Miguel Eric Cruz Santiago
Expediente 1003/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 73 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1003/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 73
- Última actuación
- 06/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Miguel Eric Cruz Santiago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 73.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; seis de mayo de dos mil veintiuno. Visto; se tiene por recibido el oficio enviado electrónicamente con evidencia criptográfica por el Juez y Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual hace conocimiento el contenido de su acuerdo de ocho de marzo del año en curso, en el que solicita a este juzgado federal, que de no existir inconveniente legal alguna, realice la notificación de dicho proveído y la remita en copia certificada. En atención a su contenido, y como lo solicita el juzgado oficiante, se faculta al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para el efecto de que notifique por lista a la parte quejosa Miguel Eric Cruz Santiago, por así haber señalado los estrados para recibir notificaciones en este órgano jurisdiccional, el contenido del proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México, y una vez realizado, remítasele la misma en copia certificada vía electrónica, para los efectos legales conducentes. Finalmente, y no habiendo mas actuaciones que realizar, se ordena devolver al archivo de este juzgado federal, para su resguardo el cuaderno en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. COMO SE ENCUENTRA ORDENADO, NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO, EL DIVERSO AUTO DE OCHO DE MARZO DEL AÑO ACTUAL, DICTADO DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 1259/2019, DEL INDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGION, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL CUAL ES DEL TEXTO SIGUIENTE: Ciudad de México, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que por Circular SECNO/29/2020, emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos procesales en el presente asunto en razón del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y, que en atención a la diversa Circular SECNO/10/2021, emitida en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, y de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020 y 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se permite reanudar la secuela procedimental a partir del estado procesal en que se encuentre cada asunto; por tanto, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, entre los cuales se encuentra el presente asunto. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, por medio del cual en atención a lo solicitado por este juzgado federal, envía la resolución emitida en el IMPEDIMENTO 13/2018 de su índice. Acúsese recibo de estilo correspondiente y estese a lo resuelto por el Pleno del Tribunal de Alzada, que determinó: "ÚNICO. Se declara sin materia el presente impedimento" Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes. ESTADO PROCESAL. Ahora bien, previo a emitir el acuerdo relativo hay que esclarecer los hechos que llevaron a conocer el presente juicio de amparo: Por escritos presentados vía juicio en línea en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, Miguel Eric Cruz Santiago, promovió demandas de amparo contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades. Las demandas fueron turnadas al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, donde fueron radicadas con los números de expedientes 1003/2018 y 1005/2018; y por auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, el titular del citado órgano jurisdiccional tomando en consideración que ambas demandas fueron promovidas por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y actos reclamados, decretó su acumulación; y en el mismo proveído, se declaró impedido para conocer del asunto de que se trata, por considerar que se actualizaba la causa de impedimento que establece el artículo 51, fracción VI, de la Ley de Amparo; por lo que reservó proveer sobre su admisión y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, a efecto de que emitiera la calificación correspondiente. Por razón de turno, el conocimiento del impedimento hecho valer por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en donde se registró con el número de toca Impedimento- 13/2018. Luego, por auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, el juez de origen en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó declararse legalmente incompetente para conocer del asunto y declino competencia a favor del Juez de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, en turno, ordenando remitir el cuaderno de antecedentes respectivo, en razón de que los autos originales se encontraban con la superioridad. Por razón de turno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, remitió el cuaderno de antecedentes del asunto de que se trata a este órgano jurisdiccional, en donde por auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, radicó el asunto registrándolo con el número de expediente 1259/2019; reservando acordar lo conducente respecto a su admisión, hasta en tanto, se resolviera el impedimento planteado en autos. Posteriormente, por auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, se recibió el oficio 6181/2019, por medio del cual el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, remitió los autos originales del expediente en que se actúa, estando pendiente de resolución la excusa planteada por el juez de origen y por diverso comunicado 6480/2019 informó que ordenó el aplazamiento del impedimento en cumplimiento al Acuerdo 12/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, toda vez que en líneas precedentes fue recibido el testimonio de la resolución dictada en el impedimento 13/2018 del índice del ?????????????? Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, se levanta la reserva decretada en autos y se provee respecto de las demandas de amparo lo siguiente: CONVALIDACIÓN DE ACTUACIONES Con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo establece el ordinal 2 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional convalida las actuaciones emitidas por el Juzgado de origen, particularmente el proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se ordenó la acumulación de las demandas de amparo 1003/2018 y 1005/2018, de su índice, promovidas por Miguel Eric Cruz Santiago, por propio derecho. DESECHAMIENTO PARCIAL De conformidad a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de las demandas de amparo y de los documentos que a éstas se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitieran las demandas y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, cuyo texto señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;" El precepto establece la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las adiciones y reformas a la Constitución implican agregar o modificar los principios, reglas, disposiciones y decisiones fundamentales referidas al funcionamiento, atribuciones y organización de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos constitucionales autónomos, así como las relaciones con los particulares. El procedimiento de adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se contiene en el artículo 135, que establece: "Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas." Dicho procedimiento se encuentra conferido exclusivamente al denominado poder reformador, que se conforma por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en el Congreso de la Unión además de la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. Asimismo, el Congreso de la Unión o, en su caso, la Comisión Permanente, hace el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaratoria de aprobación de las adiciones o reformas. Apuntado qué es una reforma o adición a la Constitución General, corresponde determinar el fundamento constitucional de la causa de improcedencia contra adiciones y reformas a éste. Su fundamento se encontraba implícito en los artículos 103, fracción I y 133 que prevén: Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. La primera norma constitucional citada establece que los Tribunales de la Federación resolverán las controversias suscitadas por normas generales, acto u omisiones que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el segundo precepto, refiere que las leyes del Congreso de la Unión y todos los tratados deben ser acordes con la Constitución y emanar de ella. En ese sentido, las violaciones a derechos humanos pueden provenir de normas generales, actos u omisiones, no respecto de nuestro máximo ordenamiento aunado a que todos los ordenamientos deben ser acordes a la Constitución -denominado principio de supremacía constitucional-. La causa de improcedencia analizada, fue creación jurisprudencial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la Ley de Amparo abrogada el dos de abril de dos mil trece, no la previó. En principio, la Corte estimó que era procedente el juicio de amparo contra el proceso de reformas constitucionales. El criterio mencionado se estableció por el Tribunal Pleno, en el amparo en revisión 1334/1998, del que derivó la tesis aislada P. LXVI/99, con número de registro 193253, y rubro: "REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE DE LA EXPRESIÓN, EN EXCLUSIVA, DE VIOLACIONES RELACIONADAS CON EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN."1 A raíz de la controversia constitucional 82/2001, el Alto Tribunal cambió el criterio, estableciendo que en vía jurisdiccional no podía analizarse el procedimiento de reformas y adiciones regulado en el artículo 135 constitucional, puesto que las dos terceras partes del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales que intervienen en ese proceso, no actuaban en su carácter aislado de órganos ordinarios constituidos, sino en su función extraordinaria de Órgano Reformador de la Constitución Federal, realizando una función de carácter exclusivamente constitucional, no equiparable a la de ninguno de los órdenes parciales. El criterio mencionado, se desprende de la jurisprudencia P./J. 39/2002, con número de registro 185941, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL." Este criterio cambió nuevamente cuando el Pleno del Alto Tribunal resolvió el amparo en revisión 186/2008, en donde sostuvo que el órgano encargado de reformar la Constitución Federal, es limitado y sujeto necesariamente a las normas de competencia establecidas en el texto constitucional, por lo cual, era jurídica y constitucionalmente posible admitir que un Estado Constitucional debe prever medios de control sobre aquellos actos reformatorios que se aparten de las reglas constitucionales. Dicho criterio se estableció en las tesis aisladas P. LXXV/2009 y P. LXXVI/2009, con números de registro165713 y 165708; y de rubros: "PODER REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN. EL PROCEDIMIENTO REFORMATORIO RELATIVO EMANADO DE ESTE ÓRGANO CON FACULTADES LIMITADAS, ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL." 1 De texto: "La improcedencia del juicio de garantías por ausencia de expresión de conceptos de violación se encuentra fundamentada en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, siendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que este último dispositivo no exige formalidad alguna para plantear los argumentos de inconstitucionalidad en demandas de amparo indirecto, por ser suficiente para que el Juez de Distrito deba estudiarlos, que el quejoso exprese con claridad la causa de pedir, consistente en la lesión o agravio que estima le produce el acto, resolución o ley impugnada, y los motivos que lo originaron, aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo. En consecuencia, cuando se impugne en amparo el proceso de reforma constitucional, basta que el quejoso exponga las razones por las cuales considera que dicho acto es contrario a las garantías individuales, para estimar satisfecho el requisito de expresión de conceptos de violación, sin que le sea exigible que sólo señale transgresiones al artículo 135 de la Constitución, porque el contenido de dicho dispositivo sólo consagra el procedimiento para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la propia Carta Magna, mas en parte alguna del precepto se establece que en el ejercicio de los medios de control constitucional deban argumentarse únicamente violaciones que incidan directamente con el citado procedimiento." "PROCEDIMIENTO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. NO ES MANIFIESTA NI INDUDABLE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA." Por su parte, la Segunda Sala de la Corte estableció la improcedencia de la impugnación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente contra el artículo 116, fracción IV, inciso E), -que regulaba disposiciones relativas a los partidos políticos y su derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargo de elección popular-; puesto que se permitiría registrar al quejoso como candidato a un cargo de elección popular, aun sin partido político; además se