Miguel Eduardo López Jaime

Expediente 324/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
324/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
20/05/2015

Partes del expediente

  • Miguel Eduardo López Jaime

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio remitido vía fax por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en México, Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Miguel Eduardo López Jaime, por su propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades. En ese sentido, el titular queda enterado de su contenido y ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente cuaderno de antecedentes en el plazo a que alude dicho acuerdo. Por otra parte, tomando en consideración que mediante proveído de cuatro de los actuales, se reservó proveer lo conducente al escrito signado por el impetrante Miguel Eduardo López Jaime, hasta en tanto, se tuviera noticia del Tribunal que le correspondiera conocer del presente asunto; lo cual ya aconteció; por tanto, se acuerda: Previa copia certificada que se deje en autos del ocurso presentado ante este órgano jurisdiccional el treinta de abril pasado, remítase al Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en México, Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, para lo que a bien tenga acordar al respecto.

  2. Principal

    Visto el escrito signado por el quejoso; al respecto, se acuerda: Tomando en consideración que mediante providencia de veintiocho de abril pasado, el suscrito se declaró legalmente incompetente por razón de materia para conocer de la presente demanda y ordenó remitir el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República en turno, para la continuación de la sustanciación y su resolución. En ese sentido, se reserva el envío del ocurso de cuenta, hasta en tanto se tenga noticia del Tribunal que le corresponda conocer del asunto, para lo que a bien tenga acordar al respecto.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Eduardo López Jaime, por su propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 324/2015-I. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en la fracción II del invocado numeral 114, en relación con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: La irregularidad advertida surge de lo dispuesto en la fracción V del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;." Como se observa de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 61 de la citada ley. En el caso concreto, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el impetrante acude a esta instancia constitucional reclamando, en esencia, la orden escrita y/o verbal emitida para dejar de transmitir el programa de radio llamado "Noticias MVS, Primera Edición, con Carmen Aristegui". De igual manera, se desprende que la parte quejosa en su afán de cumplir con el aludido requisito previsto en la fracción V del numeral 108 de la ley de la materia, en el capítulo atinente a los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado precisó textualmente: ".1.- El suscrito desde hace aproximadamente más de seis años hemos recibido información e ideas y contenidos que reflejan el pluralismo ideológico, político, social y cultural del Estado Mexicano, así como opiniones de diferentes temas de la vida pública del país que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas opiniones que fortalecen la vida democrática de la sociedad, por medio de un programa radiofónico llamado "Noticias MVS Primera Edición con Carmen Aristegui", que se trasmite de lunes a viernes de 6:00 AM a 10:00 AM, por medio de las diversas plataformas con que cuenta la responsable MVS RADIO." 2.- Con fecha 6 de abril de 2015, tuve conocimiento que desde el quince de marzo de dos mil quince, MVS Radio, de forma unilateral y obligatoria decidió eliminar de su plataforma el programa radiofónico "Noticias MVS Primera Emisión con Carmen Aristegui" violando con ello nuestro derecho humano a la libertad de pensamiento y a recibir informaciones e ideas y contenidos que reflejan el pluralismo ideológico, político, social y cultural del Estado Mexicano y recibir programación que incluía diferentes géneros que respondía a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que ayudaban al fortalecimiento de la vida democrática de la sociedad, con lo cual vulneró mis derechos humanos que contemplan a mi favor los artículos 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 6°, apartado B, fracciones I, III y VI, 7° y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como audiencia de conformidad con el artículo 256, primer párrafo, fracciones I, II y VIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones." Por otra parte, en el capítulo IV. I. atinente a las "RESPONSABLES ORDENADORAS", manifestó lo siguiente: ".Es sabido que el quince de marzo de dos mil quince, de forma unilateral y obligatoria la empresa MVS Radio decidió eliminar de su plataforma de difusión informativa el programa radiofónico "Noticias MVS Primera Edición con Carmen Aristegui", programa noticioso que garantizaba a cabalidad mi derecho humano previamente señalado y que en términos del artículo 13 apartado 1, de la convención en cita, era el de mi elección para recibir las ideas y contenidos que reflejan el pluralismo ideológico, político, social y cultural de la nación." Bajo dichas consideraciones el suscrito advierte, que si bien es cierto el impetrante manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el seis de abril pasado, también lo es que se contrapone a lo expresado en el sentido de que, desde el quince de marzo del año en curso, es sabido que se suspendería la transmisión del programa radiofónico que indica, situación que adquiere relevancia porque el promovente expresó que desde hace aproximadamente seis años escucha dicho programa radiofónico; circunstancias que tornan incongruente las manifestaciones vertidas por el quejoso respecto de la fecha precisa en la cuál tuvo conocimiento del acto reclamado. Ciertamente, las manifestaciones vertidas por el peticionario de amparo se contraponen entre sí, porque primeramente menciona que desde el quince de marzo hogaño, se dio a conocer que el programa de radio "Noticias MVS Primera Emisión con Carmen Aristegui" dejaría de transmitirse, y posteriormente indicó que el seis de abril tuvo conocimiento del acto que tilda de inconstitucional. Por tanto, la irregularidad advertida, influye en la procedencia de la demanda de amparo, dado que es menester que el suscrito tenga la certeza de la fecha en la cuál tuvo, pleno y cabal conocimiento del acto reclamado, pues tal dato es determinante para poder substanciar el sumario, ya que, sin conocerse ese punto no será posible efectuar el cómputo para saber si la demanda de mérito se presentó o no en tiempo. Conclusivamente, ante la irregularidad incurrida por la parte quejosa, con fundamento en los artículos 108, fracción V, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computado y con ocho copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste bajo protesta de decir verdad la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto que tilda de inconstitucional en el presente juicio de amparo. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 50/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/2014, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, aprobada en sesión de cuatro de junio de dos mil catorce, quedando pendiente de publicarse el engrose, más el tema de la misma que se consulta en la Intranet del Poder Judicial de la Federación reza de la siguiente manera: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del arábigo 12 de la ley de la materia a Marcial Emiliano Gutiérrez Puga, en virtud de que no obra su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará presumir su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las demás resoluciones públicas dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización en los términos ordenados por el titular de este Juzgado en las circulares 1/2010 y 2/2010, de quince y veintiuno de enero de dos mil diez, respectivamente.

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