Miguel Enrique Cossio Pacheco
Expediente 547/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 547/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Enrique Cossio Pacheco
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 21002/2021, signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, mediante el cual se trascribe el proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio de amparo 968/2021-II, de su índice, del cual se advierte que aceptó el conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al presente cuadernillo, planteada por este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En otro orden de ideas, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
En razón de que la parte quejosa MIGUEL ENRIQUE COSSIO PACHECO y/o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el once de octubre del presente año, en el que también se le hizo saber el procedimiento para ingresar al Juzgado a notificarse o bien a ponerse de acuerdo con el Actuario para que le notificara, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de seis de octubre del presente año, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. PROVEIDO QUE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Enrique Cossio Pacheco, por propio derecho, contra actos que atribuye al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz y otra autoridad, regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 547/2021. Incompetencia. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares. Lo anterior es así, dado que la competencia constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Por tanto, de la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: ... Bajo ese contexto, en este asunto resulta aplicable la regla especificada en el inciso 1), es decir, la relativa al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual precisa que cuando trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, será competente para conocer del asunto aquel Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate dicha ejecución. Ahora, conviene destacar que del análisis de la demanda de amparo el promovente señala expresamente como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes: ... Esto es, el quejoso se duele del embargo practicado en un bien inmueble consistente en casa habitación ubicada en la calle Abulón, construida sobre el lote de terreno número 8 ocho de la manzana 2 "B" del fraccionamiento denominado playas de conchal, ubicada a la altura del kilómetro 2+700, de la carretera Boca del Río-Anton Lizardo, del municipio de Alvarado, Veracruz, de una extensión superficial de 453.81 M2, del que se ostenta propietario, así como la orden de inscripción de tal embargo. Refiriendo el quejoso que dicho embargo fue ejecutado dentro del cuaderno de exhorto número 159/2019 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Veracruz, Veracruz, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 120/2018, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, que fue promovido por BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. GRUPO FINANCIERO SANTANDER, y que en el mismo fue ordenada la inscripción de tal embargo. Luego, de lo antes expuesto se evidencia que el acto reclamado por el quejoso tuvo ejecución material y es atribuido a autoridades cuya residencia se ubica en Veracruz, Veracruz, ello es así porque, el quejoso reclama el embargo practicado en practicado en un bien inmueble consistente en casa habitación ubicada en la calle Abulón, construida sobre el lote de terreno número 8 ocho de la manzana 2 "B" del fraccionamiento denominado playas de conchal, ubicada a la altura del kilómetro 2+700, de la carretera Boca del Río-Anton Lizardo, del municipio de Alvarado, Veracruz, de una extensión superficial de 453.81 M2, del que se ostenta propietario, así como la orden de inscripción de tal embargo, mismo que refiere fue ejecutado dentro del cuaderno de exhorto número 159/2019 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Veracruz, Veracruz, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 120/2018, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, del cual no es parte. Con ello se advierte que, el lugar de residencia de la autoridad responsable es en Veracruz, Veracruz, a quien se le atribuye la ejecución de los actos reclamados, así como donde se ejecutaron los mismos, no ejerce jurisdicción por territorio este órgano jurisdiccional. Por tanto, se tiene que la ejecución de los actos reclamados, tienen efecto el lugar donde se encuentra el bien inmueble embargado, propiedad del quejoso, a su decir, el cual no se encuentra dentro del territorio sobre el cual este Juzgado ejerce jurisdicción. De ahí que, resulta pertinente destacar que este Juzgado advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por razón de territorio. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, en turno, en virtud de que tanto la emisión como ejecución del acto reclamado proviene de autoridad cuya residencia está dentro de la jurisdicción territorial de dicho Juzgado, en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el acuerdo de 28/2016 por el que se modificó. En tales condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, remítase el presente juicio con las copias de la demanda de amparo al Juez competente. Solicitándose al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente asunto. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito inicial de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Iván Fernández Figueroa, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a María Guadalupe Hurtado Rodríguez y Stephany Ivon González Valencia, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Hágase saber a las partes que, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario y/o Actuaria de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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