Miguel Fernando Torres Flores

Expediente 464/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
464/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
20/05/2021

Partes del expediente

  • Miguel Fernando Torres Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    1. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 2. Valoración. En virtud de que se negó y concedió la suspensión definitiva en este incidente, se considera que este expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), fracción I del numeral 181 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 3. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 352 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como 1 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; [.] 2 Artículo 35. Orden de archivo. Todos los expedientes judiciales en los que se acordó su archivo como asunto concluido deberán indicar la valoración que corresponda, incluyendo alguna de las siguientes leyendas: Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible. Las leyendas referidas en el párrafo que antecede deberán constar en la carátula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. El servidor público designado verificará que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, previa depuración, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, ha dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: La resolución dictada en la audiencia de control de detención, de nueve de junio de dos mil veinte, que decreta de legal la misma; así como el auto de vinculación a proceso de doce de junio de dos mil veinte, esto, dentro de la causa penal 670/2020, que se le instruye por los delitos de posesión de narcóticos con fines de comercio y delitos contra las funciones de seguridad. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: Efectos de la concesión de amparo. Se concede la protección constitucional a Miguel Fernando Flores Torres, respecto de los actos reclamados al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, consistentes en la resolución dictada en la audiencia inicial con control de detención de nueve de junio de dos mil veinte y la diversa dictada en la audiencia de vinculación a proceso de doce de junio siguiente, en contra el quejoso dentro de la causa penal 670/2020, para los siguientes efectos: i) Deberá verificar que quienes asistieron al imputado aquí quejoso en la audiencia inicial con control de detención y vinculación a proceso, contaban en ese momento con la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable, mediante el original o copia certificada de la cédula profesional. ii) Si del ejercicio de verificación resulta que alguno o los defensores no eran licenciados en derecho, deberá reponer la audiencia de control de detención de nueve de junio de dos mil veinte, así como la diversa dictada en audiencia de vinculación de doce de junio siguiente, en la causa penal 670/2020, en la que se vinculó a proceso al quejoso Miguel Fernando Flores Torres, siguiendo los lineamientos argumentativos de esta sentencia, otorgándole plenitud de jurisdicción en su decisión cuando resuelva la situación jurídica del impetrante. iii) Si por el contrario, del ejercicio de verificación resulta que las personas a cargo de la defensa o asistencia jurídica sí eran licenciados en derecho, deberá asentar el resultado de la verificación en aquella determinación que por su naturaleza y efecto estime conveniente. El proceso de verificación debe ser inmediato a que cause ejecutoria esta resolución constitucional. iv) Para lo anterior, deberá cumplir con el requisito formal de que el funcionario ante quien se verifique la audiencia inicial, sea el mismo que presida la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. v) En caso de que exista imposibilidad para ello, deberá justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales el mismo juzgador no puede presidir ambas audiencias. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, a través de su oficio 053/2021-MPA, remitió copias de las cedulas de los defensores, así como copia del audio y video de la audiencia de siete de abril del presente año, al correo oficial de este juzgado relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional, documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2. Con ello, mediante proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieran señalado nada al respecto. 3.1 En cumplimiento a la sentencia constitucional, el siete de abril de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió en videograbación la audiencia celebrada en la misma fecha, en la que se cercioró que Gustavo Héctor Bello Tamalatzi y María Avelina Luevano Reyes, tienen el carácter de licenciados en derecho, al haberse hecho constar que habían mostrado los documentos originales que los acreditan como profesionales del derecho y su registro ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, los cuales fueron cotejados y así quedó registrado en la videograbación correspondiente, por lo que se dejaron subsistentes las audiencias de nueve y doce de junio de dos mil veinte, emitidas en la causa penal 670/2020. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. 5.1 Transferencia del expediente. En cumplimiento al Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que: 5.2 Depuración. Este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado; que en su momento sólo quedará para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. 6. Anotaciones. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero y décimo tercero, todos del Capítulo Tercero y vigésimo quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. 7. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original. 8. Devolución de constancias y discos compactos en formato DVD. Hágase devolución al Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, de las constancias, así como en el disco compacto en formato DVD que remitió como complemento a su informe justificado, toda vez que no son necesarios en el presente juicio. Asimismo, hágase la devolución a la parte quejosa del DVD exhibido en este expediente, por lo que se deberá acudir al local de este tribunal dentro de un plazo de noventa días, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dicho DVD podrá ser destruido junto con las constancias judiciales. Lo anterior, previa cita que realice en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

  3. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad. 1.1 Acuerdo. Se tiene a la citada autoridad informando las gestiones realizadas dentro de la causa penal 670/2020 instruida contra el aquí quejoso Miguel Fernando Torres Flores, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de lo que este Juzgado de Distrito queda enterado para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    1. Estado procesal. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de diez de marzo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia que se sobreseyó y concedió la protección constitucional a la parte quejosa, en este juicio de amparo, por lo que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Rio Grande, con sede en esta ciudad, mediante oficio 4231/2021-ASR, de lo cual quedó notificada el once siguiente, como se aprecia del acuse de recibo, sin que a la fecha se haya recibido pronunciamiento en ese sentido. 1.1 Requerimiento de cumplimiento. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Rio Grande, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días informe a este Juzgado de Distrito el cumplimiento otorgado a la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. 1.2 Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de ser omisas al respecto, se les impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), consistente en cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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