Miguel Díaz Robles
Expediente 915/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 915/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Díaz Robles
Actuaciones
- Principal
Auto de desechamiento causa estado. Archivese como asunto totalmente concluido.
- Principal
Recepción de exhorto Agréguese al sumario el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Durango, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 521/2022, librado por este órgano jurisdiccional para notificar el auto de veintisiete de septiembre pasado, al quejoso Miguel Díaz Robles, por lo motivos asentados en la razón actuarial de tres de octubre del año en curso. Dese de baja la comunicación en cita y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notificación por lista En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por medio de lista el proveído de veintisiete de septiembre del año en curso y las subsecuentes que le resulten, aún las de carácter personal, hasta en tanto, en su caso, señale domicilio procesal en esta ciudad. En cumplimiento a lo anterior, por este medio, se notifica a la parte quejosa el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, que establece: "Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo signada por **************, por propio derecho; en contra de actos del Fiscal General del estado de Guanajuato y otras autoridades, por violaciones al artículo 8, 14 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 915/2022-6. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. El numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de demanda, con fundamento en los artículos 1°, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar de plano la demanda. Lo anterior, en virtud que se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concatenación con el diverso 107, fracción III, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De las disposiciones normativas transcritas emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. Para comprender el alcance de este supuesto de procedencia del amparo, a criterio de quien suscribe, el legislador advirtió la posibilidad de que una persona promoviera demanda de amparo únicamente contra los actos u omisiones efectuadas dentro de un juicio o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que sean de imposible reparación, ello para que esto no produjera la proliferación de varios juicios de amparo. Asimismo, de manera excepcional, previó la oportunidad de impugnar un acto u omisión dentro de un juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio conforme a la regla de procedencia, consistente en la irreparabilidad que produce un acto dentro del juicio. Conviene mencionar que la Ley de Amparo, en el artículo 107, fracción III, inciso b), precisa el alcance de la expresión "imposible reparación" contra actos dictados dentro juicio. Al analizar este precepto se debe entender que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegara a trascender al resultado de la determinación que adopte la autoridad, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En tal virtud, el amparo indirecto es procedente exclusivamente contra actos dictados dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio o en un juicio estrictamente, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, por lo que aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal, incluyendo las que produzcan una violación de carácter predominante. Sustentan lo anterior, por identidad de razón, las jurisprudencias P./J. (10a.) 37/2014 y 1/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. A partir de las premisas apuntadas, es oportuno resaltar que en el caso, de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, se desprenden como antecedentes de la materia de reclamo: 1. En la integración de la carpeta de investigación ****************, el dos de septiembre de dos mil veintidós, el quejoso presentó un escrito dirigido al agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula B-1-7 en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, en el que realizó diversas manifestaciones referentes a la investigación y los efectos que, según aduce, quedaron demostrados sobre la materia de indagación, por lo que solicitó se decretara auto de no ejercicio de la acción penal o la reserva. 2. Hasta la presentación de la demanda de amparo, dicha autoridad no ha dado contestación a la referida petición. Lo anterior, cobra relevancia y adquiere valor probatorio pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." De esas expresiones se colige que recientemente el dos de septiembre de dos mil veintidós, la parte quejosa presentó un escrito ante el agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula -1-7 en Celaya, Guanajuato, a través del cual realizó diversas manifestaciones inherentes a la comprobación de la legal y legítima procedencia de la materia de la investigación que se encuentra tramitándose ante la autoridad responsable y, por ende, solicitó se decretará auto de no ejercicio de la acción penal o la reserva, lo que implica que hasta este momento no le causa un perjuicio de imposible reparación, pues para ese supuesto es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la determinación y, c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. En esta condición, el acto reclamado consistente en la falta de respuesta al escrito presentado el dos de septiembre del año en curso, no puede estimarse como de imposible reparación, ya que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, la vida, la libertad o el estado civil, pues de sus manifestaciones no se desprende que la omisión de la responsable trasgreda esos derechos o que lo haga como consecuencia del acto omisivo; aunado a que es factible que el fiscal responsable al emitir su pronunciamiento atienda favorablemente las peticiones de la parte quejosa. Máxime que este órgano jurisdiccional estima que no se actualiza una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total, puesto que de la fecha en que presentó su escrito (dos de septiembre de dos mil veintidós) hasta el día en que ingresó su demanda de amparo (veintitrés de septiembre actual), ha transcurrido aproximadamente menos de veinte días, lo que robustece que el acto reclamado no le genera perjuicios de imposible reparación. De ahí que se reitera, el presente juicio de amparo es improcedente, pues no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, sino atañen a cuestiones meramente formales en un asunto seguido en forma de juicio, ya que de sus manifestaciones se obtiene que la carpeta de investigación se encuentra substanciándose, lo que implica en gran probabilidad que el fiscal responsable continua ejerciendo actos de investigación; además, la temporalidad que ha transcurrido hasta ahora no pone de manifiesto una abierta dilación o paralización del asunto. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, Décima Época, con registro digital: 2011580 "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Por tanto, al reclamarse actos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concatenación con el diverso 107, fracción III, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Notificación por exhorto En razón que el domicilio que señaló el quejoso en su escrito inicial de demanda se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, esto es, **********************, de conformidad con los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 300 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al Juez de Distrito en el estado de Durango, con residencia en Durango en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal: - Lleve a cabo la notificación del quejoso del presente proveído; en el entendido, que el funcionario encargado de la diligencia deberá correrle traslado con copia simple del acuerdo que se dicta; - Requiera a la parte quejosa para que al momento de la diligencia o en el término de tres días legalmente computado, señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones; con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Sin que haya lugar a tener como domicilio los coreos electrónicos que indica, en razón que tal medio no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo. Designación de autorizados Se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la personas que indica, en razón de que no se proporcionaron mayores datos para verificar si tienen registrada su cédula en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; lo anterior, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.". Se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computado, señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Asimismo, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado la copia autorizada del proveído en cita que se notifica.
