Miguel Espinoza López

Expediente 748/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 34 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
748/2019
Año
2019
Actuaciones
34
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Comandante del 89 Batallón de Infantería, Carretera Internacional los Mochis-Navojoa, Kilómetro 11.5
  • Miguel Espinoza López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que el quejoso Miguel Espinoza López, interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que el original y duplicado del cuaderno de suspensión son susceptibles de destrucción, dado que se negó al quejoso la suspensión provisional y definitiva; en el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del original del incidente de suspensión, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuentas suscrito por el Comandante del 89 Batallón de Infantería, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio número 14959/2022, en el cual se le notificó la resolución incidental de fecha veintinueve de julio de dos mil veintidós; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Ahora, vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no se inconformó contra la resolución interlocutoria de veintinueve julio de dos mil veintidós, emitida en el incidente innominado ordenado por el tribunal de alzada para efectos de precisar lo inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; lo cual ya aconteció; por tanto, este órgano jurisdiccional analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad; y con lo anterior cumplimentar los puntos 4) y 5) señalados en la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito en el recurso de inconformidad 17/2021. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la resolución al presente juicio fue emitida el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en el sentido de conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a ****************, misma que el diez de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Comandante del 89º Batallón de Infantería, con sede en esta ciudad, por el cumplimiento de ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que los efectos para los que se concedió el amparo, fueron los siguientes: 1. Dejar sin efecto alguno la orden verbal por medio de la cual corrió de las instalaciones del 89 Batallón de Infantería el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, al aquí quejoso cuando se presentó a pasar lista de Diana; así como todas las consecuencias que se deriven de esa orden; y. 2. Para el caso de que se considere emitir una nueva orden se pronuncie por escrito, debidamente fundado y motivado, respecto a la suspensión de actividades militares en el 89 Batallón de Infantería del quejoso *******************. Luego, como lo determinó el Tribunal Colegiado en vía incidental innominada se fijaron los efectos de la concesión de amparo plasmados en la sentencia constitucional correspondiente, los cuales se fijaron de la siguiente forma: ".los efectos que se deben fijar consisten en establecer cuáles son las consecuencias del acto reclamado que deben declararse insubsistentes con motivo de la concesión del amparo; las cuales, debe precisarse que, son aquéllas que derivan de manera inmediata y directa de la orden verbal reclamada y que afecten la esfera jurídica del quejoso, como el no permitirle ingresar a las instalaciones del 89º Batallón de Infantería a prestar sus servicios en la institución; así como el no pagarle sus haberes y tampoco cubrirle las prestaciones legales a las que tuviere derecho; empero, se considerarán directas e inmediatas, tales consecuencias, siempre y cuando no exista alguna determinación, fallo, orden o disposición (que no haya sido materia del presente juicio) que implique una nueva situación jurídica que no permita la permanencia del quejoso como miembro del ejército mexicano, privándolo de poder participar en las actividades militares en dicho Instituto castrense, y que tampoco le permita que reciba haberes y demás prestaciones legales; derivada de causas anteriores o coetáneas al acto reclamado en el presente juicio; por lo que, en tal caso, la autoridad responsable, solo estaría obligada a dejar sin efectos la orden verbal y, en su caso, de así considerarlo pertinente podría emitir una nueva orden por escrito, debidamente fundada y motivada que le fuera, en su caso, notificada al impetrante; más no estaría obligada a dejar insubsistente las consecuencias como el no permitirle ingresar a las instalaciones del 89º Batallón de Infantería a prestar sus servicios en la institución; así como el no pagarle sus haberes y, por ende, el que tampoco se le cubran las prestaciones legales a las que tuviere derecho.". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". La autoridad responsable mediante oficio sin número de fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, expresó lo siguiente: ".En cumplimiento al Primer Efecto, consistente en dejar insubsistente la orden verbal por medio de la cual corrió de las instalaciones del 89/o. Batallón de Infantería el 5 Dic. 2019, al aquí quejoso cuando se presentó a pasar lista de diana; así como todas las consecuencias que se deriven de esa orden, se informa que esta autoridad responsable emitió el siguiente documento: A. En oficio número 034293 de 1/o. de diciembre de 2020, dejé sin efecto la Orden Verbal, de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante la cual el quejoso fue corrido de las instalaciones del 89/o. Batallón de Infantería, cuando se presentó a pasar lista de Diana. B. Asimismo, en cuanto a las consecuencias a que hace referencia referida