Miguel de Jesús Mendoza Salgado
Expediente 1100/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1100/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/01/2017
Partes del expediente
- Miguel de Jesús Mendoza Salgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de enero de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintiséis de julio de dos mil diecisiete. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo que envió el juez responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva.
- Principal
Ciudad de México, a once de enero de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, provenientes del Juzgado Decimoprimero de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad, mediante el cual informa que el diez del mes en curso se decretó auto de formal prisión al quejoso...
- Principal
Ciudad de México, a diez de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Decimoprimero de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad, mediante el cual informa que el nueve del mes en curso se llevó a cabo la declaración preparatoria del quejoso...
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1100/2016, promovido por Miguel de Jesús Mendoza Salgado, contra actos del Juez Decimoprimero de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el siete de diciembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, remitido por cuestión de turno a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El amparista narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló transgredidos en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por acuerdo de ocho siguiente se admitió la demanda bajo el orden 1100/2016, se solicitó el respectivo informe justificado a las autoridades responsables, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; así como al representante social adscrito al juzgado responsable en términos del dispositivo 5, fracción III, inciso e), de la ley de la materia; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de todos los elementos que constan en autos, se precisa que los actos que se reclaman son la orden de aprehensión, así como su ejecución, atribuidos a las siguientes autoridades: En calidad de ordenadora: a) Juez Decimoprimero de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad. En carácter de ejecutoras: b) Procurador; y c) Titular de la Policía Federal Ministerial, los dos anteriores de la Procuraduría General de la República. TERCERO. El Juez Decimoprimero de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad, al rendir su informe de ley no hizo pronunciamiento alguno en cuanto a la orden de aprehensión reclamada; sin embargo, manifestó que el seis de octubre del año pasado, libró orden de reaprehensión contra el justiciable, de ahí que este órgano de control constitucional se pronuncie respecto de este último acto, así como su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 287 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época Tomo XIV, julio de 2001, de rubro siguiente: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN". Es cierto el acto reclamado del citado juez, pues así lo manifestó al rendir su informe de ley, lo que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo al mismo; documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129 en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en cita. El Procurador; y Titular de la Policía Federal Ministerial, ambos de la Procuraduría General de la República, negaron el acto de ellos reclamado; sin embargo, esa negativa está desvirtuada, porque la ordenadora admitió el acto que se le atribuyó, aunado a que dentro de sus facultades está la de dar cumplimiento a los mandatos de captura como el que aquí se controvierte. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la informan, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, enero de 1998, de rubro que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA POR JUEZ DE DISTRITO. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD EJECUTORA". CUARTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de la acción constitucional, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación, pues no existe algún precepto que así lo establezca. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer resultan, inoperante uno, e infundado el restante, sin que se advierta materia para suplir su deficiencia conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. Para sustentar el sentido de esta resolución, se considera conveniente hacer una breve reseña de los antecedentes del asunto, consistentes en que: 1. El veintinueve de agosto de dos mil quince se dio inicio a la averiguación previa PGR/DDF/SZO/CA/II/079/2015, con motivo de los hechos materia de denuncia contra el amparista (fojas 50 a 53 del anexo). 2. En esa fecha el defensor del justiciable solicitó el derecho a la libertad provisional bajo caución (fojas 98 a 120 del anexo). 3. La representación social acordó favorable la solicitud del quejoso y fijó como garantía siete mil diez pesos por concepto de obligaciones procesales, así como tres mil quinientos cinco pesos por multa (foja 122 del anexo). 4. Mediante comparecencia de treinta siguiente, un familiar del quejoso exhibió los billetes de depósito por los montos mencionados para garantizar el derecho a la libertad provisional que se había concedido al amparista (fojas 123 a 125 del anexo). 