Miguel Eric Cruz Santiago

Expediente 902/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
902/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
17/11/2020

Partes del expediente

  • Miguel Eric Cruz Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Vistas las constancias que integran los presentes autos, se declara que dicho auto ha causado estado...archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido... este expediente es susceptibles de DEPURACIÓN. Por tanto, devuélvase a la parte quejosa los documentos que exhibió en el presente juicio, en la inteligencia que los que obran agregados en original, de conformidad con lo previsto en el citado Acuerdo General, se ponen a su disposición por el plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin que se presente en el local de este Juzgado y los recoja, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho plazo será destruido junto con las constancias que correspondan. En ese sentido, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL AVISO DE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO CUYA SÍNTESIS ES: Vistas las constancias que integran los presentes autos, se declara que dicho auto ha causado estado...archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido... este expediente es susceptibles de DEPURACIÓN. Por tanto, devuélvase a la parte quejosa los documentos que exhibió en el presente juicio, en la inteligencia que los que obran agregados en original, de conformidad con lo previsto en el citado Acuerdo General, se ponen a su disposición por el plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin que se presente en el local de este Juzgado y los recoja, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho plazo será destruido junto con las constancias que correspondan. En ese sentido, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Vistas las constancias que integran los autos del juicio de amparo en que se actúa, de las que se desprende que el plazo de TRES DÍAS concedido a la parte quejosa mediante proveído del dieciocho de agosto de dos mil veinte, ha transcurrido en su totalidad, sin que a la fecha en que se actúa haya realizado manifestación alguna al respecto, por lo que tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector en atención a lo siguiente: Este Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictó la sentencia definitiva en el presente juicio, mediante la cual, en su primer punto resolutivo determinó sobreseer en el juicio de amparo y en el segundo determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los siguientes efectos: "De conformidad con el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, la sentencia en la que se conceda el amparo debe señalar los efectos o medidas en que se traduce la concesión. Asimismo, en el artículo 78 de la Ley de Amparo, se establece que cuando el acto reclamado lo constituya una norma de carácter general, como lo es el Código Fiscal de la Ciudad de México, el efecto se traduce en que se inaplique en la esfera del quejoso, así como especificar medidas necesarias para restituirle en el pleno goce del derecho violado. En ese sentido, la concesión de la protección constitucional tiene el efecto de que la autoridad responsable: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de Miguel Eric Cruz Santiago, la hipótesis legal contenida en el artículo 196, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en dos mil diecinueve, de modo que no pueda aplicarse en el presente ni lo futuro hasta en tanto no se reforme la mecánica del tributo. 2. Devuelva la cantidad que pagó en exceso por dicho concepto, en la inteligencia que el quejoso se encuentra obligado, a contribuir conforme a la tarifa establecida en el primer párrafo del artículo 196 del Código Fiscal de la Ciudad de México a razón de $1838.00 (mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), al constituir la cuota mínima general por ese servicio." Inconforme con la anterior determinación, el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal en representación de la Jefa de Gobierno, ambos de la Ciudad de México de la Ciudad de México recurrió la sentencia dictada por este juzgado, del cual correspondió conocer por razón de turno, al Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrándolo bajo el toca R.A. 461/2019, quien mediante resolución dictada en sesión del catorce de noviembre de dos mil diecinueve, determinó lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MIGUEL ERICK CRUZ SANTIAGO, por las razones expuestas y para los efectos precisados en la sentencia recurrida." Una vez recibidos los autos originales del sumario en que se actúa, enviados por la Superioridad, mediante proveído del dos de diciembre de dos mil diecinueve, este juzgado requirió a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, realizara lo siguiente: 1. Desincorporara de la esfera jurídica de Miguel Eric Cruz Santiago, la hipótesis legal contenida en el artículo 196, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en dos mil diecinueve, de modo que no pueda aplicarse en el presente ni lo futuro hasta en tanto no se reforme la mecánica del tributo. 