rompería con el principio de relatividad de las sentencias, pues la protección constitucional se extendería a personas extrañas. El criterio referido es la tesis aislada 2a. III/2013 (10a.), con registro 2002821 y rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR UN CIUDADANO SIN PARTIDO POLÍTICO CONTRA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Si bien es cierto que la Suprema Corte funcionando en Pleno, resolvió que era procedente impugnar vía amparo los actos que reforman la Constitución Federal; lo cierto es que, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, expresamente incorporó el impedimento para ejercer el control constitucional vía amparo contra adiciones y reformas al Máximo ordenamiento del país2. La Segunda Sala, ya abordó el estudio de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. En la jurisprudencia 2a./J. 3/2014 (10a.), sostuvo que los artículos constitucionales no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante alguno de los recursos establecidos en la Ley de Amparo, pues las normas que componen la Constitución General de la República constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. El criterio mencionado tiene el registro 2005466 y rubro siguiente: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. NO PUEDE REALIZARSE RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Por otro lado, en el amparo directo en revisión 4267/2013, la Sala señaló que resultan inoperantes los conceptos de violación y agravios que impugnen el procedimiento de reformas a la Constitución Federal, debido a que los derechos humanos previstos en tratados internacionales de la materia, se encuentran al mismo nivel de los derechos reconocidos en la Constitución Federal, conformando en todo momento un mismo catálogo o cuerpo de derechos humanos sin hacer referencia a una cuestión jerárquica. Además, se precisó que cuando se está en presencia de un supuesto de restricción, excepción o limitación constitucional inmediatamente prevalece o tiene 2 Además, ese impedimento que puede tener como precedente el criterio del Pleno de la Corte P./J. 39/2002. ?????????????? aplicación directa el texto constitucional, el cual constituye un esbozo y una manifestación clara del Constituyente Permanente, que no es susceptible de revisión constitucional, pues se trata de una decisión soberana del Estado Mexicano. El razonamiento se plasmó en la tesis aislada 2a. XXXI/2014 (10a.), de registro 2005939 y rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO Y AGRAVIOS EN SU REVISIÓN. SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE SE IMPUGNA UN PROCEDIMIENTO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN."3 La razón de la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inclusive sus procesos de reformas, resulta porque el órgano reformador ejerce una función soberana no sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la conformación del órgano y en la atribución constitucional de su función se encuentra su propia garantía4. Aunado a que dichas decisiones soberanas se refieren a principios, reglas, disposiciones y decisiones político fundamentales referidas a la organización, así como derechos fundamentales y garantías para su protección. Finalmente, importa resaltar que los artículos transitorios forman parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Corte al resolver el amparo en revisión 1238/2015. En ese asunto, se estableció si bien la vocación ordinaria de las disposiciones transitorias es precisar circunstancias de índole temporal relacionadas con la eficacia, vigencia, aplicación, aclaración, precisión, derogación y abrogación de las normas propiamente constitucionales; sin embargo, que no existía impedimento alguno para que en ellas se incorporan obligaciones de naturaleza sustantiva derivado del principio de unidad de la Constitución que obliga a interpretarla en su conjunto, sin que sus preceptos deban estar situados en determinada parte de su texto para adquirir la misma jerarquía que les caracteriza a la totalidad de ellos. El Pleno de la Corte en un diverso asunto, reiteró que las normas transitorias de una reforma a la Constitución Federal forman parte de la ley fundamental. Del asunto surgió la tesis aislada P. XLV/2004, de registro 180682 y rubro: "CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EL PLANTEAMIENTO DE QUE UNA LEY SECUNDARIA CONTRADICE EL TEXTO DE LAS NORMAS 3 De texto siguiente: "En el amparo directo puede alegarse la inconstitucionalidad de algún precepto dentro de los conceptos de violación de la demanda; no obstante, si en relación con tal precepto se actualiza alguna de las hipótesis que, si se tratare de un juicio de amparo indirecto, determinaría la improcedencia del juicio en su contra y el sobreseimiento respectivo, tratándose de un juicio de amparo directo, al no señalarse como acto reclamado tal norma general, el pronunciamiento del órgano que conozca del amparo debe hacerse únicamente en la parte considerativa de la sentencia, declarando la inoperancia de los conceptos de violación. Ahora, conforme a lo previsto en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, la acción de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Federal. Por tanto, son inoperantes los argumentos en los que se impugna un procedimiento de adición o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello en aplicación natural de lo previsto en la Ley de Amparo." 4 Consideración sostenida dentro de la controversia constitucional 82/2001, que si bien son referidas a ese tipo de control constitucional, resultan aplicables al juicio de amparo. TRANSITORIAS DE UNA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CONSTITUYE UN TEMA DE ESA NATURALEZA."5 Bajo esos razonamientos se estima que los artículos transitorios de la Constitución Federal son inimpugnables al constituir un único cuerpo normativo con el resto de los preceptos, que conformar el marco constitucional origen del orden jurídico nacional. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, ya analizó el tema y decidió que es improcedente el juicio de amparo contra los artículos transitorios de la Constitución General. Ese criterio está en la tesis aislada I.2o.A.E.10 K (10a.), de registro 2013646 y rubro: "ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN SU CONTRA."6 Una vez expuestas las anteriores consideraciones, procede analizar si el acto reclamado constituye una adición, reforma a la Constitución Federal, artículo transitorio o sus procesos de modificación o adición. En el caso, se reclama el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 123, apartado B, fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como sus artículos transitorios primero a quinto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve, así como el artículo 101, primero, penúltimo y último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actos en contra de los cuales no procede el juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia con registro 2012958, con rubro y texto: "ADICIONES O REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. El juicio de amparo es uno de los mecanismos a través de los cuales se hace efectiva la supremacía constitucional, la cual hace de la Ley Fundamental el referente de validez de la producción normativa que se somete a juicio; de ahí que, por ser auto referente, la Carta Magna no puede ser juzgada a la luz de ella misma. Luego, al ser la Constitución Federal la piedra angular del resto del sistema jurídico, rige en únicos 5 De texto: "El planteamiento que expresa que una ley secundaria contradice el texto de las normas transitorias de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye un tema de constitucionalidad de leyes, cuyo conocimiento corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello es así porque dichas normas transitorias forman parte de la propia Ley Fundamental, que son obra del Constituyente, y en su creación y modificación deben observarse los principios que establece su artículo 135, por lo que su obligatoriedad es de idéntico valor al del propio????????? e iguales términos para todos; y es justo en este punto donde se erige como el gran obstáculo que impide su análisis a través del juicio de amparo, ya que, en caso de dictarse una sentencia estimatoria, se producirían resultados inadmisibles dentro del sistema jurídico, pues no podría existir una Constitución para los quejosos amparados y otra para los demás gobernados. Por tanto, la improcedencia del juicio en contra de adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una limitación natural impuesta por el diseño constitucional del propio juicio, cuya ingeniería lo repele, dado que lo único que no puede ser inconstitucional es la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aceptar la procedencia del juicio contra reformas constitucionales, sea en lo atinente a aspectos de procedimiento legislativo o de contenido normativo, trastocaría elementos centrales del sistema de división de poderes y trastornaría, a la vez, el del propio juicio constitucional". De igual forma, lo señalado con anterioridad es acorde a lo resuelto por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja QA.- 36/2019, en sesión de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, criterio que comparte y hace suyo este órgano jurisdiccional. Por los motivos expuestos, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo se determina desechar las demandas de amparo, respecto a las Legislaturas de los Estados de la República Mexicana, del Congreso de la Ciudad de México, de las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en la discusión, aprobación, sanción, expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 123, apartado B, fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como sus artículos transitorios primero a quinto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve, así como el artículo 101, primero, penúltimo y último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción III de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: A efecto de analizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, debe acudirse a su contenido, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal;" El precepto establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal, es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Es el encargado de la administración, vigilancia y disciplina, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, de conformidad con el artículo 100, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de sus atribuciones constitucionalmente encomendadas, conforme al diverso 94 constitucional, a saber, las de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, así como las vinculadas con los conflictos de trabajo suscitados entre éste y sus trabajadores, son definitivas e inatacables; sin embargo, excepcionalmente, el juicio de amparo procede contra las decisiones que pueda afectar derechos de terceros que no forman parte de las estructuras del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en congruencia con los principios de interpretación más favorable a la persona de interpretación conforme, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción III de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que sólo se actualiza tratándose de los actos que hubieren sido emitidos por dicha autoridad en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales en lo que se refiere a su régimen interno, como lo es en este caso. Ahora bien, acorde a lo señalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, ha establecido que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, son terceros o personas ajenas al Poder Judicial de la Federación: 1) no sean parte de un conflicto entre el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores (segundo párrafo de la fracción XII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal); 2) estén fuera del ámbito del encargo del Consejo de la Judicatura Federal (artículo 94 constitucional); 3) no tengan relación con la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (artículo 100, párrafo noveno, de la Ley Suprema); 4) no tengan que ver con la expedición de acuerdos generales para el adecuado ejercicio de las funciones del citado Consejo (artículo 10, párrafo octavo, constitucional). En resumen, se consideran terceros o personas ajenas al Poder Judicial de la Federación quienes no tengan injerencia en las funciones para las que el Consejo de la Judicatura Federal fue expresamente creado ni existía vínculo laboral con éste y, por otra parte, sean afectadas por sus resoluciones; por tanto, toda vez que el nombramiento que ocupa la parte quejosa, fue expedido por el Consejo de la Judicatura Federal, resulta evidente que no encuadra en las excepciones de procedencia del juicio de amparo. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio que se plasmó en la tesis aislada P. XIII/2015 (10a.), con registro 2009919 y rubro: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, FUNCIONANDO EN PLENO O COMISIONES. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO ES CONFORME CON EL NUMERAL 100, PÁRRAFO NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 12/2013 (10a.)]