interlocutoria, me permito informar a su Señoría que con motivo de dicha orden verbal, no se generó ninguna consecuencia, toda vez que esta autoridad responsable no llevo a cabo ningún acto que pudiera vulnerar de alguna forma la esfera jurídica del quejoso. Asimismo, por lo que respecta al Segundo Efecto de la presente ejecutoria, relativo a que para el caso de que considere emitir una nueva orden se pronuncie por escrito, debidamente fundado y motivado, respecto a la suspensión de actividades militares en el 89/o Batallón de Infantería del quejoso*****************, me permito informar a su Señoría que esta Autoridad Responsable, no emitirá una nueva orden respecto a la suspensión de actividades militares en el 89/o. Batallón de Infantería del quejoso *******************.". No omito informar a su Señoría que el día 5 de diciembre de 2019, el amparista se presentó en las instalaciones del 89/o. Batallón de Infantería con la intención de que fuera dado presente, siendo esto incorrecto, toda vez que el quejoso debió haberse presentado en las instalaciones del Cuartel General de la 13/a. Zona Militar, ya que contaba con una orden para presentarse comisionado en el Equipo Multidisciplinario que se encontraba en la referida Zona Militar, por lo que debió presentarse y justificar sus faltas ante el referido equipo multidisciplinario y no ante el Comandante del 89/o. Batallón de Infantería, tal como se le indico en citada fecha. Por lo que el quejoso, debió presentarse ante la autoridad Judicial Militar para que se regularizara su situación jurídico administrativa con esta dependencia, circunstancia esta última que ya se le comunicó al quejoso mediante oficio número 035037 de 8 de Diciembre de 2020. Por lo que respecta, a la solicitud del C. *************, para que se le reinstale de nueva cuenta en el activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es necesario puntualizar que, la baja del entonces Cabo ***********, fue motivada por el acuerdo del C. General Secretario de la Defensa Nacional, comunicada a través de la Dirección General de Infantería a las Comandancias de la III Región Militar, Novena Zona Militar y a la de ese Batallón de Infantería. De lo anterior se debe aclarar que dicha baja fue con motivo de la deserción del ahora quejoso, por lo que el Juez Militar, después de seis meses de su deserción lo declaro Prófugo de la Justicia Militar. No omito señalar; que de acuerdo al certificado de circunstancias que emitió esta Comandancia de Batallón y que fue remitido al Agente del Ministerio Publico Militar adscrito al Centro de Justicia Militar número 12, de Tepic, Nayarit, el entonces Cabo ***********, le fueron cubiertos sus haberes y demás emolumentos hasta el 30 de diciembre del 2019. Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que ".1 Dejara sin efecto alguno la orden verbal por medio de la cual corrió de las instalaciones del 89 Batallón de Infantería el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, al aquí quejoso cuando se presentó a pasar lista de Diana; así como todas las consecuencias que se deriven de esa orden; 2 y para el caso de que se considere emitir una nueva orden se pronuncie por escrito, debidamente fundado y motivado, respecto a la suspensión de actividades militares en el 89 Batallón de Infantería del quejoso *****************.."; y en la vía incidental se fijaron los afectos de tal concesión de amparo precisando que éstos (efectos) consisten en: ".establecer cuáles son las consecuencias del acto reclamado que deben declararse insubsistentes con motivo de la concesión del amparo; las cuales, debe precisarse que, son aquéllas que derivan de manera inmediata y directa de la orden verbal reclamada y que afecten la esfera jurídica del quejoso, como el no permitirle ingresar a las instalaciones del 89º Batallón de Infantería a prestar sus servicios en la institución; así como el no pagarle sus haberes y tampoco cubrirle las prestaciones legales a las que tuviere derecho; empero, se considerarán directas e inmediatas, tales consecuencias, siempre y cuando no exista alguna determinación, fallo, orden o disposición (que no haya sido materia del presente juicio) que implique una nueva situación jurídica que no permita la permanencia del quejoso como miembro del ejército mexicano, privándolo de poder participar en las actividades militares en dicho Instituto castrense, y que tampoco le permita que reciba haberes y demás prestaciones legales; derivada de causas anteriores o coetáneas al acto reclamado en el presente juicio; por lo que, en tal caso, la autoridad responsable, solo estaría obligada a dejar sin efectos la orden verbal y, en su caso, de así considerarlo pertinente podría emitir una nueva orden por escrito, debidamente fundada y motivada que le fuera, en su caso, notificada al impetrante; más no estaría obligada a dejar insubsistente las consecuencias como el no permitirle ingresar a las instalaciones del 89º Batallón de Infantería a prestar sus servicios en la institución; así como el no pagarle sus haberes y, por ende, el que tampoco se le cubran las prestaciones legales a las que tuviere derecho.". Por tanto, de lo anteriormente expuesto, se advierte, que si la autoridad responsable Comandante del 89º Batallón de Infantería, con sede en esta ciudad, dejó sin efectos la orden verbal de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, por medio de la cual corrió de las instalaciones de ese 89º Batallón de Infantería, a ****************** y, además, comunicó que no emitirá una nueva orden respecto a la suspensión de actividades militares de dicho quejoso; ello, debido a que, resumidamente, la