Miguel Fermín Barba Cortes

Expediente 509/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
509/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Miguel Fermín Barba Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta firmado por la secretaria del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión ordinaria remota por videoconferencia celebrada el 13 de octubre de 2023, dentro de los autos del recurso de queja 246/2023, en la que se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Por tal motivo, remítase por la vía electrónica el acuse de recibo al Tribunal Colegiado a través de su Oficialía de Partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Imprímase el acuse de envío y glósese sin mayor acuerdo al presente asunto como constancia de la remisión electrónica del comunicado relativo para los efectos conducentes. Asimismo, se hace la precisión, que se estima innecesario agregar el anexo que acompaña el tribunal de alzada con la resolución que se atiende, en virtud de que únicamente se trata de copias certificadas que integran el expediente en que se actúa. Por tanto, ya que se resolvió infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso ********************, en contra del acuerdo de 1 de junio de 2023 que desechó la demanda de amparo promovida, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese este expediente al archivo definitivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por tanto, en cumplimiento a lo previsto en la fracción lll del artículo 14, y fracción IV, del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Para así estimarlo, se precisa que el presente no es de aquellos expedientes auxiliares que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni tampoco constituye un expediente judicial o auxiliar que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información; por lo anterior, se colma la exigencia para dicha clasificación, contenida en los artículos 19 y 20 del Acuerdo General que nos ocupa. De igual forma, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, por lo que no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos regulados en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior, en la carátula del expediente en que se actúa. En otro aspecto, vista la certificación de cuenta se advierte que se verificó la coincidencia e identidad del expediente físico con el electrónico de este asunto, en la inteligencia que las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación generadas de la misma manera, obran en el expediente electrónico correspondiente a este asunto, no así, las recibidas electrónicamente, pues la documentación recibida por esa vía [electrónica o generada electrónicamente] constará únicamente en el expediente electrónico. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese y por oficio al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el oficio firmado por la actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, por el que transcribe el acuerdo de 6 de julio de 2023 emitido en el recurso de queja 246/2023, donde acusa recibo de las constancias remitidas del expediente, y admite el recurso de queja interpuesto por Miguel Fermín Barba Cortés, en contra del acuerdo de 1 de junio de 2023. Circunstancias de las cuales este Juzgado Federal queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    V- Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el día 21 de junio de 2023, vía correo electrónico oficial, se obtuvo un comunicado del diverso correo correspondiente a la Oficialía de Correspondencia Común de Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo. Documento al que se le otorga pleno valor en términos de la tesis con número de registro 2011039, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2049, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro siguiente: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido". En consecuencia, agréguese a los autos la comunicación y anexo enviado a la cuenta de correo electrónico oficial, mediante el cual la Oficialía de Correspondencia Común de Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, remite la boleta de turno que le correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, en relación al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del acuerdo de 1 de junio de 2023 en la que se desechó la demanda de amparo en el presente asunto. Circunstancia de la que este juzgado federal se da por enterado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica a las partes.

  4. Principal

    Desahogo de prevención Agréguese a los autos el escrito aclaratorio firmado de manera electrónica por el quejoso ********************, mediante el cual, cumple con la prevención efectuada en autos. Cabe señalar que el cumplimiento a la prevención que se le hizo al quejoso no obliga al juzgador de amparo a admitir la demanda que promueve, pues la finalidad de una prevención es, por una parte, auxiliar al promovente en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia y, por otra, que el juez de Distrito quede en aptitud de admitir la demanda, una vez satisfechos todos los requisitos de forma y contenido de aquélla, con base en los cuales es dable concluir que los presupuestos procesales de la acción constitucional están satisfechos y que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De otra manera, se llegaría al extremo de admitir una demanda aun cuando pudieran no estar satisfechos los presupuestos procesales de la acción constitucional o cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, derivado de los nuevos datos aportados por el quejoso; lo que sería contrario al derecho de tutela judicial efectiva, al tramitar un procedimiento de amparo que desde el momento en que se satisface la prevención efectuada, pueda advertirse de manera clara e indudable su improcedencia, con el consecuente desgaste derivado de echar a andar la maquinaria judicial. Apoya lo anterior, la tesis I.11o.C.15 K (10a.), del rubro y texto que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA SATISFACCIÓN DE LA PREVENCIÓN POR PARTE DEL QUEJOSO, NO TRAE COMO CONSECUENCIA LÓGICA Y FORZOSA, SU ADMISIÓN (INTERPRETACIÓN LATO SENSU DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE AMPARO). De un estudio gramatical, aislado y en "estricto sensu" de ese precepto, se llegaría a la conclusión de que en la hipótesis de que el primer proveído emitido una vez presentada la demanda sea una prevención y ésta se cumpla, el actuar forzoso y lógico del Juez de Distrito es su admisión, por lo que quedaría impedido para declararse incompetente o desecharla. Sin embargo, esa interpretación no puede ser válida, dado que debe preferirse una interpretación "lato sensu", sistemática y teleológica de ese precepto en relación con los restantes que forman un sistema definido por el legislador, a fin de no hacer nugatorio dicho régimen. Al partir de esas bases, la finalidad de una prevención es, por una parte, auxiliar al promovente en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia y, por otra, que el Juez de Distrito quede en aptitud de admitir la demanda, una vez satisfechos todos los requisitos de forma y contenido de aquélla, con base en los cuales es dable concluir que los presupuestos procesales de la acción constitucional están satisfechos y que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En razón de lo expuesto, debe preferirse una interpretación lato sensu del citado precepto 115 pues, de no ser así, se llegaría al absurdo de obligar a un Juez de Distrito a admitir una demanda aun cuando pudieran no estar satisfechos los presupuestos procesales de la acción constitucional o cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, derivado de los nuevos datos aportados por el quejoso. Por tanto, de interpretarse en forma aislada y gramatical el precepto 115 de la Ley de Amparo, se rompería con el sistema establecido por el legislador, dentro del cual se encuentra inmerso y que atiende a los distintos escenarios que se presentan al recibir una demanda. Esto se respalda con el hecho de que dicha interpretación gramatical y aislada iría en detrimento del derecho fundamental de acceso a la justicia de forma pronta y expedita, en virtud de que éste no debe ser irrestricto, sino consonante con el de las demás partes que debieran intervenir en el juicio de amparo y que podrían ser llamadas innecesariamente. Asimismo, porque sería contrario al derecho de tutela judicial efectiva, tramitar un procedimiento de amparo que desde el momento en que se satisface la prevención efectuada, pueda advertirse de manera clara e indudable su improcedencia, con el consecuente desgaste derivado de echar a andar la maquinaria judicial." Precisión del acto reclamado Previo a proveer sobre la demanda promovida por ********************, contra los actos que reclama al juez civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial y aclaratorio se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución de 19 de abril de 2023, mediante el cual se declaró improcedente el recurso de revocación promovido en el juicio ordinario civil de usucapión 311/2021, en contra del acuerdo de 15 de febrero de 2023, en el que negó el emplazamiento de los demandados por edictos. Al respecto, se destacan algunos antecedentes del juicio de origen, que bajo protesta de decir verdad formula la parte quejosa. Que el 15 de octubre de 2021, promovió en la vía ordinaria civil un juicio de usucapión en contra de Maricela Mayorquín Arias y Jeffrey Wilfred Ziegler, el cual correspondió conocer a la autoridad señalada como responsable bajo el expediente 311/2021. Que desde el escrito inicial manifestó que desconocía el domicilio de los demandados en ese juicio; por lo que, agotados todos los medios para localizar a los codemandados, solicitó el emplazamiento de ambos, por medio de edictos, solicitud que fue declarada improcedente mediante acuerdo de 15 de febrero de 2023. Inconforme con dicha determinación promovió el recurso de revocación, el cual fue resuelto improcedente por la autoridad responsable en resolución de 19 de abril de 2023. Siendo este el acto aquí reclamado. Desechamiento Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, debe analizarse la demanda de amparo en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En términos del numeral invocado con antelación, se estima que la demanda de amparo que presentó el justiciable, es improcedente. Precisado lo anterior, este Juzgado considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la ley reglamentaria citada, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio que tengan efectos de imposible reparación. Por lo que si se aplica esta última disposición en sentido contrario, se concluye que el juicio de amparo indirecto no procede contra actos emanados dentro de una contienda jurisdiccional, que no tengan efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Lo anterior ha quedado definido en la jurisprudencia P./J. 37/2014, emitida por el Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39 del Libro 7, Tomo I , del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2014, Décima Época, materia común, con número de registro 2006589, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la determinación de 19 de abril de 2023, mediante el cual se declaró improcedente el recurso de revocación que interpuso en el juicio ordinario civil de usucapión con número de expediente 311/2021, en contra del acuerdo de 15 de febrero de 2023, que estableció improcedente el emplazamiento de los codemandados por edictos. Determinación que no es un acto que afecte material y actualmente derechos sustantivos de la quejosa tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino que se trata de un acto procesal emitido dentro de un juicio especial oral. Esto es así, atendiendo a que la determinación que se reclama mantiene firme el acuerdo que declara improcedente la solicitud de emplazar a la parte demandada a través de edictos, de suyo no ocasiona un acto de imposible reparación atendiendo a que de su contenido no se advierte una vulneración a sus derechos sustantivos, pues de la copia que anexó como prueba a su escrito aclaratorio de demanda, se advierte que la responsable únicamente le hizo saber los motivos por los cuales en ese momento no resultó