5. Mediante constancia de prevenciones se hizo del conocimiento del promovente de amparo el contenido de los artículos 135 párrafo tercero, 411 y 412 del Código Federal de Procedimientos Penales, de las cuales ".MANIFESTO: Que queda enterado de las causales y de las prevenciones anteriores.", por lo que resulta evidente que quedó enterado de dichas peculiaridades (fojas 126 y 127 del anexo). 6. Hecho lo anterior, la autoridad ministerial decretó la libertad provisional bajo caución del inconforme en relación con la indagatoria de referencia, que se inició por su probable responsabilidad en la comisión del delito de "PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA". 7. Una vez que se ejerció acción penal en la mencionada averiguación, tocó conocer al Juzgado Decimoprimero de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad -autoridad responsable-, que quedó registrada con el número de causa 443/2015-II. 8. Mediante auto de catorce de septiembre de dos mil quince, la autoridad judicial responsable en atención a la solicitud de la representación social realizó lo siguiente: a) Requirió al quejoso para que compareciera a rendir declaración preparatoria, por lo que señaló las catorce horas del cinco de octubre de ese año, apercibiéndolo que de no dar cumplimiento a lo anterior, o no informar oportunamente las causas que se lo impidieran, ordenaría su reaprehensión en términos de los artículos 135 y 414 del código en cita, y haría efectiva la garantía que exhibió por concepto de las obligaciones procesales; y b) Ordenó al actuario correspondiente de su adscripción, notificar el citado acuerdo al amparista (fojas 166 a 170 del anexo). 9. El quince siguiente se notificó personalmente al justiciable la anterior determinación, como se advierte de la constancia de notificación que obra a fojas 172 y 173 del anexo, en que se observa que el quejoso recibió copia de dicho auto, y firmó de conformidad. 10. Por auto de seis de octubre del citado año, la autoridad responsable resolvió lo siguiente: "MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación de cinco de octubre último, se advierte que no se presentó el inculpado Miguel de Jesús Mendoza Salgado a la diligencia programada para las catorce horas de esa misma data, ordenada en proveído de catorce de septiembre de dos mil quince fojas (166 a 170), a efecto de rendir su declaración preparatoria, es decir, dejó de cumplir con las obligaciones contraídas con motivo del beneficio de la libertad provisional bajo caución que le fue concedido en averiguación previa por el agente del Ministerio Público de la Federación (foja 128), no obstante de estar legalmente notificado, pues de la razón actuarial de quince de septiembre de dos mil quince (foja 173), se desprende que la actuaria judicial adscrita, se constituyó en el domicilio del indiciado de referencia, ubicado en calle Manuel Andrade, manzana 16, lote 22, colonia Ejército de Oriente, Primera Sección, delegación Iztapalapa, código postal 09230, en esta Ciudad, donde la atendió el propio indiciado, dejando en su poder la cédula de notificación correspondiente. En ese tenor dado que en la diligencia ministerial de treinta de agosto de dos mil quince (foja 126), el representante social de la Federación investigador, le hizo saber las prevenciones establecidas en los artículos 135, párrafo tercero y 411 del Código Federal de Procedimientos Penales, advirtiéndole de las causas por las cuales se le podía revocar dicho beneficio. Resulta ostensible su falta de obediencia a los deberes mencionados; empero, sobre todo que se ha evadido de la acción de la justicia; por lo que se actualiza el supuesto que prevé la fracción I del artículo 468 del Código Federal de Procedimientos Penales. Por tanto, con fundamento en el artículo 412 fracciones I y VII del Código Federal de Procedimientos Penales, se revoca el beneficio de la libertad provisional bajo caución concedido ministerialmente a Miguel de Jesús Mendoza Salgado, pues desatendió, sin causa justa y comprobada, las prevenciones que se hicieron de su conocimiento. Asimismo, con fundamento en el artículo 135, párrafo tercero, con relación al numeral 414, párrafo primero de la ley procesal penal federal, se ordena la reaprehensión del indiciado Miguel de Jesús Mendoza Salgado. . En consecuencia, hágase saber la anterior determinación al Titular de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, por conducto de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que ordene a quien corresponda que elementos de esa corporación se avoquen a la localización y captura del aludido indiciado, hecho que sea lo anterior, lo deje a disposición de este Juzgado Federal, preferentemente en el interior de Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta Ciudad, a efecto de que rinda su declaración preparatoria, para la continuación del trámite del presente procedimiento; en la inteligencia que el delito por el cual se ejerció acción penal en su contra (portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con los numerales 9°, fracción I, y 24 de la Ley Especial citada, según pliego de consignación), NO es de los considerados como graves por el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Del mismo modo, como se apercibió, al haberse revocado la libertad provisional del inculpado, en términos del numeral 414 del código adjetivo de la materia