Miguel de Paz Escobar

Expediente 196/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
196/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
08/04/2019

Partes del expediente

  • Miguel de Paz Escobar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de abril de dos mil diecinueve. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra el auto de doce de marzo del dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, para todos los efectos legales; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó fuera de audiencia, en el entendido que se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia dictada por este juzgado el diez de junio de dos mil dieciséis (fojas 108 a 135) y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito (fojas 298 a 319), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla No le sea aplicada la Ley de Hacienda para el Estado de Puebla, publicada el ocho de diciembre de dos mil diez en el Periódico Oficial del Estado, en específico los artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14 que prevé la aplicación del impuesto por remuneraciones al trabajo personal, por el concepto de anticipos que reciban los miembros de sociedades civiles, al no constituir erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal, quedando desvinculada de las obligaciones tributarias legisladas por dicho concepto. Devolver a la parte quejosa el pago realizado por el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, el diecisiete de noviembre de dos mil quince, por la cantidad de $3,775.00 (tres mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), con motivo de la aplicación de los preceptos en mención, debidamente actualizado, previa acreditación que se realice de los anticipos recibidos por los miembros de la sociedad civil que forman parte de la promovente del presente juicio. En la inteligencia de que la devolución de la cantidad precisada en los párrafos que anteceden, correrá a cargo de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla y, como ya se dijo, debidamente actualizada." Por otra parte, por auto de tres de octubre de dos mil diecisiete, se determinó que no existía cantidad líquida fija que deba restituirse a la parte quejosa, por lo que se ordenó tramitar el incidente de liquidación de sentencia para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (fojas 506 y 507); dándose vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés conviniera y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes (fojas 667 y 668). Incidente que se resolvió el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en el que se determinó: úNICO. Es procedente, pero infundado el incidente de liquidación que promovió la sociedad quejosa CLÍNICA DE NEURODIAGNÓSTICO ÁNGELES, SOCIEDAD CIVIL, a través de su representante legal, DANTE BERNARDO OROPEZA CANTO, dentro del juicio de amparo 2198/2015, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Ahora, básicamente, la autoridad responsable debía realizar lo siguiente Devolver a la parte quejosa el pago realizado por el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, el diecisiete de noviembre de dos mil quince, por la cantidad de 3,775.00 (tres mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional En ese contexto, y toda vez que de autos se advierte que la autoridad responsable Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado Puebla, mediante resolución de veinte de julio de dos mil diecisiete (fojas 484 a 491), informó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, manifestando que se encontraba a disposición de la parte quejosa el cheque por la cantidad de $3,714.99 (tres mil setecientos catorce pesos noventa y nueve centavos moneda nacional), correspondiente al pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (ISERTP) del mes de octubre de dos mil quince en relación al concepto de los anticipos recibidos por cada uno de los socios; por auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con tal determinación, mismo que se les notificó el ocho del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se encontraba a disposición de la parte quejosa el cheque por la cantidad de $3,714.99 (tres mil setecientos catorce pesos noventa y nueve centavos moneda nacional), correspondiente al pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (ISERTP) del mes de octubre de dos mil quince en relación al concepto de los anticipos recibidos por cada uno de los socios. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, devuélvase al Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, las copias certificadas relativas a las pruebas que anexó mediante oficio de nueve de octubre de dos mil diecisiete.