2. Devolviera la cantidad que pagó en exceso por dicho concepto, en la inteligencia que el quejoso se encuentra obligado, a contribuir conforme a la tarifa establecida en el primer párrafo del artículo 196 del Código Fiscal de la Ciudad de México a razón de $1838.00 (mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), al constituir la cuota mínima general por ese servicio." Seguidos los trámites, las autoridades responsables indicaron que la autoridad competente para efecto de devolver al quejoso la cantidad pagada en exceso, correspondía a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, quien a su vez en su carácter de autoridad vinculada indicó que las gestiones necesarias para la entrega de dicha cantidad debían ser efectuadas por la Administradora Tributaria en San Borja. Seguidos los trámites correspondientes, mediante oficios registrados con los folios 7691, 7757 y 7879, el Director de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios, el Subdirector Divisional de Administración Tributaria en San Borja así como el Subtesorero de Administración Tributaria respectivamente, informaron a este juzgado que se encontraba a disposición de la parte quejosa el aviso de pago emitido a su favor, por lo que en auto del siete de agosto de dos mil veinte, se le requirió a dicha parte, a efecto de que se constituyera en las oficinas de la administración en cita y recibiera el pago de mérito, circunstancia que aconteció el once de agosto del año en curso, tal como se corrobora de las documentales que fueron exhibidas a través del oficio registrado con el folio 8504 remitidas por la propia autoridad hacendaria. Atento a lo anterior, mediante auto del dieciocho de agosto de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito dio vista a la parte quejosa con dichas documentales, a efecto que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento total a la ejecutoria de mérito, quedando debidamente notificada de dicho auto, tal como se desprende de la constancia de notificación personal que obra en autos, no obstante lo anterior, la parte quejosa no desahogó dicha vista. Por lo que atendiendo a las constancias que integran el expediente en que se actúa, este órgano de control constitucional considera cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que de las documentales remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se dio cumplimiento a lo requerido por este Juzgado de Distrito; es decir, pagó a la parte quejosa la cantidad de $33,138.00 treinta y tres mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) Lo anterior es así toda vez que en autos la parte quejosa acreditó haber pagado la cantidad de $36,814.00 (treinta y seis mil ochocientos catorce pesos 00/100 moneda nacional), a la cual se debe restar la suma de $3,676.00 (tres mil seiscientos setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional) al constituir la cuota mínima general por ese servicio por concepto de derecho de inscripción de compraventa y de la garantía hipotecaria respectivamente, dando como resultado la cantidad de $33,138.00 treinta y tres mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), cantidad pagada en autos. De ahí que, se puede afirmar que con las actuaciones exhibidas ante este órgano jurisdiccional, la ejecutoria de amparo fue acatada por la autoridad obligada. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis aislada II.2o.C.T.28 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 677 del tomo VI, Septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "EJECUTORIAS DE AMPARO DEBEN ACATARSE FIELMENTE POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, REITERÁNDOSE LO AHÍ DETERMINADO PARA RESTABLECER LA GARANTÍA VULNERADA. De acuerdo con lo que estatuye el artículo 80 de la Ley de Amparo, la concesión de la protección federal conlleva efectos restitutorios implícitos, de ahí que deba observarse su alcance pleno para restablecer el goce de las garantías individuales vulneradas. Por tanto, la responsable tiene el deber de apegarse a lo resuelto en la ejecutoria de amparo, exteriorizando en el nuevo fallo los términos y alcances de la protección federal, para considerar correcto su cumplimiento; así, evitará incurrir en desacato o en la repetición del acto reclamado." Por lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que el fallo protector ha quedado puntualmente cumplido, toda vez que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, y notifíquese personalmente a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de la fracción I, del artículo 201 de la Ley de la Materia. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL AVISO DE OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEIDO CUYA SINTESIS ES: "Vistas las constancias que integran los autos del juicio de amparo en que se actúa, de las que se desprende que el plazo de TRES DÍAS concedido a la parte quejosa mediante proveído del dieciocho de agosto de dos mil veinte, ha transcurrido en su totalidad, sin que a la fecha en que se actúa haya realizado manifestación alguna al respecto, por lo que tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector en atención a lo siguiente: Este Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictó la sentencia definitiva en el presente juicio, mediante la cual, en su primer punto resolutivo determinó sobreseer en el juicio de amparo y en el segundo determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los siguientes efectos: "De conformidad con el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, la sentencia en la que se conceda el amparo debe señalar los efectos o medidas en que se traduce la concesión. Asimismo, en el artículo 78 de la Ley de Amparo, se establece que cuando el acto reclamado lo constituya una norma de carácter general, como lo es el Código Fiscal de la Ciudad de México, el efecto se traduce en que se inaplique en la esfera del quejoso, así como especificar medidas necesarias para restituirle en el pleno goce del derecho violado. En ese sentido, la concesión de la protección constitucional tiene el efecto de que la autoridad responsable: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de Miguel Eric Cruz Santiago, la hipótesis legal contenida en el artículo 196, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en dos mil diecinueve, de modo que no pueda aplicarse en el presente ni lo futuro hasta en tanto no se reforme la mecánica del tributo. 