Miguel Cuiriz Aparicio

Expediente 275/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
275/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/06/2023

Partes del expediente

  • Miguel Cuiriz Aparicio
  • Director del Hospital General Dr. Miguel Silva, Hospital Civil de Morelia, Michoacán de Ocampo

Actuaciones

  1. Principal

    En veintinueve de junio de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo definitivo el juicio amparo en que se actúa; asimismo, respecto de la valoración de este cuaderno, se determinó que es susceptible de destrucción. Sin embargo, toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, se precisa que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, lo anterior, con apoyo en el capítulo 7, apartado 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, y en términos de lo señalado en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    En veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio registrado bajo el folio 6691. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. SE RECIBE OFICIO. Agréguese a los autos, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia; mediante el cual, hace del conocimiento de este órgano de control jurisdiccional, que el titular del referido juzgado aceptó la competencia planteada en el presente asunto. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  3. Principal

    Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con un oficio, registrado bajo el folio 5540. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por los apoderados jurídicos de las autoridades responsables Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, con residencia en Morelia, y Director del Hospital General DR. MIGUEL SILVA, Morelia, Michoacán de Ocampo; sin embargo, toda vez que, de la certificación de cuenta, se desprende que el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, aceptó la competencia planteada por este Órgano de Control Constitucional, en el diverso juicio de amparo ********************/2023, de su índice; en consecuencia, se ordena remitir dicha comunicación al similar de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  4. Principal

