Miguel Diaz Martinez
Expediente 96/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 46 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 03/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Miguel Diaz Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio remitido por la Primera Sala de lo Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del oficio 8728/2023, con el que este juzgado remitió las constancias que refiere. Por otra parte, como esta ordenado en auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, remítase al archivo como asunto totalmente concluido el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Se declara que la sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus autos la razón levantada por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la tercera interesada la sentencia de fecha de engrose de cuatro de mayo de dos mil veintidós, así como el proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós, en el presente juicio de amparo, por los motivos que expone. Toda vez que la tercera interesada no dio cumplimiento a lo solicitado en auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, en virtud de que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se ordena notificar por medio de lista a la tercera interesada, la sentencia de fecha de engrose de cuatro de mayo de dos mil veintidós, así como el proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós, y el presente auto, en términos de la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se sirva señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Notifíquese y por medio de lista a la tercera interesada. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERA INTERESADA, LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO Y EL PROVEÍDO DE VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICEN: "CIUDAD DE MÉXICO, DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 96/2021, promovido por ***, por propio derecho, contra el acto que reclama de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito ingresado ante la Oficialía de Partes de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, ***, por propio derecho, promovió demanda de amparo en la vía directa, en contra del acto que reclama de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por considerarlo violatorio en su perjuicio a los derechos humanos reconocidos y a las garantías otorgadas en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales y que precisó de la manera siguiente: "IV. Acto reclamado: Se reclama de la PRIMERA SALA FAMILIAR DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la resolución al recurso de apelación, dictado en el toca 1093/2020, de fecha veintitrés de noviembre del dos mil veinte". Mediante oficio 76 de dos de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaria Auxiliar de Acuerdos Adscrita a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, envió la demanda de amparo de mérito y sus anexos, al Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, a fin de que proveyera lo conducente. Por razón de turno correspondió conocer del asunto al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde se registró con el número D.C. 41/2021 y, en resolución de doce marzo de dos mil veintiuno, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, al considerar que el acto reclamado no consistía en una sentencia definitiva o resolución que hubiere puesto fin al juicio contra la cual procede la interposición del juicio de amparo directo en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 170 de la Ley de Amparo, por lo que ordenó remitir la demanda con sus anexos al Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. El conocimiento del asunto correspondió a este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, donde se registró con el número 96/2021. SEGUNDO. Trámite de la demanda. En proveído de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, aceptó la competencia declinada por lo que se avocó al conocimiento del asunto; en el mismo auto, admitió a trámite la demanda; pidió el informe justificado a la autoridad responsable; tuvo como tercera interesada a Margarita Díaz, y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló alegatos. Por otra parte, por acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno, se tuvo ***, manifestando el posible fallecimiento de la tercera interesada ***; asimismo, se requirió al quejoso mediante notificación personal, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente a aquél en que le surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste a este órgano juzgador si tenía conocimiento de dicho fallecimiento y de ser así proporcionara nombre y domicilio actual y correcto del albacea de la sucesión a bienes de ***. De igual manera, se ordenó girar oficio a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que en el término de tres días, informara a este Juzgado, si tenía conocimiento de que la tercera interesada Margarita