Miguel de Santiago Cid
Expediente 1252/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1252/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Miguel de Santiago Cid
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En dos de febrero de dos mil diecisiete, se da cuenta a la juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de diecisiete de enero del año en curso, se declaró que causó estado el auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, y se acordó en relación con la depuración del mismo; en consecuencia, fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y TERCERO INTERESADO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con secretario que autoriza, licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla.- DOY FE. Bjm
- Principal
La licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre - - - - - - - - - - - --- - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión ya transcurrió, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión. Que no existen constancias o tomos de prueba por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Doy fe. La secretaria. Lic. María Concepción García Jacobo. En la misma fecha, la secretaria da cuenta a la Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la certificación que antecede. Conste. ZACATECAS, ZACATECAS, DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión contra el auto dictado por este juzgado el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza. Doy fe. Bjm
- Principal
En veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con un oficio registrado con el número 21199 y anexo que se adjunta.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, mediante el cual remite copia certificada del laudo dictado el diecinueve de diciembre del año en curso, en el expediente 300/2015, del que deriva el acto reclamado. Ahora bien, la suscrita resolutora advierte que durante la tramitación del presente juicio de garantías se ha actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en su parte conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". En efecto, de la demanda de garantías se advierte que el quejoso reclama la omisión por parte de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de pronunciar el laudo correspondiente a que se refieren los artículos 262, 264, 265, 266, 267 y 268 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, dentro del juicio laboral burocrático número 300/2015, toda vez que hasta la fecha de la presentación de su libelo constitucional no había pronunciado dicha resolución. Ahora bien, la mencionada autoridad en su informe justificado manifiesta que es cierto el acto que se le reclama; sin embargo, adjunto al oficio de cuenta número TCA/2597/2016 remite copia certificada del laudo pronunciado el diecinueve de diciembre de la presente anualidad, dentro del invocado juicio laboral; documental a la que se confiere valor probatorio pleno en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto, importante resulta destacar que de las indicadas constancias se obtiene que si bien es verdad que hasta el día veintinueve de noviembre del presente año, fecha en que el peticionario de garantías presentó su libelo constitucional, no se había dictado el laudo en el juicio laboral de origen; sin embargo, con posterioridad y durante la tramitación del presente juicio la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, pronunció la resolución correspondiente, lo cual ocurrió el día diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto de omisión que se reclama, dado que durante la substanciación de este juicio de amparo la autoridad responsable ha cumplido con las obligaciones que le impone el artículo 17 constitucional, que consagran las garantías relativas a la impartición de justicia pronta y expedita; por tanto, al haber procedido en los términos apuntados la referida autoridad, es inconcuso que ello se traduce en que la parte quejosa fue restituida en el pleno goce de las garantías individuales que estimó vulneradas en su perjuicio; y por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia; lo anterior, en observancia al principio de prontitud en la impartición de justicia que se consagra en el ordinal 17, de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la Contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desviartuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Bjm.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, mediante el cual remite copia certificada del laudo dictado el diecinueve de diciembre del año en curso, en el expediente 300/2015, del que deriva el acto reclamado. Ahora bien, la suscrita resolutora advierte que durante la tramitación del presente juicio de garantías se ha actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en su parte conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". En efecto, de la demanda de garantías se advierte que el quejoso reclama la omisión por parte de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de pronunciar el laudo correspondiente a que se refieren los artículos 262, 264, 265, 266, 267 y 268 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, dentro del juicio laboral burocrático número 300/2015, toda vez que hasta la fecha de la presentación de su libelo constitucional no había pronunciado dicha resolución. Ahora bien, la mencionada autoridad en su informe justificado manifiesta que es cierto el acto que se le reclama; sin embargo, adjunto al oficio de cuenta número TCA/2597/2016 remite copia certificada del laudo pronunciado el diecinueve de diciembre de la presente anualidad, dentro del invocado juicio laboral; documental a la que se confiere valor probatorio pleno en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto, importante resulta destacar que de las indicadas constancias se obtiene que si bien es verdad que hasta el día veintinueve de noviembre del presente año, fecha en que el peticionario de garantías presentó su libelo constitucional, no se había dictado el laudo en el juicio laboral de origen; sin embargo, con posterioridad y durante la tramitación del presente juicio la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, pronunció la resolución correspondiente, lo cual ocurrió el día diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto de omisión que se reclama, dado que durante la substanciación de este juicio de amparo la autoridad responsable ha cumplido con las obligaciones que le impone el artículo 17 constitucional, que consagran las garantías relativas a la impartición de justicia pronta y expedita; por tanto, al haber procedido en los términos apuntados la referida autoridad, es inconcuso que ello se traduce en que la parte quejosa fue restituida en el pleno goce de las garantías individuales que estimó vulneradas en su perjuicio; y por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia; lo anterior, en observancia al principio de prontitud en la impartición de justicia que se consagra en el ordinal 17, de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la Contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desviartuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. "
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