Miguel Eduardo Flores Guillermo
Expediente 480/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 480/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 09/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Miguel Eduardo Flores Guillermo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos y atento a lo informado por la Secretaría en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1003/2023, de trece de marzo de dos mil veintitrés, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el presente asunto y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívese el presente cuaderno de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el artículo 20, fracción III del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de destrucción toda vez que por resolución de catorce de abril del presente año, se negó la suspensión definitiva solicitada. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1003/2023, de trece de marzo de dos mil veintitrés, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio RAN/YUC/SR/DJ/2116/2023 suscrito por la Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, en ausencia de la Encargada del Despacho de la Delegación, autoridad responsable en los presentes autos, al que acompaña las constancias conducentes de la entrega del título de propiedad de la parcela 45 Z-3P-1 del Ejido Sierra Papacal, Municipio de Mérida, Yucatán. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo y su ampliación se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir en la omisión, abstención y dilación en cuanto a autorizar, expedir, firmar, inscribir, así como mandar a inscribir en los asientos de los Registros Públicos de la Propiedad y Oficinas Catastrales correspondientes del Estado, el Título de Propiedad que ampare los derechos de propiedad privada de origen ejidal sobre la parcela 45 Z-3P-1 del Ejido Sierra Papacal, Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, del cual refiere es titular; asimismo se reclama la omisión de otorgar dicho título legal al quejoso, es decir, se reclama la paralización injustificada de los tramites tendentes a que la parte quejosa pueda obtener el título de propiedad que ampare los derechos de propiedad privada de origen ejidal sobre la parcela 45 Z-3P-1 del Ejido Sierra Papacal, Municipio de Mérida, Estado de Yucatán. Sin embargo, de las copias certificadas que las autoridades señaladas como responsables, remitieron en apoyo a su informe justificado y al diverso oficio RAN/YUC/SR/DJ/2116/2023 suscrito por la Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, en ausencia de la Encargada del Despacho de la Delegación, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el día catorce de julio de dos mil veintitrés, se apersonó al Centro de Atención al Público (CAT) de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, el quejoso Miguel Eduardo Flores Guillermo, con que se procedió a entender la entrega del título de propiedad número 1005967 que ampara la parcela 45 Z-3 P-1 del Ejido Sierra Papacal, Municipio de Mérida, Yucatán. Todo esto, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el veinticuatro de marzo del año que transcurre, por lo que es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el quejoso Miguel Eduardo Flores Guillermo, mediante el cual cumple con la prevención hecha en acuerdos de veintiséis y treinta de junio de dos mil veintitrés y amplía su demanda de amparo por nueva autoridad responsable y acto reclamado. En tal virtud, se admite la ampliación de la demanda de amparo respecto de la nueva autoridad responsable y acto reclamado; lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 107, 108, 111, 115 y 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, con copia del escrito de ampliación, solicítese su informe justificado a la nueva autoridad responsable corriéndole traslado con el escrito de ampliación de mérito, además con copia del escrito inicial de demanda; por lo que deberán rendir su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; asimismo, en el término señalado, deberá acompañar la totalidad de las constancias que estime pertinentes, para apoyar su respectivo informe, o las que sean necesarias para probar las manifestaciones que se viertan en el mismo; apercibida que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la citada ley, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al dictado del presente acuerdo. De conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo se previene a la autoridad responsable a efecto de que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia, lo haga del conocimiento de este Órgano de Control Constitucional y de ser posible exhiban las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que no acatar lo anterior, con fundamento en el artículo 251 del invocado ordenamiento legal, se les impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Comuníquese a las autoridades responsables que la audiencia constitucional en este asunto está señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Gírese atento oficio a las autoridades responsables señaladas de manera inicial, al que se deberá agregar copia del escrito de ampliación; para su conocimiento y efectos legales conducentes. Con copia autorizada de la ampliación de la demanda de amparo, así como de este acuerdo, con las correspondientes evidencias criptográficas, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 110 de la Ley de Amparo; lo anterior a través del correo institucional para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.
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