." Por su parte, en la Segunda Sala de la Corte, siguiendo el criterio del Pleno previamente referido, señaló la procedencia del juicio de amparo contra el Consejo de la Judicatura Federal, por la omisión de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, debido a que la finalidad es que el? funcionario o servidor público dé respuesta a la petición formulada por escrito de manera pacífica y respetuosa. La Sala aclaró que esa decisión no regiría para aquellas solicitudes elevadas dentro de un procedimiento administrativo seguido ante el Consejo pues no obedecen a la naturaleza de lo que propiamente se conoce como derecho de petición. Tal razonamiento se encuentra en la jurisprudencia 2a./J. 122/2016 (10a.), con registro 2012719 y rubro: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CONTRA LA OMISIÓN DE RESPONDER UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Por lo expuesto, procede desechar de plano las demandas de amparo, respecto de los actos reclamados al Consejo de la Judicatura Federal, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción III de la Ley de Amparo. Por último, respecto al artículo 61, fracciones I, III y XXIII de la Ley de Amparo, también se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la jurisprudencia P./J. 1/2017 (10a.), cuyo rubro duce: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE CUESTIONA LA CONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO, TANTO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN COMO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SON COMPETENTES PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO, CON BASE EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS ORIGINARIA Y DELEGADA, SIN ATENDER AL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES INTRODUCIDO EN ESA INSTANCIA." La anterior determinación tiene sustento en lo razonado en la contradicción de tesis 361/2015, suscitada entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3 de noviembre de 2016, que dio nacimiento a la jurisprudencia referida, y que en lo que interesa dice: "Posibilidad de reclamar la inconstitucionalidad de la Ley de Amparo: 48. En sesión de veintiséis de enero de dos mil doce, este Tribunal Pleno resolvió el recurso de reclamación 130/2011, en el cual determinó que, a través de los recursos previstos en la Ley de Amparo, es posible cuestionar y analizar, a instancia de parte y de manera excepcional, la regularidad constitucional de las disposiciones de ese ordenamiento, siempre que se actualicen las siguientes condiciones:(20) a) La emisión de autos o resoluciones concretas de los órganos que conozcan del juicio de amparo. b) Se impugnen preceptos de la Ley de Amparo, cuya aplicación se actualice efectivamente dentro de los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales que conocen de ese juicio y que trasciendan al sentido de la decisión adoptada, y c) La existencia de un recurso procedente contra el acto de aplicación de los preceptos de esa ley tildados de inconstitucionales, en el cual pueda analizarse tanto la legalidad de su acto de aplicación, como la regularidad constitucional de esas normas, en su caso. 49. Esto es, en el asunto precisado se reconoció la posibilidad de que mediante los recursos de revisión, queja y reclamación a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo, los justiciables impugnen no sólo la legalidad de los autos, resoluciones y sentencias dictadas en los juicios de amparo, sino también que cuestionen la constitucionalidad de los preceptos de la Ley de Amparo aplicados mediante el acto o resolución recurridos. 50. En cuanto a la competencia para conocer de los recursos en los cuales se cuestione la constitucionalidad de algún precepto de la Ley de Amparo, en la resolución en comento, se estableció que ésta recae en el órgano jurisdiccional al cual compete el conocimiento del recurso de que se trate; lo anterior, pues en esa resolución se indicó: "Por tal motivo, a fin de asegurar que las partes en el juicio de amparo tengan a su alcance la posibilidad legal de impedir que en un caso concreto se les apliquen disposiciones de la Ley de Amparo que pudieran ser contrarias a la Constitución Federal, este Tribunal Pleno determina que, a instancia de los justiciables, también procede el análisis de los agravios respectivos, a fin de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación los analice en los recursos de su competencia, en los que ejerza su facultad de atracción, o en los que reasuma su competencia originaria, sin menoscabo de que cuando observe que alguna disposición de dicho ordenamiento se aparta del texto constitucional, sin necesidad de agravio de la parte interesada, lo declare así para los mismos efectos". 51. Como puede apreciarse, en la ejecutoria transcrita, este Pleno concluyó que corresponde a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer y resolver de los recursos, en los cuales se cuestione la constitucionalidad de algún precepto de la Ley de Amparo, siempre que se trate de un recurso de su competencia, o bien, se haya ejercido la facultad de atracción o reasumido la competencia originaria. 52. La resolución indicada sirvió de fundamento para que en sesión privada de nueve de abril de dos mil doce, el Tribunal Pleno de este órgano determinara, por unanimidad de votos, que la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y la competencia de Tribunales Colegiados de Circuito (delimitada constitucionalmente), conduce a la conclusión de que los recursos de revisión en los cuales se cuestione la constitucionalidad de algún precepto de la Ley de Amparo y no subsista cuestión diversa de la cual corresponda conocer a este Alto Tribunal, forman parte de la competencia originaria de los Tribunales Colegiados de Circuito. 53. La anterior determinación se plasmó en la Circular Plenaria 4/2012-P, de veinticuatro de abril de dos mil doce, en la cual, además, se estableció el mecanismo para que los Tribunales Colegiados de Circuito informaran (para fines estadísticos) de los asuntos que resolvieran y en los cuales se cuestione la regularidad constitucional de algún precepto de la Ley de Amparo. 54. Esto es, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó (por unanimidad) que los recursos de revisión en los cuales se impugne la sentencia de amparo y, al efecto se introduzca la inconstitucionalidad de algún precepto de la Ley de Amparo, corresponden a???la competencia originaria de los Tribunales Colegiados de Circuito, a menos que exista algún otro tópico el cual actualice la competencia originaria de este Alto Tribunal (como ocurre cuando se reclama alguno de los actos previstos en las fracciones II y III del artículo 103 constitucional). 55. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto, el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito resuelven y dictan sentencia, es posible que la parte a quien no beneficia lo decidido interponga recurso de revisión, en el cual podrá cuestionarse no sólo la legalidad del fallo, sino también la constitucionalidad de los preceptos de la Ley de Amparo, en los cuales se apoya la sentencia, o bien, de aquellos aplicados durante la sustanciación del juicio, siempre que ello haya trascendido al resultado del fallo. 56. En cuanto a los efectos de estimar fundado el planteamiento de inconstitucionalidad de la Ley de Amparo (hecho en el recurso de que se trate), en la reclamación 130/2011 se indicó que éste se traduce en la inaplicación de la norma concreta únicamente al caso concreto,(21) porque ese precepto no constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo. 57. Esto es, el Pleno de este Tribunal advirtió que cuando en alguno de los recursos previstos en la Ley de Amparo se aduce tanto la ilegalidad de una actuación, resolución o sentencia, así como la inconstitucionalidad de algún precepto aplicado en ese acto, al resolver el recurso de que se trate, en caso de estimarse esa norma violatoria de los derechos fundamentales del recurrente, el efecto de tal determinación será su inaplicación en el caso concreto (como si se tratara de una sentencia de amparo directo) pues en el juicio de amparo esa norma no constituyó el acto reclamado en forma destacada. 58. Con dicha determinación se reconoce que el cuestionamiento de inconstitucionalidad de algún precepto de la Ley de Amparo es una cuestión adicional a la materia del juicio e introducida en forma ulterior y la cual no es apta para determinar la inaplicación futura del precepto de que se trate (como ocurre en un amparo contra leyes).(22) 59. Lo anterior, no implica restar importancia al planteamiento formulado en contra de los preceptos de la Ley de Amparo; por el contrario, esa cuestión resulta de vital importancia para estar en aptitud de analizar la legalidad de la actuación impugnada al tratarse de un aspecto de estudio preferente, pues de resultar la norma contraria a los derechos reconocidos constitucional y convencionalmente a favor de los gobernados, ésta deberá ser inaplicada al caso concreto y, derivado de eso, el juzgador podrá resolver lo que en derecho proceda en cuanto a la legalidad de la actuación impugnada (auto, resolución o sentencia emitidos en el juicio de amparo). 60. Sin embargo, el hecho de que el planteamiento de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de las normas de la Ley de Amparo sólo sea una cuestión adicional e introducida a la materia del juicio en forma posterior, obedece a que la materia sustantiva del juicio en el cual se dictó el auto, resolución o sentencia recurridos, no es la pretendida inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la Ley de Amparo, sino la del acto señalado como reclamado en forma destacada (norma general, acto emitido por autoridad o la omisión reclamadas en la demanda). 61. Dicho de otra manera, el quejoso no acude al juicio de amparo indirecto a efecto de que se le ampare o se le inaplique un precepto de la Ley de Amparo; por el contrario, la pretensión del quejoso es demostrar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, acto u omisión reclamado en la demanda de amparo; de ahí que la regularidad constitucional de los preceptos de la Ley de Amparo no constituya un aspecto reclamado en forma destacada del juicio de garantías; empero, se trata de una cuestión adicional e introducida al juicio en forma posterior. Fijación del criterio que debe imperar 62. De lo hasta ahora expuesto se obtienen las siguientes premisas: En un principio, la competencia para conocer y resolver del recurso de revisión en amparo indirecto era exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, pues los Tribunales de Circuito sólo eran órganos facultados para el ejercicio de control de legalidad. La creación de los Tribunales Colegiados de Circuito se hizo a efecto de combatir el rezago generado por el incremento de juicios de amparo, por lo cual se les dotó de competencia para ejercer el control constitucional. Tras la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito apareció la denominada competencia originaria de este Alto Tribunal, conforme la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocería del recurso de revisión en amparo indirecto, sólo en ciertos casos (amparo contra leyes, amparo soberanía, amparo administrativo contra autoridades federales y violaciones en materia penal del artículo 22 constitucional). Por su parte, los Tribunales Colegiados de Circuito también tendrían una competencia originaria en el amparo indirecto en revisión, a efecto de conocer de todos los demás recursos de revisión que no fueran competencia de la Suprema Corte de Justicia (competencia residual). El otorgamiento de la facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para emitir acuerdos generales tuvo como finalidad agilizar la impartición de justicia y distribuir la competencia para conocer de los juicios y sus recursos, mediante actos formalmente jurisdiccionales y materialmente legislativos. La competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia en amparo indirecto en revisión, se redujo a efecto de que sólo conociera de los recursos en los cuales subsista el tema de constitucionalidad de leyes federales y reglamentos, así como los casos previstos en las fracciones II y III del artículo 103 constitucional. Por su parte, la competencia originaria de los Tribunales Colegiados de Circuito en cuanto al recurso de revisión en amparo indirecto se amplió, pues conocerían de asuntos de los cuales anteriormente sólo conocía la Suprema Corte de Justicia. Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se conservó la distribución constitucional de competencias, pero la Ley de Amparo vigente precisó que la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia para conocer del amparo indirecto en revisión sólo correspondía a asuntos en los cuales subsistiera el tema de constitucionalidad de normas generales. La facultad de emitir acuerdos generales para la distribución de competencias entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, creó la denominada competencia delegada de los Tribunales Colegiados de Circuito. Esta Suprema Corte de Justicia ha reconocido la posibilidad de que mediante los recursos previstos en la Ley de Amparo se cuestione la constitucionalidad de esa norma, a condición de que se satisfagan ciertos requisitos mínimos; por ende, mediante el recurso de revisión se puede??????cuestionar tanto la legalidad de la sentencia de amparo dictada por el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, como la constitucionalidad de los preceptos de la Ley de Amparo aplicados en el acuerdo, resolución o sentencia recurridos, o bien, de aquellos aplicados durante la sustanciación del juicio y que trascendieron a lo decidido en la actuación recurrida mediante la revisión. Cuando en el recurso de revisión en contra de una sentencia de amparo indirecto se estima fundado el planteamiento de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, el efecto es la inaplicación de la norma al caso concreto, pues ese planteamiento es una cuestión adicional e introducida al juicio en forma posterior (a través de alguno de los recursos previstos en la Ley de Amparo). En términos de la normativa actualmente vigente (Acuerdo General 5/2013 y Circular Plenaria 4/2012-P), cuando mediante los recursos previstos en la Ley de Amparo se cuestiona la constitucionalidad de algún precepto de esa norma y no subsista cuestión diversa de la cual corresponda conocer a este Alto Tribunal, el conocimiento del recurso se determina con base en la regla de competencia para resolver el medio de impugnación de que se trate. 63. Ahora bien, como se ha precisado oportunamente, la materia de la presente contradicción, consiste en determinar, si compete o no a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos en contra de sentencias dictadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito en los cuales se cuestiona tanto la legalidad de la resolución o sentencia, como la constitucionalidad o convencionalidad de algún precepto de la Ley de Amparo (como lo realizó la Segunda Sala en el asunto materia de la presente contradicción) o, en su defecto, si la competencia para conocer de esos recursos corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito (como lo hizo la Primera Sala en los expedientes oportunamente identificados). 64. A efecto de dar solución a esta problemática, debe reiterarse que el sistema de distribución de competencias tiene como finalidad el abatir el rezago en la resolución de los juicios de amparo y agilizar la impartición de la justicia constitucional; de ahí que incluso se otorgó al Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de emitir acuerdos generales en los cuales determine las competencias para la resolución de los recursos y juicios. 65. Este sistema de competencias distingue dos tipos de competencias (originaria y delegada) y prevé la posibilidad de que en ciertos casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga los asuntos que así estime procedente (por su interés y trascendencia). 66. Por su parte, el hecho de que en un recurso de revisión en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional, la parte recurrente aduzca la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de algún precepto de la Ley de Amparo, es una cuestión adicional a la materia sustantiva del juicio, la cual se introduce en forma posterior (mediante alguno de los recursos previstos en la Ley de Amparo) y, por tanto, no puede estimarse que ese aspecto sirva para determinar la competencia del órgano que habrá de resolver el recurso de que se trate." Como se observa, en términos del pronunciamiento expreso que hizo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis citada, las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo sí pueden ser objeto de planteamiento de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, pero no como acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, sino en todo caso, una vez que hayan sido aplicadas al quejoso por el Juez de Distrito, al haber reclamado cualquier otro acto que considere le agravia, y una vez que, ante ese reclamo, el Juez de Distrito le haya aplicado alguna de las disposiciones de la Ley de Amparo, solamente con ese motivo puede impugnar esas disposiciones tachándolas de inconstitucionales e inconvencionales, pero solamente con motivo de y a propósito del agravio que a su decir le cause la aplicación que le haya hecho el Juez del Distrito porque el acto reclamado necesariamente tendrá que ser otro; y la actualización de cualquier posible violación de una disposición de la Ley de Amparo, tendría que ser a partir de la intervención, actuación o resolución del Juez de Distrito. Por lo tanto cualquier planteamiento de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, respecto de una disposición de la Ley de Amparo, solamente puede hacerse mediante agravio en alguno de los medios de defensa que prevea la ley de la materia, tal como lo dice la ejecutoria transcrita, y partir de ese tipo de planteamiento es como sí puede analizarse los argumentos que haga valer el quejoso pero únicamente a título de agravio después de la intervención del Juez de Distrito y no como acto originalmente reclamado en su demanda de amparo indirecto. En ese contexto, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con la jurisprudencia citada, se desechan las demandas de amparo respecto del artículo 61, fracciones I, III y XXIII de la Ley de Amparo. ADMISIÓN DEL JUICIO DE AMPARO Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admiten a trámite las demandas de que se tratan en relación con los restantes actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables. CONSULTA VÍA INTERNET Y UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. TERCERO INTERESADO En el caso concreto, la parte quejosa señaló que no existe tercero interesado. De igual modo, este juzgador no advierte la existencia de alguno en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. REQUERIMIENTO DE INFORMES JUSTIFICADOS En términos de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, las cuales deberán hacerlo dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; señalando las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo y la constitucionalidad y/o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias respectivas. De igual manera, se solicita a las autoridades responsables que, en caso de que el acto reclamado derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, en su informe justificado señalen el último período vacacional del que gozaron, así como los días inhábiles o aquéllos en los que suspendieron sus labores, desde la emisión de los actos reclamados hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 260, fracción II, del