Díaz, había fallecido, y en su caso, si ya se promovió la sucesión, y de ser así proporcionara nombre y domicilio actual y correcto del albacea de la sucesión a bienes de Margarita Díaz, para que este órgano federal esté en condiciones de emplazar al presente juicio de amparo a la sucesión de la citada tercera interesada a través de quien lo represente. Por escrito con número de registro 3953, el quejoso manifestó lo siguiente: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, tengo conocimiento del fallecimiento de mi coheredera *** en la fecha en que me es notificado el acuerdo que aquí se desahoga, toda vez que en ningún momento fui avisado de tal acontecimiento por parte de mis familiares, probablemente a la ruptura del lazo familiar que tengo desde hace muchos años con ellos. No obstante ello, puedo manifestar a su Señoría, que hasta hoy tengo conocimiento, que le sobreviven sus hijos de nombres ***. Sin embargo, desconozco si alguno de ellos detenta el cargo de albacea de la sucesión a bienes de Margarita Díaz, por tal motivo desconozco su domicilio actual; por tanto, me encuentro impedido para proporcionarlo. Por su parte, la Sala responsable por oficio con número de registro 4083, informó a este órgano jurisdiccional, el contenido del proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, en los siguientes Que esta Sala no tiene conocimiento de que la tercera interesada, señora ***, haya fallecido y por consecuencia, tampoco se tiene conocimiento si ya se promovió la sucesión respectiva. Ahora bien, por auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, se giró oficio al Director General del Registro Civil de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remitiera copia certificada del acta de defunción de la tercera interesada Margarita Díaz, o en su caso manifestara su imposibilidad para hacerlo. Asimismo, por escrito con número de registro 5102, presentado por ***, exhibió copia certificada del acta de defunción de la tercera interesada ***. De igual forma, por oficio con número de registro 9940, suscrito por el Apoderado Legal del Registro Civil de la Ciudad de México, acompañó copia certificada del acta de defunción de la tercera interesada ****. De igual manera, por acuerdo de cinco de julio de dos mil veintiuno, la Sala responsable en su oficio con número registro 5373, acompañó copia certificada del acuse de recibo del escrito de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, a través del cual ***, denunció la sucesión de ***, el cual le tocó conocer al Juzgado Vigésimo Noveno de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, registrándolo con el número de expediente 523/2021. Por lo que se requirió al Juez Vigésimo Noveno de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de cinco días informara a este órgano jurisdiccional, si ya se designó albacea en la sucesión de Margarita Díaz, de ser así manifestara el nombre y domicilio de dicho albacea, para que este Juzgado Federal estuviera en condiciones de notificarle la tramitación del presente juicio de amparo. Por oficio con número de registro 3155 suscrito por el Juez Vigésimo Noveno de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informó a este Juzgado Federal, que con fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós se nombró como albacea judicial a Toledo González Vicente. En otro contexto, por auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se ordenó notificar a la tercera interesada ***, a través de su albacea judicial T***, la tramitación del presente juicio de amparo. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en la fecha señalada con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados por un órgano jurisdiccional que reside dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, consiste en lo siguiente: Del análisis integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en el toca 1093/2020, en la que confirmó la resolución emitida en el incidente de remoción de albacea derivado del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Ricardo Díaz Martínez, expediente 2240/2015, del índice del Juzgado Trigésimo Quinto de lo Familiar de la Ciudad de México. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierta la existencia del acto reclamado a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en virtud de que al rendir su informe justificado así lo manifestó expresamente; por lo que atento a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene plenamente acreditado el mismo. La referida existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que remitió la Sala responsable en apoyo a su informe justificado, las cuales tienen valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de copias certificadas de actuaciones judiciales. CUARTO. Improcedencia. Las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, ni este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, por lo que, procede examinar el fondo del presente asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, valoradas en líneas que anteceden, se advierte lo siguiente: 1. La señora ***, hoy su Sucesión, demandó del aquí quejoso (albacea de la sucesión a bienes del señor ****), la remoción del cargo que ostenta, bajo el argumento fundamental siguiente: "9. Siendo que el señor ***, desde su nombramiento el catorce de agosto de dos mil dieciocho, al día de hoy se ha abstenido de realizar algún acto en cumplimiento a su nombramiento, teniendo detenida la presente sucesión y no dando continuidad al presente juicio sucesorio, el cual se encuentra detenido, lo cual se puede apreciar de autos, es por ello que me veo en la necesidad de promover el presente incidente de remoción del cargo de albacea". 