado por la quejosa, dentro del término concedido, tendente a cumplir el requerimiento que le fue formulado, se hace efectivo el apercibimiento contenido en la determinación de veintitrés de junio de dos mil veintidós, esto es, se tiene por no presentado el incidente de nulidad de notificaciones que pretendía promover la parte quejosa. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa vía electrónica.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, se acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de trece de mayo de dos mil veintidós se otorgó un plazo de tres días a las autoridades responsables para que cumplieran con la ejecutoria de amparo, en consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiéraseles, previo a la imposición de multa, para que, en el plazo de tres días legalmente computado a partir de que se les comunique el presente proveído, cumplan cabalmente con cada uno de los deberes impuestos en la sentencia de amparo conforme a los lineamientos establecidos en ella y lo acrediten de manera fehaciente ante este órgano de control constitucional. Apercibidas que de no hacerlo, sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, 1 en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y su puesta a disposición ante el juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la 1 En términos del artículo 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2, de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable remite una constancia en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en consecuencia, se le tiene en vías de cumplimiento. Por otra parte vista la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, para que, dentro del término de tres días legalmente computado, a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las respuestas que recayeron a los oficios 22003628 (recibido el dieciocho de mayo pasado) y ST/DGJ/DC/AMP/3307/2022 que exhibió con el oficio de cuenta en copia certificada (completa y legible, debidamente foliado, rubricado, entresellado y signado por funcionario público facultado para el cotejo de dicha constancia). Apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción,1 en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y su puesta a disposición ante el juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Finalmente, en atención a su solicitud de que se vincule a cumplimiento a la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, no ha lugar a proveer de conformidad, pues es a la autoridad responsable en el presente sumario a quien en el ámbito de sus atribuciones compete realizar las gestiones necesarias a fin de dar completo y cabal cumplimiento al fallo protector, entre ellas hacer la adecuaciones y gestiones atinentes a la cuestión presupuestal que la rige. Al respecto, resulta aplicable, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, 1 En términos del artículo 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación. respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento."2 Notifíquese.

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