procedente el recurso intentado para revocar el acuerdo donde estableció improcedente ordenar el emplazamiento por edictos y los extremos que se deben de agotar para ordenarlo de esa forma, por las circunstancias siguientes: La responsable señaló que por cuanto a la codemandada Maricela Mayorquin Arias, no era posible en virtud de que en la constancia actuarial de 5 de mayo de 2022 realizada por la actuaria adscrita a los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, fueron proporcionados datos del lugar de residencia; y, con respecto a Jefrey Wilfred Zielgler, toda vez que el codemandado en el asunto de origen es Jeffrey Wilfed Ziegler, y no como lo índico el promovente. De tal manera, dicha determinación encaminada al emplazamiento de la parte accionada, únicamente evidencia una posible violación que de momento no le irroga un perjuicio en su esfera jurídica que afecte de forma directa algún derecho sustantivo, por lo que resulta improcedente el amparo. Se insiste, el acto reclamado necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no precisamente llegue a trascender al resultado del expediente. De modo que si al tenor de los antecedentes que constituyeron el acto reclamado, se visualiza que no se está ante una negativa definitiva de ordenar el emplazamiento por edictos, sino que al momento de su petición no era dable, precisamente por tener referencia de un probable lugar a fin de lograr esa notificación; entonces, no se actualiza el supuesto de actos intraprocesales de imposible reparación. De manera que no puede considerarse que la sola improcedencia de un recurso dentro de un controvertido cause al quejoso un daño de imposible reparación, o una afectación real y actual; ni se encuentra impedido para promover como parte activa lo conducente y de aportar los elementos necesarios al juzgador en ese juicio, dada la naturaleza del proceso al que rige el principio de derecho rogado, a efecto de evitar que se dilate. Sin que deba considerarse la falta de emplazamiento como una abierta dilación o paralización del procedimiento jurisdiccional, para que por excepción resulte procedente el juicio de amparo, pues de la lectura íntegra del escrito de demanda y de los elementos aportado por el promovente no se advierte que el juez haya dejado de actuar en el juicio de origen derivado de la falta de emplazamiento. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 2ª. /J. 48/2016 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". Así, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa para ser considerado como de imposible reparación, se desecha la demanda de amparo. Por lo anterior, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, por notoriamente improcedente. Juicio en línea Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, del Poder Judicial Federal. Ahora, para efectos de que las personas justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", se les hace del conocimiento a las partes que el manual de uso actualizado se encuentra disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Así, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las partes deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, la cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente. Asimismo, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora, en términos del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes de este asunto, se les hace del conocimiento que este juzgado federal adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen en los órganos jurisdiccionales, en atención a las siguientes bases: - Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. - Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. - La única excepción a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; - Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y - Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización. Acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal En estricto acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico consistentes en el impulso tecnológico, acceso a la justicia, inclusión y accesibilidad, interoperabilidad, orientación al valor público, eficiencia y eficacia, adaptación tecnológica, validez y certeza jurídica, así como protección de los derechos humanos, contemplados en el artículo 251 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. Mientras que, en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se digitalizaran las constancias e incorporaran al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Con lo anterior, se precisa que bajo ninguna circunstancia este juzgado federal obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Además, en términos del artículo 257, del citado Acuerdo General, se procurará utilizar el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal para la atención a personas justiciables, conforme a lo siguiente: - Tratándose de comunicaciones no procesales, se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos convenidos para tal efecto. En estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. En casos excepcionales, podrá emplearse esta opción para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; y - Tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias, que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se procurarán practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. Tratándose de audiencias constitucionales o incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Inclusión y accesibilidad En términos del artículo 261, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento a las partes que de acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional podrán hacer uso de los equipos de cómputo que se dispondrá para tal efecto, los cuales se destinarán a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se colocará en el área de atención al público de las instalaciones del este órgano jurisdiccional un teléfono con la señalización de las extensiones del personal que acuda, a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. Notifíquese por lista electrónica al quejoso.

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