y fuero, se ordena la efectividad a favor del Erario Federal del monto que exhibió para cubrir sus obligaciones procesales; cabe indicar que el agente del Ministerio Público de la Federación consignador, fijó al aludido indiciado la cantidad de siete mil diez pesos, para cubrir tal concepto por el delito que se le atribuye (foja 122). En razón de ello exhibió ante el referido representante social, el billete de depósito S 561927, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad mencionada (fojas 123 y 133). En ese tenor, se ordena la efectividad a favor del erario federal del billete de depósito referido; para tal efecto, gírese oficio al Tesorero de la Federación, incluyendo la aludida garantía..." (fojas 180 a 181 del anexo). Así, en principio se destaca que es inoperante el motivo de disenso relativo a que se transgredió el artículo 14 constitucional, referido a que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, lo que así se resuelve a partir de lo que determinó la Primera Sala del Máximo Tribunal de justicia del país, en la jurisprudencia publicada en la página 13 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 75, marzo de 1994, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. REVOCACION DE LA. EN LOS CASOS DE GRAVE INCUMPLIMIENTO O DESACATO A UNA ORDEN DEL JUEZ, NO ES INDISPENSABLE OIR PREVIAMENTE AL PROCESADO PARA DECRETAR LA REVOCACION DE LA. Una vez ejercitado, el derecho a la obtención de la libertad provisional, previsto en la fracción I del artículo 20 de la Ley Fundamental, se convierte en un beneficio cuya permanencia o vigencia está regulada por la ley adjetiva, dependiendo fundamentalmente de la conducta que observa el procesado, vinculada al proceso. Dados los fines de celeridad y continuidad (que se traducen en la satisfacción de ideal de pronta y eficaz impartición de la justicia), que la sociedad, el Estado y el propio inculpado persiguen en el proceso, el legislador ordinario ha establecido causas de revocación del beneficio, entre las cuales, figura el incumplimiento por parte del procesado a una orden legítima del juez que le ha sido legal y oportunamente notificada. Pero no cualquier incumplimiento puede originar la revocación de la libertad provisional, sino sólo aquellos que sean de tal manera graves que lleven al juez a la convicción de que el procesado intenta evadir la acción de la Justicia, sustrayéndose a la autoridad del órgano jurisdiccional; u otros que, por su frecuencia y reiteración, afecten severamente la marcha normal del proceso, retardándolo. Como ejemplo del primero, puede citarse el caso del procesado que no acude al juzgado a firmar el libro de control de reos en libertad provisional durante un lapso prolongado, sin que el juez tenga noticia de su paradero; o el del fiador que es requerido para la presentación del procesado dentro del plazo que para ello se le concede e informa al juez que no obstante haber tratado de localizarlo en reiteradas ocasiones y de haberle dejado recados, no tuvo éxito. Para ilustrar el segundo, sirve el caso del procesado que acude a firmar el mencionado libro, pero que con frecuencia incumple otros mandatos legítimos del juez sin intentar justificar su proceder; por ejemplo, no acude a los careos legalmente decretados. Unicamente causas de esta naturaleza darían lugar a la revocación del beneficio sin audiencia previa del procesado, bastando para fundar y motivar el proveído respectivo que obrara constancia fehaciente en el expediente de los hechos que se estimaron graves y que dieron origen a tal determinación, satisfaciéndose con ello la garantía de legalidad establecida por el artículo 16 de la Constitución General de la República". Con base en dicho criterio, de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, aplicable a este asunto, es incuestionable que resulta inoperante tal concepto de violación, porque el tema de inconformidad de que se trata ya fue dilucidado por la instancia superior mencionada, de manera que jurídicamente debe estarse a ello, sin que este juzgado esté obligado a exponer mayor razonamiento al respecto, puesto que el caso de referencia se adecua de manera exacta al supuesto analizado en dicha jurisprudencia, lo que encuentra apoyo en la diversa emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, que dice: "JURISPRUDENCIA. SU TRANSCRIPCIÓN POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN SUS RESOLUCIONES, PUEDE SER APTA PARA FUNDARLAS Y MOTIVARLAS, A CONDICIÓN DE QUE SE DEMUESTRE SU APLICACIÓN AL CASO. Las tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, y las que dictan los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de sus respectivas competencias, son el resultado de la interpretación de las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales, leyes federales, locales y disposiciones reglamentarias y, al mismo tiempo constituyen normas de carácter positivo obligatorias para los tribunales judiciales o jurisdiccionales, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, y 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, como el artículo 16 constitucional obliga a toda autoridad a fundar y motivar sus resoluciones, debe estimarse que la sola transcripción de las tesis jurisprudenciales no es suficiente para cumplir con la exigencia constitucional, sino que es necesario que el órgano jurisdiccional asiente las consideraciones