Miguel Díaz Hernández
Expediente 121/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/04/2018
Partes del expediente
- Miguel Díaz Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA... ARCHÍVESE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUÍDO... EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, POR TANTO, SE REALIZARÁ DICHA CIRCUSNTANCIA UNA VEZ TRANSCURRIDOS CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO...
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SENTENCIA. VISTOS PARA RESOLVER... ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO... LAPT/RMG/IIEJ
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Zapopan, Jalisco, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee; se recibe el comunicado suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual anexa diversas constancias de las que se desprende que fue turnado a las Comisiones de Gobernación y Desarrollo Municipal, ambas del citado órgano legislativo, para estudio, las solicitudes de suspensión por quince días sin goce de sueldo del Presidente Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco; agréguese a los autos el oficio y anexo en comento para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, requiérase a la Comisión de Desarrollo Municipal y de la Comisión de Gobernación, ambas del Congreso del Estado de Jalisco, por conducto de sus respectivos presidentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 192 y 197, ambos de la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), en concordancia con el diverso tercero transitorio, para que en el término de tres días siguientes al en que queden legalmente notificados del presente proveído, informen a este juzgado federal, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 226, punto 1, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, la fecha en que se someterá a sesión el dictamen a que alude el aludido dispositivo legal. Lo anterior, toda vez que a fin de concretar los efectos del fallo protector resulta indispensable que las autoridades requeridas, dentro del ámbito de su competencia, realicen las gestiones necesarias a efecto de que las medidas de apremio impuestas a la entidad pública demandada en el juicio de origen se hagan efectivas, lo cual evidentemente tiene injerencia en el cumplimiento del laudo definitivo dictado en el expediente laboral de origen. Es ilustrativa, por analogía, la jurisprudencia 57/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". Máxime, que en relación con el tema relativo al procedimiento relativo a la solicitud de suspensión de cargo realizada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, respecto de autoridades obligadas a cumplir con el laudo definitivo, existe jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO, POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, SIN CONTAR CON FACULTADES PARA ENJUICIAR AQUELLA DETERMINACIÓN. Para imponer la sanción consistente en la suspensión en el cargo de los miembros de un Ayuntamiento, por incumplimiento de un laudo, tratándose de servidores públicos de Municipios, se estableció un procedimiento especial no contemplado en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y cuya aplicación no corresponde al Tribunal de Arbitraje y Escalafón de esa entidad. Ahora bien, los artículos 224 a 232 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, regulan ese procedimiento especial que debe llevar a cabo el Congreso Local, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, para suspender o revocar el mandato de los miembros de un Ayuntamiento, en el que deberá colmarse su derecho de audiencia, previo a la emisión de la resolución respectiva, sin que esté a discusión de la Legislatura la procedencia o no de la suspensión del servidor público, toda vez que se haría nugatorio lo señalado en la ley burocrática, en el apartado relativo al cumplimiento de los laudos dictados por el tribunal laboral. Por tanto, el Congreso únicamente debe acatar la orden de suspensión, es decir, realizar el trámite correspondiente para ejecutar la suspensión en el cargo por un plazo de 15 días sin goce de sueldo al funcionario en cuestión, sin que pueda deliberar sobre la causa que la origine, toda vez que como lo indica el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la existencia de causas graves que las leyes estatales establezcan, el Congreso Local podrá revocar o suspender a alguno de los miembros de los Ayuntamientos y, en el caso, la ley burocrática local, en su artículo 143, prevé la suspensión del cargo del funcionario por incumplir con el laudo dentro de los 30 días siguientes al en que quedó firme y se le requirió para tal efecto." Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tengan, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace del conocimiento de la autoridad oficiante que el comunicado por el cual dé respuesta a este mandato judicial federal, deberá contener la leyenda "SE CUMPLE REQUERIMIENTO DE TÉRMINO". Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Luz María Pérez Salcedo, que autoriza, da fe y certifica: que la presente actuación y la promoción con anexos que aquí se provee coincide en su integridad con la que obra en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/LMPS/jlm
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: téngase por recibido el oficio que suscribe Víctor Hugo Gutiérrez Calderón, en su carácter de Encargado de la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza y como delegado de dicha autoridad, por medio del cual, en relación al requerimiento formulado por este juzgado en auto de doce de febrero de dos mil dieciocho (fojas 372 y 373), realiza las manifestaciones que de su comunicado se desprenden en relación a la imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos solicitados, en virtud de que el reporte integral final con folio 12577 dejó de surtir efectos con motivo de la revaluación que se practicó al quejoso. Además remite copias fotostáticas certificadas de diversas actuaciones, entre las que destaca el oficio 0264/2018 de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, por el que remitió al Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco, los resultados de la reevaluación practicada al quejoso y en la que obtuvo resultado de aprobado. En consecuencia, con el oficio de cuenta, así como sus anexos, dese vista a la parte quejosa, y córrase traslado con copia simple del mismo, para que dentro del término de tres días de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), manifieste lo que en derecho corresponda, respecto del cumplimiento que comunican las autoridades responsables en mención, en el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia esta cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. Notifíquese; y, personalmente a la quejosa debiendo correr traslado con copia simple del presente proveído, del oficio y anexo mencionado. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta, que certifica que la presente actuación, el oficio y anexos que aquí se proveen coinciden en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/DANH/cjta
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