Miguel Enrique Cossio Pacheco
Expediente 614/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 614/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Enrique Cossio Pacheco
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de octubre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Miguel Enrique Cossio Pacheco, por propio derecho contra actos del Juez Decimosexto de Primera Instancia Especializada en Materia Oral Mercantil, con sede en Veracruz, Veracruz. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 614/2022-II, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. INCOMPETENCIA. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de derechos humanos así como sus anexos, en el caso y de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por las razones jurídicas que a continuación se exponen. Se sostiene lo anterior, porque el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. El segundo párrafo, refiere que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Por otro lado, el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se advierte que existen tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, la primera, se refiere a la competencia que tiene el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda, establece que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; y la tercera, determina que es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda de garantías, cuando ésta no requiera ejecución material. Así, de la demanda se advierte que, el promovente designa como autoridad responsable al siguiente: Juez Decimosexto de Primera Instancia Especializada en Materia Oral Mercantil, con sede en Veracruz, Veracruz. Acto o actos reclamados: ". El auto dictado dentro del expediente número 79/2022 promovido por BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, en el Juzgado Decimosexto de Primera Instancia especializado en materia Oral Mercantil de Veracruz, Veracruz, mediante el cual ordena embargo que a la postre recayera sobre el inmueble de mi propiedad, del cual se ignora la fecha por no ser parte en dicho juicio." Por lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la primera de las hipótesis que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar que la competencia legal por territorio se surte en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, en turno, ya que es en su jurisdicción donde se dictó el acto reclamado y en donde tiene su residencia la autoridad responsable, así como el predio materia de ese contradictorio, sin que exista diversa autoridad con ese carácter en la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, a quien se le atribuya la ejecución de la orden que se combate. Es aplicable a lo anterior, por analogía. Tesis: 1a./J. 52/2013 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2004166 1 de 1 Primera Sala Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Pag. 383 Jurisprudencia (Común) COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. (Lo resaltado es propio). Sin que obste a lo anterior, que el quejoso haya firmado su demanda en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, y ser originario de la misma; puesto que tales eventos son insuficientes para considerar que el acto reclamado, se vaya a ejecutar en esta ciudad; de ahí que se afirme, que no por las manifestaciones del quejoso debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el Juez de Distrito donde se señala domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio de la parte quejosa la determinación de la competencia, con el solo hecho de signar su demanda en el lugar en donde quisiera promover, por lo que la competencia debe fincarse a favor del Juez de Distrito en donde pertenecen las autoridades responsables, se ejecutó y va tener ejecución el acto reclamado. Sustenta lo anterior: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206269 1 de 1 Primera Sala Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988 Pag. 147 Tesis Aislada (Común) COMPETENCIA, LUGAR DE EJECUCIÓN COMO CRITERIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA. ES INTRASCENDENTE EL SITIO DONDE SE FIRME LA DEMANDA DE AMPARO. Aun cuando el quejoso afirme ser residente de una ciudad determinada, desde hace varios años, y de autos se desprenda que su demanda de garantías la signó en el propio sitio, ello no es suficiente para considerar que la orden de aprehensión, señalada como acto reclamado, se vaya a ejecutar en ese lugar, sobre todo, si no se ofreció principio de prueba para acreditar tal afirmación y las autoridades señaladas como responsables, en esa jurisdicción, negaron los actos reclamados, teniéndose como presuntivamente ciertos los atribuidos a la responsable ordenadora que radica en lugar diverso, lo cual resulta suficiente para estimar que en el caso no es aplicable el artículo 36, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, la competencia debe fincarse a favor del Juez de Distrito de la jurisdicción a la que pertenece el Juez responsable y que emitió el acto reclamado. Asimismo, el quejoso no señaló autoridades ejecutoras con residencia en la circunscripción de este juzgado, circunstancia que finca la competencia a su favor. Similar criterio a lo determinado, adoptó el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, al resolver el conflicto competencial 17/2016, originado con motivo de la demanda relativa al juicio de amparo 320/2016-I, de la que no se aceptó su competencia por parte de este juzgado, planteada por el homólogo titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; lo anterior, al existir idénticas razones a las expuestas en párrafos precedentes. Atento a lo anterior y con apego al Acuerdo General 8/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a "la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito" y además con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, estima que es legalmente competente para conocer y resolver la demanda de garantías de cuenta, el Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, en turno, razón por la cual y a efecto de que dicho Juzgador esté en aptitud de pronunciarse en relación a la competencia que se le plantea, acorde con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de la Materia, remítase la demanda de garantías, a fin de que en el término de cuarenta y ocho horas, se sirva informar si acepta o no la competencia planteada. Con copia certificada de la demanda, fórmese cuaderno de antecedentes. Sin que se estime procedente emitir pronunciamiento alguno respecto a la suspensión del acto reclamado, dado que no se ubica en las hipótesis que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo, máxime que en términos de lo estipulado por el último párrafo del artículo 48 de la legislación de la materia, quien aquí determina se encuentra impedido legalmente para proveer respecto a la medida cautelar solicitada en el escrito de demanda, hasta en tanto no se decida sobre la competencia. Sustenta a la anterior determinación: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Quinta Época 316027 1 de 1 Segunda Sala Tomo CXXX Pag. 357 Tesis Aislada (Común) SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor. AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa, téngase como autorizado con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Iván Fernández Figueroa, toda vez que si tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Y únicamente para recibir todo tipo de notificaciones a Dinora Díaz Dagio, toda vez que así lo solicita. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada (Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. Como lo solicita, se autoriza la consulta y práctica de notificaciones vía electrónica del expediente en que se actúa y para ello, proporciona el nombre de usuario "ivanhoe1104", con correo electrónico fernandezasesoresasociados@gmail.com, de conformidad con los artículos 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. SE INSTRUYE AL ANALISTA JURÍDICO DE SISE. Finalmente, se instruye al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el registro correspondiente en el Sistema y agréguese a los autos la constancia respectiva. PRECISIÓN. En el entendido de que el autorizado, como lo dispone el quinto párrafo del artículo 30, de la Ley de Amparo, tienen la obligación a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del numeral 31, de esa legislación, dentro del término que señala el primero de los ordinales citados. Para tal efecto, se comisiona al Actuario Judicial que corresponda, para que cuando se practiquen notificaciones a las autoridades responsables, observe lo dispuesto por el artículo 30, fracción I, de la legislación en consulta. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenta OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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