    En veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, el Secretario CERTIFICA: Que ********************, cuenta con cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que la acredita como licenciada en derecho. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede, y con la demanda de amparo, presentada físicamente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, la cual fue turnada a este órgano jurisdiccional y registrada bajo el folio 5187. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Secretario de Salud en el Estado de Michoacán y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número ********************/2023. SUSPENSIÓN DE PLANO. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DE OFICIO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO a ********************, para cumplirse de inmediato y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, para el efecto de que se le proporcione la atención médica, medicamentos y tratamiento que requiere, para la atención del padecimiento que presenta, esto es, INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA; además, deberán realizar las gestiones necesarias en caso de no contar con los espacios necesarios e insumos que dichos padecimientos requiere. Lo anterior, atendiendo a que de los antecedentes narrados por el quejoso en su demanda y anexos que exhibe, se observa que presenta dicho padecimiento, no obstante lo cual no ha recibido el respectivo tratamiento; lo que permite establecer, con base en una ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, que la falta de atención médica reclamada compromete gravemente la integridad personal del quejoso. Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, posteriores a que el quejoso se presente ante ellos para recibir atención médica, informen el cumplimiento exacto e inmediato que den a la suspensión concedida, una vez recepcionado el oficio correspondiente, apercibiéndolas que en caso de no realizar dicha manifestación, se puede actualizar la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Además, proporcionen al quejoso de referencia la atención médica para enfrentar el padecimiento señalado con anterioridad, bajo su más estricta responsabilidad, profesional y técnica, incluyendo todo tipo de estudios, medicamentos y terapias, ya sea por cuenta propia o por terceros, conforme a lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, requiérase también al quejoso, por conducto de su autorizada, para que acuda al Hospital General "Dr. Miguel Silva", de Morelia, Michoacán de Ocampo, perteneciente a la Secretaría de Salud de Michoacán de Ocampo, a fin de someterse y continuar con el tratamiento médico que los especialistas de ese lugar, bajo su apreciación técnica y profesional, estimen idóneo para atender el padecimiento que le afecte; lo anterior, bajo la advertencia que en términos del artículo 77 Bis 38 de la Ley General de Salud, como beneficiario de salud, tiene la obligación de informarse sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y servicios de atención médica, colaborar con el equipo de salud, informando verazmente y con exactitud sobre sus antecedentes, necesidades y problemas de salud, cumplir las recomendaciones, prescripciones, tratamiento o procedimiento general al que haya aceptado someterse, informarse acerca de los riesgos y alternativas de los procedimientos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen, así como de hacer uso responsable de los servicios de salud. En su comparecencia ante las autoridades de salud, deberá manifestar libremente si acepta o no someterse al procedimiento diagnóstico y terapéutico ofrecido; en la inteligencia de que de no ser posible que otorgue su consentimiento por sí mismo, por medio de algún familiar o por su representante legal, las autoridades de salud deberán proceder de inmediato con lo que sea conducente para preservar la vida y salud del quejoso, bajo su más estricta responsabilidad. INCOMPETENCIA LEGAL. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece tres hipótesis para fijar la competencia de un juez de distrito para conocer de una demanda de amparo, a saber: a) Será competente el juez federal del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y sigua ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de distrito de esas jurisdicciones, a prevención ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el particular, se considera actualizada la primera regla de competencia, pues el acto que reclaman, consistente en la falta de atención médica por parte del Secretario de Salud y Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", de Morelia, Michoacán de Ocampo, requiere de una ejecución material, la cual no se verificará en el territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito, conforme a lo siguiente: Del escrito inicial de demanda, se desprende que el promovente, manifiesta que tiene su domicilio ubicado en la localidad de ********************, del municipio de ********************, Michoacán de Ocampo. Asimismo, reclaman la falta de atención médica y tratamiento por especialista del padecimiento que presenta, esto es, insuficiencia renal crónica, así como el no proporcionarle los medicamentos para su malestar. Y, de los antecedentes del acto reclamado, se desprende manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que debido a que la autoridad responsable no tiene disponible dentro de su agenda espacio para brindar las sesiones de hemodiálisis que requiere, actualmente dicho tratamiento le es brindado en la clínica particular denominada NausLife, ubicada en la ciudad de ********************, Michoacán. Tales manifestaciones, revelan que la omisión de la autoridad tiene efectos positivos que requieren ejecución, esto es así, pues produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a sus gobernados; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione, la cual no tendrá verificativo dentro de la circunscripción territorial correspondiente a este juzgado, sino que ésta tendrá verificativo en donde radique la clínica más cercana al territorio donde el quejoso tiene su domicilio, esto es, a la localidad de ********************, del municipio de ********************, Michoacán de Ocampo; el cual no se incluye en el ámbito territorial correspondiente a este juzgado, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; de ahí que, se estime que los Jueces de Distrito de Amparo en el Estado de Michoacán, con asiento en Morelia, son los competentes para conocer de la demanda de amparo. Al caso es aplicable por contener la idea jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), de la Primera Sala, publicada en el Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en concordancia con lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se declina la competencia al titular del Juez de Distrito de Amparo en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Morelia, por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar donde se ejecutará el acto reclamado, respecto del quejoso precisado en este apartado, a fin de que se provea lo que conforme a derecho corresponda. Por tanto, previa copia certificada que al efecto se obtenga del presente juicio, remítase el original del presente asunto, a la Oficina de Correspondencia Común de aquellos lugares, para que por su conducto lo turne al juzgado correspondiente. Solicítese al juez que corresponda conocer de su contenido, se sirva acusar el recibo de estilo respectivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes. AUTORIZADOS, DATOS DE CONTACTO Y USUARIO. Por otro lado, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada ante los Juzgados de Distrito que la autoriza para ejercer la profesión de licenciada en derecho; así como proporcionado el correo electrónico anagomez1190@hotmail.com y el número telefónico ********************, para oír y recibir notificaciones. No se soslaya que los datos de contacto proporcionados no se encuentran contemplados en el numeral 26 de la Ley de Amparo, para las notificaciones a la parte quejosa; sin embargo, se ordena agotarlos de conformidad con el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, por similitud jurídica, pues dicho numeral autoriza a ordenar notificaciones a las autoridades responsables en casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario para la eficacia de la notificación, por cualquier medio oficial, circunstancia que se actualiza en el caso, pues se requiere preservar la salud del quejoso. Finalmente, proporciona el usuario "********************" para tener acceso al expediente electrónico; por lo que, se ordena al actuario adscrito dar de alta dicho usuario. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, conforme al artículo 3º de la Ley de Amparo; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

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