Miguel Ernesto Leetch San Pedro

Expediente 1154/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1154/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
04/11/2019

Partes del expediente

  • Miguel Ernesto Leetch San Pedro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta a través del cual el autorizado de la parte quejosa, manifiesta que se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable Instituto de la Función Registral en el Estado de México, solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente asunto, así como la devolución del instrumento notarial veinticuatro mil trescientos ochenta y cinco exhibido en el escrito de demanda. Atento a lo anterior, respecto a su primera manifestación deberá estarse a lo acordado en auto de veinticinco de octubre pasado, donde este Juzgado declaró por cumplido el fallo protector. Por otra parte, de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, expídase la copia solicitada a costa del promovente, en el entendido que quien se presente a recogerlas deberá exhibir una identificación oficial vigente y copia simple de ésta para debida constancia legal de su entrega. Finalmente, acorde con el numeral 280, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, hágase la devolución del instrumento notarial referido previa certificación de éste y comparecencia del ocursante; sin que se deje en autos copia simple del documento devuelto por ser un asunto concluido, pero se asentará constancia legal de su entrega. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de diecisiete de octubre del año actual, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, a fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio se promovió por Miguel Ernesto Leetch San Pedro, contra: - La aprobación, expedición y promulgación de los artículos 95 fracción I inciso c) rango 6 de la Tarifa, y el artículo 95 fracción II rango 6 de la Tarifa, ambos del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en dos mil dieciséis; y, su primer acto de aplicación por parte del Instituto de la Función Registral del Estado de México, al realizarse el cobro de las cantidades pagadas por concepto de derechos para inscribir ante el Instituto de la Función Registral la compraventa contenida en la escritura respecto la adquisición de un inmueble. . Mediante sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 75 a 87), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Miguel Ernesto Leetch San Pedro, contra el acto y autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero, para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia" La concesión del amparo fue para que las autoridades responsables, realizara lo siguiente: a) En lo sucesivo, no se aplique al quejoso el numeral 95, fracción I, inciso C, en relación con el rango 6 de la tarifa y fracción II, rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el dos mil dieciséis. b) Dicha protección constitucional se hizo extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado al agraviado, por ende, se debía devolver, actualizado, de forma debida, la cantidad que resulte de la diferencia entre lo que pagó el solicitante de amparo, y la cuota mínima establecida en el precepto impugnado. Además se hizo la aclaración que el efecto del amparo no tenía el alcance de liberar en su totalidad a los gobernados del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera del quejoso la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, debía hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. Posteriormente, en auto de catorce de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la autoridad responsable Instituto de la Función Registral, el cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, se registró con el número 363/2016-IV y mediante ejecutoria dictada el diecinueve de septiembre pasado, desechó el recurso de revisión hecho valer por la autoridad responsable de mérito. Ante ello, en proveído de nueve de octubre anterior, se requirió a las autoridades responsables dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 137). Asimismo, mediante oficio presentado el quince de octubre de este año en la oficialía de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, (fojas 148 y 149), la Directora Técnico Jurídica y de Igualdad de Género y en representación de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió copia certificada del cheque 0005657 de la institución bancaria Scotiabank de catorce de los cursantes por la cantidad de $35,002.20 (treinta y cinco mil dos pesos 20/100 moneda nacional), a nombre del quejoso (cumplimiento al punto b), asimismo, hizo del conocimiento que no aplicaría a la parte quejosa el numeral 95, fracción I, inciso C, en relación con el rango 6 de la tarifa y fracción II, rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el dos mil dieciséis (cumplimiento al punto a). Por su parte, las responsables creadoras de la Ley informaron que no había materia para cumplir con la ejecutoria, por no estar vinculadas con ello; lo cual se considera acertado, ya que la sentencia de amparo no atenta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de la eficacia general. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, página 301, del contenido siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. SE LISTA AVISO.... Toluca, Estado de México; veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de diecisiete de octubre del año actual, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, a fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio se promovió por Miguel Ernesto Leetch San Pedro, contra: - La aprobación, expedición y promulgación de los artículos 95 fracción I inciso c) rango 6 de la Tarifa, y el artículo 95 fracción II rango 6 de la Tarifa, ambos del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en dos mil dieciséis; y, su primer acto de aplicación por parte del Instituto de la Función Registral del Estado de México, al realizarse el cobro de las cantidades pagadas por concepto de derechos para inscribir ante el Instituto de la Función Registral la compraventa contenida en la escritura respecto la adquisición de un inmueble. . Mediante sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 75 a 87), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Miguel Ernesto Leetch San Pedro, contra el acto y autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero, para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia" La concesión del amparo fue para que las autoridades responsables, realizara lo siguiente: a) En lo sucesivo, no se aplique al quejoso el numeral 95, fracción I, inciso C, en relación con el rango 6 de la tarifa y fracción II, rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el dos mil dieciséis. b) Dicha protección constitucional se hizo extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado al agraviado, por ende, se debía devolver, actualizado, de forma debida, la cantidad que resulte de la diferencia entre lo que pagó el solicitante de amparo, y la cuota mínima establecida en el precepto impugnado. Además se hizo la aclaración que el efecto del amparo no tenía el alcance de liberar en su totalidad a los gobernados del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera del quejoso la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, debía hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. Posteriormente, en auto de catorce de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la autoridad responsable Instituto de la Función Registral, el cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, se registró con el número 363/2016-IV y mediante ejecutoria dictada el diecinueve de septiembre pasado, desechó el recurso de revisión hecho valer por la autoridad responsable de mérito. Ante ello, en proveído de nueve de octubre anterior, se requirió a las autoridades responsables dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 137). Asimismo, mediante oficio presentado el quince de octubre de este año en la oficialía de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, (fojas 148 y 149), la Directora Técnico Jurídica y de Igualdad de Género y en representación de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió copia certificada del cheque 0005657 de la institución bancaria Scotiabank de catorce de los cursantes por la cantidad de $35,002.20 (treinta y cinco mil dos pesos 20/100 moneda nacional), a nombre del quejoso (cumplimiento al punto b), asimismo, hizo del conocimiento que no aplicaría a la parte quejosa el numeral 95, fracción I, inciso C, en relación con el rango 6 de la tarifa y fracción II, rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el dos mil dieciséis (cumplimiento al punto a). Por su parte, las responsables creadoras de la Ley informaron que no había materia para cumplir con la ejecutoria, por no estar vinculadas con ello; lo cual se considera acertado, ya que la sentencia de amparo no atenta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de la eficacia general. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, página 301, del contenido siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°., agréguese a los autos los oficios signados por el Directora Técnico Jurídica y de Igualdad de Género y en representación de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, así como el Delegado de la Legislatura del Estado de México, a través de los cuales informan sobre el cumplimiento al fallo protector y para acreditar si dicho la primera de las nombradas remite copia certificada del cheque 0005657 de la institución bancaria Scotiabank de catorce de los cursantes por la cantidad de $35,002.20 (treinta y cinco mil dos pesos 20/100 moneda nacional), a nombre del quejoso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dése vista a la parte quejosa, con los oficios de cuenta enviados por las autoridades responsables, así como el diverso acordado el quince de los actuales, por el plazo de tres días, contado legalmente, a fin de que manifieste lo conducente a sus intereses en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibido que de no hacerlo, este juzgado resolverá lo conducente con las constancias de autos. Al caso es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 247 publicada en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo VI, Materia Común del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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