Miguel Fernando Méndez Gamboa
Expediente 1362/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1362/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Dionisio Jiménez Zavala
- Miguel Fernando Méndez Gamboa
- Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veinte. Atento a lo informado en la cuenta que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado Federal; con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando asimismo la fecha en que se ordenó el archivo, para que el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proceda a su depuración. Por otra parte, toda vez que, en la sentencia definitiva emitida en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, la cual carece de relevancia documental; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración; pero, debiendo conservarse únicamente la demanda, el acuerdo relativo al otorgamiento de la suspensión de plano y la sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veinte. V i s t o s, los autos del presente juicio de amparo indirecto 1362/2019-VI, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria; y, R E S U L T A N D O: Primero. En sentencia definitiva emitida el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en el presente juicio de amparo, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos José Dionisio Jiménez Zavala y Miguel Fernando Méndez Gamboa, respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad. Segundo. Por auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, se dio vista a las partes con los oficios 1300/2020 y copia certificada que se le adjunta, así como el diverso 92/2020, remitos por el Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera. C O N S I D E R A N D O: Único. Las partes no hicieron manifestación alguna respecto de la vista que se les dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por lo tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este órgano de control constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En la ejecutoria de que se trata, se concedió el amparo a favor de los quejosos José Dionisio Jiménez Zavala y Miguel Fernando Méndez Gamboa, para el efecto de que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, procediera de manera inmediata a fijar una fecha más próxima para el desahogo de la audiencia de ley, en el juicio laboral 651/2019 de su índice, respetando así los términos y plazos previstos en la norma aplicable. Ahora bien, del examen de lo comunicado en el oficio y copia certificada que se le adjuntó los cuales ya fueron relatados en párrafos precedentes, se desprende que se realizó lo siguiente: La Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad: En cumplimiento a la sentencia ejecutoriada emitida en el presente juicio de amparo, por auto de nueve de enero de dos mil veinte, dejó insubsistente el acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecinueve, en cuanto a la fecha señalada y con fundamento en el artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo fijó las diez horas del treinta de enero de dos mil veinte para el desahogo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Pruebas y Resolución en el juicio laboral 651/2019 de su índice. Ahora de las copias certificadas remitidas por la Junta Laboral responsable, se puede advertir que el treinta de enero de dos mil veinte, llevó a cabo la audiencia trifásica de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en el juicio laboral de mérito, y con fundamento en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos del juicio 651/2019 a proyecto de resolución. De lo antes narrado, es evidente que la Junta Laboral responsable tomó las medidas necesarias para lograr la mayor economia, concentración y sencillez del proceso, logrando así que se respeten los los terminos y plazos que señala la Ley Federal del Trabajo; lo anterior, en razón que el treinta de enero de dos mil veinte, llevó acabo el desarrollo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución en el juicio laboral 651/2019 de su índice, asimismo se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos para resolución. Por tanto, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO. Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veinte. V i s t o s, los autos del presente juicio de amparo indirecto 1362/2019-VI, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria; y, R E S U L T A N D O: Primero. En sentencia definitiva emitida el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en el presente juicio de amparo, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos José Dionisio Jiménez Zavala y Miguel Fernando Méndez Gamboa, respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad. Segundo. Por auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, se dio vista a las partes con los oficios 1300/2020 y copia certificada que se le adjunta, así como el diverso 92/2020, remitos por el Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera. C O N S I D E R A N D O: Único. Las partes no hicieron manifestación alguna respecto de la vista que se les dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por lo tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este órgano de control constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En la ejecutoria de que se trata, se concedió el amparo a favor de los quejosos José Dionisio Jiménez Zavala y Miguel Fernando Méndez Gamboa, para el efecto de que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, procediera de manera inmediata a fijar una fecha más próxima para el desahogo de la audiencia de ley, en el juicio laboral 651/2019 de su índice, respetando así los términos y plazos previstos en la norma aplicable. Ahora bien, del examen de lo comunicado en el oficio y copia certificada que se le adjuntó los cuales ya fueron relatados en párrafos precedentes, se desprende que se realizó lo siguiente: La Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad: En cumplimiento a la sentencia ejecutoriada emitida en el presente juicio de amparo, por auto de nueve de enero de dos mil veinte, dejó insubsistente el acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecinueve, en cuanto a la fecha señalada y con fundamento en el artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo fijó las diez horas del treinta de enero de dos mil veinte para el desahogo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Pruebas y Resolución en el juicio laboral 651/2019 de su índice. Ahora de las copias certificadas remitidas por la Junta Laboral responsable, se puede advertir que el treinta de enero de dos mil veinte, llevó a cabo la audiencia trifásica de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en el juicio laboral de mérito, y con fundamento en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos del juicio 651/2019 a proyecto de resolución. De lo antes narrado, es evidente que la Junta Laboral responsable tomó las medidas necesarias para lograr la mayor economia, concentración y sencillez del proceso, logrando así que se respeten los los terminos y plazos que señala la Ley Federal del Trabajo; lo anterior, en razón que el treinta de enero de dos mil veinte, llevó acabo el desarrollo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución en el juicio laboral 651/2019 de su índice, asimismo se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos para resolución. Por tanto, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la que en su primer punto resolutivo se concedió a José Dionisio Jiménez Zavala y Miguel Fernando Méndez Gamboa, el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales pertinentes. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos son los siguientes: "(.) Quinto. Efectos del amparo. En tales condiciones, tomando en cuenta que la violación a la garantía de la parte quejosa se manifestó con el actuar de la Junta responsable al haber señalado una fecha para la audiencia trifásica fuera de lo establecido por la Ley Federal de Trabajo, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, proceda de inmediato a señalar una fecha más próxima dentro del plazo legal para la celebración de la audiencia de ley y desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente en respeto a la garantía contenida en el artículo 17 de la Carta Magna de nuestro País. Sin que constituya un obstáculo a la anterior determinación el hecho de que el suscrito juzgador, en aplicación de la jurisprudencia 2ª/J.45/2007 y rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES", en resoluciones emitidas con anterioridad a la presente fecha, en juicios de amparo en que se reclamaban actos u omisiones de los tribunales laborales en el Estado, aun cuando los efectos de las omisiones reclamadas hubieren cesado durante la tramitación del juicio de amparo, este tribunal, en estricto apego a la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transcrita en líneas que anteceden, cuando se acreditaban violaciones a la garantía de una administración de justicia pronta y expedita, concedía el amparo y protección de la Justicia Federal contra las posibles dilaciones futuras que se cometieran en el juicio laboral correspondiente, esto es, contra los "actos subsecuentes". Sin embargo, los Ministros integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonaron el criterio contenido en la jurisprudencia 2ª/J.45/2007, al considerar que los alcances por los que en su caso se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, considerando la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral correspondiente, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Sirve de apoyo la nueva Jurisprudencia 2a. CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que es del tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Al pronunciarse sentencia en contrario, la jurisprudencia 2ª/J.45/2007 de la Segunda Sala del más alto tribunal del país, ha dejado de tener carácter obligatorio de conformidad con el artículo 228 de la Ley de Amparo. (.)" Debiendo remitir a este tribunal federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se les señala, se procederá conforme al artículo 193 de la citada legislación y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se le impondrá una multa de cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la ley reglamentaria vigente en esta fecha, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
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