Miguel Flores Cortez

Expediente 1631/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1631/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
26/03/2018

Partes del expediente

  • Miguel Flores Cortez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio recibido en este juzgado federal (foja 99), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio biinstancial en que se actúa, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de cinco de marzo del año en curso (foja 102), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el seis de marzo del presente año (foja 103); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para parte agraviada del ocho al doce del mismo mes y año, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 38 a 53), se determinó conceder a Miguel Flores Cortéz, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción II, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. . 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa la cantidad de $19,319.92 (diecinueve mil trescientos diecinueve pesos 92/100 moneda nacional), que pagó el tres de agosto de la presente anualidad (foja 15), por concepto de derechos del giro de "cantina con o sin venta de alimentos", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción II, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil diecisiete, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. Sin que obste a lo anterior, los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el ordinal 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que se obtiene la necesidad de que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, toda vez que para que se aplique a la parte quejosa una tarifa consistente en el monto mínimo a pagar como tributo debe encontrarse prevista en la ley y adecuarse al supuesto exactamente aplicable; lo cual, en el caso no ocurre, pues la ley de que se trata no prevé un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar; esto es, el legislador no previó expresamente una cuota mínima a pagar de forma general a todos los supuestos por la expedición o revalidación de la expedición de permisos para la producción, almacenamiento, distribución, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas. . 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver al peticionario de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete (fojas 61 a 62), causó ejecutoria dicha resolución; y, en consecuencia, se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, para dentro del término de diez días la acatara. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés de enero de este año (fojas 84 a 85), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de $19,366.21 (diecinueve mil trescientos sesenta y seis pesos 21/100 moneda nacional) a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria. Así, en auto de trece de febrero de dos mil dieciocho (fojas 88 a 91), se hizo precisión de que la responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $19,319.92 (diecinueve mil trescientos diecinueve pesos 92/100, moneda nacional) y que le correspondía por concepto de actualización $597.75 (quinientos noventa y siete pesos 75/100, moneda nacional); luego y tomando en cuenta que ya le había devuelto $19,366.21 (diecinueve mil trescientos sesenta y seis pesos 21/100 moneda nacional), se requirió a dicho director general, a efecto de que actualizara la cantidad a devolver al promovente del amparo, es decir, le adeudaba $551.46 (quinientos cincuenta y un pesos 46/100 moneda nacional); por consiguiente, el dos de marzo actual el citado ente responsable (foja 99), acreditó que puso a disposición del quejoso, el cheque número 0000366, por la cantidad de $448.55 (cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 55/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que el monto que el Director en cita debía devolver a la quejosa por concepto de actualización era 551.46 (quinientos cincuenta y un pesos 46/100 moneda nacional), sin embargo, éste puso a disposición el citado cheque por $448.55 (cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 55/100 moneda nacional), es decir, omitió reintegrar una diferencia de $102.91 (ciento dos pesos 91/100 moneda nacional), pero dicha diferencia no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. En esa tesitura, que en autos no consta que la parte quejosa hubiese recogido dicho cheque con número 0000366, pero bastará que comparezca ante la autoridad antes citada a hacer efectivo el cheque aludido, para recuperar la suma que erogó con motivo del pago declarado inconstitucional, sin que la responsable pueda cancelarlo al haberse tenido por cumplida la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Tesis Aislada número III.3º. A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, Mayo de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señala: "...". Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite copia del cheque expedido a nombre de la aquí quejosa y notificación efectuada a la misma; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el libelo y anexos de cuenta; para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que mediante auto de veinticuatro de enero de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió impresión del reporte de transferencias SPEI, de la que se advierte que se depositó a la cuenta bancaria proporcionada por la parte quejosa, la cantidad de $19,366.21 (diecinueve mil trescientos sesenta y seis pesos con veintiún centavos moneda nacional). En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte promovente del amparo, con el referido libelo y documental para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que durante dicho plazo hubiera hecho uso de ese derecho, como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." En ese sentido, mediante sentencia dictada en el presente sumario el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Miguel Flores Cortez, por lo que se determinó que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones debían: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción II, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa la cantidad de $19,319.92 (diecinueve mil trescientos diecinueve pesos 92/100 moneda nacional), que pagó el tres de agosto de la presente anualidad (foja 15), por concepto de derechos del giro de "cantina con o sin venta de alimentos", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción II, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil diecisiete, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto..." Resolución que causó ejecutoria el diecisiete de octubre del año próximo pasado. De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A) Que no le fuera aplicado al quejoso el artículo 23, fracción II, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que la misma vigilara que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolver al impetrante la cantidad de $19,319.92 (diecinueve mil trescientos diecinueve pesos 92/100 moneda nacional); cantidad que debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, mediante oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó que se había dado cumplimiento al fallo protector, tal y como lo demostró con la impresión del reporte de transferencias SPEI que exhibió, de la que se advierte que el diecinueve de enero de este año, se transfirió a la cuenta bancaria proporcionada por Miguel Flores Cortez, la cantidad erogada con motivo del cobro declarado inconstitucional. En ese tenor, si tenemos que debía entregarse al citado quejoso la cantidad de $19,319.92 (diecinueve mil trescientos diecinueve pesos 92/100 moneda nacional), debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el tres de agosto de dos mil diecisiete y en el mes de enero del año en curso, se efectúo la devolución mediante transferencia a la parte quejosa; por tanto, la actualización de que se habla comprende el periodo transcurrido entre dichos meses; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, en el caso, los meses de julio y diciembre del año inmediato anterior. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre entre el índice para el mes de julio de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores al periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil diecisiete fue de 126.886; y para el mes de diciembre de ese año de 130.813. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03094. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad de $19,319.92 (diecinueve mil trescientos diecinueve pesos 92/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $19,917.67 (diecinueve mil novecientos diecisiete pesos con sesenta y siete centavos moneda nacional); entonces, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa a devolver $19,319.92 (diecinueve mil trescientos diecinueve pesos 92/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $597.75 (quinientos noventa y siete pesos con setenta y cinco centavos moneda nacional). Por tanto, si la responsable de mérito únicamente entregó a la parte quejosa la suma de $19,366.21 (diecinueve mil trescientos sesenta y seis pesos con veintiún centavos moneda nacional), resulta un faltante por la cantidad de $551.46 (quinientos cincuenta y un pesos con cuarenta y seis centavos moneda nacional), a fin de que el concepto de actualización se encuentre debidamente enterado; de ahí, que el fallo protector no se encuentra cumplido en sus términos. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 192 y 193 de la ley aplicable, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al que reciba el oficio de notificación correspondiente, acredite ante este juzgado que devolvió a la parte quejosa el numerario faltante, a saber, $551.46 (quinientos cincuenta y un pesos con cuarenta y seis centavos moneda nacional). Apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a doscientos días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, en términos del artículo 258 de la ley de la materia. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Además, se le hace del conocimiento que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejare el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite copia de la transferencia efectuada al aquí quejoso, misma que ampara la cantidad condenada en autos; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el libelo y anexo de cuenta; para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

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