Miguel Esparza Corral

Expediente 479/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
479/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
11/01/2019

Partes del expediente

  • Miguel Esparza Corral
  • Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL QUEJOSO.Ensenada, Baja California, once de enero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el juez Primero de lo Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa los actos tendentes para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y al efecto, anexa copia certificada del auto de nueve de enero de dos mil diecinueve, para acreditar el cumplimiento al fallo protector. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días hábiles para que manifieste lo que en derecho convenga, corriéndole traslado con copia de las constancias de referencia, transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, tráiganse los autos a la vista para dictar lo procedente en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable. .

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en relación con los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, 86, 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales procedentes. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, al en que quede notificado del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, debiendo dentro del propio lapso informar a este órgano de control constitucional sobre las medidas decretadas en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria en comento, para lo cual deberá remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo."

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 Y 27 FRACCION I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA Y EMPLAZA AL TERCERO INTERESADO Banco Nacional de México Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex.Ensenada, Baja California, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Miguel Esparza Corral, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de diez de octubre del año en curso, informando diversos domicilios donde puede ser emplazada la moral tercero interesada Banco Nacional de México Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex. En consecuencia, se ordena a la actuaria de este órgano jurisdiccional la emplace por conducto de quien legalmente la represente, en el domicilio ubicado en avenida Ryerson, número 279, Zona Centro de esta ciudad, corriéndole traslado con copias debidamente selladas, foliadas y rubricadas de la demanda de amparo, auto admisorio proveído de cinco del mes y año en curso y del presente. De igual forma, deberá requerirla para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo. Asimismo, deberá hacerle del conocimiento la fecha en que tendrá verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos fundamentales en que se actúa. Finalmente, para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las nueve horas con veintiséis minutos del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo su desahogo. Ensenada, Baja California, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos con vista a las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional relativa. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, las documentales que adjunta a su informe relativas al juicio ordinario civil 860/2013-C, de su índice, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza; por tanto, dese vista a las partes con el contenido de las mismas, tal como lo dispone el citado artículo, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. De igual forma, con las constancias que integran el juicio ordinario civil 860/2013-C, fórmese un tomo de pruebas por separado con los datos que lo identifiquen con el presente asunto. Por otra parte, ya que mediante proveído de dos de octubre del año en curso, se reservó proveer respecto del emplazamiento de la parte tercero interesada, hasta en tanto obraran en autos las constancias de las cuales emana el acto reclamado; y ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que les reviste dicho carácter a Gonzalo Gómez Ruiz -adjudicatario-,con domicilio en calle ocho, número 1348, colonia Obrera, código postal 22830, en esta ciudad y Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, por conducto de quien legalmente lo represente, con domicilio en, calle Cuarta, número 1445, local número 4, de la colonia Obrera, de esta ciudad, en términos de la fracción III, inciso a) y b) del artículo 5º, de la Ley de Amparo -respectivamente-; en consecuencia, se ordena a la actuaria de este órgano jurisdiccional los emplace en los domicilios antes indicados, corriéndoles traslado con copias debidamente selladas, foliadas y rubricadas de la demanda de amparo, auto admisorio y el presente proveído. Asimismo, deberá requerirlos para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo. De igual forma, deberá hacerles del conocimiento que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio. Por último, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana, recibido vía electrónica, mediante el cual acusa recibo el exhorto local 139/2018 (número de orden 234/2018), del índice de este órgano jurisdiccional, informando que se ordenó la práctica de la diligencia encomendada. Ensenada, Baja California, dos de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por el juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 1384/2018, de su índice, toda vez que mediante proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Miguel Esparza Corral, por los motivos que expone. Atento a lo anterior, se acepta la competencia declinada; en consecuencia, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo de estilo vía electrónica; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional con el número 479/2018. Ahora, por lo que hace a la autoridad responsable secretario de acuerdos del Juzgado Primero de lo Civil, con residencia en esta ciudad, se desecha la demanda de amparo, pues la función que realiza dicho funcionario público, es la de dar fe de los actos que efectúa el juez Primero de lo Civil, con residencia en esta ciudad, sin facultad decisoria; en consecuencia, no se da la hipótesis de la fracción II del artículo 5 de la ley de la materia. Sirve de aplicación al respecto por identidad de razones el criterio de jurisprudencia sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, consultable bajo el número J/20, visible en la página ochenta y siete Tomo VII, enero de 1991, Página cuyo rubro dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional" Por lo que hace a las demás autoridades responsables señaladas en el escrito inicial de demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo; sin que sea el caso tramitar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las responsables quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días hábiles siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, con la anticipación que permita su conocimiento por la parte quejosa, al menos ocho días hábiles antes de la celebración de la audiencia constitucional, apercibidas que de no rendirlo, o lo hagan sin remitir, en su caso, copias certificadas completas y legibles de las constancias necesarias, tal y como lo exige el artículo 117 de la Ley de Amparo, en la sentencia respectiva, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables las penas en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento a las autoridades responsables, que si bien se les otorga un término de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días hábiles previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la medida de apremio decretada. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables y demás partes que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causa de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,418.00 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación, que establece el ordinal 251 de la ley de la materia. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se les hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir el oficio que se gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de las autoridades que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir los mismos, se harán acreedoras a una multa de 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Se autoriza a la secretaria de juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. Por otra parte, se tiene como autorizados de su parte a los profesionistas que menciona. Respecto de los terceros interesados que refiere la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, este órgano jurisdiccional se reserva su emplazamiento hasta en tanto obren en autos las constancias de las cuales emana el acto reclamado, a fin de verificar a quién o quiénes les asiste tal carácter. Asimismo, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase a la parte promovente ofreciendo como pruebas, las documentales que adjuntó a su escrito de demanda; mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórense al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas en la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas; lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que al respecto opere la suplencia de la queja deficiente conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables, se tomará en consideración en su oportunidad, ya que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que prevé la impartición de justicia pronta y expedita; y conforme al principio de celeridad procesal. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Durango, número 2263, colonia Madero (Cacho) en la ciudad de Tijuana, Baja California, es decir fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional se sirva notificar el presente proveído a la parte quejosa Miguel Esparza Corral, en el domicilio precisado con antelación. Asimismo, deberá requerirlo para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que sea notificado del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones; con el apercibimiento, que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les practicarán por medio de lista, en los términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; de igual forma, les haga de su conocimiento la fecha en que tendrá verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Solicitando que tan pronto sea diligenciado el exhorto ordenado lo devuelvan en conjunto con las actuaciones practicadas; así también, se faculta al juez, para que emita todos los proveídos necesarios, por lo que podrá imponer las medidas de apremio necesarias, habilitando desde este momento días y horas inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; así también, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que la información confidencial a que alude el artículo 113, de la citada ley, no se incluyan en la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conlleva su consentimiento; asimismo, que no será necesaria su aprobación en los casos que dispone el precepto 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por la secretaría del juzgado. Finalmente, con fundamento en el artículo 5º, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Notifíquese, por exhorto a la parte quejosa y personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.(SE DEJA COPIA DE LA DEMANDA A SU DISPOSICION EN LA SECRETARIA RESPECTIVA)

  4. Principal

    RESUELVE: AMPARA..

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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