2. El incidente fue admitido el diez de febrero de dos mil veinte (previo desahogo de una prevención), y el juez de la causa ordenó emplazar al señor Miguel Díaz Martínez, para que dentro del término de tres días lo contestara. 3. El señor ***, quedó notificado personalmente el seis de marzo del año pasado; en auto de tres de agosto de dos mil veinte, el juez del conocimiento lo declaró rebelde y precluido el derecho que tuvo para responder la demanda incidental instaurada en su contra. 4. El tres de septiembre de dos mil veinte, el Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar de la Ciudad de México, dictó resolución interlocutoria en la que declaró procedente el incidente de remoción del albacea Miguel Díaz Martínez. 5. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el veintitrés de noviembre de dos mil veinte por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 1093/2020, quien confirmó la interlocutoria apelada. Resolución que constituye el acto reclamado en este juicio. SEXTO. Estudio de conceptos de violación. Con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo se estudiarán conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, en virtud de la estrecha relación que guardan entre sí las cuestiones propuestas en ellos. Por principio debe decirse que, contrario a lo que aduce el quejoso, la resolución reclamada se encuentra fundada, en virtud de que el tribunal de alzada invocó expresamente las normas que consideró aplicables al caso concreto, como son los artículos 1712, 1749, 1722 y 1752 del Código Civil, así como los numerales 140, 327, fracción VIII, 403, 816 y 830 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y, motivada, ya que se expusieron las consideraciones jurídicas con base en las cuales la Sala responsable confirmó la interlocutoria apelada que declaró procedente el incidente de remoción de albacea presentado por Margarita Díaz, hoy su Sucesión, respecto del encargo encomendado al aquí quejoso; colmándose con ello el requisito que prevé el artículo 16 constitucional de fundamentación y motivación. Por otra parte, el quejoso alega que la resolución reclamada es incongruente, porque en la misma no se estudiaron los agravios de apelación. Este concepto de violación es infundado. En efecto, de las actuaciones judiciales que se tienen a la vista y concretamente del escrito de expresión de agravios formulado en la apelación en contra de la resolución apelada, se advierte que el apelante, hoy quejoso expresó en síntesis lo siguiente: a) Que en el caso no existen cuentas por rendir porque los inmuebles que forman parte de la masa hereditaria son utilizados como casa habitación por las familias de los coherederos, esto es, por el quejoso y por ***, hoy su Sucesión. b) Que, los coherederos acordaron que cada uno se haría cargo del pago de impuestos, derechos y gastos de mantenimiento, de ahí que cada uno tiene la libre administración de los bienes. c) Que con base en lo antes expuesto, en el caso, no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 1706, fracción IV, del Código Civil, y por ende no resulta aplicable la sanción prevista en el artículo 848 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que sirvieron de base para la remoción de albacea, además que no cobran aplicación las tesis invocadas por la sala responsable. Por otra parte, de la lectura íntegra de la resolución reclamada, se llega a la conclusión de que la sala responsable sí analizó los agravios que le fueron sometidos a su consideración. Esto es así, porque en relación con los agravios que quedaron sintetizados en los incisos a), b), y c), sostuvo que los mismos eran infundados, con base en la siguiente consideración: "porque la obligación de rendir cuentas, nada tiene que ver con el hecho de que el acervo hereditario produzca o no fruto o ganancia, en virtud de que el numeral 1722 del Código Civil, no condiciona dicha obligación a la existencia de los mismos, según podemos observar del capítulo V "De la administración" y el apartado "De la rendición de cuentas", del Código de Procedimientos Civiles, de ahí que dicho evento no lo eximía de su obligación". Además, sostuvo que resultaban aplicables por similitud jurídica los criterios de rubros "ALBACEA. DEBE