Miguel Corona Zamora
Expediente 367/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 165 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 165
- Última actuación
- 20/06/2018
Partes del expediente
- Miguel Corona Zamora
- Guadalupe Ramirez Cardenas
- Magistrados de la Primera Sala En Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 165.
- Principal
CÚMPLASE.
- Principal
Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que no le fue posible al Actuario Judicial adscrito a este juzgado notificar al tercero interesado ******, el acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dado que el citado quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; al respecto se provee: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 27 fracción II de la Ley de Amparo y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena girar atento despacho al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, para que en auxilio de las labores de éste Juzgado federal, ordene a quien corresponda notifique al aquí quejoso ******, en el citado Centro de Reinserción Social, el acuerdo de veintitrés de mayo del presente año, para lo cual se anexa copia de la misma. Se faculta al Juez para que habilite horas y días inhábiles para la diligenciación del mismo. Así mismo, el citado Juez Penal deberá remitir las constancias respectivas en el término de tres días legalmente computados a partir de realizada la diligencia solicitada. Apercíbase que de no hacerlo así, sin causa justificada en el plazo indicado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 259 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, se hará acreedora a la imposición de una multa, por el equivalente de cincuenta a mil unidades de medida y actualización.
- Principal
Visto el estado de los autos se provee: Se resuelve sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías. SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA. V i s t o el estado del presente juicio de garantías, se resuelve sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, dictada por este juzgado el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete (fojas 1354 a 1366). En dicho fallo, la protección constitucional se concedió por vicios de fondo, para el efecto de que la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, realice lo siguiente: "a) Dejar insubsistente la resolución de ocho de octubre de dos mil catorce, dictada en el toca penal *****. b) En su lugar, deberá dictar otra en la que: 1. Analice de manera fundada y motivada en los términos previstos en la presente ejecutoria los artículos que en su caso prevén penas más benéficas para el quejoso y establezca la forma o monto en que deberá adecuarse la pena de prisión impuestas al aquí quejoso. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución que se reclaman al Director del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla" (fojas 1366). Por auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la citada sentencia y se requirió el cumplimiento respectivo a las autoridades responsables (fojas 1401 a 1402). Ahora bien, en cumplimiento a dicho fallo, la Secretaria de acuerdos de la Primera Sala en Materia Penal de la ciudad de Puebla, mediante oficio 1365 de cinco de marzo de dos mil dieciocho, recibido en este juzgado en esa misma fecha, remitió copia certificada de la resolución del citado cinco de marzo del año en curso, dictada en el toca ******, por la cual dejó insubsistente la resolución de ocho de octubre de dos mil catorce, y en su lugar emitió otra en la que en primer término estableció que la reforma al Código Penal al Estado de Puebla, en relación al artículo 374 fracciones I y II, de tres de marzo de dos mil once, no le era aplicable al quejoso debido a que sólo tuvo vigencia hasta el tres de enero de dos mil doce, y en atención a que el sentenciado promovió el incidente de adecuación de la pena con posterioridad de esta última fecha, la citada reforma no le era aplicable. Asimismo, estableció que en relación a las reformas del veintisiete de julio de dos mil doce, respecto del artículo 374 fracciones I y II, del Código Penal para el Estado de Puebla, las mismas no beneficiaban al impetrante en virtud de que en la actualidad dichas fracciones contemplan penas más severas que las que se encontraban vigentes al momento de la comisión de los hechos, por los cuales fue sentenciado el peticionario del amparo. Determinó que en relación a las calificativas previstas en el numeral 380 de la citada legislación en la actualidad resultaba más benévola para el quejoso, ya que en la fecha de la comisión de los hechos la agravante oscilaba de seis meses a seis años de prisión y en la actualidad establece que las penas se agravaran aumentando la pena hasta en una mitad a las señaladas en el artículo 374. En atención a ello, el citado numeral era el único que beneficiaba al quejoso, por lo cual, atendiendo al grado de culpabilidad en que fue ubicado el sentenciado, aquí quejoso, esto es, entre el medio y el máximo más próximo a este último, determinó que correspondía agravar la pena respecto del artículo 374 fracción I, trece días; mientras que en relación a la fracción II, del citado numeral correspondía agravarla en diez meses veinte días. Posteriormente, en relación a la fracción I del Artículo 374 del Código Penal para el Estado de Puebla, al realizar las operaciones aritméticas correspondientes obtuvo que la pena disminuyó en un 99.3 %, por lo cual corresponde aumentarle a la pena once días. Por su parte, en relación a la fracción II, al realizar la citadas operaciones obtuvo que dicha penalidad se disminuyó en un 83.27% por lo cual obtenía que debía aumentar a la simplicidad del robo un mes y doce días prisión. Finalmente, al realizar la suma total de todas las penas impuestas al aquí impetrante, respecto de los delitos de robo, violación, portación de instrumento prohibido, por los cuales fue condenado en el juicio de origen, más el incremento que corresponde por haber sido declarado reincidente determinó que corresponde adecuar la pena de prisión de cincuenta años a treinta y un años y veintisiete días. Por tanto, mediante proveído de ocho de marzo del año en curso, este órgano jurisdiccional dio vista a la parte quejosa con las referidas constancias (foja 1523), sin que realizara manifestación alguna en el término concedido para tal efecto. Visto lo anterior, y toda vez que mediante oficio 1365 de cinco de marzo de dos mil dieciocho, recibido en este juzgado en esa misma fecha, la Secretaria de acuerdos de la Primera Sala en Materia Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de la resolución del citado cinco de marzo del año en curso, dictada en el toca 773/2014, por la cual dejó insubsistente la resolución de ocho de octubre de dos mil catorce, y en su lugar emitió otra en la que resolvió respecto de la adecuación de la pena que solicitó el impugnante, aquí quejoso, determinó procedente la adecuación de la pena impuesta al impetrante de garantías, por sentencia irrevocable de nueve de noviembre de dos mil cuatro, emitida en el toca 93/2004 y redujo su sanción corporal a treinta y un años y veintisiete días de reclusión, en los términos expuestos en la ejecutoria dictada en el juicio de garantías, por ende, se considera cumplida en todos sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo general.
- Principal
CÚMPLASE.
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