Miguel Eduardo Vázquez Herrera
Expediente 947/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 947/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Miguel Eduardo Vázquez Herrera
Actuaciones
- Principal
... se declara que ha causado estado el referido auto. ...archívese el presente asunto como concluido. ...este expediente es susceptible de ser destruido...
- Principal
...Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Miguel Eduardo Vázquez Herrera, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito judicial de Coatepec, Veracruz y otra, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 947/2019/VI-B. Del escrito que se provee se advierte que el quejoso Miguel Eduardo Vázquez Herrera, señala como acto reclamado el siguiente: La indebida notificación de la sentencia que recayó en el expediente Civil número 352/2016/II del índice de la citada responsable DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se analiza el escrito de demanda que dio origen al presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XVIII, párrafo primero, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Previamente, resulta conveniente partir de la premisa de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la reparación de la violación de derechos fundamentales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, el cual establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, contra actos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. De la anterior trascripción del artículo en cita se desprende, la regla general que establece este principio, consistente en que cuando un acto autoritario viola derechos fundamentales, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse el o los recursos ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. Asimismo, la propia ley reglamentaria del juicio de amparo establece como sanción procesal por el incumplimiento de dicho principio, la improcedencia del juicio. La anterior trascripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe de tratarse de "actos definitivos", por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio, traiga como consecuencia -también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada, derivada del hecho de que existen recursos que pudieren interponerse contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo reclamadas, que no se agotaron previamente a la promoción del juicio de amparo. En el caso concreto el quejoso en sus antecedentes del acto reclamado manifiesta bajo protesta de decir verdad, que es parte demandada en el juicio 352/2016-II del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz, y que la sentencia recaída en dicho juicio le fue notificada indebidamente. Ahora, el impetrante del amparo al ser parte en el juicio de origen, e incluso al haber tenido intervención dentro del mismo, puesto que manifestó que contestó la demanda promovida en su contra; está en aptitud de promover el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en los artículos 55 y 90 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, puesto que de manera toral reclama la falta o indebida notificación de la sentencia dictada en los autos del juicio 352/2016-II del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz; sin embargo, al ser parte en el referido procedimiento, el recurso idóneo para combatir dicha violación procesal, lo es el incidente de nulidad de notificaciones, inobservando con ello el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Máxime que no se encuentra en algunos de los supuestos de excepción mencionados en el artículo 61 fracción XVIII, antes transcrito, puesto que como lo expresó en su demanda tuvo participación en el procedimiento. De lo expuesto con antelación, queda plenamente demostrado el motivo notorio e indudable de improcedencia del juicio de garantías que se pretende instaurar, razón por la que, con apoyo en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda. Se invoca la Jurisprudencia 749, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de su demanda y como su autorizado en los términos restrictivos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Montes Domínguez, por no contar con dicho registro, toda vez que al realizar la búsqueda del citado Montes Domínguez, en dicho sistema, no aparece tal como lo señaló la parte quejosa en su escrito de demanda, sino como Javiera Montes Domínguez, máxime que no fue proporcionado su número de cedula profesional para poder corroborar dicha situación; así, para estar en condiciones de que se le autorice en los amplios términos del mencionado precepto, deberá aclarar dicha circunstancia y acreditarlo ante este Juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
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