Miguel Eduardo Rojas Valerio

Expediente 462/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
462/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
11/01/2022

Partes del expediente

  • Miguel Eduardo Rojas Valerio

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de uno de junio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias remitidas por la Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la resolución constitucional emitida por este Juzgado de Distrito, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; sin que se pronunciaran al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, ello, de conformidad con la jurisprudencia, 2a./J. 22/2021 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE". La protección constitucional se otorgó a fin de que la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en el expediente JE35-781/2015, realizara lo siguiente: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. Se concede la protección constitucional, para el efecto de que, de no existir impedimento legal o material, la Junta responsable pronuncie el laudo con libertad de jurisdicción, en el juicio laboral de origen, con independencia de que sea o no favorable a los intereses de la parte quejosa". Con la finalidad de cumplir lo anterior, la autoridad responsable efectuó el acto siguiente: El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, emitió laudo en el juicio JE35-781/2015. En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y el acto llevado a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió, atento que realizó lo que se indicó en la misma. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. ARCHIVO Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Ahora bien, en su artículo 18, fracción I, inciso a), prevé que son susceptibles de depuración, los expedientes relativos a juicio de amparo en las que se haya negado o concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal. Por tanto, es susceptible de depuración el presente expediente.

  2. Principal

    HA CAUSADO EJECUTORIA, la sentencia dictada en autos, por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia con firmas autógrafas del laudo emitido en el juicio laboral de su índice. En consecuencia, con lo anterior DÉSE VISTA a la parte quejosa y tercero interesado, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente a la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en la inteligencia que la actuación antes mencionada se encuentra en autos para su consulta; APERCIBIDOS de que, con el desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado resolverá de oficio si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    VISTOS para dictar sentencia definitiva, los autos del juicio de amparo 462/2020-I-B, promovido por Miguel Eduardo Rojas Valerio, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de agosto del presente año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Miguel Eduardo Rojas Valerio, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, que serán debidamente precisados en el considerando respectivo. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán; se admitió a trámite, se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó emplazar al tercero interesado, se otorgó la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, que aprobó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, cuenta habida que, se trata de un amparo en el que se reclama un acto omisivo de autoridad residente en esta jurisdicción territorial en términos de los preceptos y acuerdo general de previa cita. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario establecer cuáles son los actos reclamados por la parte quejosa. Apoya a lo anterior, la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, se tiene que tanto del escrito de demanda como de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad: ? La omisión de dictar laudo en el juicio laboral JE35-781/2015. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, al rendir informe justificado admitió la existencia del acto reclamado. Al respecto se cita la Jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Lo que se corrobora con la documental pública remitida por el Presidente de la Junta responsable, consistente en copia certificada de constancias relativas al juicio de origen, a la que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente juicio por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo. En ese sentido se cita la Jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Causas de improcedencia. Atento a la técnica que rige el juicio de amparo y por ser una cuestión de oficio debe analizarse el tema inherente a la improcedencia del mismo, conforme al artículo 62 de la ley de la materia; y en virtud de que ninguna de las partes la hizo valer, ni se advierte actualización de alguna causa en ese sentido, procede entrar al estudio del fondo del asunto. Al respecto se cita la Jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." QUINTO. Conceptos de violación. No se transcribe el concepto de violación por no exigirlo así la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a/J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio del fondo del asunto. El concepto de violación que se hace valer es esencialmente fundado y suficiente, suplido en su deficiencia, para conceder la protección constitucional solicitada. Como se precisó, el acto reclamado a la Junta responsable, consiste en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral de origen. Ello, bajo el sustancial argumento de que, el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, una vez agotada la etapa de instrucción del expediente laboral JE35-781/2015 turnó los autos para el dictado del laudo respectivo. Ahora, la Junta responsable, en su informe con justificación, allegó copia certificada de constancia relativa al juicio de origen; constancia e informe de los que se desprende que: 1) En dicho órgano laboral está radicado el juicio JE35-781/2015, en el que el quejoso aparece como parte actora. 2) El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, al no quedar pruebas pendientes por desahogar, se turnó el expediente a resolución. Sin embargo, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, ni a la de este fallo, la responsable acreditó haber emitido el laudo correspondiente. Circunstancia que indudablemente se traduce en violación a la garantía individual consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en lo sustancial y conducente, que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior, porque desde que se dice, fue turnado el expediente del cual emana el acto reclamado para elaborar el proyecto de resolución, al día en que se emite esta sentencia, ha transcurrido más de un año seis meses, esto es, un plazo que excede al que en ese sentido prevén en conjunto los artículos de la Ley Federal del Trabajo, aplicables al juicio de origen, para la emisión del laudo. En tales condiciones, es incuestionable que el procedimiento ventilado en el juicio laboral de origen se encuentra inactivo desde el cierre de instrucción respectivo, período en el cual la Junta responsable ha sido omisa en emitir la resolución definitiva correspondiente, lo cual evidentemente transgrede en perjuicio de la parte quejosa la garantía contenida en el precitado artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su contenido se cita la Jurisprudencia cuyo rubro dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Cabe precisar, que la hipótesis de que la carga de trabajo en algunos órganos de administración de justicia fuese considerablemente excesiva, lo cierto es que ello no se traduce en justificación para retardar la decisión de los asuntos. Al respecto se cita la Jurisprudencia sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Cuarto Circuito, que dispone: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES." Tampoco pasa inadvertido que a raíz del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, sea un hecho notorio que la Junta Federal responsable haya establecido medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, como la suspensión de las audiencias y diligencias programadas, así como de los términos legales en los procedimientos laborales, de conformidad con el Acuerdo General por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2, y el diverso Acuerdo General que lo modifica, publicados ambos en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo y veintiuno de abril, de dos mil veinte, respectivamente; y que, a raíz de la reanudación de labores haya ocurrido un incremento considerable de las cargas de trabajo para esa autoridad; sin embargo, en el particular se tiene que el juicio laboral de origen se turnó para resolución desde el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, esto es, para cuando aconteció el fenómeno de salud pública en comento en el país (marzo de dos mil veinte), ya había transcurrido casi un año sin que la junta responsable dictara el laudo. De ahí que la omisión reclamada sí trasgreda el derecho de impartición de justicia pronta y expedita de la quejosa, de conformidad con el artículo 17 constitucional. Por lo anterior, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado respecto del acto reclamado a la Junta responsable. SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. Se concede la protección constitucional, para el efecto de que, de no existir impedimento legal o material, la Junta responsable pronuncie el laudo con libertad de jurisdicción, en el juicio laboral de origen, con independencia de que sea o no favorable a los intereses de la parte quejosa. Finalmente, ha de decirse que los criterios jurisprudenciales formados bajo la Ley de Amparo abrogada, se invocan en términos del artículo Sexto transitorio de la vigente. Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Para los efectos precisados en el último considerando, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Miguel Eduardo Rojas Valerio, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral JE35-781/2015, de su índice.

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