2. Devuelva la cantidad que pagó en exceso por dicho concepto, en la inteligencia que el quejoso se encuentra obligado, a contribuir conforme a la tarifa establecida en el primer párrafo del artículo 196 del Código Fiscal de la Ciudad de México a razón de $1838.00 (mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), al constituir la cuota mínima general por ese servicio." Inconforme con la anterior determinación, el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal en representación de la Jefa de Gobierno, ambos de la Ciudad de México de la Ciudad de México recurrió la sentencia dictada por este juzgado, del cual correspondió conocer por razón de turno, al Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrándolo bajo el toca R.A. 461/2019, quien mediante resolución dictada en sesión del catorce de noviembre de dos mil diecinueve, determinó lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MIGUEL ERICK CRUZ SANTIAGO, por las razones expuestas y para los efectos precisados en la sentencia recurrida." Una vez recibidos los autos originales del sumario en que se actúa, enviados por la Superioridad, mediante proveído del dos de diciembre de dos mil diecinueve, este juzgado requirió a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, realizara lo siguiente: 1. Desincorporara de la esfera jurídica de Miguel Eric Cruz Santiago, la hipótesis legal contenida en el artículo 196, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en dos mil diecinueve, de modo que no pueda aplicarse en el presente ni lo futuro hasta en tanto no se reforme la mecánica del tributo. 2. Devolviera la cantidad que pagó en exceso por dicho concepto, en la inteligencia que el quejoso se encuentra obligado, a contribuir conforme a la tarifa establecida en el primer párrafo del artículo 196 del Código Fiscal de la Ciudad de México a razón de $1838.00 (mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), al constituir la cuota mínima general por ese servicio." Seguidos los trámites, las autoridades responsables indicaron que la autoridad competente para efecto de devolver al quejoso la cantidad pagada en exceso, correspondía a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, quien a su vez en su carácter de autoridad vinculada indicó que las gestiones necesarias para la entrega de dicha cantidad debían ser efectuadas por la Administradora Tributaria en San Borja. Seguidos los trámites correspondientes, mediante oficios registrados con los folios 7691, 7757 y 7879, el Director de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios, el Subdirector Divisional de Administración Tributaria en San Borja así como el Subtesorero de Administración Tributaria respectivamente, informaron a este juzgado que se encontraba a disposición de la parte quejosa el aviso de pago emitido a su favor, por lo que en auto del siete de agosto de dos mil veinte, se le requirió a dicha parte, a efecto de que se constituyera en las oficinas de la administración en cita y recibiera el pago de mérito, circunstancia que aconteció el once de agosto del año en curso, tal como se corrobora de las documentales que fueron exhibidas a través del oficio registrado con el folio 8504 remitidas por la propia autoridad hacendaria. Atento a lo anterior, mediante auto del dieciocho de agosto de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito dio vista a la parte quejosa con dichas documentales, a efecto que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento total a la ejecutoria de mérito, quedando debidamente notificada de dicho auto, tal como se desprende de la constancia de notificación personal que obra en autos, no obstante lo anterior, la parte quejosa no desahogó dicha vista. Por lo que atendiendo a las constancias que integran el expediente en que se actúa, este órgano de control constitucional considera cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que de las documentales remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se dio cumplimiento a lo requerido por este Juzgado de Distrito; es decir, pagó a la parte quejosa la cantidad de $33,138.00 treinta y tres mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) Lo anterior es así toda vez que en autos la parte quejosa acreditó haber pagado la cantidad de $36,814.00 (treinta y seis mil ochocientos catorce pesos 00/100 moneda nacional), a la cual se debe restar la suma de $3,676.00 (tres mil seiscientos setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional) al constituir la cuota mínima general por ese servicio por concepto de derecho de inscripción de compraventa y de la garantía hipotecaria respectivamente, dando como resultado la cantidad de $33,138.00 treinta y tres mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), cantidad pagada en autos. De ahí que, se puede afirmar que con las actuaciones exhibidas ante este órgano jurisdiccional, la ejecutoria de amparo fue acatada por la autoridad obligada. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis aislada II.2o.C.T.28 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 677 del tomo VI, Septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "EJECUTORIAS DE AMPARO DEBEN ACATARSE FIELMENTE POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, REITERÁNDOSE LO AHÍ DETERMINADO PARA RESTABLECER LA GARANTÍA VULNERADA. De acuerdo con lo que estatuye el artículo 80 de la Ley de Amparo, la concesión de la protección federal conlleva efectos restitutorios implícitos, de ahí que deba observarse su alcance pleno para restablecer el goce de las garantías individuales vulneradas. Por tanto, la responsable tiene el deber de apegarse a lo resuelto en la ejecutoria de amparo, exteriorizando en el nuevo fallo los términos y alcances de la protección federal, para considerar correcto su cumplimiento; así, evitará incurrir en desacato o en la repetición del acto reclamado." Por lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que el fallo protector ha quedado puntualmente cumplido, toda vez que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, y notifíquese personalmente a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de la fracción I, del artículo 201 de la Ley de la Materia. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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