Miguel Eduardo Guevara Cortez

Expediente 601/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
601/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Miguel Eduardo Guevara Cortez

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, nueve de mayo de dos mil veintidós. Modifica sentencia. Visto el oficio y anexos, suscrito por la Secretaria del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión 304/2021, del índice de la Superioridad oficiante, de la que se advierte que dentro del aludido recurso de revisión, se resolvió: "PRIMERO. Quedan firmes las consideraciones expuestas en el considerando "TERCERO" de la sentencia recurrida, relativas a que respecto a los actos que se atribuyen a la Secretaría de la Hacienda Pública y Recaudadora número 003 en Guadalajara, Jalisco, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; así como lo establecido en el considerando "QUINTO", referente a que, por lo que ve a los actos atribuidos al Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco, así como al Director del Periódico Oficial El Estado de Jalisco, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, por los motivos y fundamentos expuestos en el capítulo IX de la presente ejecutoria. SEGUNDO. En la materia del recurso, se modifica la sentencia recurrida de veintitrés de junio de dos mil veintiuno. TERCERO. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ****, contra el acto reclamado consistente en el artículo 23, fracción III, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, por los fundamentos y los motivos expuestos en el capítulo IV del fallo sujeto a revisión, así como por los motivos y fundamentos precisados en el capítulo X de la presente ejecutoria. CUARTO. Se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ****, contra el acto reclamado al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Jalisco consistente en el artículo 23, fracción III bis, último párrafo de dicha fracción, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno; por los motivos y fundamentos expresados en la parte final del capítulo X, en congruencia con los efectos precisados en el diverso capítulo XI de esta resolución. QUINTO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por ****, en su carácter de Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación del Titular de la citada Secretaría y del Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal 003 del Estado, por los motivos dados en el capítulo XII de la presente ejecutoria". Anotaciones. Hágase saber tal circunstancia a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y acúsese recibo. Efectos. En la resolución emitida por la Superioridad Oficiante, se determinó que la autoridad responsable, debe realizar los actos siguientes: " XI. EFECTOS. Con fundamento en los artículos 77 y 192 de la ley de la materia, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, para los efectos siguientes: a) Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación del artículo 23, fracción III bis, último párrafo de dicha fracción, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado, deberá devolver la contribución que la parte final de la fracción III Bis del numeral impugnado prevé en ****, correspondiente a la aportación a la Cruz Roja Mexicana y al Hogar Cabañas, consignado en los recibos oficiales que aportó el quejoso como medio de prueba a su demanda de amparo indirecto. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA". De igual forma, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 188/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido". Asimismo, cabe precisar que la devolución de la cantidad enterada por la parte quejosa no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las norGmas que prevén un tributo o derecho, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto de las contribuciones declaradas inconstitucionales y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 137/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO)". (.)" Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que sí son susceptibles de cumplimiento en el plazo de tres días, en virtud de que no implica la realización de trabajos especiales o de un procedimiento específico para sustentarlo. Autoridad obligada al cumplimiento. Ahora, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. Asimismo, el artículo 78 de la Ley de Amparo, establece que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma general, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependan de la propia norma invalidada, es decir, la inaplicación únicamente respecto de la quejosa. Por tanto, las autoridades responsables a las que se les reclaman actos legislativos, no tienen que ejecutar acto alguno en cumplimiento al fallo protector, pues el precepto legal que reclama la parte quejosa no puede quedar insubsistente, esto es, de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de garantías, contenido en el artículo 107, fracción II, Constitucional, que señala que los efectos de las sentencias de amparo, sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda de garantías, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado, para que dentro del plazo de tres días, dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo a esta autoridad constancia fehaciente de ello. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que se haya sobreseído el juicio de amparo respecto de dicha autoridad; en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo en términos del artículo 197 de la Ley de la materia, es de orden público y, por tanto, es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por la razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia número 236, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y nueve, Tomo 6, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época que al rubro y texto dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO". Apercíbase. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a las citadas autoridades una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos del numeral 258 de la Ley de Amparo y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad responsable encargada del cumplimiento, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, doce de abril de dos mil veintidós. Tribunal colegiado remite testimonio. Téngase por recibido el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión ordinaria de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la revisión incidental 36/2022, en la que se resolvió: "PRIMERO-Se revoca la interlocutoria recurrida. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a ****, respecto de los actos reclamados a la Junta de Gobierno y a la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con los alcances y para los efectos precisados en la presente ejecutoria." Acúsese el recibo de estilo. Efectos. En la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se precisó que la suspensión definitiva de los actos reclamados se concede para los siguientes efectos: "(.) De ahí que sea procedente conceder la suspensión definitiva respecto del acto reclamado a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, consistente en la modificación del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, para el efecto de que durante la tramitación del juicio de amparo no se apliquen en su perjuicio las disposiciones reclamadas. En esa virtud, al haberse determinado la procedencia de la suspensión en contra del Reglamento reclamado, procede asimismo la medida suspensional en relación con la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de acuerdo a sus atribuciones, en tanto que a esta última también se le reclamaron las consecuencias jurídicas que deriven de la publicación y entrada en vigor del citado Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno, ello, al haberse reclamado en su carácter de autoaplicativo, por lo que sus efectos pueden materializarse inminentemente en perjuicio de los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores que estén adscritos a alguna institución de educación superior o centro de investigación del sector privado en México, como es el caso del quejoso; entonces, igualmente en los términos antes ponderados, procede también la suspensión de esos actos con relación a la mencionada Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de acuerdo a sus atribuciones. (.)" Por tanto, notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y, para tal efecto, remítaseles copia de la ejecutoria dictada en la citada revisión incidental.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, cinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese. Vistas las constancias remitidas vía electrónica por el abogado patrono de la parte quejosa, se ordena agregarlas sin que se realice mayor pronunciamiento al respecto, debido a que no contienen petición alguna, sino que se trata de constancias que obran en el presente juicio de amparo. Remite oficio y anexos. Por otra parte, se tiene por recibido el comunicado firmado por el Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, mediante el cual remite un escrito y anexos que corresponden al presente juicio, los cuales se proveen de la siguiente manera: Sin mayor pronunciamiento. Visto el escrito y anexos signados electrónicamente por el abogado patrono de la parte quejosa, se ordena agregarlos a las presentes actuaciones, sin que se realice mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto tres de agosto de dos mil veintiuno, se recibió un escrito de idéntico contenido y se proveyó lo conducente; aunado a que los anexos que exhibe se tratan de constancias que obran en el presente sumario. Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal, se advierte que la autoridad responsable, no ha cumplido con la ejecutoria de amparo, a pesar de haber quedado legal y oportunamente notificada de los autos de doce de enero y veintidós de febrero, ambos de dos mil veintidós, en los cuales se le requiere a efecto de que cumpliera con la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha hayan realizado manifestación alguna. Requiérase a la autoridad. Por tanto, previo hacer efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérasele de nueva cuenta al Actuario Notificador adscrito a la Junta Especial Numero Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, de cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo dictada en autos, remitiendo copia certificada que lo acredite. Se precisa que los efectos de la ejecutoria de amparo son los siguientes: "De no existir impedimento legal alguno, emplace a la parte demandada del juicio laboral ****.". Apercíbase. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad responsable Actuario Notificador adscrito, para que le ordene a éste, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este Juzgado constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Notifíquese por lista física y electrónica.

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