citado ordenamiento legal, se apercibe a las citadas autoridades que en caso de que omitan rendir su informe justificado, o bien, no remitan las constancias correspondientes, se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Sin que resulte necesario remitirles copia del escrito de demanda y sus anexos, ya que les fueron enviados por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, con el oficio mediante el cual les solicitó su informe previo, por auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho. ACTUALIZACIÓN DE CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Conforme al artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, en el supuesto de que tengan conocimiento de la actualización de alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a proveer la suspensión de los actos reclamados, en razón de que el juzgado de origen por auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, proveyendo lo conducente a la suspensión provisional y mediante interlocutoria de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, resolvió lo conducente a la suspensión definitiva. NOTIFICACIÓN AL FISCAL EJECUTIVO ASISTENTE Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al Fiscal Ejecutivo Asistente. Al respecto, siendo que en el presente asunto se reclaman normas generales, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquense vía oficio las determinaciones de este expediente a la representación social. REPRESENTACIÓN PRESIDENCIAL De conformidad con lo preceptuado por los artículos 9 y 25 de la Ley de Amparo, en términos del artículo Tercero, fracción VI, numeral 39, del ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS A QUE SE SUJETARÁ LA REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN TODOS LO TRÁMITES PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, en el que se precisan las dependencias y entidades a las que se les otorga la representación presidencial en todos los trámites ahí referidos, y vista la naturaleza de los actos que se reclaman en este asunto, notifíquese este proveído, así como los subsecuentes que deban comunicarse por oficio, a la autoridad responsable denominada Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la quejosa las documentales que anexó a sus escritos iniciales de demanda. DOMICILIO Por otra parte, visto el estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda no señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, por lo que en auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, el juzgado de origen ordenó realizar las notificaciones a la parte quejosa, aún las de carácter personal por medio las listas de publicación que se fijan en los estrados del juzgado de origen; por tanto, se le requiere para que en el plazo de tres días contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal Adjetivo en cita, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México. En la inteligencia que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se realizarán por lista en este Juzgado Federal Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa o su legítimo representante, de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, solicítese de la manera más atenta al Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, para que, en caso de que no exista inconveniente legal alguna, notifique por medio de lista a la parte quejosa este proveído y hecho lo anterior, remita copia certificada de la notificación. SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA. Por otra parte, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible transite de la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal por medio de escrito electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente se le informa, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación el línea de los juicios de amparo y evitar físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL, que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal "www,firel.pjf.gob.mx" para el cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por lista a la parte quejosa por conducto del juzgado de origen y por oficio al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco y a las autoridades responsables. Así lo proveyó Abel Méndez Corona, Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, atento a los Acuerdos Generales 21/2020 y 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la Circular SECNO/10/2021 emitida en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, quien actúa con la Secretaria Miriam Arahi Luna Crescencio, que certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y el propio proveído, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Visto; téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada en el impedimento administrativo 13/2018 formado con motivo del impedimento planteado por este juzgador en el juicio de amparo 1003/2018 y su acumulado 1005/2018 del que deriva este cuaderno de antecedentes; en consecuencia, agréguese el oficio y testimonio de referencia, acúsese recibo y hágase saber a las partes que el Superior en la ejecutoria de que se trata, dictó el siguiente punto resolutivo: "R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara sin materia el presente impedimento". En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo, y toda vez que el presente cuaderno se encuentra como asunto totalmente concluido; por tanto, archívese conforme al Vigésimo Punto, fracción I, del Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurrido los seis meses a partir de la fecha del archivo, previa acta y relación que se elabore para la plena identificación del expediente a destruir.
- Principal
Visto; se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que se levanta el aplazamiento para el dictado de la resolución del impedimento 13/2018, por lo que se devolvió el toca relativo a la ponencia para que formule el proyecto de sentencia; de lo cual queda enterado este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en proveído de uno de julio actual, se tuvo a la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, residente en la Ciudad de México, solicitando que se le remitieran las promociones presentadas por las partes y las constancias de notificación; por tanto, y dado que el Servicio Postal Mexicano devolvió las constancias de notificación de los oficios 11365/2019 y 11525/2019, dirigidos al Congreso de la Asamblea Legislativa de Sinaloa, con sede en Culiacán; en obvio de mayores dilaciones procesales, remítansele para los efectos legales conducentes.
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