MIGUEL DOMÍNGUEZ PALAVICINI y Otros.
Expediente 987/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 987/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- MIGUEL DOMÍNGUEZ PALAVICINI y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EDUARDO JAVIER CEDILLO RUÍZ, EL PROVEÍDO DE SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN CUMPLIMIENTO AL DIVERSO AUTO DE SIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO ACTUAL: "Autoridad cumple requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta signado por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, mediante el cual cumple con el requerimiento de veinte de octubre del año en curso, pues al efecto remite la boleta de libertad del quejoso Eduardo Javier Cedillo Ruiz; en consecuencia, téngase cumplido el requerimiento de que se trata y déjese sin efectos el apercibimiento con el que fue conminado. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su especial naturaleza, las documentales que acompaña la autoridad oficiante al oficio de trato, para los efectos legales a que haya lugar. Se ordenan notificaciones por medio de lista a la parte quejosa. En razón de lo anterior, túrnense los presentes autos a la actuaría judicial de este Juzgado de Distrito, a fin de que se notifiquen al citado quejoso por medio de lista el acuerdo de siete de octubre de la presente anualidad, el presente proveído; así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, para los efectos legales a que haya lugar y hasta en tanto el mencionado impetrante señale nuevo domicilio procesal para tal efecto. Apoya en este aspecto, por identidad de razones, la jurisprudencia 1a./J. 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 107/2007-PS, visible en la página 238, del Tomo XXVII, Abril de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES".
- Principal
Razón actuarial de imposibilidad. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes la razón actuarial de cuenta signada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar de manera personal al quejoso Eduardo Javier Cedillo Ruiz, el proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, por las razones ahí expuestas. Se formula requerimiento a autoridad penitenciaria. Ante ese panorama, requiérase al Director General del Centro Federal de Readaptación Social 12 "CPS-Guanajuato", para que dentro del término legal de tres días, remita copia certificada de las constancias con las cuales acredite el egreso de esa penitenciaría del quejoso citado en párrafo precedente, lo anterior, a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Apercíbase al director general requerido que de no cumplir con lo anterior, o de no informar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, con apoyo en el numeral 237, fracción I, en relación con el artículo 259, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
Defensora Pública acepta cargo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito de cuenta signado por Citlalli Elizabeth Saucedo Cárdenas y, en atención a su contenido, téngasele cumpliendo el requerimiento efectuado en proveído de cinco de octubre del año en curso, toda vez que acepta y protesta el cargo de defensora pública del aquí quejoso privado de la libertad Miguel Domínguez Palavicini. Asimismo, toda vez que el nombre de usuario (ifdpsaucedo) se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que se satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio. De igual forma, se autoriza a la defensora pública el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario (ifdpsaucedo) se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que se satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, así como para que se realicen las notificaciones electrónicas, en los términos anteriormente apuntados. II. Comunicación al quejoso sobre designación de defensor público y/o asesor jurídico. Hágase del conocimiento del quejoso Miguel Domínguez Palavicini que le fue asignada como defensora pública y/o asesora jurídica para que le preste asesoría en el presente juicio de amparo a la Defensora Pública Federal Citlalli Elizabeth Saucedo Cárdenas, para los efectos legales a que haya lugar. III. Notificaciones a la parte quejosa. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, realícense tanto al directo quejoso privado de su libertad en comento, como a la defensora y/o asesora antes citada, a fin de potencializar el acceso a la justicia del aquí quejoso. Resulta orientadora la tesis (II Región) 1o.4 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, de Mayo de 2019, Décima Época, registro 2019918, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR QUE SE REALICEN TANTO A ÉSTOS EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN RESPECTIVO, COMO A QUIEN, EN EL SUMARIO CONSTITUCIONAL, TENGA ASIGNADA SU DEFENSA (INTERPRETACIÓN PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a la doctrina establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la concurrencia de múltiples interpretaciones respecto de una disposición normativa, debe preferirse aquella que sea más extensiva y, especialmente, la que tienda a favorecer el acceso efectivo a la jurisdicción. Ahora bien, acorde con una directriz gramatical, en su vertiente semántica, deriva que el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo puede implicar dos escenarios: (i) uno, en el que la conjunción (o) contenida en dicho precepto, se entienda en su acepción alternativa y, por ende, quede a elección del Juez de Distrito instruir que las comunicaciones condignas se materialicen, ya sea al quejoso privado de su libertad en el lugar de internamiento correspondiente, o bien, a su defensor, representante legal o persona designada para esa finalidad; y, (ii) otro, en el que la conjunción de trato, lejos de representar una disyunción al resolutor federal, conlleve la obligación ineludible de que éste ordene su práctica, invariablemente, tanto al directo quejoso privado de su libertad como a la persona que tenga asignada su defensa, para efectos del juicio biinstancial; de ahí que a pesar de que ambas opciones interpretativas deriven de procesos hermenéuticos válidos, la exégesis que produce un mayor espectro protector al justiciable es la segunda, en la medida en que potencializa el acceso a la justicia al sujeto privado de su libertad personal, ya que con esa perspectiva se garantiza que, en todos los casos, tengan conocimiento de las determinaciones dictadas en el sumario de derechos fundamentales, la persona encargada de velar por los intereses del individuo sujeto a la rectoría de la autoridad penitenciaria, así como este último de manera directa, con lo cual, a su vez, se diluye la posibilidad de que, por un descuido o negligencia del primero, se le impida al segundo controvertir una decisión que tenga como desenlace un contexto desfavorable". Se ordena notificación. Sin perjuicio de lo anterior, se ordena al actuario de la adscripción para que, proceda a realizar la notificación del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós a la defensora de mérito; lo anterior, para que se imponga de su contenido y efectos legales procedentes. Notificaciones personales. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Instrucción en torno a la notificación personal del quejoso privado de su libertad. Por cuestiones de seguridad e higiene, para salvaguardar la integridad tanto del encausado de mérito, privado de la libertad, como del funcionario que le notifique el presente proveído, se faculta al actuario judicial para que realice la notificación de este proveído por los medios electrónicos habilitados e implementados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
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