Miguel Flores García

Expediente 903/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
903/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Miguel Flores García

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte, que feneció el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para dar cumplimiento a la prevención realizada en el auto de radicación, así como el diverso de tres días concedido en proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, por el cual se requirió a la quejosa la ratificación de la firma que calza el escrito mediante el cual pretendió aclarar su demanda, sin que lo haya hecho. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentado el escrito y, en consecuencia por no presentada la demanda. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual quien se ostenta quejosa ***, pretende cumplir con la prevención que le fue efectuada en el auto de veinticuatro de agosto del actual. En tales condiciones, al tener en cuenta que la firma estampada en el ocurso de mérito difiere notoriamente con la del escrito inicial de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante la presencia judicial a efecto de que ratifique la firma del escrito de cuenta, además en el acto de dicha comparecencia debe dar razón fundada de tal diferencia, a satisfacción de este órgano jurisdiccional, apercibiéndole que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término concedido para tal efecto, no se dará tramite a su ocurso y se hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto de prevención. Lo anterior, en razón de que si bien es cierto el suscrito no es perito en materia de grafoscopía, también es verdad que, a simple vista, surge incertidumbre de que la firma que calza el escrito sea legítima y auténtica de quien al parecer es su autor y, en consecuencia, que lo externado represente su verdadera voluntad, pues, se insiste, tal signo gráfico difiere en demasía del que a su nombre estampó en la demanda constitucional. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia 3a. 24, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Núm. 13-15, Enero-Marzo de 1989, Octava Época, Página: 52, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Además, es aplicable la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el Tomo XLVI, Quinta Época, Página: 4364, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "RATIFICACION DE FIRMAS EN AMPARO. Si la firma que calza una promoción, no es igual a la que aparece en la demanda de amparo y existe duda acerca de la identidad del promovente, no debe rechazarse la promoción, sino ordenar que sea ratificada, previa la identificación del agraviado, en caso de no ser conocido por el personal del juzgado. En caso de que el promovente persista en su pretensión y reconozca como suya la firma que obra en el escrito de cuenta, el suscrito juzgador se reserva ordenar la práctica de la prueba pericial respectiva a efecto de tener la certeza de que quien insta a esta autoridad judicial, se trata de la misma persona que dice ser el quejoso, ya que uno de los principios básicos del juicio constitucional, es que éste siempre se siga a instancia de parte agraviada, el cual no tiene excepciones, mismo que se encuentra previsto en el artículo 6º de la Ley de Amparo. De igual manera, en caso de que el resultado de la pericial sea desfavorable para la parte quejosa, este juzgador se reserva dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos legales que le competen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/2017, publicada en la página mil doscientos treinta y cuatro, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décimo Época, que dice: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." En la inteligencia que para la práctica de dicha diligencia, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios jurisdiccionales", a efecto de realizar la comparecencia ordenada, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 6, último párrafo del referido Acuerdo General 21/2020. Además, se exhorta a dicha parte que adopte las medidas necesarias para atender los lineamientos de higiene previstos en el artículo 2, fracción VII, del Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, a partir de las indicaciones que le proporcione el personal de seguridad del inmueble. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo el oficio número 12946/2022, que suscribe la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, al que anexa copia certificada del juicio de amparo 217/2022, promovido por *****, contra actos de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 903/2022-IV. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Del análisis del sello de recepción de esté juzgado, se aprecia que con el oficio de cuenta se exhibieron un acuse de recibo, un legajo de copias certificadas y copia del auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Sin embargo, no se exhibieron copias de la demanda de amparo a fin de emplazar a las partes y formar el incidente de suspensión solicitado, siendo necesarias seis copias para distribuirse de la siguiente forma: tres para las autoridades, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y dos más para el incidente de suspensión. Por otra parte, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que ésta fue promovida inicialmente por diversos quejosos en los que, en el apartado de acto reclamado señalaron que era la aplicación de la unidad de medida y actualización como un acto de autoridad en la determinación y pago del derecho pensionario al sustituir el concepto de salario mínimo e implícitamente sin ningún sustento jurídico por el de unidad de medida y actualización e hicieron referencia a diversos oficios; asimismo, en los antecedes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad se especifica el oficio en el que se negó la petición realizada el treinta de octubre de dos mil veinte, en el sentido que el pago de su pensión se le efectuara en salarios mínimos y no en UMAS, así como la devolución de montos de pensión, no pagados por la responsable. Dicha irregularidad debe ser subsanada por la parte quejosa, a fin de poder dar trámite a la demanda de amparo. Prevención. Por tanto, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV, 114, fracciones II y V, en relación con el 110, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con seis copias del mismo, para distribuirlas a las partes, dé cumplimiento a lo siguiente: Exhiba seis copias de su escrito de demanda, las cuales se distribuirán en los términos precisados en párrafos que anteceden. Precise si el acto reclamado lo constituye el oficio SP/01/DP/019880, con el que se le dio contestación a su solicitud del pago de pensión que señala como acto reclamado o si lo constituye diverso comunicado, de ser así proporcione cuál es, así como la fecha en que le fue notificado. En ese tenor, dígasele a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia. En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa el promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de la misma, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. Así como la tesis publicada en la página 102, Tomo XXII, Quinta Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. SI EL JUEZ DE DISTRITO ENCUENTRA QUE LA DEMANDA DE AMPARO ES OBSCURA E IMPRECISA, DEBERÁ MANDARLA ACLARAR, PERO SEÑALANDO CON PRECISIÓN LAS PARTES QUE DE ELLA ESTIMA OBSCURAS, DE ACUERDO CON LO MANDADO POR LA LEY REGLAMENTARIA PARA SU ADMISIÓN. De igual forma, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Materias(s): Común, Novena Época, registro digital 177046, página 170, que es de rubro y contenido siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional. Se hace el apercibimiento a la promovente que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. El presente requerimiento se formula sin prejuicio de que, una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene a la parte quejosa designando como sus autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, toda vez que señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Ahora, se tiene a ******como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos por no contar con dicho registro, así como a *****, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Acceso a expediente y notificaciones electrónicas. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedaran sujetas a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), de rubro: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO". Asimismo, con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con los usuarios que indicó en su misiva. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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