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Subadministradora de Registro y Control, en suplencia por ausencia de la Administradora Desconcentrada de Recaudación Sonora "1", por medio del cual solicita se indique el nombre, denominación o razón social y en su caso, del representante legal, así como clave en el RFC con homoclave de la autoridad sustituta Presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia; ello, con la finalidad de que cuente con los datos suficientes para hacer efectiva la multa impuesta por esta autoridad. En tales condiciones, dígasele a la autoridad oficiante que mediante proveído de veintidós de febrero del año en curso, este juzgado federal requirió a la autoridad responsable Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia en el Estado de Puebla, a fin de que proporcione los datos de identificación y ubicación de la autoridad sustituta Presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, o en su caso, proporcione las denominaciones de las autoridades que cuentan con dicha información; en tales condiciones, una vez que se cuente con tales datos, se remitirá la información a la Administradora Desconcentrada de Recaudación Sonora "1", a fin de que ésta proceda a hacer efectiva la multa impuesta indicada. En otro aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se requirió al Secretario de Educación Pública en el Estado de Puebla, a fin de que éste a su vez ordene a la Directora General de Desarrollo Educativo de dicha secretaría, cite al Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia, así como al quejoso y se constituyan en las instalaciones de la citada asociación y procedan a dar cumplimiento a la suspensión definitiva; sin que a la presente data haya dado cumplimiento al requerimiento, por tanto, se provee: Como lo solicita el quejoso, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Secretario de Educación Pública en el Estado de Puebla, para que en el término de tres días señale día y hora a fin de que se lleve a cabo la diligencia en la que se restituya al aquí quejoso NOÉ RAMIRO BERISTAIN, en el cargo de Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla; y, se permita el acceso a las instalaciones que ocupa la misma, o en su caso informe las gestiones que se encuentra realizando para ello. En el entendido que debe informar a este juzgado federal la fecha y hora que señale para que tenga verificativo la indicada diligencia, así como la autoridad que desahogará la misma; ello, a fin de estar en aptitud de informarlo al impetrante y éste pueda comparecer. Haciendo del conocimiento de la indicada autoridad que subsiste el apercibimiento de multa con el que se le conmino. Finalmente, agréguese el escrito signado por Noé Ramiro Beristaín, por propio derecho, y en representación del primero y tercer vocal de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla, y atento su contenido, dígase que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente, Representante de los Trabajadores, Representante de los Patrones y Secretario, todos adscritos a la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, con sede en Tehuacán, Puebla, para que surta los efectos legales a que haya lugar. En términos del numeral 119, de la Ley de la Materia, téngase a las responsables remitiendo como justificante de su informe, copias certificadas del expediente laboral D-7/16/2018. Ahora, visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, así como las documentales que como justificación a su informe remitió la junta responsable, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia, lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, se aprecia que MIGUEL DE PAZ ESCOBAR, acude a esta instancia constitucional a reclamar de la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, con sede en Tehuacán, Puebla, en esencia, la abstención de resolver el incidente de falta de personalidad dentro del expediente laboral D-7/16/2018. Precisado lo anterior, debe indicarse que el Presidente, Representante de los Trabajadores, Representante de los Patrones y Secretario, todos adscritos a la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, con sede en Tehuacán, Puebla, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado (foja 16). Para corroborar su dicho, remitieron copias certificadas relativas al expediente D-7/16/2018, de las que se advierte que mediante resolución dictada el trece de febrero de dos mil diecinueve, se determinó: ". PRIMERO:- (sic) Se declara fundado el incidente de falta de personalidad planteado por la parte actora en lo principal y actora incidentista con forme (sic) al considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO:- (sic) se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA DIEZ DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia de ley en su etapa de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS . ." (fojas 37 a 38). Documentales a las que de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede pleno valor probatorio. Bajo ese contexto, este Juzgado Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio; II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. De lo anterior se desprende que procede el sobreseimiento cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existen los actos reclamados. Se sostiene lo anterior, pues la demanda de amparo fue presentada el dieciocho de febrero del año en curso y la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, con sede en Tehuacán, Puebla, desde el trece de febrero de dos mil diecinueve, dentro del expediente D-7/16/2018, resolvió el incidente de falta de personalidad del que se duele la parte quejosa (fojas 37 a 38), por lo que al momento de presentación de la demanda de garantías (18/febrero/2019), no existía el acto aquí reclamado por MIGUEL DE PAZ ESCOBAR. Así entonces, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA dentro del presente juicio de garantías; por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintitrés minutos del veinte de marzo del año en curso, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Háganse las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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