- Principal
Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo signada por **************, por propio derecho; en contra de actos del Fiscal General del estado de Guanajuato y otras autoridades, por violaciones al artículo 8, 14 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 915/2022-6. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. El numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de demanda, con fundamento en los artículos 1°, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar de plano la demanda. Lo anterior, en virtud que se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concatenación con el diverso 107, fracción III, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De las disposiciones normativas transcritas emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. Para comprender el alcance de este supuesto de procedencia del amparo, a criterio de quien suscribe, el legislador advirtió la posibilidad de que una persona promoviera demanda de amparo únicamente contra los actos u omisiones efectuadas dentro de un juicio o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que sean de imposible reparación, ello para que esto no produjera la proliferación de varios juicios de amparo. Asimismo, de manera excepcional, previó la oportunidad de impugnar un acto u omisión dentro de un juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio conforme a la regla de procedencia, consistente en la irreparabilidad que produce un acto dentro del juicio. Conviene mencionar que la Ley de Amparo, en el artículo 107, fracción III, inciso b), precisa el alcance de la expresión "imposible reparación" contra actos dictados dentro juicio. Al analizar este precepto se debe entender que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegara a trascender al resultado de la determinación que adopte la autoridad, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En tal virtud, el amparo indirecto es procedente exclusivamente contra actos dictados dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio o en un juicio estrictamente, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, por lo que aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal, incluyendo las que produzcan una violación de carácter predominante. Sustentan lo anterior, por identidad de razón, las jurisprudencias P./J. (10a.) 37/2014 y 1/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. A partir de las premisas apuntadas, es oportuno resaltar que en el caso, de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, se desprenden como antecedentes de la materia de reclamo: 1. En la integración de la carpeta de investigación ****************, el dos de septiembre de dos mil veintidós, el quejoso presentó un escrito dirigido al agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula B-1-7 en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, en el que realizó diversas manifestaciones referentes a la investigación y los efectos que, según aduce, quedaron demostrados sobre la materia de indagación, por lo que solicitó se decretara auto de no ejercicio de la acción penal o la reserva. 2. Hasta la presentación de la demanda de amparo, dicha autoridad no ha dado contestación a la referida petición. Lo anterior, cobra relevancia y adquiere valor probatorio pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." De esas expresiones se colige que recientemente el dos de septiembre de dos mil veintidós, la parte quejosa presentó un escrito ante el agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula -1-7 en Celaya, Guanajuato, a través del cual realizó diversas manifestaciones inherentes a la comprobación de la legal y legítima procedencia de la materia de la investigación que se encuentra tramitándose ante la autoridad responsable y, por ende, solicitó se decretará auto de no ejercicio de la acción penal o la reserva, lo que implica que hasta este momento no le causa un perjuicio de imposible reparación, pues para ese supuesto es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la determinación y, c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. En esta condición, el acto reclamado consistente en la falta de respuesta al escrito presentado el dos de septiembre del año en curso, no puede estimarse como de imposible reparación, ya que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, la vida, la libertad o el estado civil, pues de sus manifestaciones no se desprende que la omisión de la responsable trasgreda esos derechos o que lo haga como consecuencia del acto omisivo; aunado a que es factible que el fiscal responsable al emitir su pronunciamiento atienda favorablemente las peticiones de la parte quejosa. Máxime que este órgano jurisdiccional estima que no se actualiza una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total, puesto que de la fecha en que presentó su escrito (dos de septiembre de dos mil veintidós) hasta el día en que ingresó su demanda de amparo (veintitrés de septiembre actual), ha transcurrido aproximadamente menos de veinte días, lo que robustece que el acto reclamado no le genera perjuicios de imposible reparación. De ahí que se reitera, el presente juicio de amparo es improcedente, pues no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, sino atañen a cuestiones meramente formales en un asunto seguido en forma de juicio, ya que de sus manifestaciones se obtiene que la carpeta de investigación se encuentra substanciándose, lo que implica en gran probabilidad que el fiscal responsable continua ejerciendo actos de investigación; además, la temporalidad que ha transcurrido hasta ahora no pone de manifiesto una abierta dilación o paralización del asunto. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, Décima Época, con registro digital: 2011580 "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Por tanto, al reclamarse actos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concatenación con el diverso 107, fracción III, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Notificación por exhorto En razón que el domicilio que señaló el quejoso en su escrito inicial de demanda se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, esto es, **********************, de conformidad con los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 300 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al Juez de Distrito en el estado de Durango, con residencia en Durango en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal: - Lleve a cabo la notificación del quejoso del presente proveído; en el entendido, que el funcionario encargado de la diligencia deberá correrle traslado con copia simple del acuerdo que se dicta; - Requiera a la parte quejosa para que al momento de la diligencia o en el término de tres días legalmente computado, señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones; con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Sin que haya lugar a tener como domicilio los coreos electrónicos que indica, en razón que tal medio no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo. Designación de autorizados Se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la personas que indica, en razón de que no se proporcionaron mayores datos para verificar si tienen registrada su cédula en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; lo anterior, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
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