REMOVERSE DE SU ENCARGO CUANDO NO PRESENTE EL AVALÚO DE LOS BIENES QUE CONFORMAN LA MASA HEREDITARIA, AUN CUANDO EL INVENTARIO YA SE HUBIESE PRESENTADO CON ANTERIORIDAD (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 816 Y 1752 DEL CÓDIGO CIVIL, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL)" y "ALBACEA, REMOCIÓN DE, COMO SANCIÓN DERIVADA DE NO PRESENTAR EL INVENTARIO DE BIENES DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY". Lo anterior debido a que, sostuvo la responsable, la interlocutoria apelada se encuentra ajustada a derecho, porque de actuaciones procesales no se advierte que el aquí quejoso haya dado continuidad, ni rendido cuentas, lo que conlleva a su remoción del cargo conferido, debido a que su conducta pasiva ha generado una dilación en el proceso porque ha transcurrido más de un año sin informar a los coherederos las gestiones, movimientos claros, precisos, concretos, concluyentes y comprobables de su encargo en perjuicio de los herederos, actualizándose así la sanción prevista en el artículo 8481 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Consecuentemente, si de la confrontación entre lo alegado como agravios en la alzada y lo sustentado en la resolución reclamada, se observa que la sala responsable emprendió el estudio de los planteamientos que le fueron sometidos a su consideración y se pronunció con relación a ellos como consideró procedía conforme a derecho, es inconcuso que el acto reclamado en forma alguna resulta incongruente, dado que no existió renuencia de parte del tribunal de apelación para examinar alguno o algunos de los agravios expuestos en la alzada; de ahí, lo infundado del concepto de violación que se estudia. Ahora bien, debe decirse que la resolución reclamada no adolece de la incongruencia y exhaustividad que le atribuye el quejoso por el hecho Artículo 848. Cuando el que administre no rinda, dentro del término legal, su cuenta anual, será removido de plano. de que lo resuelto en la misma sea contrario a sus intereses, porque tal determinación se encuentra ajustada a derecho. En efecto, del contenido de los artículos 17122 y 17223 del Código Civil, en relación con los numerales 8164 y 8485 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se desprende que el albacea debe formar el inventario y avalúo dentro de diez días de haber aceptado su cargo, dando aviso al juzgado para los efectos del artículo 819 y dentro de los sesenta días de la misma fecha deberá presentarlo, además de que el albacea está obligado a rendir cada año cuenta de su albaceazgo y, en caso de que no lo rinda dentro del término legal, será removido de plano. Así, la figura del albacea tiene como finalidad representar y administrar los bienes de la sucesión; la obligación de rendir cuentas resulta consecuencia lógica y jurídica de la naturaleza de las cosas, pues únicamente quien tiene poder exclusivo sobre un Artículo 1712. El albacea debe formar el inventario dentro del término señalado por el Código de Procedimientos Civiles. Si no lo hace, será removido. Artículo 1722. El albacea está obligado a rendir cada año cuenta de su albaceazgo Artículo 816. Dentro de diez días de haber aceptado su cargo el albacea debe proceder a la formación de inventarios y avalúos, dando aviso al juzgado para los efectos del artículo 819 y dentro de los sesenta días de la misma fecha deberá presentarlos. El inventario y avalúo se practicarán simultáneamente, siempre que no fuere imposible por la naturaleza de los bienes Artículo 848. Cuando el que administre no rinda dentro del término legal, su cuenta anual, será removido de plano. También podrá ser removido, a juicio del juez y solicitud de cualquiera de los interesados, cuando alguna de las cuentas no fuera aprobada en su totalidad. bien, derecho o patrimonio, puede usar de él libremente, con las limitaciones y modalidades que fijan las leyes, sin estar en la necesidad de rendir cuentas a nadie de su conducta; pero quien no se halle en esa situación y administre bienes total o parcialmente ajenos, debe rendir cuentas. Por lo que, la rendición mensual de las cuentas de administración de los bienes que conforman la masa hereditaria, constituye una obligación a cargo del albacea de la sucesión, quien será removido de plano del cargo cuando no dé cumplimiento a tal deber. En esa temática, fue correcto que en la resolución combatida la Sala sustentara su determinación en los numerales antes indicados, dado que Miguel Díaz Martínez, fue nombrado albacea el catorce de agosto de dos mil dieciocho y desde esa fecha ha sido omiso en dar continuidad al procedimiento, pese a que la señora Margarita Díaz, hoy su Sucesión (cuando detentó el cargo de albacea), exhibió sección segunda de inventario y avalúos el dos de mayo del mismo año y hasta la fecha en que se presentó el incidente de remoción de albacea no ha realizado las gestiones necesarias para su culminación. Ahora bien, los preceptos legales antes indicados, no tienen el alcance