Miguel de Jesús Espinoza Ramos

Expediente 1303/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1303/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Miguel de Jesús Espinoza Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo enviada por correo postal ordinario y recibida el diez de este mes en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y en este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por ********, por propio derecho, contra un acto del comisionado del Órgano Administrativo y Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación y de otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 1303/2022. 2. Precisión sobre la integración del expediente. Con la precisión que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Bajo esa condición, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integrarán únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, como así lo establece el artículo sexto transitorio del mencionado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós; sin que se obstaculice la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 2.1. Instrucción a secretaria encargada del expediente. Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Al efecto, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda de amparo, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, pues se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso **********, reclama: Su trasladado voluntario del Centro Federal de Readaptación Social número trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al Centro de Reinserción y Readaptación Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas. Acto que atribuye al: a) **************y ***************n. b) }************** c) *************** Asimismo, en el capítulo de hechos refiere que es sentenciado por el "delito de homicidio calificado, tentativa y femenicidio" y que las autoridades responsables vulneran su derecho contemplado en el artículo 18 de la Constitución Federal, es decir, compurgar su pena de prisión en los Centro Penitenciarios más cercanos a su domicilio; por lo que pretende que con este juicio de amparo se le conceda la protección constitucional para efectos de que las autoridades administrativas lo trasladen al Centro de Reinserción y Readaptación Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas. Sin embargo, en este caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - (...)". Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consistente en la carga procesal para la parte quejosa de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación que regula el acto reclamado, que pueden conducir a su revocación, modificación o anulación. El referido principio encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es necesario que la parte quejosa acuda a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa perjuicio. En relación con el acto reclamado, los artículos 18 y 21, párrafo tercero, constitucionales, así como el numeral quinto transitorio, también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevén: "Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. (.) Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. (.)" "Artículo 21. (.) La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. (.)" "Quinto. El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto". De lo transcrito se advierte que, con motivo de la reforma constitucional a los numerales invocados, se estableció que la imposición de las penas, su modificación y duración son atribuciones propias y exclusivas de la autoridad judicial; a partir de que la legislación secundaria correspondiente lo estableciera, sin que pudiera exceder del plazo de tres años contados a partir del día siguiente de su publicación. En ese orden, el referido plazo de tres años concedido a las legislaturas de las entidades federativas concluyó el diecinueve de junio de dos mil once. Esto es, a partir de esa fecha corresponde a la autoridad judicial decidir todo lo relativo a la ejecución de las penas de prisión, tales como la aplicación de penas alternativas, los aspectos relacionados con los problemas que en su trato cotidianamente reciben los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios y la determinación de los lugares donde se debe cumplir la pena. En ese sentido, la intervención del Poder Ejecutivo, tanto en el ámbito Estatal como Federal, únicamente debe limitarse a desarrollar el régimen penitenciario de reinserción social, habida cuenta que la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho introdujo un modelo penitenciario de reinserción y judicialización. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/2012, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XIII, octubre de 2012, tomo 1, página 18, registro 2001988, de rubro y texto siguientes: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas". Por su parte, el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece lo siguiente: "Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. (.)". Del citado precepto 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se advierte que cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. Entonces, si en la demanda de amparo la parte quejosa reclama voluntariamente su traslado del Centro Federal de Readaptación Número Trece "Cps-Oaxaca" al Centro de Reinserción y Readaptación Social Varonil de Cieneguillas Zacatecas, porque desea permanecer en un Centro Federal de Readaptación Social más cercano a su domicilio familiar, debe formular su solicitud ante el juez de Ejecución, por ser la autoridad judicial especializada competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal. Autoridad que, de conformidad con el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, está facultada legalmente para conocer del procedimiento de traslado solicitado por el quejoso, requiriendo el consentimiento expreso de la persona sentenciada -quejoso, en este caso- en presencia de su defensor para ser trasladado a otro Centro Penitenciario. Por ello, es evidente que, previamente a la promoción del juicio de amparo, el quejoso tiene la obligación procesal de iniciar el procedimiento correspondiente ante el juez de Ejecución, pues con ese medio ordinario de defensa podría obtener una resolución favorable a su interés de ser trasladado a un centro de reclusión cercano a su domicilio familiar. En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, DE PLANO, PROCEDE DESECHAR POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por *************** 4. Domicilio para recibir notificaciones. Se comisiona al (la) actuario(a) Judicial que corresponda, para que se haga presente en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS- OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y notifique este acuerdo al promovente, así como los subsecuentes de carácter personal. Con la precisión que la diligencia de notificación se realizará mediante la entrega al quejoso de copia de esta determinación, y de su demanda de amparo; en razón de haberlo solicitado en el primer punto petitorio de la demanda de amparo. 5. Publicación de versión pública de sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular *************emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 6. Medios tecnológicos y soluciones digitales aplicables a expedientes. Atendiendo los artículos 252, 253, 261 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, se comunica a las partes que este órgano jurisdiccional tramitará e integrará este asunto a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por tanto: 1º Cuando se inicie un asunto y se tramite a través de documentos físicos, sólo se imprimirán las actuaciones que resulten indispensables, como las constancias de notificación, y servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, pues los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes. 2º La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, y no se imprimirán ni agregarán al expediente impreso. 3º Ello, bajo ninguna circunstancia se obstaculiza la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 4º Las partes podrán consultar este expediente mediante el uso de los dispositivos electrónicos respectivos. 5º Se privilegiará el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. 6º En caso de que alguna de las partes acuda físicamente a este Juzgado o cuando deseen asistir personalmente a consultar los expedientes por no ser posible a través de los dispositivos electrónicos, sólo se llevará a cabo a través del uso del equipo de cómputo que se tiene destinado para el efecto. 7º Y la atención en este órgano jurisdiccional por parte del personal únicamente se realizará a través del teléfono colocado en el área de atención al público, en el que estarán a la vista las extensiones de los servidores públicos para el contacto relativo. 7. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico, hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del citado Acuerdo General, y articulo décimo cuarto transitorio. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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