Miguel Fernando Román Aguayo

Expediente 1032/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1032/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
20/02/2019

Partes del expediente

  • Miguel Fernando Román Aguayo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto de veintidós de enero del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado y documentos anexos rendido por el Presidente de la Junta Especial número treinta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta localidad, en el que señala que son ciertos los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que se remite con el referido informe. De dicha documental que por ser pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. La parte quejosa promovió demanda de amparo contra de la Junta Especial treinta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de quien reclamó, la omisión de dictar acuerdo en que señale día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral 1157/2018. Por tanto, dado que la autoridad responsable anexa a su informe justificado el auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho, en el que recibe y radica la demanda promovida por el quejoso Miguel Fernando Román Aguayo presentada el veinticuatro de septiembre del mismo año; asimismo le realiza un requerimiento. En consecuencia, con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, pues cesaron los efectos de la omisión reclamada. Apoyo lo anterior, la Jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, cuyo texto literal es: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, en relación a la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido que el quejoso también reclame las dilaciones subsecuentes en el trámite del juicio laboral de origen; sin embargo, como se adelantó, la etapa en que se encontraba el expediente de origen quedó superada al radicar la Junta responsable la demanda laboral y realizar un requerimiento, por lo cual no sería posible obligar a la autoridad, de forma genérica, que lleve a cabo actuaciones correspondientes posteriores a la etapa procedimental en la que se situaba el sumario el juicio natural, de ahí que sea procedente el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente expediente. Se cita por ilustrativa, la jurisprudencia P./J. 90/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Tomo Vl, Diciembre de 1997, Registro 197245, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente la causal de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de once de enero del año en curso, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional para las once horas con treinta minutos del once de febrero próximo.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se desprende que en el presente juicio de amparo se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, del estado procesal de autos se advierte que al momento está transcurriendo el término de quince días otorgado a la autoridad responsable Junta Especial número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que rinda su informe con justificación; virtud que su segundo periodo vacacional correspondiente al año pasado, comprendió del diecisiete al treinta y uno de diciembre de esa anualidad, según se informó a éste Juzgado de Distrito mediante el oficio AMP.2565/018.35 presentado por el Presidente de dicha Junta. En virtud de lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS TREINTA MINUTOS DE ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el alegato ministerial signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que vierte en forma de alegatos, mismas que serán tomadas en consideración al resolver en definitiva el juicio de amparo en que se actúa.

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