lógicas que demuestren, cuando menos, su aplicabilidad al caso concreto independientemente de que, de ser necesario, el juzgador complemente la aplicación de los criterios jurisprudenciales en que se apoye, con razonamientos adicionales que aseguren el cumplimiento de la referida garantía constitucional". Ahora, de la interpretación del párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, a la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. Así, del acto reclamado se aprecia que el juez responsable citó como fundamento de su determinación los artículos 135, párrafo tercero, 412, fracciones I y VII, así como 414, del Código Federal de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 135. . Cuando el Ministerio Público deje libre al indiciado, lo prevendrá a fin de que comparezca cuantas veces sea necesario para la práctica de diligencias de averiguación previa, y, concluida ésta, ante el Juez a quien se consigne, quien ordenará su presentación y si no comparece sin causa justa y comprobada, ordenará su aprehensión, mandando hacer efectiva la garantía otorgada. .". "Artículo 412. Cuando el inculpado haya garantizado por sí mismo su libertad con depósito, prenda, hipoteca o fideicomiso, aquélla se le revocará en los casos siguientes: I.- Cuando desobedeciere, sin causa justa y comprobada, las órdenes legítimas del tribunal que conozca de su asunto, o no efectúe las exhibiciones dentro de los plazos fijados por el tribunal, en caso de habérsele autorizado a efectuar el depósito en parcialidades; . VII.- Cuando el inculpado no cumpla con algunas de las obligaciones a que se refiere el artículo 411". "Artículo 414. En los casos de las fracciones I y VII del artículo 412 se mandará reaprehender al inculpado y la caución se hará efectiva, a cuyo efecto el tribunal enviará el certificado de depósito o el testimonio de la hipoteca a la autoridad fiscal para su cobro. En los casos de las fracciones II, III, V y VI del mismo artículo y III del artículo 413, se ordenará la reaprehensión del inculpado. En los de las fracciones IV del artículo 412 y II del 413, se remitirá al inculpado al establecimiento que corresponda". Como se advierte de la atenta lectura de los preceptos transcritos, establece uno de los casos en que procede revocar la libertad provisional, consistente en que el inculpado no comparezca ante el juez a quien se consigne la averiguación previa cuando se ordene su presentación, no obstante estar notificado para ello y apercibido que de no presentarse se le revocaría el derecho de que se trata, y se ordenaría su reaprehensión. En atención a lo anterior, este órgano de control constitucional concluye que el acto reclamado satisface adecuada y suficientemente el requisito constitucional de fundamentación. Asimismo, las razones que expuso el juez responsable para resolver como lo hizo, resultan exactamente aplicables a los preceptos aludidos, puesto que como acertadamente determinó con base en las constancias de los autos de origen, no obstante que el amparista fue notificado de las obligaciones que contraía al obtener el derecho que se le revocó (entre ellas, la contenida en el tercer párrafo del precepto 135 mencionado), incumplió de manera injustificada con esa prevención, por lo que se concluye que el acto reclamado está adecuada y suficientemente motivado, de ahí que sea infundado el restante concepto de violación hecho valer por el promovente de amparo. En conclusión, se estima correcto el actuar del juez responsable al revocar la libertad provisional bajo caución del justiciable y ordenar su reaprehensión (así como en vía de consecuencia hacer efectiva la garantía otorgada respecto de las obligaciones procesales, aunque este último aspecto no haya sido materia de reclamo en este juicio, lo que únicamente se precisa, por estar inmersa tal determinación en el acto reclamado), por lo que al resultar los conceptos de violación, inoperante uno, e infundado el restante, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado, consistente en el proveído de seis de octubre de dos mil quince, en que se revocó la libertad provisional de que disfrutaba y se ordenó su reaprehensión. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado del Procurador; y Titular de la Policía Federal Ministerial, ambos de la Procuraduría General de la República, pues al haberse negado el amparo respecto a la resolución de la autoridad ordenadora, lo mismo debe decirse de su ejecución, ya que no se reclama por vicios propios. Apoya la anterior determinación la jurisprudencia publicada en la página 72 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del Tomo VI, Materia Común, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS". Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. Por las razones expuestas en la última consideración de esta resolución, la justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel de Jesús Mendoza Salgado, contra el acuerdo de seis de octubre de dos mil quince, en que se ordenó su reaprehensión en el proceso penal 443/2015, así como su ejecución atribuidos a las siguientes autoridades: a) Juez Decimoprimero de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad. En carácter de ejecutoras: b) Procurador; y c) Titular de la Policía Federal Ministerial, los dos anteriores de la Procuraduría General de la República...
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