baja de la que fue objeto el amparista fue ordenada por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional, y comunicada a través de la Dirección General de Infantería a las Comandancias de la III Región Militar, Novena Zona Militar y a la de ese Batallón de Infantería, la cual (baja) tuvo como causa la deserción del quejoso, razón por la que un Juez Militar, después de seis meses de su deserción lo declaró Prófugo de la Justicia Militar; y, aunado a lo anterior, la autoridad responsable expuso que al impetrante le fueron cubiertos sus haberes y demás emolumentos hasta el treinta de diciembre del dos mil diecinueve; entonces, debe estimarse que conforme a los efectos que se fijaron para la sentencia concesoria de amparo debe estimarse cumplido el núcleo esencial de la sentencia, puesto que las consecuencias directas e inmediatas de la orden verbal reclamada fueron esencialmente que la responsable dejara insubsistente dicha orden; y ,en su caso, emitiera otra por escrito debidamente fundada y motivada, lo cual no aconteció en razón de no estimarlo así tal responsable, al referir que la baja del quejoso como elemento del ejercito fue motivada por el Secretario de la Defensa Nacional; por ende, de ello se aprecia que no procedía el permitirle ingresar a las instalaciones del Batallón de Infantería a prestar sus servicios en la institución; ni el pago de sus haberes o prestaciones legales, como posibles consecuencias directas e inmediatas. Tiene aplicación la Jurisprudencia P./J. 87/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 6, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época, de registro digital 163808, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.". Igual resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 137, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, de registro digital 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo.". En abundamiento, cabe referir que no constituyeron consecuencias directas e inmediatas de la orden verbal reclamada y declarada inconstitucional, el no permitirle al quejoso ingresar a las instalaciones del Batallón de Infantería a prestar sus servicios en la institución militar; ni el pago de sus haberes o prestaciones legales que se le dejaron de proporcionar, ya que, como se precisó, derivan de la baja por acuerdo motivado por el Secretario de la Defensa Nacional, que no fue materia de este juicio, aunado a que tampoco lo fue el oficio de comisión número 23985 de 1º de diciembre de dos mil diecinueve, donde se ordenó que el aquí quejoso Cabo Int. ***************, se trasladara en comisión del servicio a la Plaza de Tepic, Nayarit, con el fin de presentarse a las 8:00 horas del dos de diciembre de dos mil diecinueve, en las Instalaciones del Cuartel General de la 13/a. Zona Militar, con el objeto de que se integrara al "Equipo Multidisciplinario que supervisaría y daría fe de la destrucción de armamento decomisado, en la Jurisdicción de la V Región Militar"; cuyo incumplimiento ocasionó, la emisión del oficio número 005 de fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve (foja 193 de autos), en el que el amparista fuera considerado probable responsable de la comisión del delito de deserción cometido en la plaza de Tepic, Nayarit, esto es, por no llegar a su destino y faltar de 1/o., 2/o. y 3/er. Día en el "Equipo Multidisciplinario que supervisaría y daría fe de la destrucción de armamento decomisado, en la Jurisdicción de la V Región Militar"; lo que se insiste no fue materia del juicio de amparo y, asimismo, debe referirse que lo actuado en la causa penal militar número 419/2020, que se siguió contra el quejoso por los hechos que se le atribuyen, no influyeron en el cumplimiento de la ejecutoria, como se consideró en la resolución del incidente innominado; por tanto, el no permitirle al quejoso ingresar a las instalaciones del Batallón de Infantería a prestar sus servicios en la institución militar; ni el pago de sus haberes o prestaciones legales por parte de la autoridad responsable Comandante del 89º Batallón de Infantería, no resultaron ser consecuencias directas e inmediatas de la orden verbal reclamada y declarada inconstitucional. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defecto.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra en autos el acuse de recibo que acredite que la autoridad responsable Comandante del 89 Batallón de Infantería, con domicilio en carretera Internacional Los Mochis- Navojoa, kilómetro 11.5, haya recibido el oficio número 11107/2022, mediante el cual se le remitió copia del incidente innominado, dictado en el presente juicio de amparo; en consecuencia, requiérase a la autoridad antes mencionada para que informe a este Juzgado Federal, si recibió o no el oficio de referencia, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos de los numerales 237, fracción 238 y 259 de la Ley de Amparo. Requiérase a la autoridad responsable, para que acuse recibo, por vía telegráfica, vía fax al teléfono 01 66-88-15-32-08 o bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx. No obstante lo anterior, remítasele de nueva cuenta a la autoridad responsable Comandante del 89 Batallón de Infantería, con domicilio en carretera Internacional Los Mochis- Navojoa, kilómetro 11.5, copia de la resolución incidental dictado en el incidente innominado, en el presente juicio de amparo, en fecha veintinueve de julio del presente año, para los efectos legales correspondientes.

  4. Principal

    Único. PROCEDASE en los términos establecidos en el considerando tercero del presente incidente.

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