Miguel Fernández Hernández

Expediente 872/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
872/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
01/03/2021

Partes del expediente

  • Miguel Fernández Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la circular SECNO/10/2021, de trece de febrero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que comunica que la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021, en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", se establecieron las medidas especiales a adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en relación a diversos Circuitos, entre ellos este Segundo Circuito, entre las que destaca la marcada con el número 16, que indica: "16. A partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020". Así, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica al expediente en que se actúa, se continúa con su procedimiento en los términos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020 y 37/2020. Atento a lo anterior y vista la certificación secretarial que antecede, conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya hecho valer contra el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Miguel Fernández Hernández, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena que una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa conservación de las actuaciones a que se refiere el citado artículo 22.

  2. Principal

    V I S T A la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México y otra autoridad, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 y 16, constitucional. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 872/2020-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Atento a lo anterior, previo a la admisión de la demanda, es necesario examinar si ésta colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62, con relación al numeral 113, todos de la Ley de Amparo, que establecen: «Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.» «Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.» En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Con otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes (o solicitudes ajenas al juicio de amparo), para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Expuesto lo anterior, del contenido integral de la demanda de amparo, la parte quejosa reclama lo siguiente: Orden de aprehensión y su ejecución. En ese orden de ideas, éste juzgador estima que la demanda que se analiza es a toda luz extemporánea, lo anterior de conformidad con el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, que establece: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;» Del artículo transcrito se considera entre otras cosas, que si una demanda de garantías no es interpuesta en el término de quince días, la misma resulta ser improcedente, por consentimiento tácito, es decir, aquella manifestación de voluntad o consentimiento se desprende de la omisión o inactividad del interesado, ya sea por su silencio o por su falta de oposición a ella. Robustece la consideración antes indicada, por identidad de razón, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en el Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LXI, Sexta Época, página 67, que versa: "IMPROCEDENCIA, CONSENTIMIENTO TÁCITO COMO CAUSA DE. El consentimiento tácito como causa de improcedencia del amparo, en los términos del artículo 73 fracción XII de la ley reglamentaria del juicio de garantías, opera respecto del acto reclamado y, por definición legal, se consiente aquél contra el que no se promueva el juicio constitucional dentro de los términos que la propia ley señala al respecto. Por su parte, los artículos 17, 18, de la ley de la materia, establecen: «Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo». «Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor». El invocado numeral 18 de la ley en la materia, establece tres hipótesis para realizar el cómputo del plazo de quince días, para la interposición de la demanda de amparo, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 de la citada ley, las cuales son: a) Desde el día siguiente al que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de acto o resolución que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, enero de dos mil diez, página mil novecientos treinta y uno, de texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). Asimismo, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley de amparo, se estipula cuáles son los días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo, entre los cuales se exceptúan los sábados y domingos, así como los que se estiman como inhábiles, relacionados en el propio numeral. En ese orden de ideas, se destaca que el quejoso bajo protesta de decir verdad, refirió lo siguiente: «1.- El 15 de junio de 2020, unas personas que dijeron ser policías de Amecameca, se presentaros en mi domicilio ubicado en calle Poniente 21 número 335, colonia La Perla, Nezahualcóyotl, Estado de México, y le dijeron a mi hermano de nombre Francisco Fernández Hernández que cómo se llamaba a lo que mi hermano les contestó que no tenía porque dar su nombre; por lo que uno de los sujetos le respondió mi hermano que era policía y que venían por mí porque traían una orden de aprehensión. (sic). Es el caso, que mi hermano, Francisco, me avisó por vía telefónica que tuviera cuidado porque estaba estacionado un vehículo modelo Dodge avenger frente a mi casa y que informó lo que le acababa de suceder con los individuos. Cabe señalar que vi un vehículo cuando llegué a mi casa; y me interceptaron los policías y me preguntaron que si yo era Miguel Fernández Hernández, y les dije que sí, por lo que me dijeron que me iban a llevar al reclusorio de Mizui, Chalco por que tenían una orden; sin embargo, me metí a mi domicilio y no pudieron llevarme, (ic). Cabe destacar que se me ha advertido en fecha dos de los corrientes que los mismos individuos siguen presentándose para mí búsqueda para detenerme en mi domicilio ya citado en líneas anteriores. 2.- No sobra advertir, que el suscrito MIGUEL, a través de apoderado legal interpuse demanda de amparo contra orden de aprehensión por los mismos antecedentes aquí expuestos; bajo el expediente 628/2020, ante el Juez Noveno de Distrito del Estado de México; sin embargo, mediante acuerdo, de fecha 17 de septiembre del mes corriente y publicado el 19 del mismo mes y año, se tuvo por no interpuesta por que no desahogo una prevención.» Por tanto, sí desde el quince de junio de dos mil veinte, tuvo conocimiento del acto reclamado, desde el día siguiente estuvo en aptitud de promover su demanda de amparo a efecto de impugnar tal determinación, esto es, a partir del-16 de junio y hasta el seis de julio de dos mil veinte-; sin embargo, de la papeleta de turno, se advierte que la demanda que da origen a esta instancia constitucional, fue ingresada mediante buzón judicial el nueve de octubre de dos mil veinte, y turnada el veintiuno de este mismo mes y año, a este juzgado de distrito, tal y como se advierte del sello que obra al margen superior y de la papeleta que dicha oficina anexó, para tal efecto. De ahí, que la demanda de amparo resulta extemporánea, por haberse presentado fuera del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior debido a que el acto reclamado por el hoy quejoso, no se encuentra dentro en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, no se reclama una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, supuesto en que el término para su interposición será de treinta días; no se reclama una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, hipótesis en que se podrá interponer el juicio en un plazo de hasta ocho años; no se trata de un asunto de carácter agrario en que se combata la privación total o parcial, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, supuesto en se podrá promover en el plazo de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; ni tampoco, se reclama algún acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, hipótesis en que podrá presentarse en cualquier tiempo. En ese tenor y al hacerse evidente que transcurrieron más de quince días, entre la fecha en que el promovente tuvo conocimiento del acto reclamado y la presentación de la demanda de amparo, motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, debe concluirse que el promovente consintió tácitamente el acto que por esta vía pretenden impugnar. Lo anterior, porque de acuerdo con la propia narrativa de los hechos expuestos por el quejoso se advierte que éste manifestó de manera clara y precisa, cómo la andaban buscando, quién la andaba buscando y desde cuándo lo estaban buscando, que incluso le refirieron que tenían una orden de aprehensión en su contra. Con lo que se advierte conocimiento pleno del acto reclamado; de ahí que el plazo para promover su demanda de amparo, se contó a partir de ese conocimiento. Cabe mencionar, que el consentimiento tácito a que se hace referencia, estriba en el no ejercicio por parte del solicitante del amparo de la acción constitucional dentro del plazo legal de quince días previsto, en este caso, por el numeral 17 de la ley en la materia vigente, circunstancia que equivale a la pérdida de la acción por expiración del plazo legal dentro del cual se debió haber intentado. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 14, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro siguiente: «ACTOS CONSENTIDOS. TÁCITAMENTE». Máxime a lo anterior, que como lo señala el quejoso promovió diverso juicio de amparo 628/2020 ante el Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en el que reclamó la orden de aprehensión por los mismos antecedentes; sin embargo, al no desahogar la prevención que se le impuso, se tuvo por no presentada dicha demanda, por tanto es manifiesto que incluso desde esa fecha, consintió el acto reclamado que por esta vía pretende impugnar nuevamente. Por ello, debe desecharse la demanda de amparo que se analiza, al haberse actualizado las causas de improcedencia que se analizan, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, de rubro: «DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA» En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. Como lo solicita el promovente, podrá tener acceso al expediente electrónico y hacer uso de su FIREL el usuario: "lugosa23", toda vez que cumple con los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (firel) y al expediente electrónico, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico y el acceso a éste. Asimismo, practíquense las notificaciones personales por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo; dejando el actuario judicial constancia de la consulta realizada, la cual, será digitalizada para el expediente electrónico y otra se agregará al presente expediente como constancia de notificación. Y, por autorizados para oír y recibir notificaciones a las demás personas que indica, las cuales una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito gozarán de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la ley de amparo. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República y 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor.

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