Miguel Enrique Ceballos León
Expediente 803/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 31 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 02/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Miguel Enrique Ceballos León
- Actuario adscrito al Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial Del Estado Yucatán, con residencia en Mérida.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
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III. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que señala la ley de la materia en su artículo 202, a la parte quejosa para que se inconformara o no, con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a ésta conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se indica que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto, consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido; por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, concedió la suspensión provisional y definitiva a la parte quejosa, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido esté deberá transferirse tal como lo establece la fracción I del punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En ese entendido, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del Capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Por otra parte, en cuanto al valor jurídico, sí lo tienen el presente juicio de amparo, así como los cuadernos incidentales relativos.
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III. Vistos los oficios signados por la Juez Tercero Mercantil, Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambas del Primer Departamento Judicial, Directora y Registrador, ambos de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, todos con sede en esta ciudad y anexos que acompañaron las dos últimas autoridades responsables, los cuales ya obran agregados en autos, mismos que se pronunciaron sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que en auto de cinco de marzo de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa y a los terceros interesados para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hasta la presente fecha lo hubieren hecho, por tanto, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver, si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva firmada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión al quejoso Miguel Enrique Ceballos León. Asimismo, por auto de veintitrés de febrero del presente año, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante la cual, se advierte que la Superioridad confirmó la sentencia recurrida; determinó que la Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Miguel Enrique Ceballos León, y declaró sin materia la revisión adhesiva interpuesta por la parte quejosa; por tanto, las responsables estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: ".Dejar insubsistente el embargo reclamado, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Estado y demás consecuencias legales..." De lo anterior se aprecia, que la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, de las constancias remitidas, se advierte que dejó insubsistente el embargo judicial trabado en autos sobre el predio marcado con el número trescientos cincuenta y seis, de la calle Cuarenta y cinco letra "B", entre Cincuenta y cuatro y Cincuenta y seis del Fraccionamiento Francisco de Montejo de esta ciudad, inscrito a folio electrónico número 3999630, asimismo, dio instrucciones necesarias a la Actuaria de su adscripción y giró oficio al Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para la cancelación del embargo sobre dicho predio, para que dentro de sus facultades de cumplimiento a lo ordenado por la aludida Juez; lo cual se corrobora con la constancia de notificación y con el oficio signado por el Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Patrimonial de Yucatán, del que se aprecia tal cancelación del embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil número 54/2014, promovido ante la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, respecto del predio en cuestión a favor del hoy quejoso; de ahí que las autoridades responsables con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo
- Principal
III. Vistos los oficios signados por la Juez Tercero Mercantil, Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambas del Primer Departamento Judicial, Directora y Registrador, ambos de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, todos con sede en esta ciudad y anexos que acompañaron las dos últimas autoridades responsables, los cuales ya obran agregados en autos, mismos que se pronunciaron sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que en auto de cinco de marzo de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa y a los terceros interesados para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hasta la presente fecha lo hubieren hecho, por tanto, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver, si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva firmada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión al quejoso Miguel Enrique Ceballos León. Asimismo, por auto de veintitrés de febrero del presente año, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante la cual, se advierte que la Superioridad confirmó la sentencia recurrida; determinó que la Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Miguel Enrique Ceballos León, y declaró sin materia la revisión adhesiva interpuesta por la parte quejosa; por tanto, las responsables estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: ".Dejar insubsistente el embargo reclamado, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Estado y demás consecuencias legales..." De lo anterior se aprecia, que la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, de las constancias remitidas, se advierte que dejó insubsistente el embargo judicial trabado en autos sobre el predio marcado con el número trescientos cincuenta y seis, de la calle Cuarenta y cinco letra "B", entre Cincuenta y cuatro y Cincuenta y seis del Fraccionamiento Francisco de Montejo de esta ciudad, inscrito a folio electrónico número 3999630, asimismo, dio instrucciones necesarias a la Actuaria de su adscripción y giró oficio al Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para la cancelación del embargo sobre dicho predio, para que dentro de sus facultades de cumplimiento a lo ordenado por la aludida Juez; lo cual se corrobora con la constancia de notificación y con el oficio signado por el Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Patrimonial de Yucatán, del que se aprecia tal cancelación del embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil número 54/2014, promovido ante la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, respecto del predio en cuestión a favor del hoy quejoso; de ahí que las autoridades responsables con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo.
- Principal
III. Agréguense a los presentes autos los oficios signados por la Juez Tercero Mercantil, Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Civiles, Mercantiles y Familiares, ambas del Primer Departamento Judicial, Directora y Registrador, ambos de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, todos con sede en esta ciudad, y anexos que acompañan las dos últimas autoridades responsables, con los que atienden el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional en fecha veintitrés de febrero último; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y a los terceros interesados con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificados de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplido o no la sentencia ejecutoriada.
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