que pretende darle el impetrante del amparo porque no disponen que para la presentación del avalúo e inventario el albacea deba necesariamente tener en posesión material los bienes que integran el caudal hereditario, máxime que, como ya se dijo, el artículo 848 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, establece que la remoción del albacea procederá de plano, cuando no cumpla con la obligación de rendir en el término establecido en el diverso numeral 816 del código adjetivo civil, el avalúo e inventario de los bienes de la sucesión. Contrario a lo que aduce el quejoso, sí cobran aplicación al caso los criterios que citó la sala responsable en la resolución combatida porque, como ya se vio, el señor Miguel Díaz Martínez, no dio continuidad, ni rindió cuentas respecto de la gestión que en su calidad de albacea le correspondía, de ahí que lo procedente fue removerlo del encargo conferido, en la inteligencia que los criterios en que apoyo la responsable la resolución combatida están referidos a tal supuesto. Por otro lado, es inoperante lo que señala el quejoso en cuanto a que no está obligado a rendir cuentas porque los bienes materia de la sucesión no producen ganancia, ni generan fruto alguno, porque uno de los inmuebles que forma parte de la masa hereditaria es ocupado actualmente como casa habitación por parte de la coheredera Margarita Díaz, hoy su Sucesión, quien vive ahí con su familia porque así lo expresó en escrito que presentó el cuatro o cinco de julio de dos mil diecinueve ante el juez del conocimiento, confesión plena que debió ser usada en su contra; y que los coherederos tenían un acuerdo de voluntades consistente en que cada uno se haría responsable del pago de impuestos, derechos y gastos de mantenimiento, por lo que tenían la libre administración de esos bienes. En efecto, los conceptos de violación formulados en una demanda de amparo, cuando no atacan las consideraciones que dieron lugar al acto reclamado son inoperantes, puesto que deben estar orientados a desvirtuar las consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable para dictar el acto reclamado. Ahora bien, de la confrontación de los conceptos de violación con el contenido de la resolución reclamada, claramente, se advierte, que no se controvierten las consideraciones que la sustentan y que son esencialmente los relativos a que: La obligación de rendir cuentas, nada tiene que ver con el hecho de que el acervo hereditario produzca o no fruto o ganancia, porque el artículo 1722 del Código Civil no condiciona dicha obligación a la existencia de los mismos, como se desprende del capítulo V "De la Administración", y el apartado "De la rendición de cuentas", del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de ahí que tal circunstancia no eximía al apelante de su obligación. De lo anterior, se aprecia que con los conceptos de violación antes expuestos no se combate la consideración antes expuesta de la resolución reclamada. Lo anterior es así, ya que el quejoso no dice que sea inexacta la consideración de la Sala responsable, porque contrario a lo que sostuvo, el hecho de que el acervo hereditario no produzca fruto o ganancia lo exime de la obligación de presentar avalúo e inventario, además de que no resulta aplicable al caso el artículo 1722 del Código Civil. Por lo anterior, esas consideraciones deben quedar incólumes y firmes para seguir rigiendo el sentido de lo decidido. De ahí lo inoperante del concepto de violación. Luego, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, y al no estar en el caso de suplir la deficiencia de la queja conforme a lo dispuesto en el precepto 79 de la Ley de Amparo, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a***, contra el acto que reclama de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese, y personalmente a las partes." "CIUDAD DE MÉXICO, VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que aún no obra en autos la constancia de notificación ordenada a la tercera interesada en la sentencia de fecha de engrose de cuatro de mayo de dos mil veintidós. En esas condiciones, túrnense los correspondientes autos al actuario que por zona corresponda para que notifique a la tercera interesada la sentencia de fecha de engrose de cuatro de mayo de dos mil veintidós, así como el presente proveído. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la notificación ordenada en el presente proveído. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que aún no obra en autos la constancia de notificación ordenada a la tercera interesada en la sentencia de fecha de engrose de cuatro de mayo de dos mil veintidós. En esas condiciones, túrnense los correspondientes autos al actuario que por zona corresponda para que notifique a la tercera interesada la sentencia de fecha de engrose de cuatro de mayo de dos mil veintidós, así como el presente proveído. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada.
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