Miguel Cuevas Mendoza

Expediente 774/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
774/2014
Año
2014
Actuaciones
12
Última actuación
23/05/2016

Partes del expediente

  • Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares
  • Miguel Cuevas Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de quince días que concede la ley a la parte quejosa, a fin de que se inconformara respecto al proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, ha transcurrido; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado... envíese al archivo...

  2. Principal

    NOTIFICO al quejoso MIGUEL CUEVAS MENDOZA, el contenido íntegro del acuerdo de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, mediante LISTA que se publica en los ESTRADOS del Juzgado Tercero de Distrito del Vigésimo Primer Circuito en el Estado de Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo vigente, en razón de que transcurrió el plazo de dos días hábiles concedido en el aviso que se fijó el dos de febrero de dos mil dieciséis, en la puerta de acceso del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, sin que hubiesen comparecido ante este órgano jurisdiccional a notificarse del citado auto.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa y los terceros interesados, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad; vista que desahogó José Suárez Peñaloza, autorizado de la parte quejosa (foja 13), mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil quince, manifestando su conformidad con dicho cumplimiento. Por consiguiente, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se analiza si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Lo anterior, con base en la jurisprudencia número 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por ejecutoria de nueve de julio de dos mil quince, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero (fojas 165 a 197), que revocó la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional el nueve de febrero de dos mil quince (fojas 43 a 56), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Miguel Cuevas Mendoza, en los siguientes términos: "(.) lo que de suyo motiva revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo para los efectos de que la autoridad responsable: a). Deje insubsistente el acto reclamado de quince de julio de dos mil catorce; y b). Emita otro debidamente fundado y motivado, en el que fije al quejoso el monto de la caución, tomando en consideración que el derecho sustantivo de la víctima previsto en la norma constitucional para obtener la reparación del daño, derivada de la acción delictiva cometida en su agravio, debe ceñirse únicamente a lo acontecido del dos de diciembre de dos mil trece al quince de enero de dos mil catorce, y en concordancia con las constancias que obran en el sumario, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda". En ese contexto, por auto de cinco de agosto del presente año (fojas 199 a 201), en acatamiento a la ejecutoria emitida por la Superioridad, se requirió a la autoridad responsable informara el cumplimiento dado a la misma. Ahora bien, como un esbozo sobre los efectos restitutorios de una sentencia protectora, es pertinente dejar apuntado que el efecto jurídico de toda sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, conforme a lo preceptuado por el artículo 77 de la Ley de Amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven cuando el acto sea de carácter positivo, en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, y para su procedencia es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En efecto, el artículo 77 de la Ley de Amparo, prevé dos hipótesis con relación a la finalidad de la sentencia que concede la protección de la justicia federal: si el acto reclamado es de carácter positivo, esto es, cuando la autoridad responsable actúa afectando la esfera jurídica del particular, el efecto de la sentencia que le otorga el amparo en contra de dicha actuación, estribará en la restitución al quejoso del pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardan antes de la violación. Una segunda hipótesis se actualiza cuando el acto reclamado es de carácter negativo: en estos casos, el objeto de la sentencia que concede el amparo consistirá en constreñir a la autoridad responsable a que acate lo ordenado por la garantía constitucional de que se trate. Tal supuesto acontece cuando la autoridad responsable rehúsa otorgar a un particular algún beneficio previsto por la ley. Bajo ese orden de ideas, debe precisarse que en el caso que nos ocupa, se está en presencia de actos de carácter positivo, puesto que la ejecución de la sentencia de amparo se constriñe en que el Juez responsable, la restituya al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardan antes de la violación, y éste se colma con obedecer lo que se ordena en forma obligada, pues dicho supuesto encuadra en la hipótesis normativa contemplada en la segunda parte del artículo 77 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a la sentencia de amparo, la Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, por oficio 3368 (foja 241), remitió copia certificada del acuerdo que dictó el treinta de octubre del citado año, en la causa penal 12/2014-II, de la que se aprecia que dejó insubsistente el auto de seis de agosto de dos mil quince, y con esa misma fecha dictó otro, en el que, al tomar en cuenta que el procesado aquí quejoso, se encuentra desempleado, le concedió la libertad provisional bajo caución, pues así lo manifestó en su declaración preparatoria, así como el delito que se le imputa como lo es el de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, por lo que consideró que el procesado aquí quejoso, no tiene interés en sustraerse de la acción de la justicia, ya que compareció voluntariamente a someterse de la acción de la justicia, lo que le beneficia, así como también que dicho delito no es de los considerados como graves, en términos del artículo 70 del Código Procesal Penal; le concedió el beneficio de la libertad provisional, que gozaría una vez que depositara la cantidad de $11,360.00 (once mil trescientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que desglosó de la siguiente manera: $6,360.00 (seis mil trescientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de reparación del daño, que fijó tomando como referencia la documental que obra en el expediente 129/2009-III, relativo al juicio de divorcio voluntario, promovido por Daniela Diego Pano y Miguel Cuevas Mendoza, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, por lo que tomó en cuenta únicamente lo acontecido en el período del dos de diciembre de dos mil trece al quince de enero de dos mil catorce; es decir, un mes y trece días, a razón de tres mil seiscientos pesos, que abarca a partir del dos de diciembre de dos mil trece al dos de enero de dos mil catorce, quedando pendientes trece días, equivalente a un mil setecientos pesos, que sumadas ambas cantidades le dieron un total de cinco mil trescientos pesos, que es la cantidad que se debía por concepto de pensión alimenticia; que a dicha cantidad le aumentó el 20% (veinte por ciento), resultando la cantidad de un mil sesenta pesos, por lo que sumadas dichas cantidades arrojó un total de $6,360.00 (seis mil trescientos sesenta pesos), por concepto de reparación del daño. Más la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de fianza personal; lo que arroja la cantidad de $11,360.00 (once mil trescientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional). Por lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio; háganse las anotaciones en el libro respectivo. HAGO CONSTAR: que notifico a la tercero interesada Daniela Diego Pano, en representación de su menor hijo César Miguel Cuevas Diego, el proveído de veintinueve de enero del año en curso, mediante LISTA que se fija en los ESTRADOS del Juzgado de mi adscripción; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 27 fracción II, en relación con el 29 de la Ley de Amparo vigente

  4. Principal

    Agréguese el escrito presentado por José Suárez Peñaloza, autorizado de la parte quejosa, téngase al promovente desahogando la vista ordenada en auto de seis de noviembre del año en curso y por hechas las manifestaciones que vierte...

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