Miguel Estrada Medina

Expediente 215/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
215/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • Miguel Estrada Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de abril de dos mil veintiuno. I. Ejecutoria. Vista la cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto que decretó el sobreseimiento en el juicio, fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Destino archivístico. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese; y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. I. Pedimento (para constancia). Agréguese a los autos, únicamente para constancia, el pedimento signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en virtud de que el treinta de marzo del año en curso, se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, lo cual le fue notificado el siete de abril del presente año, corriéndole traslado para tal efecto, con copia autorizada de aquella determinación. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de marzo de dos mil veintiuno. I. Informe Justificado. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, mediante el cual, rinde su informe justificado; asimismo, téngase al responsable proporcionado datos de localización de su parte. II. Pruebas. Ahora, con apoyo el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la responsable las documentales que acompaña a su informe. III. Precisión del acto reclamado. La parte quejosa señala como acto reclamado: "(.) ACTO RECLAMADO. TIENE TAL CACARTER LA DILACIÓN EN LA EXPEDICIÓN EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, AL NO DAR TRÁMITE A LA CONTROVERSIA PLANTEADA EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2021, DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS, PARA LA EXPEDICIÓN DE UNA JUSTICIA PRONTA, EXPEDITA, COMPLETA E IMPARCIAL QUE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL TUTELA A MI FAVOR, MISMA QUE HASTA EL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE DEMANDA, NO HA SIDO RESUELTA. (.)" IV. Sobreseimiento fuera de audiencia. El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna causa de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La interpretación del numeral en comento conduce a la conclusión de que es factible que en el trámite del juicio de amparo, antes de que se celebre la audiencia constitucional pueda resolverse sobre el sobreseimiento en el juicio, por actualizarse una causa de improcedencia, que haga manifiesto e indudable que, aun cuando se siga el trámite del juicio hasta la audiencia, se llegaría a la misma conclusión. La esencia de dicho supuesto se sustenta en evitar en la medida de lo posible el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del tomo XVll, novena época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tal virtud, a juicio de quien resuelve, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que el acto reclamado deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. Ahora bien, como se vio, la parte quejosa reclama en el presente juicio, la omisión por parte del Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, de proveer lo conducente respecto de la controversia planteada ante su potestad por el aquí quejoso el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, respecto de la colocación de diversos avisos colocados al interior del centro de su reclusión, mediante los cuales se modifican los días y lapsos de entrega de pertenencias y dinero. Sin embargo, de las constancias que la autoridad responsable hizo llegar a este órgano jurisdiccional; las cuales merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que el ocho de marzo del año en curso, desechó de plano la controversia planteada por el aquí quejoso, en los siguientes términos: Determinación que se hizo del conocimiento de la parte quejos el once de marzo del año en curso, como se advierte de la constancia de notificación respectiva, cuya parte final se plasma digitalmente, para mayor ilustración: Por lo que si el acto reclamado en el presente juicio consiste en la omisión de proveer respecto de la controversia planteada por el quejoso respecto de las condiciones de su internamiento de conformidad con el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; y, en el caso, está demostrado que el ocho de marzo del año en curso el Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Querétaro, se pronunció respecto del planteamiento del quejoso, y lo hizo de su conocimiento el once de marzo de dos mil veintiuno; se puede concluir que en el caso ya no existe el acto que la parte promovente del amparo señala en su escrito de demanda, puesto que la autoridad responsable ya lo dejó insubsistente. Por ende, es claro que en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido el acto combatido, toda vez que al ser así, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa, siendo ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que merezca ser suprimida por el otorgamiento del amparo solicitado. Apoya lo anterior la jurisprudencia 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, del tomo VII de febrero de mil novecientos noventa y ocho, de la novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esa línea de pensamiento, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 480, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, décima época, registro 2008884, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Sin que en el caso, resulte procedente requerir al quejoso a fin de que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo, en virtud que el acto reclamado no consiste en un derecho de petición en sí mismo, sino que deriva de un procedimiento seguido en forma de juicio, aunado a que, como se advierte de las constancias remitidas por el juez de ejecución responsable, el veintitrés de marzo del año en curso, se tuvo al aquí quejoso interponiendo recurso de apelación contra la determinación que desechó de plano la controversia que planteó respecto de las condiciones de su internamiento. Resulta aplicable, por las razones que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 149/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 334, Tomo XXIV, Octubre de 2006, novena época, registro 174107, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Sin que con la anterior determinación se produzca alguna violación a la parte quejosa, pues el hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una violación a los derechos de audiencia, debido proceso y acceso a la justicia. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 22/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Décima Época, Registro 2005917, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Así como la diversa Jurisprudencia 10/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 487, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, Registro 2005717, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Consecuentemente, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. IV. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en su lugar de reclusión.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, y en relación a su contenido, en vía de alcance envíese el mismo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano